La 4T y la deuda con los más pobres
José Luis Pérez Canchola
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En medio de la actual epidemia y ante la crisis económica que se anuncia, hace bien el presidente en declarar que no habrá rescate de las grandes empresas como en gobiernos anteriores. Por el contrario, afirmó que la prioridad ahora es atender a “los sectores más desfavorecidos”, lo que es a favor de los derechos humanos de los que menos tienen.
Por largo tiempo los trabajadores mexicanos y sus familias han sido víctimas de una clase empresarial que se fortaleció económicamente, pagando sueldos de miseria y evadiendo impuestos en complicidad con la clase política.
Cada año, México ocupa uno de los últimos lugares en el cobro de impuestos en relación con el producto interno bruto. En 2018 por ejemplo lo recaudado representó 16 por ciento del PIB, frente a países como Argentina con el 31 por ciento, Chile con el 21, Brasil el 32, España el 34, Francia el 46, Estados Unidos el 24 y Canadá 31 por ciento. De mantenerse esta tendencia, sin duda que los mexicanos que nacen pobres, viven pobres y mueren pobres, seguirán siendo millones cada sexenio.
Por décadas, diversos organismos internacionales han llamado la atención sobre México por la enorme concentración de la riqueza en pocas manos. La organización Oxfam Internacional en 2018 estimó que un total de 10 familias concentraban 108 mil millones de dólares como producto de privilegios, corrupción y abuso del poder. Ese mismo año Oxfam propuso implantar un ingreso básico universal en beneficio de los que menos tienen.
Mucho antes, en octubre de 2013, el Banco Mundial llamó a “poner fin a la prolongada historia de desigualdad en América Latina y el Caribe, mejorando el acceso de los pobres a servicios y bienes básicos entregando transferencias de ingresos a las familias marginadas”. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, en septiembre de 2019, después de una visita de expertos a México sugirió “otorgar beneficios a la población desprotegida”.
Esto precisamente es lo que ha estado haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación, después de reconocer que hay una deuda histórica con los más pobres. No se trata de una política de izquierda como afirman algunos voceros del pasado. Es, entiéndase bien, una recomendación de los organismos financieros internacionales y de la propia Organización de las Naciones Unidas. Es sobre todo, un asunto de derechos humanos.
Si la clase empresarial, sin duda importante para la economía nacional, sigue pagando bajos salarios, evadiendo impuestos, lucrando en exceso y sobreexplotando el medio ambiente, sin duda que seguiremos siendo un país con pocas o nulas oportunidades, sobre todo para los jóvenes que son vistos como el ejército de reserva del crimen organizado.
Nadie nos puede quitar el derecho de estar o no de acuerdo con tales o cuales programas de gobierno, pero tratándose del combate a la desigualdad, del apoyo a los más pobres y garantizar el derecho universal a la salud, a la educación y al empleo digno, todos debemos cerrar filas para bien del país y sobre todo para bien de la siguiente generación.
