Rosa A. Garavito: La competitividad del país
se fundamenta en el pago de salarios chatarra
* El cambio de gobierno no significó, hasta ahora, un cambio en el régimen salarial * Sin democracia y libertad sindicales, no puede haber democracia política * “Instalar una mesa de diálogo y negociación permanente para llegar a acuerdos” sería una vía para resolver la huelga en la UAM
Genaro Rodríguez Navarrete
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. @GNavarrete
Rosa Albina Garavito Elías (Santa Cruz, Sonora, México, 1947), economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha señalado que México padece un ancestral rezago en materia de derechos laborales; del que sobresale la caída estrepitosa en el poder de compra de los salarios mínimos.
En entrevista exclusiva, pasa revista también a temas como democracia sindical, la reconfiguración de las organizaciones de trabajadores, así como a la huelga en que se encuentra la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Rosa Albina Garavito Elías es maestra en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Santiago de Chile. Profesora-investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Azcapotzalco. Cofundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Diputada federal en la LV Legislatura y senadora en la LVII Legislatura. Fue colaboradora de La Jornada y El Universal. Fundó las revistas El Cotidiano y Coyuntura. Premio Nacional de Periodismo 2002. Ha publicado varios libros, entre los que destacan: Apuntes para el camino. Memorias sobre el PRD (Eón / UAM-A, 2010) y Sueños a prueba de balas. Mi paso por la guerrilla (Cal y Arena, México, 2015). Recientemente ha sido nombrada miembro del consejo honorario que dirigirá la emblemática revista del Fondo de Cultura Económica (FCE), El Trimestre Económico.
¿Se puede considerar que ha llegado la hora de sentar las bases del respeto a los derechos laborales como parte de los derechos humanos?
—A pesar de que la Constitución de 1917 fue la primera en reconocer los derechos sociales, y como parte de ellos y de manera fundamental, los derechos laborales establecidos en el artículo 123 constitucional, México es un país con grandes rezagos en la materia. Para empezar, el rezago en el cumplimiento de la fracción VI de dicho artículo, esto es en el pago de un salario mínimo suficiente para cubrir las necesidades materiales y culturales de los trabajadores y su familia. El deterioro en el poder adquisitivo de dicho salario ubica a México como uno de los países de salarios más bajos del mundo, ya que funciona como un ancla para el crecimiento del resto de los salarios. Así, la competitividad del país se fundamenta en el pago de salarios chatarra, esto es, en una competitividad con pies de barro. El cambio de gobierno no significó, hasta ahora, un cambio en el régimen salarial, en tanto sigue siendo discrecional y dependiente del Poder Ejecutivo. Los topes salariales continúan, y aunque se ha programado un aumento de 15% anual en términos nominales a lo largo del sexenio, lo que significa que llegará al doble, este aumento es totalmente insuficiente para resarcir la pérdida acumulada desde 1976.
¿Cuál es su opinión sobre los pasos dirigidos hacia el fortalecimiento de la democracia sindical, de acuerdo a lo que establece el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México?
—Además de este rezago salarial, México es un país de inveterada tradición en la falta de respeto al derecho de huelga, a la contratación colectiva y a la auténtica representatividad de los trabajadores. En el sexenio pasado se realizaron algunas reformas para eliminar candados a la libertad y democracia sindicales, no por alguna vocación democrática del gobierno, sino por la presión ejercida por el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) al que México se adscribió, y ahora por el nuevo TLCAN (llamado T-MEC) con Estados Unidos y Canadá, que incorpora y desarrolla lo que antes era un simple Acuerdo Laboral Paralelo, como parte del capitulado del propio T-MEC. Esto ejerce presión para que en plazos perentorios México cumpla con el Convenio 98 de la OIT. De manera que es muy probable que en este año tengamos un nuevo marco jurídico que garantice la libertad y democracia sindicales; precisamente en el actual periodo de sesiones se está dando la discusión al respecto. Además, en el sexenio anterior se aprobó la reforma constitucional que desaparece las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales han sido un gran obstáculo para garantizar una justicia laboral expedita; ahora ese objetivo queda en manos del Poder Judicial. Está por verse si ello se logra, además de que el tránsito entre un régimen y otro significa una serie de costos de todo tipo que ha generado resistencias y lentitud en su aplicación.
Con esto podríamos afirmar que en los últimos años se han hecho reformas progresistas notables al marco jurídico laboral que favorecía al corporativismo sindical al servicio del Estado. No obstante, la terciarización y el outsourcing que encubren relaciones laborales como si de relaciones mercantiles del derecho privado se tratara, continúan siendo un lastre para la libertad de organización y de contratación colectiva, a pesar que en alguna de las reformas recientes, dichos fenómenos se trataron de reglamentar.
En realidad, ¿parece aún precipitado hablar de “democracia sindical”?
—Sin democracia y libertad sindicales, no puede haber democracia política. No podemos hablar de ejercicio pleno de los derechos políticos, cuando al trabajador se le niega la libertad de elegir libremente a sus representantes y de contratar libremente su materia de trabajo. Se es ciudadano en las urnas, pero se niega esa condición ciudadana en los centros de trabajo. Por lo demás, las relaciones bilaterales patrón-trabajador en un marco de democracia laboral, constituyen incentivos a la productividad vía el acuerdo en condiciones laborales y de pago a los trabajadores, y esa productividad es la base firme y sólida de una real competitividad. Pero como decíamos, México se ha salido por la puerta falsa de los salarios chatarra para enfrentar ese reto.
¿Otro desafío de gran relevancia sería el de implantar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas también en los sindicatos?
—Transparentar el uso y origen de los recursos sindicales es por supuesto una cuenta pendiente para la construcción de un sindicalismo democrático.
¿Qué significado tiene la irrupción en el escenario de nuevas entidades sindicales?
—La globalización ha traído aire fresco al vetusto marco jurídico laboral, porque debemos aceptar que han sido presiones externas las que finalmente han motivado los cambios de orientación en los gobiernos en turno, cuando las largas luchas sindicales habían sido ignoradas y reprimidas. En este contexto de cambio se genera una recomposición sindical, en la cual se verán favorecidas las organizaciones capaces de negociar la productividad y de estar a la altura de los retos de la modernización. A la antes hegemónica Confederación de Trabajadores de México (CTM) le quedó grande el reto, como a sus gemelas participantes en el Congreso del Trabajo. Su declinación política en los últimos cuarenta años ha sido innegable, como innegable la caída y derrota del régimen priista que las entronizó en el poder como gestoras de los derechos sindicales. El nuevo período político que se abre con el triunfo de AMLO cambiará sin duda el panorama sindical, por ejemplo, con la nueva central organizada por Napoleón Gómez Urrutia. El gran reto para el sindicalismo y las relaciones laborales en el país es, si estas nuevas organizaciones significarán una real democratización del mundo del trabajo o quedarán sólo en una gran simulación.
Y como parte de los retos del sindicalismo democrático, ahora, por ejemplo, tenemos el caso del estallamiento de la huelga en la UAM. Un sindicato que nace en la década de los setenta, como sindicato único, es decir que afilia tanto al sector de académicos como de administrativos. Un sindicato como tantos otros derrotado por las políticas neoliberales de deterioro salarial profundizadas en la década de los ochenta, políticas que terminan por romper la unidad sindical, a través de las diversas estrategias salariales para ambos sectores: para los académicos la diferenciación entre salario base y salario por “puntos”, que ha llevado a que estos “puntos” sean parte no integral del salario y por tanto fuera de la relación laboral, lo que hizo perder fuerza de negociación al sindicato; estratificó al sector académico, y abrió una brecha enorme entre este sector y el de administrativos. Ahora los activistas sindicales son los administrativos, mientras los académicos nos dedicamos a cultivar la “puntitis” en aras de resistir el deterioro salarial en términos reales. Se trata pues de un sindicato dividido, con escasa legitimidad interna, pero con capacidad de estallar huelgas en tanto tiene la representación legal del contrato colectivo.
¿Se podría esperar una pronta solución a la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)?
—La UAM es una de las principales universidades públicas del país que ahora se encuentra a la deriva. A 40 días de estallada la huelga por revisión de contrato y aumento salarial, las pláticas continúan, pero se encuentran estancadas. Se trata de una huelga solitaria en el mundo de las universidades y en el contexto de una política de austeridad presupuestal draconiana.
El sindicato tiene razón en demandar 20% de aumento salarial. Ha sido de tal magnitud el derrumbe salarial en nuestro país a lo largo de 40 años que 3.3% de aumento al salario directo y otro tanto para retabulaciones, es ridículo e insuficiente. Sin embargo, el sindicato enfoca sus baterías de manera equivocada, pues las autoridades no pueden satisfacer esta demanda sin apoyo presupuestal del gobierno federal. Es al gobierno a quien debería presionarse para eliminar los candados al presupuesto en educación superior. Y ello requiere de más que una huelga aislada y solitaria.
Eliminar los privilegios económicos de los altos funcionarios universitarios es una demanda razonable, empezando por el rector general. Sobre este punto, bien harían las partes en conflicto acordar en la mesa de negociaciones esta demanda y transparentar el monto del ahorro y el destino para las carencias más ingentes. Responder que será en Colegio Académico donde el asunto se resuelva, denota falta de sensibilidad de parte de las autoridades. Con voluntad política para resolver este punto sin duda se encontrarán las vías para su implementación.
Una negociación bilateral, democrática y transparente, no tendría por qué satanizar la demanda de creación de plazas. Basificar a eventuales es un tema de justicia laboral, que además otorga estabilidad al desarrollo de las tareas universitarias. Pero ello requiere sensibilidad de ambas partes para resolverlo. Instalar una mesa de diálogo y negociación permanente para llegar a acuerdos sobre este tema toral, es una vía para destrabar esta demanda y contribuir a resolver la huelga. Me parece que lo mejor sería instalar una mesa de negociaciones transparente, con la UAM abierta y con la vigilancia activa de todos los sectores universitarios para el cumplimiento de las demandas. Pero todo indica que la UAM puede continuar a la deriva pues la comunidad universitaria, empezando por las autoridades, no muestran sensibilidad y voluntad política para resolver el conflicto.
