Corrupción contra seguridad nacional
Guillermo Buendía
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A Luis Felipe Moreno, gran amigo y crítico
implacable, quien partió a Oriente. Descanse en paz.
La estrategia de combate a la corrupción pasó a ser un asunto de seguridad nacional. Aquel compromiso de campaña es hoy el nudo gordiano del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual está determinando no sólo los acuerdos políticos necesarios entre los Poderes de la Unión para enfrentar lo que se ha dado en llamar la cuarta transformación, sino la política misma para dar trato al manejo de los poderes fácticos, internos y externos, en el contexto de un Estado de derecho democrático.
Sin embargo, la corrupción –por la magnitud de la afectación económica que representa en las finanzas públicas, y las implicaciones desestabilizadoras desatadas por parte de los actores involucrados que ven amenazados sus intereses de las actividades ilícitas tan extendidas en sectores estratégicos, como el energético y aduanas, entre otros–, se convirtió en riesgo a la seguridad del Estado por cuanto a que las acciones del gobierno, en los primeros meses, ha generado resistencias a la modificación del contubernio público-privado de negocios ilegales, propiciados por la simulación inequívoca de la política neoliberal de cuatro décadas atrás.
Cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto concretó las reformas constitucionales para la privatización de Petróleos Mexicanos con el aval pactado de los partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática, las que respondían en gran medida a los compromisos establecidos con la petrolera brasileña Odebrecht durante los meses de la campaña electoral, la industria petrolera mexicana registró, en los siguientes cuatro años, prácticas intensivas de reparto y saqueo de sus recursos por parte de directivos, sindicato y empresarios, y por supuesto, de organizaciones criminales.
La punta del iceberg es el huachicol por ser el más visible en el manejo mediático de la información que los poderosos medios de comunicación diseñan, incluyendo las empresas robots detrás de las redes sociales. En este lapso el saqueo contó con el encubrimiento presidencial, del cual se desprendió la convicción de ser intocables todos los implicados. Las consecuencias de esta corrupción permearon la estructura institucional del Estado, y los gobiernos de los tres niveles, sin descartar el Poder Judicial y menos el Legislativo, después de revertir el orden constitucional de la expropiación petrolera, dio paso a la recomposición de redes de complicidades muy poderosas entre los grandes empresarios nacionales y extranjeros para apoderarse de los recursos petroleros a través de contratos leoninos, y en otros casos, de actos ilícitos.
Para tecnócratas y empresarios la soberanía nacional no dejó de ser un referente anacrónico y estorbo ideológico del pasado al momento de concretar los negocios palaciegos. De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación, Pemex tuvo conocimiento, desde 2016, de cerca de 5 mil tomas clandestinas en los ductos, por lo que presentó un recurso ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justificando la determinación de no intervención para evitar el robo de gasolinas, y ésta emitió un resolutivo excluyendo a Pemex Logística “de responsabilidad de realizar la remediación”.
El robo de gasolinas de la Red Nacional de Ductos la estima el gobierno de López Obrador en más de 65 mil millones de pesos anuales. Cuando fue director general Emilio Lozoya Austin –señalado como el principal implicado en el escándalo Odebrecht, empresa extranjera que financió con 10 mil millones de dólares la campaña presidencial de Peña Nieto a cambio de contratos con Pemex–, la “ordeña” adquirió niveles fuera de control. Ante esta situación se invirtió primero 85 millones de dólares, en 2014, luego en los dos años siguientes otros 197 millones de dólares para el sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) para detectar de manera inmediata caídas de presión en ductos. La eficacia o no de este sistema no depende en sí del desarrollo tecnológico, sino de quienes tienen bajo su responsabilidad el puntual funcionamiento.
La mejor manera de operar la corrupción es la secrecía. Cuando son filtrados datos o la investigación documenta hechos de corrupción, el silencio despectivo hace las veces de encubridor y elemento de cohesión de los involucrados ante posibles consecuencias judiciales y encauzar campañas para acusar que los actos de gobierno persiguen acabar con la “libertad del mercado” y “la libre empresa”; o hacen uso del chantaje: disminución o retiro de inversiones que, de llevarse a cabo, propician el cierre de “fuentes de trabajo”. Y bajo este recurso toda la información relacionada con Pemex y su administración se manejaba como “secreto de Estado”.
Inaccesible al escrutinio público y bajo la protección del más alto nivel, Pemex por más de cuatro décadas enfrentó un paulatino pero imparable desmantelamiento, abandono y deterioro que se concretó en el declive contable de la producción, endeudamiento y distorsión financiera, muy aparte del saqueo de petróleo crudo e hidrocarburos llevado a cabo en el mar, refinerías o ductos, o a través de contratos leoninos convenidos entre directivos de Pemex y la Comisión Reguladora de Energía con empresas petroleras extranjeras o filiales nacionales; la participación de trabajadores sindicalizados en el robo de gasolinas en el reparto diario de éstas en pipas o, en los últimos diez años, por organizaciones criminales.
En la pasada legislatura y actual, la Comisión de Energía del Congreso de la Unión destaca por el trabajo documentado de la grave afectación a Pemex. La Secretaría de Energía durante el gobierno de Peña Nieto se encargó de instrumentar una política para beneficiar empresas petroleras extranjeras sin ninguna restricción legal y política, soslayando las objeciones formuladas desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, consistentes en restituir la rectoría del Estado sobre los recursos estratégicos petroleros. La Comisión de Energía del Senado informó a principios de este año que el huachicoleo nació en la Dirección Proyectos de Pemex, la cual contrató a diez empresas –ahora solamente quedan cuatro– para reparar fugas. Estas empresas para tener trabajo permanente se encargaban de ponchar los ductos. El huachicoleo no surgió para vender combustible, sino para mantener contratos. La venta de gasolina robada se convirtió en pocos años en toda una actividad ilegal muy lucrativa permitida por directivos de la paraestatal, y en la que están involucrados trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y empresarios concesionarios de gasolineras.
Las instalaciones de Pemex son estratégicas en términos de seguridad nacional. Tan es así que la Subdirección de Salvaguardia Estratégica está a cargo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, o en otras áreas, como Pemex Exploración y Producción hay personal militar. De ello resulta inexplicable el repliegue del gobierno federal durante décadas de instalaciones petroleras, mantenidas en el “olvido”, y cedidas al control absoluto del STPRM liderado por Carlos Romero Deschamps. Esta problemática se remonta a la década de los 90.
Los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto cedieron la industria petrolera nacional a los intereses monopolistas de las trasnacionales. En el tramado complejo que se fue creando para revertir la expropiación petrolera no dio cabida a nociones de soberanía y seguridad nacionales, y sí a la injerencia de organismos, como la OCDE y el Banco Mundial, impulsores de la desregulación legislativa de restricciones constitucionales que daban al Estado mexicano la rectoría sobre recursos estratégicos.
El proselitismo de campaña contra la corrupción del entonces candidato presidencial es hoy, en los primeros meses de gobierno, el ariete de la política de rescate de la industria petrolera con el propósito de conferir al Estado márgenes de soberanía, y reducir la dependencia sojuzgada de los gobiernos plutocráticos priistas y panistas. Desde el principio del plan para combatir el robo de combustible, el presidente de México señaló que en los tres últimos sexenios aumentó “sustancialmente” éste, y que la ordeña de ductos sólo es el 20 por ciento –el huachicol es “una especia de pantalla”– el mayor robo opera dentro de Pemex con la “complicidad de autoridades y una red de distribución”.
Por ello, se notificó a Carlos Romero Deschamps, líder del STPRM, de que el gobierno federal y el Ejército tomaban control de 50 instalaciones estratégicas de la paraestatal a partir del 20 de diciembre pasado. Aunque el huachicol no es un asunto menor –Pemex reportó oficialmente que entre 2010-2018 se detectaron 36 mil 113 tomas clandestinas en los ductos– lo grave fue lo planteado por el propio presidente: la existencia de áreas olvidadas (de Pemex) por el gobierno, cedidas por completo al sindicato petrolero. “El huachicoleo en crudo es otra parte de la ecuación”, se limitó a decir Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex; pero el presidente fue más claro: mandos de Pemex han traficado al extranjero en la clandestinidad, se trata de la exportación ilegal de crudo desde la Terminal Marítima Dos Bocas, en Tabasco, de donde parten buques tanque a diferentes destinos del mundo.
En este contexto, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen bajo esta responsabilidad no sólo acabar con la impunidad y saqueo a la empresa del Estado mexicano más importante, sino erigir un tramado institucional del Estado para reducir los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, donde las secretarías De la Defensa Nacional y Marina son clave ante las presiones del imperio estadunidense proclive a instalar o impulsar gobiernos de derecha a modo en lo que considera “su traspatio”. Al hacer el presidente López Obrador referencias constantes de que el Ejército mexicano carece de antecedentes golpistas y reconocer la lealtad a la autoridad civil del comandante supremo, cierra políticamente el paso al conservadurismo que ve afectados sus intereses de clase y pone resistencia a los cambios políticos tendientes a terminar con el capitalismo salvaje llamado neoliberal.
