Las presiones financieras del imperio

Guillermo Buendía
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Al maestro Héctor González Alfaro del CECyT 14 del IPN, por las atenciones
y consejos que ha dado para que mi hijo Julio no tenga en su incapacidad
el impedimento que trunque la continuidad de los estudios superiores próximos.

Los actos de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador persiguen el propósito expreso de acabar con el saqueo y desmantelamiento de Pemex y la CFE –que durante la era neoliberal fueron gravemente afectados por prácticas ilícitas o protegidas por los subterfugios leoninos de la mejora continua de la legislación mexicana “recomendada” desde la OCDE y Banco Mundial– han provocado la reacción de la derecha militante y de intelectuales en un corifeo abiertamente alineado a los intereses de las cúpulas empresariales y sectores de la oligarquía. Aún más, las repercusiones han traspasado las fronteras de tal manera que los organismos financieros internacionales enfilan medidas de presión crediticia comenzando a dar calificaciones negativas.

En los últimos días de enero pasado, Fitch Ratings dio a conocer la “perspectiva negativa” para Petróleos Mexicanos. El significado de esta calificación es mandar señales a los acreedores de Pemex sobre una menor capacidad financiera para cumplir con el pago de sus deudas: “La reacción lenta para fortalecer el perfil crediticio individual de Pemex es un indicador de que el gobierno ha fallado en reconocer, uno o ambos, la vitalidad del perfil financiero de la compañía y/o la importancia estratégica que representa la compañía para el gobierno y el país” (las cursivas son del autor). Esta calificación forma parte de las acciones de presión de este tipo de organismos ligados a los grupos financieros estadunidenses y otros países desarrollados, los cuales se abstuvieron de emitir alguna observación de alerta en todo el periodo durante el cual se registró el robo de petróleo crudo e hidrocarburos de ductos y pipas abastecidas en las refinerías.

Fitch Ratings acusa al gobierno mexicano de haber “fallado” por su “reacción lenta” en reconocer la importancia del perfil crediticio de Pemex y del papel estratégico de la paraestatal. ¿A cuál gobierno hace referencia?

Los argumentos de Fitch Ratings siguen: “Una situación financiera estresada en Pemex tiene el potencial de interrumpir el suministro de combustibles líquidos en todo el país”. Este informe se publicó precisamente en los momentos más críticos de la distribución de gasolinas derivado del combate contra el huachicoleo que impactó el abasto y venta de éstas en las principales ciudades del país. Por esos días se propagaron versiones de que el desabasto obedecía a los planes fallidos del gobierno para atacar el robo de gasolinas. El cerco informativo consistió en extrapolar los “efectos” del desabasto con la elaboración de escenarios de “manifestaciones de inconformidad y reprobación generalizada entre la población” que teme, por otro lado, se dé “la escasez de alimentos y carestía de productos de primera necesidad”. La “calificación negativa” venía a dar fundamento a la estrategia del diagnóstico mediático que asediaba los actos de gobierno por recuperar el control de Pemex, y que tuvo un momento sumamente crítico a causa de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo.

El día que los diarios publicaron la calificación de Fitch Ratings, uno de éstos también, en primera plana, destacó la entrevista con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en la cual afirmó que AMLO estaba por consumar “un intento de golpe de Estado para evitar que el presidente electo tomara posesión el 1 de diciembre de 2006”. Totalmente carente de fundamento esta acusación: hacer pasar como intento de golpe la movilización social surgida del proceso electoral tan desaseado que lo llevó al poder con un alto grado de ilegitimidad es distorsionar la historia del fraude electoral. Mas el señalamiento de no pagar con la misma moneda revela que en la derecha se piensa en actos golpista, más cuando Calderón Hinojosa reconoce en la entrevista la condición del “Estado mexicano capturado por las organizaciones criminales” durante el periodo que gobernó –el mismo Estado que recibió de Vicente Fox y el que entregó a Enrique Peña– expresa “los intereses perversos que hay en el poder”.

Debido a la crisis de la autoridad presidencial aquellos intereses perversos hallaron el escenario propicio para seguir extendiéndose a costa de la soberanía y seguridad nacionales, sin contención y auspiciados por las redes de corrupción y complicidad operadas en la secrecía y clandestinidad, donde los grandes negocios “legales” o no acotaron y condicionaron las políticas de inversión extranjera, fiscal, tributaria y de endeudamiento, por un lado; por el otro, la rectoría del Estado y las facultades de gobierno acabaron por subordinarse a los intereses de las trasnacionales marcadamente en los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Peña Nieto, y que los gobiernos panistas de Fox Quesada y Calderón Hinojosa secundaron el modelo neoliberal que estancó el crecimiento económico y canceló el desarrollo del país.

El derecho de réplica del presidente López Obrador fue contundente: “Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética… Y ahora que estamos recuperando a Pemex salen con sus recomendaciones”. Por esos días se llevó a cabo el Foro Energy México 2019, donde Moody’s se abstuvo de emitir algún diagnóstico sobre la situación financiera de Pemex y evitar así una polémica presidencial. No pasó mucho tiempo para que otra empresa, esta vez Standard & Poor’s, diera a conocer una calificación negativa el primer día de marzo, tres días después de que lo hiciera Moody’s en conferencia de prensa.

Inmediatamente después de la expropiación petrolera el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río enfrentó el boicot comercial perpetrado por los monopolios transnacionales del petróleo, incluso las petroleras estadunidenses presionaron a su gobierno para llevar a cabo una intervención militar contra México. Ahora, cuando el gobierno toma el control de las instalaciones estratégicas de Pemex para acabar con el robo de petróleo crudo y gasolinas, se revisan contratos firmados con empresas extranjeras o filiales para la exploración, perforación y explotación de petróleo –los cuales se respetarán– y permisos para la importación y exportación de gasolinas otorgados en los dos últimos años del sexenio de Peña Nieto –actos jurídicos que resultaron leoninos contra el perfil financiero e importancia estratégica de la paraestatal para el país– junto con el plan de inversión de 3 mil 410 millones de dólares anunciado por el gobierno federal, la respuesta de las agencias calificadoras de riesgo les resulta insuficiente porque los requerimientos superan los 14 mil millones de dólares.

Durante años guardaron un “silencio cómplice” a sabiendas de la magnitud del saqueo y aplaudieron la política entreguista de los gobiernos neoliberales que afectaron gravemente no sólo a Pemex sino a la soberanía nacional. El propósito de estas calificaciones de riesgo va encaminado a reducir el financiamiento para Pemex en esta etapa por recuperar la rectoría de los recursos estratégicos del país.