Pemex: De la revolución real a las advertencias

Pablo Cabañas Díaz
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La corresponsal en México del periódico británico Financial Times, Jude Weeber, en múltiples ocasiones ha expuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, “está particularmente indignado por que las agencias de calificación no se hayan pronunciado en el pasado, cuando la corrupción estaba floreciendo en Pemex y CFE, dándoles 10 de cada 10 en ese momento”. Afirma la corresponsal que “los analistas expresan que el presidente no ve que las agencias calificadoras estén preocupadas por la posibilidad de que un gran rescate para Pemex perjudique las finanzas estatales mexicanas  justo cuando el crecimiento será muy por debajo del 2 por ciento que el gobierno prevé para 2019” (ver el siguiente enlace: https://www.ft.com/content/4ebeadf6-3f60-11e9-b896-fe36ec32aece).

Desde el pasado 15 de diciembre, el presidente López Obrador  hizo la promesa de elevar la producción petrolera durante su sexenio, para que pasara de 1.7 millones a 2.4 millones de barriles diarios. “Es algo parecido a lo que se tuvo que hacer en 1938. Es un nuevo rescate de Pemex”. Tres meses después, las tres calificadoras de riesgo más importantes para los inversionistas, Fitch, Standard & Poor's y Moody’s, han puesto en duda la eficacia del proyecto de rescate.

Las agencias calificadoras coinciden en que los niveles de inversión previstos para Pemex no serán suficientes para conseguir que la compañía repunte su producción y sus ingresos, y logre pagar sus deudas sin añadir más presión a sus pasivos financieros, que llegan a los 100 mil millones de dólares. Se planea invertir cerca de 12 mil  millones de dólares un monto mayor que en 2017 y 2018, pero la tercera menor cifra de la última década.

Fitch redujo su calificación el pasado 30 de enero. La agencia aceptó que existen problemas que la petrolera lleva arrastrando desde hace años, como su pesada deuda financiera, pero explicó que los planes del nuevo gobierno pueden empeorar la situación. Según esta firma, la extracción de crudo caerá en 5% en 2019. También, indicó que el gobierno corporativo en Pemex se ha debilitado con el inicio de esta administración, porque se percibe una mayor interferencia sobre la petrolera.

El mayor incremento de la deuda financiera de Pemex, se dio a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto, y en especial entre 2014 y 2016, en medio de una fuerte contracción de los precios internacionales del petróleo que pasaron de casi 100 a 30 dólares por barril.

El endeudamiento superó los 2 billones de pesos en 2017. Entre 2015 y 2016,  la deuda se disparó en 32.6%. El 81% de estas obligaciones financieras se prestaron en dólares o están referenciadas en esa moneda, y sólo el 13% es en pesos. Pemex debe aproximadamente 106 mil millones de dólares. Tiene que pagar 30 mil millones de dólares entre el 2019 al 2021, lo que es el equivalente a 30% de su deuda. ¿Cómo va a pagar esa cantidad en tres años?

II

Lo primero que hay que tener presente es que los acreedores van a presionar de distintas maneras para defender sus intereses. Baste señalar que al fondo Fidelity,  se le deben 3 mil 300 millones de dólares. Este fondo se especializa en gestión de activos y fondos de pensiones. La deuda con Pacific Investment Management Co. (Pimco), es por 2 mil 800 millones de dólares, Pimco tiene inversiones de jubilación, planes de pensiones públicos y privados, fondos de riqueza soberana, fundaciones y dotaciones e intermediarios financieros, entre otros.

Con BlackRock, el monto es por 2 mil 500 millones de dólares, esta es la mayor empresa de gestión de activos a nivel global. En México, operan los activos de Citibanamex que conforman un portafolio de 64 mil millones de dólares en manejo de activos de sus clientes, tanto institucionales como individuales. En octubre de 2013, el más importante directivo de este fondo, el poderoso Larry Fink elogió las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto: “México está comenzando una revolución real”, dijo ante estudiantes de la Universidad de California. “Van a tener una oportunidad tremenda de crecer”.

El total de la deuda de los otros siete tenedores llega a la estratosférica suma de 34 mil 300 millones de dólares. Además, hay que contar que entre los principales inversionistas de Pemex se encuentran importantes firmas de inversión como Dodge & Cox, Legal & General, Prudential Investment Management, Marathon Asset Management, UBS, T. Rowe Price, Aviva, Stone Harbour, Pictet, Amundi, MFS Investment Management, HSBC y AllianceBernstein.

El nivel de la deuda y los riesgos que implica esa enorme suma chocaron con la designación de Octavio Oropeza. Ello explica la “preocupación” de  los bancos nacionales y extranjeros, así como de las agencias calificadoras por los miles de millones de dólares que se encuentran en juego. Oropeza cuenta con el título de ingeniero agrónomo con especialidad en agricultura tropical. El artículo 20 de la Ley de Pemex establece que tanto el director general como los consejeros deben tener título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines a la industria de los hidrocarburos. Además, el titular de Pemex debe contar con experiencia para cumplir con sus funciones, ya sea en el ámbito profesional, docente o de investigación. Lo cierto es que Oropeza al margen de cualquier consideración política no es el perfil que se requiere para dirigir la principal industria del país en momentos de tanta complejidad financiera y alto riesgo político. 

En enero pasado los altos mandos de Petróleos Mexicanos en su visita a Wall Street tuvieron una mala relación con los inversionistas. Jim Craige, de la firma de inversionistas Stone Harbor, expresó que el nuevo director financiero de la paraestatal, Alberto Velázquez, no pudo explicarles cómo Pemex iba a lograr revertir la pobre producción que lleva 14 años en declive. “(Velázquez) no tiene un manejo de la compañía y no impresionó a nadie. Craige es el  jefe de deuda de mercados emergentes en Stone Harbor

III

En marzo del 2019, los  acreedores se unieron contra el plan del presidente de darle un nuevo giro a la deuda de la hasta ahora denominada “empresa productiva del Estado”. El proyecto presidencial fue calificado de  decepcionante ante el deterioro financiero y el declive productivo de la petrolera. Se contempla una disminución fiscal por 15 mil millones de pesos en 2019, apoyos por 25 mil millones de pesos  por parte del gobierno federal, y 35 mil millones de pesos para prepago de deuda y 32 mil más como resultado de la estrategia de combate al robo de combustible. Aparte de 107 mil millones de pesos por ingresos extras. Estas sumas astronómicas son poco relevantes debido al nivel de la deuda y las obligaciones crediticias pactadas por el gobierno de Peña Nieto.

La primera advertencia de los acreedores fue la de Ficth Ratings, que rebajó la calificación de Pemex al considerar como insuficiente el plan de rescate por lo que, dijo, mantendrá sin cambios la calificación crediticia de la empresa. En seguida el grupo estadounidense Citi advirtió al gobierno federal que “el mayor problema que vemos es que ni la administración ni el plan de negocios de Pemex han cambiado (…) creemos que el gobierno no tiene el diagnóstico correcto del problema en la empresa”. En el análisis “Segundo strike, plan de Pemex insuficiente de nuevo”, la matriz de Citibanamex léase Black Rock expresó: “el mayor problema para Pemex es de solvencia, dado que bajo el plan de negocios del gobierno la trayectoria a futuro de la empresa no es convincente”.

En el documento de Citibanamex-Black Rock se precisa: “Creemos que Pemex no se volverá más eficiente ni rentable, ya que asignará capital a actividades de bajo rendimiento, no mejorará significativamente los procesos operativos y de gestión, y preferirá realizar la mayoría de las actividades por sí solo en lugar de asociarse con el sector privado”, expuso el grupo estadunidense.

Pemex carga con una deuda financiera de más de 2 billones de pesos, derivado de la colocación de bonos, de la adquisición de créditos y de otros instrumentos con los que financia sus actividades. La cifra supone un crecimiento de 246% desde 2008, según cifras de Pemex y de la Auditoría Superior de la Federación. 

El problema que están viendo las calificadoras es que al cancelar la reforma energética, el gobierno no ha presentado una propuesta acorde a los intereses de  los principales acreedores de Pemex. El riesgo de una posible insolvencia financiera por la elevada carga fiscal y la inexistencia de políticas de contención, es que dejaríamos de solventar gastos productivos y operativos de los programas sociales para poder cubrir los compromisos fiscales adquiridos en otros sexenios. Sería una presión muy fuerte para el actual gobierno. Con Peña Nieto para compensar la menor percepción de Derechos fue modificar el régimen jurídico del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y el diésel. La recaudación de este impuesto en 2015 fue equivalente a la mitad de los Derechos percibidos en ese año. Es decir, los contribuyentes compensaron con IEPS parte del descenso de la renta petrolera. Otro foco rojo es que el Fondo Mexicano del Petróleo creado a fin de canalizar ingresos petroleros del gobierno superiores a 4.7% del producto interno bruto, como lo señala la Constitución, duplica las tareas de la Tesorería de la Federación, cuando esos ingresos se ubican en la actualidad y el futuro previsible muy por debajo de la cifra. 

El investigador Carlos Torres Flores, del  Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisa que “el cambio de estructura de los ingresos del gobierno significó aplicar un gravamen indirecto al consumo, de efecto regresivo en el gasto de los hogares”. La dependencia externa de energía restringe el grado de maniobra del Estado para alcanzar objetivos de desarrollo. Así las cosas, estamos ante la posibilidad de que el suministro de energía quede expuesto a circunstancias, incertidumbres y ajustes externos. El riesgo es que como país no vamos a tener la capacidad para evitar que las fluctuaciones externas de los precios de los hidrocarburos repercutan directa y automáticamente en los precios internos. La oferta interna de energía queda expuesta a la presión de las calificadoras, de las empresas petroleras y de los fondos de inversión, en suma de los acreedores.