La “guerra contra el narcotráfico”

Pablo Cabañas Díaz
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Genaro García Luna “tomó millones de dólares en sobornos” del exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Con ello, el fiscal Richard P. Donoghue justificó la detención y acusación en contra de quien fuera el súper policía del presidente Felipe Calderón Hinojosa como secretario de Seguridad Pública (2006-2012). García Luna, quien se vio involucrado en polémicas investigaciones, como el caso Florence Cassez, también fue jefe de la Agencia Federal de Investigación en la administración de Vicente Fox (2000-2006).

Con esa información dada por el fiscal es posible sostener la hipótesis de que  el control político que se ejercía sobre el crimen organizado se deterioró en grado extremo en el gobierno de Vicente Fox. Al iniciar el sexenio de Fox, el Chapo Guzmán, escapó de prisión, y en poco tiempo reorganizó el Cártel de Sinaloa hasta convertirlo en una poderosa organización del crimen transnacional. En el sexenio de Fox, y además surgieron nuevas organizaciones criminales violentas, como Los Zetas y La Familia Michoacana, que además de dedicarse al tráfico de drogas, recurrían a otras actividades como el secuestro, la trata de persona y la extorsión.

La detención de García Luna prueba la versión sostenida por académicos y políticos de la existencia de un debilitamiento de las instituciones de seguridad del Estado desde el año 2000 y de una creciente lucha por el control de las plazas y las rutas del tráfico de drogas. Derivado de esta realidad aumentó hasta nuestros días la violencia generada por los cárteles del narcotráfico y se convirtió en el principal problema de seguridad en el país.

Después de tomar posesión de la Presidencia de México en diciembre de 2006, Felipe Calderón lanzó una ofensiva que se basaba en el supuesto de combatir al narcotráfico para disminuir la inseguridad. Sin embargo, la espiral de violencia siguió hasta llegar a niveles inauditos. Las disputas son brutales entre los cárteles del narcotráfico por el control de la producción y las rutas del tráfico de drogas.

Calderón no aprendió la lección de la guerra contra las drogas en Colombia, donde se recurrió a la militarización. Usurpó la Presidencia de la República, iniciando así un festín de saqueos y baño de sangre en que hundieron a México las hordas políticas “institucionales” y las cúpulas empresariales y financieras. La estrategia de Calderón, tenía la misma visión del problema del narcotráfico que en Colombia, por lo que se optó por combatirlo esencialmente con el Ejército, concentrándose en capturar capos del narcotráfico y en el decomiso de drogas. No se combatieron problemas internos en el gobierno como la corrupción e impunidad en las instituciones de seguridad y el sistema judicial. Éstos eran problemas vinculados, ya que la impunidad en las instituciones públicas generaba mayor corrupción y esto hacía a las instituciones más débiles.

Durante la administración de Calderón, se gastó 47 mil millones de dólares en la lucha contra las drogas. Hubo numerosos incidentes de violencia contra personas inocentes. Lo más grave es que hubo personas que murieron porque estaban en el lugar equivocado, en medio de una batalla entre criminales. La violencia en México generada por Calderón no afectó solo a los criminales o personas que se dedicaban a actividades ilegales, sino que también impactó a personas inocentes.

Las denuncias presentadas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de la Defensa Nacional por abusos del Ejército aumentaron sistemáticamente desde 2007.

Las sucesivas capturas o asesinatos de algún líder importante significaron la fragmentación y dispersión geográfica de las organizaciones criminales. La dispersión de los grupos criminales generó una gran disputa sobre las rutas de trasiego de las que cada uno es propietario. Las sedes regionales de los grandes cárteles aumentaron, pero también se incrementaron las organizaciones locales sin vínculos con organizaciones mayores.

La “guerra contra el narcotráfico” quebró la coexistencia de los socios, aliados y pares del negocio criminal. Aunque los criminales están unidos por lealtades personales inestables, la fragmentación criminal exacerbó las guerras entre “hermanos enemigos” que por definición producen una escalada hacia los extremos de la violencia. Además, la fragmentación dislocó la cohesión interna de las organizaciones criminales.

Debido a la inestabilidad, las nuevas facciones tienen menos incentivos para cumplir acuerdos, pues nada les garantiza que el siguiente individuo que encabece la organización los respetará.

A la guerra contra el crimen organizado los grupos criminales respondieron con una indefinida guerra de exterminio entre cárteles. Se ha dicho en varias oportunidades que el gobierno no previó la tenacidad del enemigo ni su capacidad de respuesta extremadamente violenta. El resultado de la simultaneidad de los operativos militares en varios puntos del país fue la dispersión territorial de las bandas criminales, lo cual les permite desde 2007 operar simultáneamente en regiones donde tienen predominio y donde no la tienen, donde prima la estabilidad y donde domina la violencia extrema, donde las fuerzas armadas tienen una fuerte presencia y donde esto no es así. Al reforzamiento de la violencia militar sin apoyos políticos amplios los cárteles respondieron extremando la violencia y desechando, por inefectivos, los grandes acuerdos suprarregionales.

Calderón sostuvo en varias ocasiones que el éxito de la “guerra contra el narcotráfico” dependía de que hubiera cuerpos policiales confiables, pero en la medida en que esto no se logró era imposible prescindir de los militares. Por otro lado, el gobierno federal conminaba a los gobiernos locales a involucrarse activamente en el combate al narcotráfico, aunque no deberían hacerlo porque ello excede formalmente sus competencias. Como las fuerzas federales no podían actuar en todos los focos de combate, muchas veces las policías estatales y locales no recibían el respaldo oficial y esto aumentaba su vulnerabilidad frente al crimen organizado.

La “guerra contra el narcotráfico” se convirtió en un fin de gobierno en sí mismo. Esto reveló la imposibilidad de eliminar la violencia por medio de la violencia. Los grupos criminales y el gobierno no pararon de matar y esto produjo  que se reforzaran mutuamente.