Las universidades son centros de
violencia hacia estudiantes y profesoras
Hazel Zamora Mendieta y Carolina Huerta García / CIMAC Noticias
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En los pasillos y en las aulas de las universidades públicas los profesores humillan y ridiculizan a las estudiantes; los compañeros les alzan la voz y las insultan; los hombres les lanzan piropos; los maestros las invitan a salir y cuando no aceptan la represalia se refleja en sus calificaciones. Allí, en los centros de estudio, también se han cometido casos de feminicidio.
Las estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y de los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no son las únicas hartas de esta violencia. A esta nueva ola de denuncias se suman las alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), entre otras instituciones académicas.
Ahora que las mujeres están rompiendo el silencio sobre la violencia sexual, CIMAC Noticias solicitó entrevistas a rectores y encargadas de las unidades de género de cada universidad para conocer sus posiciones al respecto. Al cierre de esta edición no respondió ninguna autoridad universitaria.
Estudiantes de la UNAM se organizan
En la Facultad de Filosofía de la UNAM las estudiantes no confían en las promesas institucionales. “Es ya no esperar a que nos lo den con asambleas, con votos y con cartas hacia la dirección, ya llegamos a un punto de tomarlo y apropiarnos de esta escuela que siempre nos ha pertenecido”, señalaron cuatro estudiantes de entre 19 a 21 años que están en la toma de instalaciones de la Facultad desde el pasado 4 de noviembre.
Las estudiantes, quienes pidieron protección a su identidad por miedo a represalias, contaron las diversas violencias que enfrentan día a día en la escuela: “profesores que te humillan y ridiculizan en clase, compañeros que hablan más fuerte que tú para imponer su voz sobre la tuya. Esas cuestiones normalizadas que no nos parecen graves. O el hecho de que sean más profesores los que tienen beneficios en la Facultad. Está la gente que te tira piropos en el pasillo, están los profesores que te invitan a salir y cuando no aceptas se ve reflejado en tus calificaciones o en clase, que empiezan a ser muy duros”.
En 2016, de la mano de ONU-Mujeres, la UNAM implementó el “Protocolo para atención de casos de violencia de género”, pero hasta ahora sólo se sabe de procesos revictimizantes para las estudiantes y libertad a los agresores. De los 335 procedimientos iniciados por una denuncia de violencia de género en el último año (junio de 2018 a junio de 2019) sólo 178 concluyeron con una sanción, es decir, 53 por ciento.
La doctora María Elena Isibasi, profesora de Letras Modernas, en la Facultad de Filosofía y Letras, considera que el descontento que expresa esta generación de jóvenes es resultado de un cúmulo e incremento de la violencia en la UNAM. Hoy no sólo se tratan de casos de acoso u hostigamiento sexual. En esta casa de estudios se han perpetrado casos de feminicidio como el de Lesvy Berlín Rivera Osorio, en 2017. A esta realidad se añade un contexto de violencia generalizada contra las mujeres en todo el país. En Filosofía las estudiantes llevan más de tres meses en protesta.
Alumnas del IPN luchan por ganarse un lugar
Por otro lado, en el IPN, frustradas de no hallar respuestas a sus denuncias, las estudiantes decidieron acudir a una instancia superior para obligar a las autoridades a rendir cuentas, la Cámara de Diputados. En julio de 2019, las legisladoras de la Comisión de Igualdad de Género tuvieron una reunión de trabajo con el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas.
El funcionario afirmó que hasta entonces tenían sólo 13 denuncias por hechos de violencia contra las politécnicas, una baja en comparación al mismo periodo del año anterior, que recibieron 19. El director presumió que estos datos era resultado de la apertura de espacios de denuncia.
Las estadísticas presentadas por Rodríguez Casas no reflejan la realidad de estudiantes como Araceli, quien en 2018 dimitió un año de la carrera de Ingeniería de Sistemas Automotrices, tras librar un intento de violación sexual dentro de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Después del intento de violación sólo trascendió que se reforzó la vigilancia para entrar a la escuela.
La joven dejó su hogar en Veracruz para estudiar en el IPN, “la mejor escuela de ingeniería del país”, pensó. Desanimada, Araceli habló con CIMAC Noticias de cómo el desinterés en su denuncia la llevó a darse de baja temporal por un año del IPN.
El día de la agresión Araceli llegó a las 6 de la mañana a su clase en el ESIME. Era temprano, por lo que esperó leyendo un libro. De reojo notó que dos personas se acercaban, no prestó atención pues creyó que eran otros estudiantes. Sin darse cuenta le taparon la nariz para que inhalara un solvente. Como única alternativa para preservar su vida, fingió desmayarse.
Los dos hombres –que cree no eran estudiantes– la llevaron a un pasillo de la escuela para atacarla. Araceli empezó a gritar, patalear y rasguñar. Los agresores huyeron al percatarse que comenzaban a llegar los estudiantes, antes de irse la patearon y le fracturaron la mano de un pisotón. Araceli pasó ese día horas bañándose en el gimnasio.
“Ni siquiera quería venir, me daba miedo. Me daban muchos ataques de ansiedad. La idea de hacerme daño me pasaba a cada momento en mi cabeza”. Araceli rompió el silencio con su madre, luego con un profesor de confianza, quien la dirigió con el entonces director del ESIME para presentar una denuncia. El director le pidió contar su caso ante un comité –no recuerda cuál– pero estaba harta de narrar la agresión que vivió así que no acudió. Las autoridades de la escuela no volvieron a buscarla.
Después de un año Araceli regresó al Politécnico para continuar sus estudios. “Me había costado demasiado entrar”, dijo. Éste es sólo uno de los casos que acompaña Nicté Ha Alicia Herrera López, docente desde hace 32 años en la ESIME Azcapotzalco. La académica mira con preocupación el incremento de la violencia hacia las alumnas, pero, sobre todo, le preocupa la incapacidad de la institución para darles respuestas.
Como explica la profesora, la formación de mujeres en la ciencia es necesaria porque en el futuro las categorías laborales con mayores oportunidades serán las relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 90 por ciento de los nuevos trabajos requerirán una formación en tecnología, pero menos de un tercio de las mujeres que estudian eligen carreras vinculadas a estas áreas, en parte por los estereotipos de género pero ahora también por la violencia.
Como ocurre en el IPN, la violencia contra las mujeres está truncando su potencial científico, señaló Herrera: “Me da la impresión de que los varones marcan territorio, que quieren sentir que la tecnología es sólo para varones, una especie de masculinidades tóxicas. Que la inteligencia es una cualidad de hombres, que, si una mujer quiere venir a ocupar estos espacios, tiene que mostrar que se lo merece”.
En 2012, bajo la rectoría de la ingeniera bioquímica Yoloxóchitl Bustamante Díez, el IPN creó la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género con el objeto de desarrollar una cultura que promueva y fomente la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, según el acuerdo de creación. Sin embargo, los espacios libres de violencia son aún un reto en la institución para sus mujeres estudiantes.
La UPN sin aplicar reglas para atender denuncias
En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), plantel Ajusco, donde 80 por ciento de su matrícula son mujeres, las estudiantes no cuentan con ningún mecanismo eficiente para denunciar la violencia de género que viven en la universidad.
Ante denuncias anónimas de estudiantes, el año pasado la institución indicó no tolerar comportamientos violentos y mediante un comunicado invitó a las alumnas a acercarse al Centro de Atención a Estudiantes (CAE) para recibir orientación sobre cómo denunciar cualquier situación de acoso, hostigamiento y violencia sexual.
El director del CAE, el catedrático Gerardo Ortiz Moncada comentó en entrevista que, en ese tipo de casos, a las víctimas se les da contención, después se les canaliza a donde lo requieran y algunas veces se les da seguimiento.
“Se les ofrecen alternativas y las alumnas toman la decisión que más les convenga. Nosotros las acompañamos hasta donde lo decidan”, explicó Ortiz Moncada. Aseguró que el mayor número de casos que llegan a la instancia que dirige están relacionados con la violencia en el noviazgo. “Muchas veces se trata de novios ajenos a la universidad, es decir que no son estudiantes y mucho tiene que ver con la población de la universidad ya que es mayormente femenina”.
No obstante, desde del año pasado las alumnas organizaron acciones públicas, como poner tendederos de denuncia en su escuela, para señalar el acoso sexual de los profesores, quienes les mandan mensajes de texto con contenido sexual, en clase buscan contacto físico con ellas o las persiguen en redes sociales para enviarles fotos eróticas.
Por otro lado, la doctora Pilar Cruz Pérez, profesora e investigadora de la UPN, comentó a esta agencia que el CAE es una instancia tan general, en cuanto a la atención de las necesidades de las y los estudiantes, que tiene muy poca capacidad de respuesta. “Por eso las chicas se acercan a quien le tienen confianza. Muchas veces yo, que soy su maestra, ni siquiera sé a dónde acudir”, señaló Cruz Pérez.
La UPN cuenta con reglamentos y códigos de conducta dirigidos a la comunidad estudiantil, así como al personal académico y no docente. En estos lineamientos se identifican comportamientos que son sancionables, sin embargo, no se indica de qué forma se harán efectivas las sanciones.
A pesar de que existe todo ello, la profesora Pilar Cruz Pérez considera que es insuficiente para atender el problema de violencia que viven las estudiantes y profesoras porque es letra muerta. “Las autoridades de la universidad no los difunden, no saben cómo aplicarlos, ni como sancionar las conductas de violencia, por eso la mayoría de las veces la forma en la que llegan las denuncias es con nosotras (las docentes)”.
Resalta que ante esta normatividad que no se aplica, una comisión de profesores, en la que ella se incluye, diseñó un protocolo para responder a las demandas de las estudiantes y atender adecuadamente el problema de violencia de género en la universidad. En noviembre pasado el protocolo fue redactado y entregado a la Rectoría. A la fecha desconocen cómo y cuándo empezará a aplicarse.
Docentes de la UACM que defienden derechos de las mujeres
La renuencia de las instituciones educativas en reconocer y dar importancia a la problemática también está en la UACM, donde las alumnas no son las únicas que viven violencia. Las agresiones también alcanzan a las docentes que imparten materias sobre género, con enfoque feminista o que apoyan a sus estudiantes.
El acoso y la manifestación del machismo hacia profesores comenzaron a ser visibles en 2013 cuando las docentes Clemencia Correa González y María del Carmen Rodríguez Sánchez denunciaron a uno de sus colegas por acoso sexual.
Después de esta denuncia el trato hacia las académicas feministas fue muy agresivo, razón por la cual Francesca Gargallo, escritora y profesora en la licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas decidió separarse de la UACM.
“Demostraron que para ellos los derechos humanos de las mujeres no existen… desde entonces, intentaron silenciar los hechos y desprestigiar a las profesoras denunciantes. Por lo mismo las actitudes en contra de las docentes y estudiantes feministas han empeorado”, indicó la docente.
Por ejemplo, desde el 4 de septiembre, la maestra Claudia Domínguez Hernández y sus alumnas del Seminario de Tesis son custodiadas por mujeres policías para trasladarse desde la estación del metro 20 de noviembre hasta el edificio donde toman clase en el plantel Valle. Esta medida la solicitaron debido a las amenazas que han enfrentado.
A pesar de la creciente presencia de mujeres en las universidades, los contenidos carecen de perspectiva de género y el personal docente no garantiza la igualdad ni la no violencia hacia las estudiantes.
Sobre esta violencia de género en las universidades, la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) e integrante de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, quien siguió de cerca el caso de las estudiantes del IPN, apunta que es urgente seguir con los ejercicios de vigilancia en otras universidades.
La legisladora considera que la violencia hacia las estudiantes se trata de un fenómeno que ocurre en prácticamente todas las comunidades universitarias sin que se tengan respuestas satisfactorias.
Además, señaló, las universidades están obligadas a asegurar espacios sin violencia como lo estipula la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, que califica a la violencia docente como aquella que “se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad”.
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Propuestas para frenar la grave violencia
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / CIMAC Noticias
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De cara a los recientes paros en diversos planteles educativos, académicas y estudiantes de 20 universidades del país lanzaron un manifiesto feminista en el que proponen una serie de acciones estructurales para que las instituciones de educación superior vayan “más allá de la simulación” en los casos de violencia contra las mujeres.
Este manifiesto fue resultado del Cuarto Encuentro de Discusión y Análisis de Estrategias e Intervención a la Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior, que académicas y estudiantes llevaron a cabo el pasado 27 de noviembre en el estado de Hidalgo.
Como resultado de este encuentro, las feministas coincidieron en que las instituciones encargadas de regular la educación superior en el país deben elaborar un registro nacional sobre los casos de violencia contra las mujeres.
También exigieron considerar diferentes formas de reparación del daño para las víctimas; y que se construyan protocolos y reglamentos para la atención de estas violencias, con campañas y procesos de difusión para toda la comunidad universitaria, y con leyes que eviten la simulación institucional.
Las académicas y universitarias pidieron diálogos intergeneracionales en los que se incluyan sus experiencias de acción y lucha, y que se les escuche para la generación de nuevos procesos y estrategias.
Asimismo, pidieron que se refuerce dentro de los recintos universitarios una cultura de no violencia hacia las mujeres mediante actividades formativas, como talleres, difusión y otras formas de visibilización.
Otra de las propuestas fue que los modelos de atención para casos de violencia de género dentro de las instituciones educativas se conviertan en una política institucional que tenga continuidad, permanencia y trascendencia para la vida universitaria.
Y exigieron que los organismos nacionales que rigen la educación superior, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Superior Universitaria, elaboren un programa nacional con recursos específicos y suficientes para atender los casos de violencia.
Las feministas también propusieron procurar formas de vinculación interinstitucional para atender los casos, y que los planes y programas académicos de las diferentes instituciones implementen de manera obligatoria asignaturas sobre conocimiento feminista y teoría de género.
Las universitarias pidieron, como primer punto, reconocer la situación de precariedad y violencia que experimentan las estudiantes, académicas y trabajadoras administrativas de las universidades del país.
Las feministas firmantes provienen de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana (unidades Xochimilco, Iztapalapa, Lerma y Azcapotzalco), Universidad Veracruzana, Colegio de la Frontera Sur, Universidad Intercultural del Estado de México, Universidad de Guanajuato, Universidad Pedagógica Nacional, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Universidad Humanista de Hidalgo, Escuela Nacional de Antropología e Historia y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
También firmaron las universidades autónomas del Estado de Hidalgo; de San Luis Potosí; de la Ciudad de México; de Ciudad Juárez; de Querétaro; de Chapingo y de Quintana Roo.
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