Revolución salarial y cambio de modelo

Jorge Faljo
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El gobierno federal, las organizaciones empresariales y las organizaciones de los trabajadores acordaron elevar en 20 por ciento el salario mínimo nacional que de ese modo sube de 102.68 a 123.22 pesos a partir del 1 de enero del 2020. El aumento es de 5 por ciento en la zona fronteriza donde llegará a los 185.56 pesos diarios.

Se trata de un hecho histórico, tras cuatro décadas de brutal deterioro en el que el salario mínimo se redujo a la cuarta parte de su capacidad de compra de 1978. Hoy en día, de un total de 55 millones de ocupados más de 40 millones no reciben el equivalente a un salario mínimo de hace 41 años.

Para algunos es un incremento excesivo; pongámoslo en perspectiva. Si a ese 20 por ciento se le resta la inflación quedará en 17 por ciento de mejora real. Si esa medida se repite igual durante otros ocho años alcanzaremos un salario equivalente al de 1978. Es decir que en 2028 el mínimo tendrá 50 años de rezago. De ese tamaño es el retraso salarial.

Hay que darle crédito al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, que declaró que su sector busca que a la brevedad ningún mexicano gane menos de 6 mil 500 pesos al mes. Con el reciente incremento el salario subirá a 3 mil 696 pesos mensuales; es decir que la brecha seguirá siendo grande.

La aceptación empresarial subraya que en el pasado el principal instigador de la reducción salarial fue el sector financiero.

         Históricamente dos han sido los argumentos contra el incremento salarial. Uno es que suba solo en la medida en que aumente la productividad. Solo que en las últimas cuatro décadas se elevó la productividad de manufacturas, servicios y agricultura comercial y el salario retrocedió. Este año el salario mínimo en Guatemala fue de 389 dólares mensuales, en Honduras de 381 y en México de 165 dólares. ¿Acaso esos países tienen más del doble de productividad que el nuestro? El otro argumento es que subir salarios es inflacionario y reduce el empleo formal. La realidad es que las principales presiones inflacionarias de las décadas anteriores fueron la entrada de capitales externos, incluida la venta-país* y la mayor inequidad. Ambas generaron inflación desde la punta de la pirámide de ingresos. De manera perversa la inflación se combatió donde no se generaba; se combatió en los ingresos de las mayorías mediante el empobrecimiento de la población.

Subir salarios será inflacionario si no hay una respuesta productiva acompasada. En el pasado hubo esa sincronización, pero negativa; la reducción de salarios se acompañó de una gran destrucción de pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interno. Sucumbieron miles, la mayoría de las empresas textiles, de electrodomésticos, de muebles, talabartería, la pequeña producción agropecuaria y muchas más. La producción para el mercado interno fue más que diezmada con el argumento de que no era competitiva; y no pudo serlo cuando se redujeron los salarios, se dio una apertura indiscriminada del mercado y se alentó la monopolización de la producción. Ahora la elevación gradual pero sostenida de los salarios deberá acompañarse de la reactivación de la oferta rural y urbana.

El argumento de la destrucción de empleos también es falso. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– de 2017, encontró que en los primeros 14 años de este siglo Argentina triplicó su salario mínimo y Brasil casi lo duplicó. En ambos casos ocurrió una importante reducción de la pobreza extrema y mayor bienestar de la mayoría; sin impactos negativos en el empleo. En ambos casos la elevación de salarios se acompañó de una política de impulso a la producción.

¿A quiénes beneficia? El cálculo va de los 3.44 millones de ocupados formales que ganan menos que el nuevo salario mínimo y derramará a varios millones más de ocupados informales que les proporcionan productos y servicios y también reciben menos de los 123 pesos diarios.

Además, es muy posible que este incremento salarial repercuta en otros estratos aprovechando el impulso que las reformas laborales y la firma del T-MEC darán a la democracia sindical y a la transparencia de las negociaciones obrero- patronales.

La presión oficial estadunidense se coloca ahora de lado de los intereses de los trabajadores mexicanos debido a que los muy bajos salarios en México han afectado el empleo y los ingresos de los trabajadores en Estados Unidos.

El aumento salarial es histórico no solo por su magnitud y porque rompe una tendencia de décadas; sino porque imposibilita continuar con el modelo exportador basado en trabajo esclavo. Falso que lo importante sea la productividad de la mano de obra; con mucha menor productividad China se convirtió en potencia y elevó salarios; y en casi toda América Latina se pagan salarios mayores a los de México sin tener mayor productividad.

Lo realmente relevante como punto de arranque es la competitividad: algo que puede darse a distintos niveles de productividad porque depende más de la paridad cambiaria que de los salarios. Cierto que las empresas de México perderán en una forma de competitividad sustentada en bajos salarios. Y difícilmente se podrá compensar con avances en productividad basada en inversiones tecnológicas compradas en dólares.

La mejor y tal vez única salida es movernos hacia otro modelo de crecimiento económico y desarrollo social asentado en: una paridad peso-dólar competitiva favorable a los sectores exportadores; la reactivación de la producción asociada al consumo popular impulsada y protegida por el Estado y finalmente, reconstruir un nuevo sector social de la economía basado en el intercambio justo y solidario.

* La venta de las empresas públicas primero y, posteriormente, la venta que los privados han hecho de sus propias empresas al capital extranjero.

 

 

Superar la pobreza sin acceder a la modernidad

Jorge Faljo
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Con el riesgo de que se considere broma, o un tema banal, dedico este artículo a la moda como un serio obstáculo a las transformaciones que necesitamos. Entre ellas disminuir la inequidad; suspender la destrucción de nuestro entorno; recuperar un Estado fuerte capaz de impulsar una política industrial y rural y, finalmente, construir una nueva relación entre gobierno y población sustentada en una auténtica democracia participativa.

Ninguno de estos cambios es independiente de los demás; todos son facetas de una sola gran transformación. Y uno de los mayores obstáculos se encuentra agazapado; es la moda. Se trata de la multiplicación del consumo originada en cambios sin sentido.

La economía del planeta se atasca debido a la debilidad de la demanda. Existen vastos potenciales de producción agropecuaria e industrial que, aunque técnicamente viables, no son competitivos respecto de la producción de los grandes consorcios internacionales. La respuesta puede y debe ser la creación de esferas de producción y comercio que no compitan con aquellos.

Pero hay algo más; no se trata de elevar la producción imitando el estilo de consumo de la población de los países industrializados. Es ese modelo de consumo el que está destruyendo el planeta.

Lo mismo puede decirse del argumento de que México cuente con un Estado fuerte, con políticas industrial y agropecuaria orientadas a elevar el consumo y bienestar de la mayoría. Sí, pero solo funcionará si es parte de un viraje en el modelo de consumo que se ha impuesto para los que lo pueden pagar y que se impone en la mentalidad de los que no lo pueden hacer. No será posible superar la pobreza si el intento es que los ahora pobres accedan al consumo que Netflix nos presenta como normal. Esas son falsas ilusiones.

No es un problema menor; tal vez el descontento que manifiestan en muchos países los grupos de población que han visto mejorar su situación se origina a que en su mente se quedaron a medias. Ahora son menos pobres, pero siguen sin acceder a los bienes de las clases medias acomodadas de los países industriales.

Es fundamental que en una nueva relación entre pueblo y gobierno ocurra un dialogo profundo en el que se entienda que acabar la pobreza no puede llevar al consumo occidental privilegiado. No puede porque no alcanzarían los recursos y porque en buena medida es un consumo altamente destructivo.

¿Qué tiene que ver la moda en esto?

Hay que pensarla en un sentido amplio. La industrialización occidental se ha basado en la proliferación del automóvil, de carreteras, espacios de estacionamiento. Y la fabricación de automóviles se ha basado en crear en los consumidores el impulso a cambiar de automóvil cada año. Los cambios de diseño, de calaveras, luces, colores y demás son modificaciones superficiales que provocan, con éxito, la compra de automóviles más allá de lo racional o meramente practico.

Un auto nuevo es un producto altamente contaminante; no me refiero a que vaya a serlo en el futuro, sino a que por el solo hecho de fabricarlo ya generó una gran contaminación. Un auto tiene cerca de 30 mil componentes producidos en todo el planeta; así que bien podemos decir que un auto nuevo ya recorrió miles de kilómetros; los de sus componentes.

Es paradójico que la lucha contra la contaminación haga del gobierno un aliado de la industria para provocar que los consumidores desechen su automóvil y lo cambien por otro que, por varios años, va a contaminar menos. La respuesta debiera ser otra; combatir el cambio indiscriminado de algo que sigue siendo funcional. Y eso puede lograrse exigiendo a los corporativos automovilísticos que extiendan garantías de largo plazo. Un auto un poco mejor hecho puede durar 50 años; así que obligar a garantías de 20 años; con diseños que permitan mejoras parciales a lo largo de ese tiempo sería más lógico que impulsar el exceso de producción de vehículos.

Hace 20 años había 14 millones de teléfonos celulares en el país; hoy pasan de 100 millones. Han tenido mejoras, pero incluso el más simple cumple con su función esencial. Las compañías telefónicas difunden un estilo de consumo adictivo y siempre en espera del modelo más reciente. Lo que hace que no nos parezca tan extraño que nos obliguen a cambiar de teléfono al recontratar sus servicios. El Estado, en alianza con los consumidores debiera en este otro caso exigir productos garantizados por un mínimo de cinco años y prohibir la venta forzada. Técnicamente es posible. Eso nos ahorraría lo que ya son miles de toneladas de desechos telefónicos al año.

Desde hace decenios impera en la industria el concepto de obsolescencia planificada. Las cosas se fabrican para no durar, para que se vuelvan moda y para obligarnos a cambiarlas por razones de estatus. Se da en la venta de automóviles, celulares, electrodomésticos y electrónicos.

Ocurre también con la ropa. En los años ochenta del siglo pasado, en Estados Unidos el consumo per cápita de prendas de vestir era de 12 al año. Ahora el éxito de las grandes cadenas de tiendas que venden ropa de moda se basa en inducir la rápida obsolescencia de diseños y colores.

Dado que gran parte de los consumidores usarán esas prendas pocas veces se ha generado un problema de manejo de desechos. Y son básicamente desechos plásticos. Una mínima parte de lo que terminan desechando los consumidores se vende barata a los pobres, incluyendo la ropa de paca, por tonelada. Pero la mayoría va a dar a los vertederos de desechos o se quema. Lo que contribuye a la seriamente a contaminación ambiental.

Y no se diga el conocido problema de los plásticos que no se destruyen; más bien se desintegran en partículas minúsculas y que ya son parte de los pescados que consumimos.

Construir una sociedad equitativa requiere cambiar hacia un modelo de consumo racional, lógico. No el consumo dictado por la obsolescencia planificada, que promueven prácticamente todas las industrias. Algo que podría ayudar a dejar de ser esclavos de la moda y del consumo innecesario sería que los productos tengan etiquetas ecológicas. En el caso de un automóvil la etiqueta diría que producirlo requirió 148 mil litros de agua; o que unos jeans necesitaron 8 mil litros de agua. Y que en ambos casos el porcentaje de reciclamiento efectivo de sus componentes es ínfimo.

Avanzar hacia una sociedad regida por la justicia social demanda cambiar el estilo de consumo. Lo que en la práctica significa usar el mismo auto, celular y ropa por mucho más tiempo. Usar las mismas bolsas de mandado una y otra vez. Solo con estos cambios podremos detener la destrucción de la naturaleza y, a la vez, avanzar hacia la equidad.