La 4T ante las “décadas del saqueo”

 

Jesús Delgado Guerrero / Los sonámbulos

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Al cumplir un año como titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador demandó un año más para lograr lo que él ha denominado como Cuarta Transformación.

 

“Lo que más deseo con toda mi alma es que para entonces, en un año más, vivamos en una sociedad mejor, más libre, justa, próspera, democrática, pacífica y, sobre todo, fraterna”, dijo frente a miles de simpatizantes, y aseguró que los cambios emprendidos garantizarán la transformación del país, a grado tal que “cuando cumplamos dos años de acciones los conservadores ya no podrán revertirlos.

 

“Para no ser tan tajante, tendrían que esforzarse muchísimo y pasar mucha vergüenza para retroceder a los tiempos aciagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de los fraudes electorales, del racismo, del desprecio a los pobres, del mátenlos en caliente”, refirió.

 

Luego apeló a uno de sus personajes favoritos: “¿Qué decía (Benito) Juárez, entre otras cosas, en circunstancias como ésta, cuando se estaba llevando a cabo la segunda transformación, la época de la Reforma, momentos mucho más difíciles que los que estamos viviendo? Decía Juárez: ‘El triunfo de la reacción es moralmente imposible’.”

 

Y sostuvo que al final del año próximo estarán sentadas las bases para la “construcción de una patria nueva” y que será “prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o neoporfirista”.

 

Todo esto desde luego fue música para los oídos de sus simpatizantes y una mala sinfonía para sus detractores, pero hasta ahora no se ve cómo hará para resolver, por ejemplo, dos de los fenómenos más sentidos entre los ciudadanos: la economía y la inseguridad acompañada de una sanguinaria violencia.

 

En ambos casos el gobierno federal está sentado sobre un barril de pólvora y el plazo que demandó no parece ser suficiente para modificar en forma sustancial el estado de cosas, aunque tiene la ventaja de una clara mayoría en el Congreso de la Unión y el dominio de la mayor parte de los Congresos locales, estando en condiciones de llevar a cabo los cambios constitucionales que requiere el país y extender, no sólo pregonar, el respectivo certificado de defunción del neoliberalismo.

 

Ciertamente no es ni será fácil desmontar todo lo hecho durante la etapa del Ogro Salvaje, esa que comprende los seis sexenios que van de 1982 al 2018, es decir, 36 años de recetas, “reformas”, embustes y abiertas estafas a los que se debe colgar el oprobioso trofeo de la desigualdad y por el otro el agandalle de la riquezas nacional.

 

Por no dejar, hay que decir que con la tramposa propaganda que pretende simular la situación, se ha llamado al citado el período de las “décadas perdidas”, pero en realidad han sido “décadas de saqueo” escandaloso, generalmente impune, con delincuentes de cuello blanco saboreando el botín, y todo en nombre de futuros promisorios que nunca llegaron y que en tales condiciones nunca iban a llegar.

 

El caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) ejemplifica esa faceta neoliberal rapiñera de diseñar y ejecutar políticas depredadoras de los bienes nacionales, llevándolos al punto del colapso para forzar la entrega a manos privadas. De manera simultánea a su destrucción, se elaboraron las “reformas estructurales” para ese propósito.

 

Una empresa que aportaba en forma importante a las reservas internacionales hoy tiene que ser subsidiado por éstas. El saqueo fue brutal. Enderezar la nave y echarla a andar no es imposible, pero al acoso de monopolistas locales y extranjeros que ven cómo se les puede ir la “Joya de la Corona Neoliberal”, hay que sumar el daño ocasionado por el pillaje perpetrado. Y eso no se va a arreglar en un año.

 

Menos todo el andamiaje legal construido alrededor de una doctrina capitalista que ha privilegiado la concentración de la riqueza, la acumulación por la acumulación y que ha convertido a la nación en un paraíso de especuladores y fulleros casabolseros y financieros.

 

En cuanto a la violencia, es claro que quienes detentan el poder están entre Escila y Caridbis, monstruos de sus propias convicciones religiosas y la de los principales involucrados: el fundamentalismo cristiano con sus múltiples pastores que en materia de producción, distribución y consumo de drogas, enarbolaron la bandera de la prohibición desde la década de los años 70.

 

De otro manera ya se habrían dado los primeros pasos para tratar de eliminar esa pesadilla sangrienta, iniciada en el año 2006 y de la que no se ha podido despertar 13 años después.

 

Profundizar en la despenalización de las drogas no es estar a favor de su consumo, pero sería una medida primordial para ir desmontando la narcocultura que se promueve, incluso en la televisión, sustituyendo valores como la vida misma.

 

 

El desmantelamiento y degradación del poder público

 

Jesús Delgado Guerrero / Los sonámbulos

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Enfundados en supuestos nuevos soplos de aire “liberal”, en términos llanos lo que esto significó para el país durante casi las últimas cuatro décadas no fue otra cosa que el empeño suicida por disolver justo al liberalismo, entendido este como una doctrina que limita, articula y tutela, mediante leyes e instituciones, las relaciones entre los individuos.

 

Desmantelado y degradado a “Estado ultramínimo” para figurar lo menos posible, las consecuencias de la pérdida de poder público se han reflejado de diversas maneras no sólo en el ámbito económico, sino en otras que evidencian el grado extremo de la debilidad institucional.

 

El principal ha sido la pérdida del monopolio de la fuerza, dejando la plaza a células sanguinarias que, como en el viejo oeste, parecen conformadas por vaqueros que no tienen más ley que la de sus armas.

 

Tal ha sido el resultado de negar al “Estado” (entendido aquí como gobierno) incluso en su despectivo papel de “mal necesario”.

 

“Las fuerzas que están impulsando la degradación del poder son múltiples, están entrelazadas y no tienen precedentes. Para comprender por qué, no piensen en Clausewitz, las listas de las quinientas empresas más grandes del mundo o el 1 por ciento más rico de la población de Estados Unidos que concentra una parte desproporcionada de la riqueza”, dice Moisés Naím (El fin del poder).

 

¿Quién ha estado y está al mando? La pregunta se responde con la narración de la hemorragia cotidiana provocada por la violencia de grupos criminales. Y en línea con la afirmación del escritor venezolano en el sentido de que “La degradación del poder está transformando el mundo”, al hecho evidente de la pulverización institucional, su desmantelamiento, hay que sumar la penetración de lo poco que se ha dejado.

 

No es de extrañar que se viva no en un “Estado fallido”, tal como proclaman los seudo liberales modernos, sino en un narco-Estado donde quienes tienen la misión de combatir al crimen organizado, son parte de él, de sus narco-corridos y toda esa narco-cultura felizmente celebrada en series de televisión y notas de prensa.

 

El daño generado a las estructuras estatales y sociales por esa presunta renovada doctrina liberal, aplicada en forma fundamentalista, diríase que totalitaria, no va a ser resuelto con metáforas de reminiscencias hippies de “amor y paz” ni de otras tribus urbanas, esto mientras los criminales sigan operando protegidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, ya como “socios asociados en sociedad”, según el zumbón Nicolás Guillén, subordinados o como simples “halcones”.

 

Genaro García Luna, titular de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, no sería el único que estaría en los supuestos mencionados, según las investigaciones realizadas no por autoridades mexicanas, sino estadunidenses; tampoco policías estatales o municipales, ni agentes ministeriales y otros quedarían fuera.

 

El termómetro más terrible de esa connivencia es la ola de violencia y la impunidad en cada uno de los cientos de casos, ante los cuales los expedientes de investigación se cierran casi en el mismo momento de ser abiertos: “fue el crimen organizado”.

 

Sólo por no dejar, la situación es igual en los llamados “delitos de cuello blanco” cometidos por “destacados inversionistas”, hombres de negocios y muchos más en episodios tenebrosos de auto-préstamos bancarios y fraudes financieros.

 

Aquí también ha sido notable que se dejaron sólo algunos vestigios de poder público e igual que en el caso anterior, el reducido espacio fue ocupado por servidores públicos que sólo facilitaron el saqueo y la estafa, en una nueva y agresiva degradación de las instituciones.