“Lawfare” o guerra jurídica contra la 4T
Pablo Cabañas Díaz.
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Entre 1998 y 2011 fueron favorecidos por el voto popular 12 presidentes de izquierda de los 18 países democráticos de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Este fue un logro de proporciones históricas para una izquierda que durante los 50 años anteriores sólo había ganado una elección presidencial: las de Chile en 1970, que además desemboca en el golpe de Estado contra Salvador Allende (1973) y en la larga dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990).
El análisis comparativo puede ayudar a establecer un marco de referencia para las expectativas de la Cuarta Transformación. Honduras, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Perú, El Salvador y Nicaragua han tenido gobiernos que decían ser progresistas. Cada uno de esos gobiernos aplicaba una estrategia de lo que se podría denominar conciliación de clases. Cada uno de los gobiernos, incluyendo las expresiones más radicales de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, gobernaba de manera conjunta con sectores importantes de oligarquías, burguesías nacionales y grupos de capital.
Cuatro de los 12 países tienen hoy un presidente que se autodefine como de izquierda (Bolivia, Nicaragua, Uruguay y Venezuela), En Brasil, el Partido de los Trabajadores logró una reducción espectacular de la pobreza y una notable ampliación de la clase media, pero acabó con la mayor recesión de la historia del país y la destitución de Dilma Rousseff en 2016. En Argentina, los Kirchner lograron recuperar mucho de lo perdido con la debacle económica de Carlos Menem y Alfonso de la Rúa (1998-2002), pero en 2015 perdieron las elecciones. En Uruguay los indicadores sociales llevan diez años de mejora sostenida y la izquierda sigue en el poder con el presidente Tabaré Vázquez y el Frente Amplio de Uruguay, representa una izquierda inspirada en los ideales universales del socialismo democrático, alejado de deformaciones autoritarias o caudillistas, y consciente de que, en el actual sistema internacional unipolar, es indispensable avanzar en forma reformista y gradual, combinando las presiones sociales con la permanente disposición a negociar.
Las cifras muestran que en América del Sur los gobiernos de izquierda en efecto lograron avances sustanciales en materia de pobreza, de empleo y de ampliación de la llamada clase media que ganan entre 10 y 50 dólares al día. Ésta es la razón principal para no hablar del “fracaso” a la ligera, y la que sigue dando validez a la izquierda.
La democracia representativa cobró vigencia como vía de acceso al poder y la transformación social, aunque reconociendo tanto discursiva como prácticamente que la democracia y la política no se agota en su componente liberal. Las nuevas izquierdas tienen otros espacios de participación y movilización a través de la democracia participativa, deliberativa, radical y comunitaria, que se traducen normativamente en las nuevas cartas magnas.
En el contexto social, económico y político en que emergieron los gobiernos de izquierda es completamente diferente al que hoy se presenta en América Latina. Éste se caracteriza, especialmente, por tres rasgos: el profundo empobrecimiento de las sociedades debido a la implementación de las políticas pro mercado, la creciente movilización política de diversos sectores y actores sociales y la crisis de representación política.
La estructura socioeconómica de las sociedades se modificó drásticamente: el grueso de los trabajadores formales se redujo, las “clásicas” identidades sociales y políticas ancladas en el mundo del trabajo operaron una reconfiguración y nuevos sujetos sociales emergieron –los excluidos del sistema– con novedosas demandas sociales. Las nuevas formas de politización y la ampliación de las esferas públicas a través del surgimiento de poderosos movimientos sociales –indígenas, campesinos, derechos humanos, minorías sexuales– actuaron como verdaderos baluartes de resistencia al neoliberalismo.
A estas luchas se sumaron colectivos de ciudadanos de clases medias urbanas, como trabajadores informales y “ahorristas” (las cuales se expresaron en Argentina y Ecuador a través del “Que se vayan todos”) y las de los actores organizados, aunque debilitados, como los sindicatos que decantaron en diversas caídas presidenciales (Argentina en 2001; Bolivia en 2003; Ecuador en 1997, 2000 y 2005) y quiebres de regímenes políticos. Esta crisis de representación política a la que asistieron los países latinoamericanos hacia fines del siglo pasado y principios del XXI reflejó el fracaso de sus elites políticas para traducir en políticas las aspiraciones de las mayorías (Rodríguez Garavito et. al, 2009).
El ciclo de victorias electorales de la izquierda comienza con la llamada “media década perdida” (entre los años 1998 y 2003), con lo cual puede argumentarse que más que votar por programas de izquierda el electorado votó por cambios de gobierno” (Panizza, 2009, p. 79).
En México al igual que en América Latina las victorias electorales de la izquierda respondieron más a las posturas anti-partidocracias que ofrecían los nuevos líderes que a sus posiciones ideológicas.
No es casual que en las ofertas de campañas electorales y discursos de varios candidatos, luego electos como presidentes, los organismos internacionales de crédito y las elites políticas tradicionales se hayan establecido como los adversarios políticos por excelencia. Asimismo, la capacidad creciente de los movimientos y organizaciones sociales para influir en el seno del sistema político –ya sea apoyando o formando parte de los gobiernos– fue un rasgo que caracterizó –aunque de modos diversos– a todos las fuerzas de izquierda gobernante, frente a la centralización alrededor del partido político que definía a la “vieja” izquierda.
Bolivia es el ejemplo paradigmático de confluencia entre fuerzas político-partidarias y movimientos sociales que, lejos de resistirse a formar parte de coaliciones gubernamentales, aspiraron a ocupar el gobierno, realizar una reforma democrática del Estado y construir una “hegemonía indígena-popular”. No obstante, la relación que entablaron las diversas formas de acción colectiva –especialmente los movimientos sociales– con los gobiernos progresistas y los partidos políticos o coaliciones que los sostienen ha evidenciado una multiplicidad de tensiones a medida que avanzaban los procesos de cambio político.
II
Entre las tensiones más relevante a las que se enfrentaron los gobiernos progresistas aparece el llamado “lawfare”, o “guerra jurídica” en español, esta palabra inglesa corresponde a una contracción gramatical de las palabras "ley" (Law) y “guerra” (warfare), que describe una forma de guerra asimétrica. Una "guerra jurídica" que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo la victoria en acometidas de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes, e inmovilizándolos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos.
El arquetipo del “lawfare” en México es el estudio: “Legalidad contra las cuerdas” patrocinado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Causa en Común, en colaboración con la revista Nexos.
Desde principios del siglo XXI, se comenzaron a invertir recursos en programas de cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial de América Latina. Las “Escuelas de las Américas” para militares se han sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto en Estados Unidos –donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jurídicos–, como en los países de América del Sur, donde a través de la financiación de la agencia estadunidense para el desarrollo, la USAID, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación judicial. En América Latina asistimos a la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos, por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del estadunidense, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales, que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e “indictments” remitidos por la justicia de Estados Unidos.
A la Cuarta Transformación se le está aplicando una nueva forma de desestabilización que se podría calificar de “golpe suave” que se viene realizando a través del Poder Judicial. En el corto plazo lo que pretende es detener la consumación de la 4T; es decir, impedir que la política lopezobradorista pueda avanzar.
Una “guerra jurídica” que inició a partir de una tipología que identificó 20 acciones impulsadas por el gobierno federal que a su juicio son ilegales, siete de dudosa legalidad y cuatro “leyes a modo” que cubre de diciembre de 2018 a mayo de 2019 y que, según ese trabajo, esas acciones del gobierno federal tuvieron consecuencias negativas para la población.
Como acciones ilegales se identifican las siguientes: la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, el memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el inicio del de Santa Lucía, la omisión en la desocupación o bloqueo de vías férreas en Michoacán y el cierre de comedores comunitarios. Además, el reclutamiento anticipado de personal para la Guardia Nacional, la cancelación de recursos para estancias infantiles, la adjudicación directa sin justificación en la compra de pipas para Petróleos Mexicanos, el inicio del Tren Maya sin requisitos legales previos, la consulta participativa para la termoeléctrica en Huexca, Morelos, la militarización de las funciones de seguridad pública, entre otras.
El documento también incluye como acciones de dudosa legalidad el nombramiento de los llamados “súper delegados”, la adjudicación directa del estudio costo-beneficio del Tren Maya, la refinería Dos Bocas sin licitación ni permisos ambientales, la reducción de recursos para combatir el VIH sida y cáncer, los programas sociales sin reglas de operación.
Enlista como “leyes a modo” la llamada Ley Taibo, para que Paco Ignacio Taibo II pudiera asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica; la transformación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en una dirección adscrita a la Secretaría de Bienestar. Así como el cambio al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación para que las asociaciones religiosas e iglesias puedan participar en proyectos de reconstrucción del tejido social; y el reglamento del Servicio de Administración Tributaria.
III
El “lawfare” no es un concepto teórico o una etiqueta para denominar determinadas acciones judiciales, es ante todo una estrategia de desestabilización que alcanzó sus objetivos con: Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael Correa… todos ellos fueron objeto de esta táctica político-jurídica. El objetivo del “lawfare” es desprestigiar a los gobiernos progresistas, a sus liderazgos y a sus bases políticas comparándolos con delincuentes comunes.
El “lawfare” es el “neogolpismo” que utiliza a las instituciones vigentes. Los golpes de Estado necesitaron en el pasado, de una institucionalidad para legitimarlos antes y después de su consecución. Lo que hoy cambia es la utilización de las instituciones existentes. El neogolpismo está encabezado por supuestas fuerzas de la sociedad civil.
El golpe contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009 puede ser considerado como el arquetipo un golpe de tipo “arcaico” marcado por la participación directa de los militares, ellos sacaron a Zelaya del palacio presidencial y lo exiliaron. La razón fue la petición de realizar una consulta popular sin carácter vinculante acerca de la posibilidad de reelección presidencial. Muy distinto fue la emblemática destitución por la vía del lawfare de Fernando Lugo en Paraguay en 2012, que se instrumentó a través de un proceso sumario de juicio político, sustentado en la imprecisión de la Constitución paraguaya en esos procesos.
En el caso de Lugo los medios de comunicación pasaron del apoyo a una posición de choque abierto, lo cual viene a subvertir la hipótesis de que los medios de comunicación siempre se oponen a los procesos de cambio post neoliberales. En el caso de esta destitución apareció una nueva premisa en los golpes de Estado del siglo XXI, ésta es que intentan mantenerse dentro de los estrictos márgenes de la ley. Por tales razones, los medios de comunicación se convierten en dispositivos privilegiados para proveer el eje articulador de la narrativa golpista que se consolida una vez dada la destitución. Sirvan estos ejemplos para comprender nuestra compleja realidad.
