Recula Lenín Moreno; nueva jornada haitiana

José Luis Alonso Vargas
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El pueblo ecuatoriano ha logrado con su resistencia desmontar los propósitos neoliberales del gobierno de ese país, que había acatado las prerrogativas del Fondo Monetario Internacional.

Después de 12 días ininterrumpidos de manifestaciones en las calles de Quito, y tras superar el estado de excepción y un toque de queda, en la noche del domingo 13 de octubre se llegó a una mesa de diálogo en la que el presidente Lenín Moreno tuvo que derogar el Decreto 883.

Moreno dijo que el acuerdo ha implicado un sacrificio de cada una de las partes, mientras que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, confirmó que “se levanta la medida de hecho en cada uno de los territorios”.

            Entre las disposiciones aprobadas que se derogan sobresalen la eliminación del subsidio a los combustibles y reducción de derechos laborales (recortes en el salario y vacaciones para el sector público).

Además, otras como la reducción de aranceles, eliminación del anticipo del impuesto a la renta y la reducción al impuesto a la salida de divisas, que benefician a las clases acomodadas del país suramericano.

“¡No más FMI!”, fue otra de las demandas en las movilizaciones protagonizadas por las organizaciones indígenas, de trabajadores, estudiantes, académicos, mujeres, jóvenes y un amplio abanico de sectores sociales, contra lo que consideran recetas del FMI.

En marzo último, Ecuador firmó un acuerdo con el FMI por 4 200 millones de dólares, los cuales serán erogados durante tres años, siempre que el gobierno se adhiera a un programa económico establecido en el convenio.

En opinión del exmandatario Rafael Correa, dicho programa exige un ajuste de alrededor del 6 por ciento del producto interno bruto y otros recortes que incluyen el despido de empleados del sector público, el aumento de los impuestos y rebajas a la inversión pública.

Correa se refirió a las recetas aplicadas que vinieron de la mano del FMI, y las comparó con lo vivido hace ya más de un año en Argentina, cuando el presidente Mauricio Macri recurrió a un préstamo de ese organismo que devino también en fuertes protestas en un país hoy endeudado y en recesión.

“Implementan esas medidas para aumentar la pobreza, pero además son ineficientes, estas medidas no generan crecimiento, empleo, nada”, explicó Correa tras añadir que cuando a los empresarios les conviene son neoliberales, pero cuando necesitan rescate van a buscar al Estado. La Defensoría del Pueblo de Ecuador informó que entre el 3 y el 13 de octubre se han registrado siete muertos en las manifestaciones contra el paquetazo y más de 2 000 detenidos.

Sin embargo, la detención el 14 de octubre de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, desató nuevas denuncias como la de la misma gobernadora, quien afirmó que las autoridades carecen de pruebas para el arresto, ocurrido en horas de la madrugada y tildó el acto de represivo y persecución política.

El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, catalogó el viernes 11 de octubre como antidemocráticas las resoluciones de tres cabildos opositores que llaman a desconocer los resultados de las elecciones generales del próximo 20 octubre, en caso de que sean favorables al mandatario Evo Morales. Quintana destacó que el cabildo es un “espacio deliberativo plural”, un recurso consagrado en la Constitución Política del Estado, pero no resulta democrático “convocar al desconocimiento de resultados electorales, porque se están atribuyendo la voluntad popular democrática de todo el país”.

Los argentinos vieron el domingo 13 de octubre el primer debate electoral en el que los seis candidatos que aspiran llegar a la presidencia se vieron las caras tras una intensa campaña que comenzó en julio pasado. Entre los tópicos abordados en el encuentro estuvo el de la economía, en medio de la difícil situación que vive el país, con una deuda de 57 000 millones de dólares contraída con el FMI. El presidente Mauricio Macri, aspirante de la alianza Juntos por el Cambio, fue el primero en abrir la ronda de preguntas, seguido por Alberto Fernández del partido Frente de Todos.

Mientras tanto, llegada la semana última de Cuba, a donde viajó para ver a su hija Florencia Kirchner, internada por síndrome de estrés postraumático, la candidata a la Vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández, presentó el 14 de octubre, en Santa Cruz, su libro Sinceramente.

Fue su reaparición pública luego de interrumpir la campaña electoral por varios días y la acompañaron en el microestadio de la ciudad santacruceña de El Calafate miles de admiradores en un acto que sucedió un día después del primer debate presidencial televisivo, donde su fórmula Alberto Fernández arremetió duro contra las políticas de ajuste del presidente Mauricio Macri.

En cada presentación, de las múltiples que ha realizado a lo largo del país desde que puso en circulación su primer libro el 9 de mayo pasado, la exmandataria ha abogado por unir a los argentinos, dejar las diferencias a un lado y trabajar por un nuevo contrato social de la ciudadanía responsable.

El pasado 21 de septiembre, desde la localidad bonaerense de La Matanza, la aspirante a vice por el Frente de Todos señaló que tiene fe en el inicio de una etapa política diferente para esta nación austral.

No puede ser posible que en un país de las características de Argentina estemos siempre en la misma situación, como el cangrejo, volviendo para atrás, subrayó en esa ocasión Fernández, quien llamó a preguntarse en serio ¿Qué nos pasa?

Esta fue la segunda presentación de Sinceramente en Santa Cruz, tras presentar el volumen en la ciudad de Río Gallegos antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en agosto pasado.

Aún con los ánimos caldeados por la multitudinaria protesta liderada la víspera por los artistas, sectores opositores convocaron a una nueva semana de manifestaciones a iniciarse el 14 de octubre en Haití. Prevén manifestarse en todas sus formas en las zonas metropolitanas de la capital, y otros nueve departamentos, con las demandas que han acompañado a estos reclamos: renuncia del presidente Jovenel Moïse, instauración de un gobierno transitorio y celebración de la Conferencia Nacional.

Llaman a una jornada de solidaridad con fallecidos y heridos durante las cuatro últimas semanas de protestas antigubernamentales, que mantienen paralizadas las actividades docentes, económicas, comerciales y los servicios. Según datos oficiales, al menos seis personas murieron desde mediados de septiembre, no obstante, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, reporta una veintena de fallecidos.

El miércoles 16 celebrarán los funerales de las víctimas, y para jueves y viernes programaron un levantamiento general de las masas populares y rurales, de acuerdo con la plataforma digital Juno 7.

El calendario abre la quinta semana consecutiva de protestas antigubernamentales, que además de la dimisión del mandatario, claman la instauración de un sistema alternativo, que vele por las necesidades de la mayoría, aseguran sus coordinadores.

En las calles, decenas de miles de haitianos afirman que Moïse ya no los representa y critican el apoyo de la comunidad internacional, en especial del Core Group, que agrupa a representantes de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y embajadores de varios países.

A nivel global crecen las adhesiones a la causa del pueblo, y contra la aplicación de recetas neoliberales, que mantienen a Haití con los más bajos indicadores de desarrollo socioeconómico del hemisferio.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió una misiva al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solidarizándose con la lucha del pueblo haitiano y reclamando a la comunidad internacional que respete el derecho a la autodeterminación.

También decenas de organizaciones y personalidades de la región enviaron al pueblo de Haití, la Carta abierta de solidaridad, que expresa el apoyo contundente a la lucha nacional ante la cruenta realidad impuesta por parte del Estado haitiano, en complicidad con la comunidad internacional.

A ellos se suman un centenar de organizaciones e instituciones sociales, políticas y económicas de Haití, que rubricaron recientemente un documento que aspira a un gobierno nacional de rescate y a una transición exitosa, después de más de dos años de inestable gestión del mandatario.

En el comunicado subrayan que el país se encuentra en una “situación caótica que anuncia un desastre humanitario inminente”, y denuncian que el gobierno perdió el control del aparato estatal.

Sin embargo, el mandatario insiste en mantener su puesto, y a inicios de la semana pasada designó la comisión para guiar un diálogo nacional, propuesta que fue rechazada por los sectores opositores.