Sobre el FMI y las recetas neoliberales de siempre

 

Jesús Delgado Guerrero / Los sonámbulos

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Si alguna cualidad debe reconocerse en las instituciones dirigidas por el dogma neoliberal y sus feligreses, es que no pierden la oportunidad para sugerir sus ya conocidas y devastadoras recetas incluso en condiciones adversas.

Faltando mucho para definir en qué consiste la cuarta transformación en materia económica (decretar la muerte del neoliberalismo en una mañanera equivale a doblar las campanas para ir a misa: el que quiere y puede va, si es religioso, claro), el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al gobierno federal aumentar sus ingresos fiscales.

¿La razón? Las nuevas “prioridades políticas” del presidente Andrés Manuel López Obrador, apenas mencionadas por el organismo (apoyos a estudiantes, mujeres y adultos mayores, además de proyectos de rescate a Pemex y  tipo NAIM en Santa Lucía y Tren Maya, entre otras), las cuales “aumentaron la presión sobre el gasto”, sostuvo el FMI.

         Por ello el FMI consideró necesarias medidas adicionales para cumplir con los objetivos fiscales de reducción de la deuda y el déficit, y al mismo tiempo financiar el gasto”, según se difundió.

“Las previsiones presupuestarias del gobierno se basan en supuestos optimistas para el crecimiento del producto interno bruto (PIB), producción de petróleo e ingresos fiscales”, remarcó (traducción: sólo los chicharrones de nuestros pronosticadores truenan, los demás son aprendices, a pesar de los eternos desaciertos).

“El crecimiento ha disminuido “drásticamente” y “las presiones fiscales están aumentando”. De hecho, para este año redujo de 0.9 a 0.4 por ciento el pronóstico de crecimiento”, destacó el FMI.

Frente a tan oscuro escenario, recomendó entonces al gobierno “aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos, hoy exentos”, y “también “abolir” la política de precios de las gasolinas, porque “garantizar el crecimiento del precio al público del combustible por debajo de la inflación con reducciones de la tasa de impuestos especiales, beneficia desproporcionadamente a los ricos y debe abolirse”, según el organismo neoliberal.

Respecto del impuesto a las ganancias de las empresas y al ingreso de las personas, propuso “racionalizar” algunas de las deducciones existentes o que benefician a los estratos de mayor ingreso (es decir, no eliminar las deducciones para no afectar la supuesta inversión) y ampliar el límite máximo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualmente en 32 por ciento.

También recomendó una reforma a los impuestos a la propiedad y registro de vehículos (la temible tenencia) para reducir las transferencias del gobierno central a los estados y municipios, es decir, que los estados se hagan cargo.

Criticó la reducción del IVA y el ISR en la frontera norte, ordenada por el presidente a principios de este año, porque “crea distorsiones y probablemente erosiona la base impositiva y, por tanto, debe abolirse de inmediato o al menos no extenderse después de 2020”.

“La principal prioridad de las autoridades debería ser aumentar los ingresos fiscales no petroleros y hacer al sistema tributario más progresivo”, es decir, que grave en mayor proporción al estrato de ingresos altos. El FMI instó a las autoridades a llevar a cabo una revisión exhaustiva del sistema tributario con miras a presentar planes para racionalizar los gastos y ampliar la base impositiva”.

Ya encarrerado, el FMI sugirió al gobierno “reconsiderar el plan de negocios de Pemex con el objetivo de mejorar la rentabilidad, al tiempo que se brinda alivio al presupuesto.

Es decir, para qué invertir en refinerías si el negocio está bien en manos de quienes está, además de que “la situación financiera de la compañía sigue siendo débil, su deuda es elevada y la producción había estado cayendo hasta hace muy poco”. 

“El plan de negocios limita la cooperación con firmas privadas en los negocios de aguas arriba de Pemex para contratos de servicios, prevé invertir mucho en refinación, un negocio de baja producción y pérdidas, y carece de formas concretas para reducir los costos operativos”, resaltó.

“Lo que es más importante, las asociaciones entre Pemex y el sector privado siguen siendo la forma más prometedora de remplazar las reservas y aumentar la producción dadas las presiones fiscales”.

Lo anterior ni traducción requiere, sólo decir que eso es producto de la reforma energética del sexenio pasado, y tampoco hace falta suponer quiénes van a ser los beneficiados y quiénes los afectados (los de siempre en ambos casos).

 

 

 

 

Políticas antipobreza y el decálogo industrial de la 4T

 

Con un abrazo solidario para Emilio Trinidad Zaldívar

 por la partida de su hermano, Mario Alberto, acompañado

de otro igualmente fuerte para don Ángel Trinidad Ferreira.

 

Jesús Delgado Guerrero / Los sonámbulos

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El saldo de las políticas públicas diseñadas para supuestamente combatir la pobreza es una estocada más para los fundamentos del libre mercado sin controles, lo que ha prevalecido hasta el momento.

Hasta organizaciones tan neoliberales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE difunden datos de lo que se puede observar en la calle y en los hogares y que es recogido en todos los indicadores: en nuestro país, el 20 por ciento más rico de los hogares gana 10 veces más que el 20 por ciento más pobre. 

“La desigualdad en México duplica la proporción en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El problema no ha disminuido significativamente desde 2004, a diferencia de lo que sucedió en varios países latinoamericanos”, de acuerdo con un estudio del FMI.

“Hasta ahora, entre las medidas que sí parecen dar resultados destaca que la mitad de la reducción total de la pobreza y una baja de 16 por ciento en la brecha de desigualdad en México son efecto de transferencias monetarias directas del gobierno y todavía “hay margen” para mejorar la focalización de los programas sociales existentes”, refiere el organismo.

Y apunta a una de las causas de la desigualdad: la disparidad en los ingresos laborales, de ahí que sugiera que se requiere de “una focalización adecuada” como factor “fundamental para maximizar el impacto de las transferencias sociales para reducirla”.

En suma, “México sobresale en el comparativo sobre desigualdad. Se ubica al doble que el promedio de países de la OCDE y en América Latina sólo le rebasa Brasil”.

Con efímeros momentos de buenos resultados, el caso es que las políticas aplicadas para combatir la desigualdad y la pobreza parecieran haber sido ejecutadas para conseguir los efectos contrarios.

El gobierno de la cuarta transformación dio a conocer recientemente un decálogo de la política industrial que buscará aplicar en los próximos años. Hay dos puntos enfocados a atender el mencionado fenómeno: la promoción de “una mayor competencia económica para resolver rezagos en materia de pobreza extrema y alentar y fortalecer el mercado interno”, y también “incentivar los proyectos industriales en las regiones más rezagadas”.

Pero surgen dudas: ¿Cómo se va a desmonopolizar la economía productiva del país cuando ésta se halla concentrada en 30 familias y protegida por todo un edificio institucional y legal? ¿Se está horneando ya una reversa para eliminar la “flexibilidad laboral” y sus temibles outsourcings? ¿Cómo se hará para dar poder adquisitivo a la miseria que hoy recibe el nombre de salario sin la voluntad de quienes lo otorgan?

Además, ¿cómo incentivar proyectos industriales en las zonas más rezagadas si lo que buscan los inversionistas son todas las ventajas posibles (terrenos regalados, infraestructura, incluso condonaciones fiscales? ¿Vuelve aquí el gobierno en calidad de mal empresario y peor patrón con proyectos de muy cuestionada viabilidad como el NAIM en Santa Lucía o Texcoco, el Tren Maya, etcétera?

Está muy bien que se quiera “aprovechar la apertura comercial para fortalecer los encadenamientos productivos que aumenten el contenido nacional”, que se impulse “la mejora regulatoria para reducir su costo en los tres niveles de gobierno”, y que se promueva la generación de “un entorno de negocios amigable que dé certidumbre y atraiga mayores flujos de inversión nacional y extranjera”.

Acertado también apostar por alentar “el crecimiento de las pymes con compras de gobierno como una palanca adicional del desarrollo industrial del país”, sector que ha desempeñado el papel de “patito feo y cadavérico”, y otras como “aumentar el financiamiento de la banca de desarrollo a proyectos industriales con mayor coordinación entre las secretarías de Economía y de Hacienda y otras dependencias del gobierno federal”.

Si se cumplen al menos los dos primeros puntos referidos del decálogo (la desmonopolización y recuperación del poder adquisitivo de las familias para fortalecer el mercado interno), se estará dando una real “transformación” y otro gallo estará cantando. Ojalá.