Recuperación eléctrica

Gerardo Fernández Casanova
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El 11 de septiembre se anunció la conclusión venturosa de la renegociación de los contratos de transportación de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, con la firma del cuarto caso que había quedado pendiente. Se ajustaron tarifas por ampliación de los plazos de duración de los contratos y se eliminan los pagos por casos de fuerza mayor incluyendo el reembolso de los pagos ya realizados. Todo indica que se trata de una gestión afortunada en beneficio de la vigencia de la CFE y de la economía nacional.

        Aunque es un éxito debe entenderse en su correcto significado; se trata de una relativa corrección de los graves daños que los gobiernos neoliberales asestaron a la empresa pública generadora de la energía eléctrica que fue sometida a un criminal proceso de privatización. Baste señalar que hasta 1988, la CFE abastecía el 100% de la demanda nacional y ahora sólo atiende el 50%, a base de autorizar la generación por empresas privadas para su propio consumo y para vender a la empresa del estado; en tanto que fueron cerrándose plantas generadoras con vida útil por delante y se redujo la operación de las presas generadoras. La empresa se fue desmantelando y se liquidó totalmente Luz y Fuerza del Centro dejando a 44 mil 500 trabajadores en la calle mediante una puñalada trapera del Felipe Calderón y del nefasto secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón.

        Pero en este acto de traición a la patria sucedieron otras cosas significativas de la irresponsabilidad y la corrupción que imperó. Entre ellas la que determinó la fatal inundación del estado de Tabasco en 2008, provocada por la decisión de beneficiar a las termoeléctricas de propiedad particular a base de bajar la generación hidroeléctrica de la presa de Chicoasén, Chiapas, aplicada por la reducción de la turbinación (flujo del agua por las turbinas generadoras) y la consecuente acumulación excesiva del líquido en el embalse, lo que obligó a su desfogue súbito en coincidencia con los torrenciales aguaceros ante el peligro del rompimiento de la cortina, que hubiera sido un todavía mayor desastre aguas abajo. El desfogue, de todos modos, significó por lo menos dos metros de altura del nivel del agua en la mayoría del territorio tabasqueño, adicionales a la inundación por la crecida de los ríos.

        Felipe Calderón se lavó la cara convocando a la cooperación altruista de la gente y haciéndose presente en el sitio, para lamentar los estragos “que la naturaleza” había provocado, incluso con intervención de la luna creciente, confundido por el término que en esas tierras se emplea para designar a la avenida y el desborde de los ríos. Así se las gastaba el muy hijo de su piruja madre (empleo el término en solidaridad con el doctor Mireles).

         Así las cosas, la Comisión Federal de Electricidad está en un vigoroso proceso de limpia y recuperación pisando muchos callos. No sería extraño suponer que su director, Manuel Bartlett, esté siendo objeto de ataques y denuncias relacionadas con su declaración patrimonial, a partir de una investigación periodística presentada en el programa radial del repudiado Carlos Loret de Mola, por la que asegura que tal declaración no incluye un montón de inmuebles. Independientemente de la veracidad de la investigación, me parece un reverendo despropósito acusar por bienes no declarados al inicio de la responsabilidad pública, cuando lo importante es la diferencia que llegara a registrarse entre esta declaración y la que se presente anualmente durante el cargo hasta la final para, en su caso detectar enriquecimientos ilícitos en el lapso. Es más, los malandrines prefieren abultar al exceso su patrimonio inicial para encubrir así lo que llegaran a lograr en el período. Hasta la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, hizo lujo de presteza para presentar la denuncia ante la Fiscalía General, con un protagonismo arrogante e ignorante.

        Reflexiono y aclaro lo de mi solidaridad con Mireles: de su propia cosecha llamó pirujas a las múltiples amantes o concubinas que algunos derechohabientes demandan sean inscritas, me pregunto si fuera menos ofensivo llamarlas putas (que de todos modos lo son). El segundo video es la simple narración de la extorsión de  un líder sindical para forzar la contratación de “su nueva nalguita”. Menos mal que las que han puesto el grito en el cielo no han pasado por Alvarado, no sea que exijan la desaparición de tan bello y florido puerto. Finalmente, el lenguaje es el que se habla y entiende en una comunidad determinada y, para ese efecto, no necesita  de academia alguna que lo autorice.

 

 

Democracia transicional

Gerardo Fernández Casanova
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El cambio de régimen implícito en la 4T incluye una concepción y una práctica democráticas diferentes a las del antiguo sistema, más aún cuando el electorado otorgó una votación excepcionalmente mayoritaria a la propuesta transformadora incluyendo al Ejecutivo y al Legislativo, cosa no conocida en México desde 1997. El presidente López Obrador se ha esmerado en la adopción y la expresión de símbolos marcadores del cambio; el propio simbolismo del Informe presidencial registró las modificaciones del caso: una más que mesurada propaganda relativa al tema; la entrega por la secretaria de Gobernación del Informe de Actividades en un solo tomo manejable y con información sustantiva; un acto austero de mensaje numerado como tercero para identificarlo más como el informe trimestral que ha querido adoptar López Obrador, sin salutación (besamanos) ni  cadena nacional televisiva. Otra cosa pues y sin problemas.

        Hay asuntos que están haciendo ruido en este afán transicional: la elección del presidente de la Cámara de Diputados; la ampliación del periodo de gobierno en Baja California y la separación del cargo del fiscal General en Veracruz. Tengo comentarios que hacer.

         La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es una posición relevante, más allá de la simple moderación de las sesiones plenarias; es la representación del Poder Legislativo y también es determinante en el desahogo de la agenda. Hasta 1997 la posición fue siempre ocupada por un priista por votación mayoritaria absoluta; después de esa fecha la cámara no volvió a registrar a un partido con mayoría absoluta, sino que se dividió entre los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD) sin que alguno pasara de la mayoría simple (50%) lo que provocó que la elección del cargo de presidente se complicara año con año, hasta que se adoptó una fórmula salomónica: cada uno de los partidos ocuparía un año de los tres que dura la legislatura, en orden descendente de mayor a menor, comprometiendo el voto de las bancadas en ese mismo sentido; tal acuerdo se incorporó a la Ley Orgánica del Congreso.

         A partir de 2018 la circunstancia cambió dado que Morena obtuvo la mayoría y en coalición alcanza las dos terceras partes, pero no se atendió oportunamente la corrección legal antes dicha, sino hasta pocos días antes de la renovación, lo que provocó una muy incivilizada protesta de la bancada del PAN que, con 18% del total de diputados, reclamó la ocupación del referido cargo. Una intervención presidencial destrabó el conflicto mediante la aceptación de la exigencia panista. Tal intervención fue indebida, aunque destrabó un conflicto que llevaría a la parálisis legislativa cuando hay muchos asuntos pendientes de procesar. Destaco el talante conciliador del presidente, aún frente a una jauría insolente que hace todo por echarlo del poder, incluso mediante la intromisión de la Organización de los Estados Americanos.

        En Baja California hay conflicto con la expedición de  una ley para extender el periodo de gobierno hasta 2024, que es una aberración jurídica por hacerse con posterioridad a la elección, vale la pena conocer los antecedentes. Originalmente se propuso ajustar la fecha electoral al 2024 junto con la presidencial, lo que daba una duración de cinco años a la siguiente administración gubernamental; al preverse el triunfo del candidato de Morena, se legisló para cambiar la fecha electoral sólo hasta el 2021 y alinearse con el proceso federal de renovación de la Cámara de Diputados, y así quedó, con una ineficaz administración de dos años. La modificación a la ley es pertinente pero ilegal. Ni modo. Todo me dice que en un gobierno decente se aprovechan los malandrines (léase Marko Cortés del PAN).

        Veracruz  atraviesa un serio conflicto entre el gobernador y el fiscal General de Justicia, nombrado éste por el anterior gobernador con carácter de independiente y nueve años de duración; una herencia envenenada y perversa del malhadado Miguel Ángel Yunes Linares, prianista y gordillista, al gobierno de Cuitláhuac García de Morena. El conflicto llegó al extremo de la liberación de delincuentes entregados por la policía estatal, con una clara acción obstructiva de la justicia cometida por el mismo fiscal del estado. Luego de gruesos enfrentamientos, la Comisión Permanente del Congreso local dictó una suspensión provisional del fiscal, fincada sobre argumentos de dudosa eficacia. Se abre un tiempo de pronóstico reservado en que el defenestrado fiscal se defenderá hasta con los dientes, apelando a su independencia y suponiendo inamovilidad. Lamentablemente el conflicto será llevado a la calle, con la delincuencia organizada desestabilizando al gobierno en beneficio del exfiscal, su protector.  Mi pésame anticipado a las víctimas.