Petróleo y crisis económicas

Guillermo Buendía
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 Para la maestra Heidi Santomé del CECyT 14
del IPN, por su entrega a la docencia económica.

Las declaraciones repetidas del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de que la industria petrolera enfrentó durante décadas la deliberada acción de abandono y desmantelamiento –ahora se conocen pormenores del saqueo, robo y otros actos ilícitos como el caso Odebrecht que reveló un presunto financiamiento a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a cambio de contratos– a pesar de que Petróleos Mexicanos constituyó la principal fuente de ingresos de la hacienda pública. Hoy el rescate de Pemex, en el contexto de la participación de empresas trasnacionales en la industria petrolera, está planteado en reorientar el rol estratégico no sólo del crecimiento económico sino del desarrollo del país, por tanto, en términos de soberanía y seguridad nacionales el rescate es prioritario para la estabilidad social y política. Esto último explica la inversión de 25 mil millones de pesos este año en mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de las seis refinerías, que actualmente operan al 35 por ciento de su capacidad y procesan 560 mil barriles diarios, y para 2020, operando al 90 por ciento procesarán 1.4 millones de barriles al día.

En la medida en que se reduzcan las importaciones de gasolinas México dejará de ser menos dependiente en materia energética, aunque no autosuficiente y menos en energías limpias. Tanto la explotación de pozos petroleros como la operación óptima del sistema nacional de refinación por parte de Pemex se asegura, por una parte, los ingresos de la hacienda pública y el abasto de combustibles imprescindibles para atender la demanda de los sectores industrial, agropecuario y comercial, es decir, satisfacer los requerimientos energéticos del mercado interno; por el otro, las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos, al establecer términos rectores del Estado mexicano para que las empresas trasnacionales petroleras no se constituyan en factor de impedimento al desarrollo del país.

La política energética del gobierno del presidente López Obrador, no obstante, encuentra resistencias para su instrumentación por parte de empresarios de la industria aliados con monopolios trasnacionales estadunidenses, canadienses e ingleses, principalmente. Intereses defendidos por personeros e intelectuales reducidos a voceros de la oligarquía y la plutocracia que en la elección presidencial de 2018 se les arrebató el poder del gobierno Ejecutivo y Legislativo, y como poderosa oposición articula acciones de presión en los reductos del Poder Judicial –utilizando el recurso de amparo, en el caso de particulares, o interponiendo controversias constitucionales para resolver diferendos entre los Poderes de la Unión a través de los grupos parlamentarios u órganos autónomos– y los grandes medios de la televisión, radio, prensa escrita y redes sociales dan amplia difusión a las movilizaciones promovidas por organizaciones como el Congreso Nacional Ciudadano apoyado por empresarios del norte del país, o actos convocados por ciudadanos vinculados a organismos o partidos de derecha.

Con distintos métodos de presión los sectores reaccionarios u conservadores persiguen los mismos fines: impedir por cualquier medio la afectación de sus intereses. Inmediatamente después de la expropiación (1938) se concertó el boicot comercial de los monopolios petroleros contra Pemex, y naufragó entre los intereses geopolíticos de la preguerra la solicitud de intervención militar estadunidense. De esa fecha hasta 1995 transcurrieron 57 años, largo periodo durante el cual la exportación de la producción petrolera se convirtió en la principal fuente de ingresos de la hacienda pública y la paraestatal una entidad sobre-endeudada y arrastrando una dependencia tecnológica enorme en infraestructura, dándose paralelamente el deliberado proceso de abandono de instalaciones de pozos, plataformas y refinerías que, a la fecha, presentan un deterioro que incidió en la caída de extracción de crudo y refinación de gasolinas y otros derivados, agravando la dependencia energética del país.

En las décadas de postguerra la economía mexicana registró crecimientos anuales superiores al seis por ciento hasta el agotamiento de las políticas sustitutivas de importaciones que, durante un cuarto de siglo, impulsaron ramas de la industria manufacturera y siderúrgica, y enclaves agrícolas y ganaderos. Sin embargo, el desarrollo desigual u oligopólico del mercado interno cedió cuando el liberalismo marcó la ruta no sólo del intercambio de mercancías en la división internacional del trabajo, sino que la era neoliberal redefinió la dependencia económica y política de México en función de los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos.

El aparente progreso de modernidad que trajo el ingreso de México al GATT y poco después el TLCAN recayó en el consumo de productos suntuarios importados de parte de amplios estratos de la clase media urbana y rural –ilustrada por añadidura– el cual evidenció los graves desequilibrios acumulados de la distribución de la riqueza ya para la década de los 60 del siglo pasado. El control político de obreros, campesinos y otros sectores populares a través de las grandes confederaciones imbuidas del discurso ideológico del nacionalismo revolucionario, tres décadas más tarde no respondía a las expectativas democráticas que habían fracturado el corporativismo del partido oficial y puesto en crisis el régimen presidencialista. Estos conflictos sociales fueron resultados, entre otras causas, de las estrictas medidas contenidas en la carta de intención del FMI, las que se presentaban como recomendaciones de austeridad impuestas a los gobiernos de tecnócratas neoliberales, constituidos a partir de 1982.

Un sexenio anterior la economía mexicana petrolizada registró un crecimiento anual del PIB del 8 por ciento, entre 1978-1981, al mismo tiempo el “fisco pasó a depender crecientemente de los impuestos aplicados a los hidrocarburos, política que además, privó a Pemex de los elementos necesarios para financiar su expansión con recursos propios”, apuntó Arturo Guillén Romo* en el libro México hacia el siglo XXI. Crisis y modelo económico alternativo. Los déficit en cuenta corriente y presupuestal y la deuda externa aumentaron significativamente, aunados a otros desequilibrios de las variables macroeconómicas como la inflación y tasas de interés, y una recesión en ciernes a nivel mundial, confluyeron a detonar la crisis de 1985 que, empalmada a las elecciones federales de mitad de sexenio, condicionaron la férrea contención del incremento a los salarios mínimos y la liberación de precios, así como la parcial privatización de los bancos nacionalizados al final del gobierno del presidente José López Portillo, quien años atrás había declarada ser el último mandatario de la Revolución mexicana.

            La intervención del Consenso de Washington persiguió el propósito no sólo el de superar la crisis política para legitimar la elección presidencial de 1988, sino consolidar el proyecto neoliberal del gobierno salinista. Éste introdujo profundos cambios con el objetivo de impulsar la “recuperación gradual pero sostenida de la economía”, la cual desde 1983 había entrado en franco estancamiento con una inflación del 159 por ciento, para 1987, cuyos costos sociales se transfirieron a la clase trabajadora al contener los incrementos salariales, despidos masivos y repunte del subempleo en actividades informales. Se orientó la política neoliberal al fomento de la inversión privada para la formación de capital fijo, la que pasó de 16.1 por ciento del PIB, en 1987, a 21.6 por ciento, en 1994: del que correspondió un 17.3 por ciento al sector privado y 4.3 por ciento al público. Además, bajaron las tasas nominales de interés y para 1993 la inflación se redujo a un dígito, en víspera de la firma del TLCAN, y las expectativas de fomento industrial durante el sexenio del presidente Carlos Salinas se toparon con “el proceso de desindustrialización (de manufacturas) provocado por la apertura comercial en las ramas que producen para el mercado interno y… reestructuración y racionalización llevada a cabo en los grandes grupos y empresas”, señala el doctor Guillén Romo. Sin embargo, pronto el modelo neoliberal enfrentó la desaceleración de la economía mexicana a partir de 1992, causada por factores internos y externos. La recesión en Estados Unidos y generalizada después a Europa y Japón contrajo las exportaciones del país, añadiéndose el desplome de precios de las materias primas, incluyendo el petróleo.

El relevo del poder en 1994 tuvo episodios muy graves que llevarían a otra crisis cíclica del capital. El magnicidio del candidato presidencial del PRI y otros asesinatos políticos, el surgimiento del movimiento armado del EZLN en Chiapas y el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y justo días después de haber tomado posesión del Poder Ejecutivo el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo lugar el “error de diciembre” y el desencadenamiento de la peor crisis económica. Mas otro factor interno influyó en ésta y fue la recomposición de los grupos financieros que venía gestándose en el sistema financiero paralelo desarrollado durante la segunda mitad del sexenio de Miguel de la Madrid, que acabó beneficiando a poderosos empresarios con la privatización de las empresas paraestatales, y sobre todo de la banca, la cual pasó a ser propiedad de bancos extranjeros durante la administración salinista: Citigroup, BBVA, Scotiabank o Santander, los que en esta crisis hicieron valer sus intereses al presionar al gobierno para convertir los pasivos bancarios en deuda pública. 

* Todos los datos estadísticos que aparecen en este artículo y en otro titulado “Petróleo y economía” publicado también en Forum en Líinea, en el número 372 (http://www.forumenlinea.com/index.php/28-revistas/forum-en-linea-373/747-petroleo-y-economia), fueron tomados del libro arriba citado del doctor Guillén Romo, y por supuesto, la interpretación de los mismos guiaron el sentido y contenido de mi argumentación.