La impunidad contra la seguridad del Estado

Guillermo Buendía
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“Así una corrupción administrativa general, ostentosa y agraviante,
cobijada siempre bajo el manto de impunidad al que sólo puede aspirar
la más acrisolada virtud, ha dado al traste con todo el programa de la
Revolución, con sus esfuerzos y sus conquistas”.
Daniel Cosío Villegas,
“La crisis de México”, Revista Cuadernos Americanos, 2 de marzo de 1947.

Las funciones cruciales de procuración e impartición de justica tuvieron un gravísimo deterioro en los últimos veinte años o quizá más tiempo, el cual repercutió en la credibilidad institucional de la entonces PGR y del sistema judicial, y las secuelas políticas de este fenómeno en la cultura de la impunidad. Esta situación de los aparatos del Estado mexicano fue paralela con el aumento exponencial de las actividades criminales cuyos personeros conseguían anular literalmente los mecanismos punibles por dos vías: la corrupción e infiltración. La acumulación de expedientes acusatorios sin sentencia –tras la cual está la escalofriante cifra de asesinatos y desaparecidos arrojada por los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, iniciador y continuador de la “guerra” contra el narcotráfico, respectivamente– no puede encontrar justificación política en la incapacidad administrativa del sistema de procuración e impartición de justicia. Inadmisible argumento de procuradores, jueces, magistrados y ministros.

1994, año del final del sexenio salinista, fue tiempo del finiquito del régimen presidencialista autoritario cuyo rasgo fundamental fue la hegemonía del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial, una sumisión hasta la abyección que formó parte originaria también del partido de Estado único, el PRI. Al menos por cuatro décadas las honorables cámaras de Diputados y Senadores expresaron de manera puntual la voluntad legislativa del presidente de la República: las iniciativas presidenciales eran aprobadas por mero trámite constitucional y, de esta manera, se legitimaba el ominoso orden del todo poderoso presidente, quien compartía junto a la virgen de Guadalupe y el Ejército, ser el símbolo intocable del poder; en tanto el Poder Judicial ponía a disposición del presidente todo el engranaje de procuración e impartición de justicia en todo el país.

El mecanismo principal por el cual se aseguraba la permanencia y ascenso en la pirámide del poder del sistema político mexicano bajo el régimen presidencialista se llamó “disciplina”. Con ésta se tejían la red de “lealtades” incondicionales con el objetivo de encubrir complicidades surgidas del saqueo de recursos públicos, hacendarios, sobornos, cohechos o el enriquecimiento inexplicable de los gobernantes en turno. La alternancia de 2000 y 2012 no erradicó la corrupción de la burocracia dorada, la élite política puesta al servicio de los grandes negocios monopólicos de las empresas extranjeras instaladas en nuestro país.

            La situación crítica por la que pasa el sistema judicial mexicano es resultado de muchos años. Las instituciones de procuración e impartición de justicia sometidas a un proceso intencionado de omisión y ejercicio indebido de la función pública representan ahora un riesgo a la seguridad del Estado debido al incumplimiento de combatir cabalmente las actividades criminales. La “corrupción administrativa general” detectada por Cosío Villegas hace 72 años acabó por distorsionar la función persecutora de delitos federales y permitió a la vez utilizar los aparatos punitivos para la persecución política de opositores.

            Sin precisar el número de “décadas” el fiscal nombrado el 18 de enero por el Senado, 100 días después afirmó que la PGR actuó aislada, sin estrategia ni esquemas de investigación y persecución de delitos. Las “malas prácticas” ocasionaron un crítico rezago, una acumulación de carpetas de investigación sin resolver. El diagnóstico del fiscal Alejandro Gertz Manero en términos generales confirmó los informes de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes al año 2017: el 62 por ciento de las averiguaciones previas por delitos federales presentó deficiencias motivo por el cual el Poder Judicial de la Federación las devolvió a la PGR. “La Procuraduría –cuyo titular en ese año era Raúl Cervantes– no estableció indicadores ni metas que permitieran definir un parámetro de lo que pretendía lograr respecto de su contribución en la procuración de justicia eficaz y eficiente”, apuntó la Auditoría Superior de la Federación.

Por otro lado, el Consejo de la Judicatura Federal entregó el año pasado al Senado de la República un informe donde se detalla la clasificación de delitos en el periodo comprendido entre noviembre de 2014 y junio de 2018: de las 33,935 causas penales judicializadas por la PGR, 7 por ciento por robo de hidrocarburos; 3 por ciento corresponde a delitos fiscales; 1.9 por ciento relacionado con ilícitos ambientales; 1.8 por ciento a secuestros; 1 por ciento al tráfico de personas; 0.23 por ciento a la delincuencia organizada y 0.1 por ciento a la trata de personas. Esta situación de la PGR no garantizó el Estado democrático de derecho, ni a preservar el cumplimiento irrestricto de su mandato constitucional porque no ejecutó su misión de procurar justicia, destacó Gertz Manero. Peor escenario se creó cuando Alberto Elías Beltrán –encargado del despacho hasta el final del sexenio pasado al haberse empantanado en el Senado el nombramiento del fiscal– cesó a Santiago Nieto Castillo, fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, responsable de la investigación del caso Odebrecht, en el cual Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, era ya señalado como presunto responsable de haber recibido un soborno de 10 millones de dólares por parte de la empresa brasileña en tiempos de la campaña presidencial de Peña Nieto a cambio de adjudicar contratos.

El incumplimiento por parte del Estado de garantizar la seguridad pública y la justicia se debe a la falta de profesionalización de policías, agentes del Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales; la deficiente interrelación de un modelo de vinculación de competencias en los ámbitos de actuación y operación de los sectores de seguridad y justicia y la carencia de una política criminal que entendiera los fenómenos delictivos de manera integral. Todo ello provocó no hubiera coordinación entre la policía, peritos, ministerios públicos y jueces, destaca el diagnóstico de la FGR. Otro aspecto de esta problemática está en la relevancia de los delitos y el impacto político de las afectaciones económicas y los vínculos de la delincuencia organizada en el plano internacional. Tras estas consideraciones de la FGR, al informar sobre la incidencia porcentual de los principales delitos federales (contra el patrimonio nacional, económicos y financieros, contra derechos humanos y la libertad de las personas, contra el comercio, tráficos y portación de armas de fuego, contra el sistema electoral, daño ambiental y narcotráfico), concluye que éstos atentan contra la seguridad de las instituciones y estructura del Estado y patrimonio, vulnerando la soberanía nacional al propiciar la injerencia extranjera.

El Plan Mérida y otras operaciones encubiertas de agencias de inteligencia estadunidenses son ejemplo de estos último, cuando con cifras del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la entonces PGR, se documentaba la caída de la erradicación de cultivos de mariguana que pasó de 13 430 hectáreas en 2011, a 9 164 hectáreas en 2012, hasta llegar a 4 219 hectáreas en 2017; y el aseguramiento de armas de fuego de 25 799 en 2012 a 6 301 en 2017.

La renovación moral cobró la factura de la abundancia petrolera con el juicio y encarcelamiento del exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano. Tiempo atrás de este caso y hasta el sexenio pasado –la frase “¡No te preocupes, Rosario!” pretendió ser el manto protector– los delitos federales cometidos por altos funcionarios públicos habían sido solapados gracias a las facultades meta-constitucionales del presidente, que con Enrique Peña Nieto ya no fueron garantía para impedir la investigación y el juicio contra la principal implicada, Robles Berlanga. Mas la impunidad no responde sólo a la voluntad discrecional de quien detenta el poder, sino la inmunidad procesal o fuero al favorecer el arraigo de la cultura de ser intocables los miembros de la élite política, permeó y se extendió la influencia de la impunidad para que legisladores federales y locales sacaran del catálogo delitos o derogaran el carácter grave de otros, con el propósito de relegar e inclusos sustituir el orden jurídico por causa de códigos políticos fijados con estricto rigor para encubrir las complicidades derivadas del “ejercicio indebido de la función pública”.

Larga resultaría una lista de casos donde las “malas prácticas” en la procuración e impartición de justicia acabó con el orden jurídico punible: Joaquín Hernández Galicia, líder emblemático del caciquismo sindical; la muerte de siete policías judiciales de la PGR en Llano de la Víbora en Tlalixcoyan, Veracruz, en un enfrentamiento con elementos del Ejército, en un operativo contra el narcotráfico ordenado por Ignacio Morales Lechuga; los asesinatos de Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, en 1994, cuyos expedientes están en reserva; Aguas Blancas, Acteal, San Fernando y Ayotzinapa; la guardería ABC; César y Javier Duarte, exgobernadores priistas. Casos que van más allá de una crisis de credibilidad de las instituciones de seguridad y justicia, porque al revelar que éstos y el “crítico rezago” de expedientes además sujetos a las “malas prácticas”, se deja de lado no sólo la justicia a las víctimas sino se vulnera la seguridad del Estado mexicana para hacer prevalecer el orden constitucional.