Una guerra interna irregular

Pablo Cabañas
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El 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra a la delincuencia organizada. Movilizó 6,500 soldados de infantería, apoyados por helicópteros y lanchas, además de difundir la desafortunada imagen de un presidente civil enfundando en casaca y gorra militar. El panorama actual del crimen organizado en México es extremadamente claro. Ninguna empresa ilegal puede producir, traficar y distribuir drogas ilícitas sin un sistema de defensa y corrupción que preserve la propiedad, vele por la seguridad y garantice el cumplimiento de los contratos en todos los eslabones de la cadena, no solo ante la persecución de las autoridades sino ante la acción violenta de narcotraficantes rivales.

Desde la Revolución de 1910, México no había conocido una violencia con tanto impacto político como la que vive actualmente. El narcotráfico no era un problema de seguridad nacional. Se transformó en una amenaza estratégica al fortalecerse financieramente a partir de la segunda mitad de los años 90. En el pasado los narcos eran un problema policial de segundo orden y para lidiar con ellos se requería una lógica operacional local y no una estrategia de Estado.

Desde 2006, el alarmante incremento de la mortalidad registrada en México debida a homicidios durante el sexenio 2006-2012, remite inevitablemente a la decisión gubernamental de “declarar la guerra al narco”.

La opción armada –la primera para un presidente y no la última, como cabría pensarse– pronto mostró sus límites. La lógica de la guerra provocó más violencia y la estrategia de descabezar los cárteles la multiplicó. La fragmentación de éstos, por la captura o abatimiento de sus líderes, potenció el conflicto de los grupos entre sí y la extorsión a la población civil, incrementándose todavía más los índices delictivos. La estrategia no varió con el regreso del PRI al gobierno de la república y, en su desesperación, crecieron los dispositivos de autodefensa armada de la sociedad para hacer frente a la incapacidad manifiesta del Estado de hacerse cargo de la seguridad ciudadana.

Al emplear a las fuerzas armadas para combatir criminales comunes como si fueran contrainsurgencia provocó una guerra interna “irregular”. En un combate de esta naturaleza los atropellos a los derechos humanos –de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y periodistas– no tienen límite. A esto es lo que llamamos la  narco-guerra con la complicidad del Estado o ante su conducta omisa.

A diferencia de las guerras convencionales, es decir, aquellas en donde el objetivo es el avance territorial para reducir el espacio y así debilitar al enemigo, en ésta la ocupación territorial no es síntoma de que se avance en ese sentido.

Una de las razones es que los grupos delincuenciales logran en no pocas ocasiones insertarse en las comunidades al compartir los beneficios del negocio; el dominio que ejercen no sólo es territorial sino social e incluso político.

En este escenario es donde el Estado legitima su inefectividad e ineficiencia, el narcotráfico “conquista plazas” y blanquea recursos, genera terror entre la ciudadanía. Combatir al crimen organizado por medio de la militarización parte de una premisa equivocada, pues, no existe una línea clara entre el interior y el exterior, lo público y lo privado que pudiera señalar en dónde exactamente se encuentra el enemigo. Este error de perspectiva ha tenido consecuencias muy graves para la sociedad mexicana en su conjunto, algunas de las cuales deben ser evidenciadas.

Es cuestionable que el Ejército combata delitos del fuero común, y que los propios soldados no estén capacitados para enfrentar a esa clase de enemigo y, por tanto, cometan abusos contra la población civil, además de que ellos mismos pueden considerarse como víctimas al ser empujados a una guerra para la cual no han sido entrenados. Otra consecuencia es la dificultad de aplicar principios de contención en los operativos militares. Tanto el principio de discriminación entre combatientes y no combatientes, como el de proporcionalidad entre el objetivo y los medios para lograrlo, pertenecientes a la tradición de la guerra justa, pero asimilados por las convenciones de guerra del derecho internacional, se espera que regulen la conducta de guerra en conflictos interestatales.

La “estrategia” de Calderón se enfocó en combatir a los cárteles del narcotráfico y capturar a sus líderes principales recurriendo en gran parte a la militarización. Sin embargo, la guerra contra el narco en México ha resultado en mayores niveles de violencia e inseguridad en el país, afectando no solo a los criminales que trabajan con los cárteles del narcotráfico, sino a toda la sociedad entera, incluyendo personas inocentes. No obstante, hay personas que han padecido los estragos de estas luchas violentas, sin ser traficantes de drogas ni participar en actividades ilegales.

Durante la administración de Calderón hubo numerosos incidentes de violencia contra personas inocentes. Lo más grave es que hay personas que murieron porque estaban en el lugar equivocado, en medio de una batalla entre criminales.

Las víctimas inocentes, en solo un breve periodo en el 2008, incluyeron a una niña en Ciudad Juárez, seis personas enfrente de un centro recreacional en la misma ciudad, una niña de 14 años de edad en Acapulco, dos niños pequeños en Tijuana, y otras víctimas quienes simplemente estaban en el lugar y momento equivocado.

La violencia en México no solamente afecta a los criminales o personas que se dedican a actividades ilegales, sino que también impacta en cualquier ciudadano, considerando los casos de personas inocentes que han sufrido la violencia generada por esta guerra contra el narcotráfico. En total, el número de narco ejecuciones durante el sexenio de Calderón fue de alrededor de 70 mil, de acuerdo con datos proporcionados por el gobierno (Proceso, 15/02/2013).

Alrededor, del 10% de las muertes violentas en México relacionadas con el crimen organizado, incluyen civiles inocentes, así como miembros de las instituciones de seguridad del Estado. Sin embargo, las estadísticas sobre los niveles de violencia en México relacionada con el crimen organizado, difieren.

Se puede señalar que abarcan un rango entre 50 mil  y 120 mil muertos. Durante la administración de Calderón, más de 26 mil  personas desaparecieron (Proceso, 15/02/2013). Hoy, el gobierno de México no sabe qué porcentaje de los desaparecidos están asociados al crimen organizado, el narcotráfico y otras actividades ilegales. El hecho de que 26 mil  personas hayan desaparecido en México en el periodo de Calderón representa en muchos casos todavía un problema por resolver. Sin embargo, no solo es un problema de seguridad nacional, sino que también involucra derechos humanos. De esta manera, los ciudadanos en México no tienen que ser miembros del crimen organizado o asociados con el narcotráfico para sufrir en carne propia las consecuencias de la violencia e inseguridad. La realidad es que la violencia en México no solamente impactó la seguridad del país; también impactó a la economía y al sistema político.