Contratos colectivos a validación

Gerardo Fernández Casanova
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La semana pasada la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en el Diario Oficial de la Federación el protocolo para la validación de los contratos colectivos de trabajo (CCT) prevista en las reformas realizadas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) recientemente. De conformidad con lo dispuesto, todos los contratos colectivos de trabajo vigentes deberán ser sometidos a la aprobación por los trabajadores contratados, mediante votaciones libres, secretas e informadas; de ser afirmativa la respuesta el contrato queda validado e inscrito en el registro correspondiente; de lo contrario los trabajadores quedan con un contrato individual y deberán proceder a la elección democrática de sus representantes sindicales para entablar la negociación del nuevo CCT que tendrá que ser ratificado por la mayoría de los trabajadores.

Es un paso trascendente en el proceso de transformación democratizadora del mundo de las relaciones obrero-patronales. El tema es importante por restablecer el necesario equilibrio entre los factores de la producción y la expectativa de alcanzar el salario remunerador, asunto que atañe tanto a razones de bienestar social como de promoción del desarrollo. El país no puede progresar con una masa de trabajadores aletargados y sin expectativa de mejorar.

         Un poco de historia. Cuando en 1982 el país declaró una moratoria en el pago de la deuda externa y tuvo que negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la primera concesión fue el congelamiento de los salarios para restablecer la capacidad de acumulación del capital. La medida resultaba factible en razón del estricto control gubernamental sobre los sindicatos. A partir de entonces el salario perdió más del 80% de su capacidad de compra.

         Esta medida fue posteriormente reforzada a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y empleada como ventaja comparativa en la competencia para atraer inversiones extranjeras, principalmente en el sector automotriz y en la maquila. Un número importante de empresas estadunidenses se relocalizaron, total o parcialmente, en México para aprovechar la mano de obra en extremo barata. En paralelo la protesta de los trabajadores independientes y la correspondiente represión fueron en aumento. Incluso se produjo una reforma laboral que colocó al obrero en total indefensión respecto de los abusos del patrón que, además, contaba con el enorme ejército de reserva de desempleados para someter la protesta. Por cierto, esta es la razón profunda del embate sufrido por el Sindicato Minero y su dirigente Napoleón Gómez Urrutia que siempre resistieron.

         Por su parte, los trabajadores estadunidenses sufrieron la competencia desleal por los bajos salarios mexicanos y por el cierre de sus fuentes de trabajo (Seattle se convirtió en ciudad fantasma) lo que sirvió de plataforma electoral a Donald Trump, quien arremetió contra México y contra el TLCAN (no carente de razón, por cierto). De ahí que forzó la negociación de un nuevo acuerdo, entre cuyas cláusulas estableció la corrección del viciado sistema laboral mexicano y la restitución de niveles salariales mayores, aunque ya desde 2014 Obama había presionado en el mismo sentido, lo que dio lugar a la reforma a la legislación laboral en ese año y que hasta ahora con la 4T se reglamenta y pone en vigencia.

         En la opinocracia antiobradorista se pretende disminuir el valor de la medida indicándola como imposición yanqui (mira quién lo dice) negando todas las luchas de los trabajadores independientes mexicanos y olvidando el papel represor que jugaron los gobiernos neoliberales, que sometieron al trabajador a condiciones cercanas a la esclavitud porfirista.

         La validación de los CTT, independientemente de la coyuntura yanqui, inicia un proceso de democratización verdaderamente transformador. Es imprescindible que el Movimiento Regeneración Nacional se dé a la tarea de capacitar y organizar a la masa obrera para incorporarse a este proceso, sin necesariamente vincularlo al partido y a las elecciones. Napoleón Gómez Urrutia y los mineros tienen un papel importante que jugar, al cabo que ya tienen años en esta lucha.

 

Presidencialismo y cambio verdadero

Gerardo Fernández Casanova
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La IV transformación pretende revolucionar al país de manera pacífica y democrática; camino en extremo complejo y difícil de transcurrir; la reacción queda viva para oponer cualquier número de obstáculos en el afán de frustrarla, de ello contamos con muchos ejemplos en Nuestra América. Independientemente de su alto grado de dificultad es preciso establecer que es la única alternativa posible; un golpe de fuerza armado sólo lo puede realizar la reacción contrarrevolucionaria, jamás el pueblo.

         En esta circunstancia, sólo un liderazgo fuerte con gran apoyo popular puede llevar a cabo el cambio buscado, bajo la figura del presidencialismo democrático, respetuoso y promotor de un auténtico Estado de derecho. La reacción, por ende, aplica toda su energía al debilitamiento de ambas características, en la medida en que su capacidad de presión se lo permita. Debo reconocer que existe un sector de demócratas puros que, siendo proclives al cambio, son reactivos a la concentración del poder presidencial y que, en cierta medida, les asiste la razón histórica.

         La elección del 1 de julio de 2018 fue clara en otorgar el poder total al presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo a un lado las sugerencias en el sentido de votar en contra para el Legislativo; la votación fue informada y consciente de otorgar el mayor poder posible al candidato López Obrador sumándole legisladores y gobernadores. Esta es la legitimidad del régimen presidencialista y de sus acciones de gobierno, aunque no guste ni a la reacción ni a los teóricos de la política.

         Se habla de la necesidad de contrapesos como si no existiera un cúmulo de poderes fácticos que, sin la legitimidad del voto, cuentan con suficiente capacidad para obstaculizar las tareas de la transformación: el gran capital en el primer lugar de la fila. La indispensable vía democrática obliga a lograr resultados inmediatos y afirmativos en la economía popular; de lo contrario sería muy fácil diluir el respaldo mayoritario. De aquí que, sin traicionar principios como el combate a la corrupción y la separación de los intereses particulares y el público, se procure llevar la fiesta en paz. AMLO ha mostrado habilidad para lograrlo.

         Otro instrumento para acotar al presidencialismo es el de los organismos públicos autónomos, que sólo son tales respecto de cualquier poder diferente al que los creó y les impuso a sus directores o consejeros, aunque muy dispuestos a ejercer su autonomía a otro poder transformador. El presidente López Obrador no ha disimulado su desprecio por tales instrumentos de la simulación democrática, todos sobrecargados de personal “especialista” y de alto costo. La sequía presupuestal ha sido instrumento eficaz para que los privilegiados abandonen el barco. No podría ser de otra forma. Tales organismos fueron parte de la herencia envenenada para evitar la transformación, especialmente en materia energética.

         Especial rol juegan los organismos de la “sociedad civil” o no gubernamentales bajo el disfraz de la participación ciudadana, con sus honrosas excepciones, que no son otra cosa que instrumentos de los intereses de la reacción conservadora. Un botón de muestra: Mexicanos Contra la Corrupción AC que interpuso una andanada de amparos contra la cancelación del aeropuerto en el lago de Texcoco y contra la construcción del de Santa Lucía, simplemente “por joder”. O el flamante membrete del inefable Enrique Krause: Mexicanos Contra la Relección AC que acusa al presidente de querer reelegirse cuando no ha pasado un año de haber tomado posesión del cargo. “Ladran, Sancho…”

         El presidencialismo es un sistema idóneo a la idiosincrasia mexicana y el presidencialismo fuerte es un ingrediente fundamental si se pretende una transformación auténtica en favor del pueblo. El presidente López Obrador así lo entiende y así está llevando los asuntos de la cosa pública. Intenta dosificar sus batallas; enfrenta algunas y posterga otras, en la medida de lo posible. La reacción quisiera plantearlas en simultáneo y acorralar para doblegarlo, en ocasiones con el inocente concurso de defensores de intereses legítimos o con el avieso aprovechamiento de los legítimos para fines distintos.

         No dudo de la comisión de errores ni de la importancia de la crítica para corregirlos, pero habrá que afinar la inteligencia para que no nutra a la reacción. Es hora de dar, todos, la batalla por el cambio verdadero.