¿Es creíble el informe Bachelet sobre Venezuela?

Marcos Roitman Rosenmann / La Jornada
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Pensar que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentaría un informe sobre Venezuela positivo hacia el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro sería ingenuo. Creer que su elaboración estaría exenta de prejuicios, temerario. La manipulación, entraba en los cálculos. Así, tenemos un resultado a medida. Para la Alta Comisionada los hechos constatan la violación de los derechos humanos. Hay escasez de productos básicos, un aumento de la violencia, detenciones de políticos de oposición, y un sin fin de problemas que afectan la convivencia de los venezolanos. Faltan medicinas, los alimentos escasean y la corrupción está a la orden del día. Proliferan las manifestaciones, los cortes de luz, las huelgas. Resultado: crisis humanitaria. Culpable del deterioro de los derechos humanos: el gobierno.

Max Weber, sociólogo nada proclive a tendencias izquierdistas, socialistas o marxistas, cuando se encontraba con afirmaciones tan rotundas, dudaba. A tanta contundencia respondía: si bien todo hecho es una realidad particularmente evidente, no toda realidad particularmente evidente es explicación causal de los hechos. Si una persona tiene cáncer, el cáncer no explica cuáles han sido las causas de su emergencia. Si obviamos sus orígenes no adelantamos nada.

Todos los hechos sociales tienen una direccionalidad y apuntan una matriz institucional. Es decir, responden a una construcción política, son expresión de un campo de fuerza, sujetos y voluntades, relaciones sociales, nuevamente Weber, de lucha de clases e intereses antagónicos. Hablar de los derechos humanos al margen de lo político, es un sin sentido. Es tanto como afirmar que saber leer y escribir son hechos naturales y respirar una conquista social. Sin embargo, eso parece estar en la base del argumentario de la Alta Comisionada cuando medita sobre el espíritu de su informe: “Un sacerdote católico me dijo en Caracas: no se trata de política, sino del sufrimiento de la gente. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho.” (sic) Su papel de árbitro se difumina.

Al decir de Simmel, el mediador, si este fuese el caso, debe articular propuestas, abrir espacios políticos, apoyar soluciones negociadas y facilitar consensos. No puede favorecer a una de las partes. Si lo hace, rompe su papel mediador y actúa con intenciones mezquinas y perversas.

          Veamos un ejemplo. El informe señala la realización de 558 entrevistas. Debemos presuponer que Bachelet pudo reunirse sin ningún tipo de cortapisa con todas las organizaciones de la sociedad civil y sus representantes políticos en su visita al país. De hecho se fotografió con el autoproclamado presidente Juan Guaidó y también con el presidente constitucional y legítimo Nicolás Maduro. Pero vaya fiasco. De las 558 entrevistas a las que alude el informe, 460 se realizaron en el exterior. Los países elegidos: España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Perú. Es decir, 82 por ciento de los encuestados no vivía en territorio venezolano. Dato que fue ocultado en el informe. Igualmente se menciona la terrible persecución ideológica y la censura a los medios de comunicación opositores, el cierre de periódicos, radios, medios de comunicación. 

Ni una palabra de las 32 nuevas licencias de radio a emisoras privadas. Tampoco se menciona que la televisión por cable, opción mayoritaria entre los venezolanos, está en manos de la empresa privada. Se oculta que la prensa escrita privada, ronda 75 por ciento y que las radios públicas no superan 30 por ciento del conjunto nacional. Por otro lado, la Alta Comisionada desestimó las informaciones obtenida a petición propia sobre la situación de los derechos humanos a ministerios, organismos oficiales e instituciones públicas. Mintió al señalar que sólo existe un centro penitenciario de mujeres, cuando en realidad están funcionando 17 en todo el país. 

Resulta inexplicable que la Alta Comisionada redactase un cuestionario ad hoc para las autoridades venezolanas recabando datos de las denuncias por violación de los derechos humanos realizadas por los partidos de oposición y las desestimase como información para elaborar su informe. En él no se mencionan las guarimbas, pero sí la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado. ¡Cómo olvidar que se trata de un informe apolítico, neutral y equilibrado! Y lo más grave: manipula y distorsiona los hechos al no explicar sus causas. Nada del sabotaje, las sanciones, el bloqueo económico y los llamados a las fuerzas armadas a romper el orden constitucional. Esos datos no aplican a la violación de los derechos humanos. Poco creíble un informe donde desaparecen los motivos y no se investigan las causas de la crisis. No se trata de negar los hechos, sino de explicarlos y buscar salidas.

Lamentablemente, el informe tiene un objetivo, ser un arma en manos de la oposición y sus aliados internacionales para seguir violando los derechos humanos eso sí, con el aval de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

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