El neoliberalismo en el poder que pierde

Guillermo Buendía
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Xicoténcatl González, amigo fraterno y solidario. Descanse en paz.

La presencia de grupos y partidos de derecha en los últimos veinte años se concretó en una colaboración extremadamente estrecha con los gobiernos surgidos del PAN y PRI. El fenómeno no es nuevo y los antecedentes se remontan cuatro décadas atrás del siglo pasado, en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, cuando las organizaciones empresariales surgieron a los primeros planos de la política para avalar a uno y confrontar al otro.

En plena Guerra fría la agudización de las contradicciones de clase se topó con la represión militar: el movimiento estudiantil de 1968 y la guerrilla en distintos estados del país, incluyendo el Distrito Federal, fueron los ejemplos más relevantes. Los órganos de seguridad del Estado, como la Dirección Federal de Seguridad, la División de Investigaciones para la Prevención del Delito o grupos paramilitares respondían a la necesidad de conservar el orden de cosas y frenar las demandas de cambios democráticos apenas incipientes promovidos por sectores sociales fuera del control corporativo priista, como ajenos totalmente de las militancia ciudadana de los partidos Acción Nacional y Demócrata Mexicano, los cuales utilizaron esta coyuntura democratizadora para insertarse al Poder Legislativo, luego a los órganos de la administración pública con el fin de democratizar las decisiones de gobierno.

            Las organizaciones patronales y confesionales que habían permanecido de manera latente en los escenarios políticos en este periodo, orientando la política económica, de inversión o fiscal, o inmiscuyéndose desde el púlpito en asuntos electorales o de reproducción y educativos, ahora ante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emergen beligerantes. De la proclama del “bien común” erigida contra el principio de la rectoría del Estado en la economía –inaceptable por perjudicial a los intereses privados– transitó a la era neoliberal con la postura de que “achicar al Estado es engrandecer a la nación”.

En tanto, la oposición partidista en seis décadas del siglo pasado acumuló una amplia experiencia proselitista y trabajo parlamentario, como luego el de gobernar municipios y estados, hasta entender y manejar pragmáticamente el fraude electoral presidencial, en 2006. En dos ocasiones anteriores las candidatura presidenciales del PAN acabaron derrotadas, pero la crisis surgida al inicio del gobierno zedillista impuso, en las negociaciones con el gobierno estadunidense, organismos supranacionales y bancos privados, profundas reformas políticas que posibilitaron la alternancia presidencial, en 2000.

            En el prólogo que escribió Pablo González Casanova al libro en dos tomos México ante la crisis (Siglo XXI, 1985) –del cual se tomaron las principales tesis de argumentación de este artículo– se lee: “1985 fue un año de presiones inducidas o no sólo estructurales”; la caída de los precios del petróleo desde febrero de ese año y el 27 de marzo la embajadora Kirkpatrick declaró que “México es un aliado poco confiable”; el cierre de la frontera con pretextos arbitrarios; la ampliación de impuestos compensatorios a las exportaciones de México… “Las presiones norteamericanas se combinaron y coordinaron con las del sector privado interno”. Concanaco y Canacintra demandaron la privatización y liquidación de todas las empresas paraestatales, incluyendo Pemex y CFE; exigieron el ingreso al GATT prácticamente todas las cámaras empresariales.

La situación crítica de la crisis llegó al mes de julio, empalmándose con el proceso electoral de mitad del sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, y los efectos desestabilizadores sobre el peso, la balanza comercial, los flujos de migrantes mexicanos crecientes y una “fuerte propaganda contra el conjunto del país, y de la acción diplomática, periodística y patronal, abierta o veladamente intervencionista con motivo de la corrupción, del tráfico de drogas y de los fraudes electorales”.

La crisis de hace treinta y cuatro años descrita y documentada extraordinariamente por Pablo González Casanova, sirve de punto referencial de los mecanismos invariables utilizados por la derecha interna, así como las medidas de presión del gobierno de Estados Unidos que aplica en sus políticas proteccionistas, de seguridad nacional y expansionistas en favor de sus grandes monopolios petroleros y financieros que operan en nuestro país.

El ascenso accidentado de la tecnocracia al poder en la década de los ochenta hizo posible el cambio de rumbo: se iniciaba la era neoliberal. Cerca de cuarenta años después, sin cambio de modelo económico y régimen de la propiedad privada, el gobierno del presidente López Obrador instrumenta políticas económicas muy acordes con el marco teórico de muy importantes economistas norteamericanos –incluido un premio Nobel– de lo que se ha dado en llamar “capitalismo progresista”, que en la última década del siglo XX constituyeron una corriente crítica al neoliberalismo y las crisis cíclicas que lo acompañan. Muchos años atrás, la Institución Brookings, en 1954, impulsó la investigación y discusión de la política como problema de la economía. Los economistas Arthur Smithies, Joseph J. Spengler, Frank H. Knight, John Jenwkes, Jacob Viner y Lionel Robbins fueron invitados a una serie de conferencias que, en 1968, fueron publicadas en español con el título Economía y política.

El trabajo de Smithies, “El bienestar económico y la política”, diserta sobre el complejo rol del economista en política, partiendo de que “difícilmente se puede considerar una teoría económica ideológicamente neutra”. Sin embargo, ese capitalismo progresista implica medidas correctivas de las relaciones del mercado, el cual excluyó la regulación normativa. Las “fuerzas del mercado” se concretaron en la capacidad de los monopolios trasnacionales para hacer negocios globales sin ninguna restricción, sin el menor interés de observar los preceptos de seguridad y soberanía nacionales de los países donde se asentaban, como fue el caso de México.