Por el bien de todos, cumplir la ley

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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Es notoriamente claro que el gobierno del presidente López Obrador se encuentra bajo un coordinado y feroz ataque de las fuerzas de la derecha. Son varios, todos ellos absurdos o al menos cuestionables, los frentes de ese ataque. Pero el más irracional es la crítica a la decisión del gobierno de poner orden en el muy desordenado internamiento de migrantes de diverso origen nacional y procedencia regional a territorio mexicano.

Defender esa decisión con apego a la lógica y a la ley es extremadamente sencillo. Ya lo hizo el canciller Marcelo Ebrard: la ley establece que nadie puede entrar a México sin pasaporte. Pero es cierto y claro que los migrantes que huyen de la pobreza o de la violencia pueden no contar con ese documento.

Hace falta, en consecuencia, dotarlos de un documento provisional, como una visa humanitaria. Pero ocurre que la inmensa mayoría de esas personas no desean permanecer en territorio mexicano, sino exclusivamente internarse en Estados Unidos.

Dicho en otras palabras, no solicitan al gobierno mexicano asilo o permanencia o refugio en suelo mexicano, como fue el caso, por ejemplo, del exilio republicano español, chileno, uruguayo o argentino en el siglo pasado.

Pero también ocurre que el gobierno de EU se niega a recibir a la inmensa mayoría de esos demandantes de internamiento y los obliga a abandonar territorio estadunidense. Y de este modo quedan, contra su voluntad, varados en suelo mexicano.

Frente a esta situación no queda otra solución que cerrar el acceso a México a quienes no buscan ni desean asilo, refugio o permanencia en suelo azteca. De esta manera se cumple con la ley mexicana y se evita dejar a los migrantes en el infierno migratorio en el que ahora se encuentran.

La experiencia histórica enseña que este tipo de medidas no frena la migración indocumentada, pero sí logra atemperarla y reducirla a magnitudes menos inmanejables. Es el caso, por ejemplo, de la migración indocumentada mexicana hacia EU.

Y esto es así, porque las informaciones oficiales de mayores dificultades para el ingreso de migrantes tienen el efecto de desalentar significativamente esa migración. De este modo, y de paso, se atempera el negocio criminal de la trata de migrantes. 

Ante esta novedosa e inesperada migración es necesario hacer lo que nunca antes se hizo realmente: cumplir las leyes migratorias, es decir, dar protección y asilo sólo a quienes lo demandan formalmente. 

 

 

“Honrado como Juárez, patriota como Juárez”

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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Las palabras de Donald Trump no pueden ser más claras: si México no detiene el flujo de drogas (todas ellas) y de migrantes (de cualquier nacionalidad) hacia Estados Unidos, el gobierno yanqui aplicará aranceles a las exportaciones mexicanas desde un inicial 5 por ciento hasta un posterior 25 por ciento.

Pero la claridad de las palabras no significa veracidad, verosimilitud, probabilidad o posibilidades reales. Son palabras al viento, pura demagogia, amenazas que no podrán ser cumplidas, un vulgar chantaje sin posibilidades de éxito. Y esto es así, porque esos flujos irregulares no pueden ser detenidos de ningún modo. Ni siquiera manu militari. 

Esas claras palabras sirven, sin embargo, para recordarles a los mexicanos que desde mucho antes de la infamia de 1847 Estados Unidos es el mayor y más hostil enemigo de México. Poderoso y peligroso enemigo no sólo del bajo pueblo, sino incluso de las élites.

Esto explica que rápida y espontáneamente se haya formado un gran frente nacional de repudio, rechazo y condena a las declaraciones de Trump. Y que consecuentemente se haya fortalecido el gobierno del presidente López Obrador.

Quizás a Trump esto último ni le preocupe ni le importe. Pero es obvio que preocupa, importa y lastima a la derecha mexicana. Porque de pronto y por razones exógenas López Obrador tiene más apoyo que nunca. No sólo de los 30 millones de ciudadanos que sufragaron por él. Y tampoco solamente de los siete u ocho de cada cien mexicanos que le brindan su simpatía y aprobación.

Digamos que gracias a Trump ahora respalda a López Obrador casi el ciento por ciento de los mexicanos, acaso con la explicable excepción de la ultraderecha más dura y fanatizada. De los Miguel Miramón, de los Tomás Mejía, de los Leonardo Márquez, prohombres del más rancio y antipatriótico conservadurismo mexicano del siglo XIX.

Como en su momento Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas representaron el más genuino interés popular y mexicano, es ahora López Obrador el que lo representa.

Luego de más de medio siglo de padecer gobernantes mediocres, derechistas, ladrones, antipatrióticos y hasta asesinos, ahora México tiene un líder y gobernante comparable en sus virtudes personales y políticas a Benito Juárez. “Honrado como Juárez, patriota como Juárez, valiente como Juárez”. 

 

 

Germán, gestor de cobranzas

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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Evidentemente Germán Martínez Cázares pensó que el gobierno de López Obrador iba a ser como el de Felipe Calderón. Que se podría entrar a saco en las arcas públicas. Que el lema del tabasqueño “no robar, no mentir, no traicionar” era una simple frase de campaña electoral.

Pero muy pronto, menos de dos meses después del inicio del nuevo gobierno, empezó a comprender que ya no había permiso para robar. Que ya no había, como en tiempos de Felipe Calderón (y otros), permiso presidencial para meter las manos (y hasta los codos) en el patrimonio nacional.

Pero, porfiado, Germancito decidió insistir en su propósito de saquear las arcas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para ello se valió de una situación preexistente: el Seguro arrastraba una deuda fraudulenta con sus proveedores de mil millones de pesos.

Era una deuda fraudulenta porque fue producto del muy conocido sistema de la sobrefacturación, de compras a precios exorbitantemente inflados. Tan inflados que permitieran una enorme ganancia a esos proveedores, así como pagar jugosas comisiones a otros participantes en el atraco.

Sólo que ante la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar esos mil millones hasta no ser auditadas esas compras, Martínez Cázares decidió tirarse a fondo en el intento de cobranza. Es dable imaginar que al propio Germancito se le había prometido una comisión por su trabajo de gestor de cobranzas. Digamos que del acostumbrado 10 por ciento, algo así como 100 millones de pesos. O 200 millones si la comisión ofrecida era del 20 por ciento.

En cualquier caso la comisión resultaba atractiva. Y también era atractiva la tarea, pues parecía una causa noble: pagar a los acreedores. Pagar lo que se debe es de gente honorable. De este modo Germán se hinchaba los bolsillos con dinero sucio y, al mismo, tiempo, no perdía su falsa imagen de honradez. 

“Si no pagamos –dijo Germán– vendrá el caos del desabasto. Ya no podremos comprar medicinas y sufrirán innecesariamente los enfermos”. En México a eso se le llama asustar con el petate del muerto. 

Sin embargo, Germán y sus aviesos afanes se estrellaron con la verdadera honradez y firmeza del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y del propio López Obrador, quienes se negaron a convalidar el evidente atraco de Germán.

Y finalmente Germán salió del IMSS. No entendió que, en verdad, había llegado a su fin el permiso presidencial para robar, vigente durante los 40 años de la época pripanista. O lo entendió demasiado tarde.

 

 

Estadísticamente imposible

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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La crisis ambiental que vive la Ciudad de México está sirviendo como maligna y poderosa munición para atacar al gobierno de López Obrador. La derecha más desprestigiada, agresiva, amarilla y corrupta, bien representada por el gordillista Gabriel Quadri, imputa esa crisis ambiental a la política de austeridad del gobierno federal.

Quadri dice que por recortes financieros no se ha contado con los recursos necesarios para pagar al personal que se venía dedicando a prevenir y combatir los incendios forestales, causa principal de la crisis ambiental presente.

Por supuesto, el gordillista no aporta pruebas de su dicho. Solamente enuncia una hipótesis. Pero hay otras hipótesis circulando. Una de éstas sostiene que los incendios forestales pudieron ser provocados intencionalmente, a sabiendas de que habrían de crear una situación ambiental más o menos catastrófica.

¿Falta de recursos o un criminal sabotaje político? ¿Decenas de incendios, mayoritariamente rurales que se dan simultáneamente sólo dentro de los límites de la Ciudad de México? Muchas casualidades para una situación estadísticamente muy improbable por no decir imposible. Ya se sabrá porque, finalmente, todo llega a saberse.

En cualquier caso, y como ocurrió con el artificial y provocado desabasto de gasolinas, muy pronto la crisis será superada. Pero si llega a comprobarse que las decenas de incendios forestales simultáneos fueron provocados deliberadamente con fines políticos, el asunto tendrá dos obvias consecuencias.

Una es que la derecha más radical habrá mostrado hasta dónde es capaz de llegar en su afán de destruir a un gobierno popular tan contrario a sus intereses. Y dos: que el gobierno de López Obrador habrá quedado muy consciente de que en lo futuro se darán más actos criminales tendientes a desestabilizar a su gobierno. Consecuentemente, el gobierno federal deberá estar muy atento para descubrir y desactivar oportunamente nuevos esfuerzos desestabilizadores.

Por lo pronto el asunto servirá para que la derecha menos incivil se deslinde pública y categóricamente de la derecha golpista bien representada por el panismo y el priismo y por personajes como Gabriel Quadri, Felipe Calderón y Vicente Fox.

Porque el golpismo lleva aparejadas consecuencias lesivas no sólo para el adversario político, sino también y fundamentalmente, como en este caso de la crisis ambiental, a toda la sociedad, independientemente de las preferencias de cada quien.