Gladys recibió más años de cárcel que
los violadores de su hija de cinco años

Sergio Pérez Gavilán
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En el sistema judicial mexicano es más grave ser una madre drogodependiente que ser un violador de menores.

Abren la puerta para el público de la audiencia. Nos sientan en la primera fila. A la derecha del pasillo, los testigos. Frente a ellos está sentada Gladys. Un defensor a su izquierda habla con ella y otra, a su derecha, revisa papeles. En la misma mesa, inmediatamente después de sus abogados, se pueden ver sentados tres hombres: un abogado, un hombre de unos 40 años y otro de 25, los abusadores y parientes de su hija.

Desde el inicio del procedimiento penal, Gladys ha tenido que sentarse, defenderse y escuchar, repetidamente, los abusos que le sucedieron a su hija cuando Gladys estaba inconsciente, drogada o dormida. Tratado como si fuera un mismo caso, se le había asignado el mismo defensor para las tres personas, hasta que Asistencia Legal decidió retomar el caso y solicitar una separación de causas, esto con la finalidad de evitar la evidente angustia que Gladys sufría al tener que ver a los violadores de su hija y separar las imputaciones con las que la fiscalía buscaba encarcelar a los violadores y, también, a la madre de la víctima. Desgraciadamente, debido a una incontable cantidad de malas prácticas, pruebas dudosas y un prejuicio pernicioso e institucionalizado sobre el rol social de las mujeres y madres en México, lo lograron: Gladys recibió una sentencia de 15 años, mientras que los abusadores una de 10 años.

Llega la jueza y comienza la audiencia. Gladys se seca las lágrimas del rostro. Pájaro y Gonzalo, los abusadores, sin movimiento ni palabra, ven al frente. Al poco tiempo, se suspende la audiencia con respecto a Gladys y solamente se quedan ellos, los tíos de la víctima que le daban asilo a ambas cuando sucedieron los hechos. Salimos de la sala. Gladys tuvo que esperar otras dos semanas en prisión para su audiencia. Para este momento, lleva más de un año encarcelada.

El caso de Gladys es una muestra sintomática de la realidad ignorada sobre las personas en situación de vulnerabilidad social. Un contexto de pobreza, profunda violencia familiar, adicciones, y la imposibilidad de implementar correctamente la perspectiva de género al momento de enjuiciar mujeres, la lleva a enfrentar una sentencia que, de ser implementada, marcará el resto de su vida sin libertad, quitándole la posibilidad de solucionar el verdadero problema por el que está siendo castigada: ser una madre drogodependiente.

Gladys es una mujer de 32 años que ha vivido prácticamente toda su vida en un contexto en el que la pobreza, adicción y relaciones asimétricas de poder le han impedido el desarrollo libre de su personalidad. Antes de que sucedieran los hechos de su sentencia, vivía con su esposo, quien subyugó a toda la familia, ella y sus dos hijas, a un constante de violencia física y psicológica, que culminó con una escena terrorífica de suicidio en la que Gladys estuvo presente. Alrededor de enero del 2017, escasos cinco meses antes del abuso sexual de su hija, su esposo decidió hacer un último acto de violencia que a la fecha Gladys sigue padeciendo. Dentro de un automóvil y con gasolina en la mano, las niñas sentadas en el asiento trasero, el hombre le dio una elección a Gladys: “O las niñas o tú”. La intención era quemar el automóvil con él dentro, haciendo escoger a una madre entre su propia vida o la de sus hijas. Gladys tomó una decisión. Dispuesta a morir inmolada con el padre y esposo abusivo, pudo sacar a sus hijas de ahí y se subió al coche. Rociada de gasolina por el hombre, que a su vez también se roció de combustible, éste entonces encendió una llama para terminar con su vida, con la esperanza de terminar también con la de Gladys. No fue así. Ella sobreviviría el ataque, pero él no. Con quemaduras de tercer grado por todo el cuerpo, se recuperó después de meses de tratamiento a los que tiene que seguir asistiendo. Sin embargo, esto es tan sólo una parte del retrato delineado por la relación que Gladys tuvo con este hombre, donde también ya había sido sujeta a amenazas de muerte, golpizas y maltrato emocional fijadas, de la mano, con la imposibilidad económica, física y de adicciones para dejar un hogar de abuso.

Después de presenciar la inmolación del padre de sus hijas, Gladys comenzó a vivir con su hermana, pero eso duraría poco tiempo debido a que no podía dejar su adicción. Pasa a casa de su madre y corre con la misma suerte, decidiendo seguir con su consumo, después con su padre, para finalizar llevándose a la niña con Pájaro y Gonzalo, primos de su esposo, quienes se ocupaban económicamente de ambas ya que Gladys no tenía empleo. Una relación de confianza y poder se gestiona entre los hombres y Gladys, quienes además le proporcionaban las drogas para seguir con su consumo. Ella y la niña viven con ellos durante un mes, el abuso sexual comenzó durante la segunda semana.

El 26 de marzo de 2017 la cuñada de Gladys, hizo una denuncia ante el Ministerio Público después de descubrir que la niña, tenía moretones y cicatrices en las piernas y muslos. Al preguntarle qué le había sucedido, la niña contestó que Pájaro y Gonzalo, en varias ocasiones, la habían tocado, incrustado objetos “por donde hace pipí o popó”, según se escuchó en la audiencia de los individuos, y pasado sus genitales por sus partes privadas y cara, golpeándola en las piernas cuando ponía resistencia, sometiéndola cada vez con más violencia. La niña comentó que su madre sí estaba ahí, pero “dormida con un foco”, sin consciencia, desmayada o ausente mentalmente. Gladys, a la fecha, declara que nunca tuvo conocimiento del abuso que estaba sufriendo su hija. Los abusadores negaron los hechos hasta que aceptaron, a la sorpresa de Gladys pues suponía su inocencia, el procedimiento abreviado; un atajo legal del sistema de justicia a través del cual, en la mala práctica del procedimiento, se acepta la culpabilidad sin hacer una revelación de las pruebas y sin un juicio oral completo a cambio de recibir una pena menor. Es decir, un trato entre la fiscalía y la defensa dentro el margen de la ley que le permitirá a los abusadores, después confesos, recibir tan sólo 10 años, mientras que Gladys ve una pena con cinco años más que ellos por haber decidido buscar justicia a través de un juicio apropiado y completo.

Gladys tuvo una falta en su deber de cuidado como madre, pero se le condena con mayor gravedad que los victimarios. Ni siquiera con cinismo aquí se puede hablar de justicia. La pronunciada condena de Gladys de “comisión por omisión” revela un mecanismo en el que no se tiene problema en condenar y castigar, de forma diferenciada, a una madre que cometió el error de confiar en los tíos de su hija, que sufrió un trauma físico y emocional indescriptible a manos de su pareja, que viene de un contexto de pobreza sin ingresos económicos independientes de los agresores y que sufre de la terrible enfermedad de la adicción que, a final de cuentas, está por condenarla a perderse el crecimiento y desarrollo de sus hijas en adultos. El juez, de haberse apegado a someter el caso bajo la figura legal y activa (desde 2009) de perspectiva de género, todos estos factores contextuales sobre su vida, pareja, relación de sometimiento a los victimarios o incapacidades físicas con respecto a ellos y la dependencia de su consumo, tendrían que haber desarrollado un juicio absolutamente diferente. No obstante, la ignorancia, el prejuicio o, digámoslo, negligencia con las mujeres en conflicto con la ley penal, fueron suficientes para determinar la culpabilidad de Gladys. Además, los factores que suponen la sentencia del juez de comisión por omisión, como previsibilidad, voluntad o capacidad de evitar el crimen que cometieron dos individuos con los que tenía una relación de confianza, son inexistentes y, aún así, el juez la declaró como culpable, alegándole a la defensa que no pudieron probar la inconsciencia de Gladys, cuando la carga de prueba siempre debe de recaer en la fiscalía.

La falta de aplicación de perspectiva de género cobra multas que se traducen en vidas tras las rejas, sentencias sin justicia y en una descomposición aterrorizante de cómo se percibe y aplica la ley en México. No podemos darnos el lujo de que una mujer, madre, tía, sobrina o niña, sigan pagando con sus vidas estas multas. El retrato que termina de pintar el desafortunado desarrollo de una tragedia tras otra, culminando con una terrible omisión de impartición de justicia, no es un trago amargo; es cicuta. Este veneno que mancha y desgasta, revela y enseña una faceta omnipresente del sistema legal mexicano: la impunidad. El desarrollo del juicio, ser obligada a sentarse y compartir la mesa con los violadores de su hija, el momento cuando aceptan el procedimiento abreviado y reciben una sentencia ridículamente corta sin que la fiscalía presente evidencia, la sobrecarga moral impuesta en una mujer, madre, enferma, de bajos recursos, y los miles de factores contextuales más se convirtieron en la crónica de una trágica muerte anunciada.

Como se dijo en una afamada serie de televisión: “Si crees que aquí habrá un final feliz, no has estado poniendo atención”, pero a diferencia de las historias, ésta aún no tiene final y se seguirá buscando justicia. El trabajo en la apelación de Gladys comenzó en el momento que el juez dictó que era culpable.