La relación Estado e iglesias

Guillermo Buendía
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Para Manuel Jiménez Guzmán.

El semanario de la Arquidiócesis Primada de México, Desde la Fe, y la Conferencia del Episcopado Mexicano han hecho una serie de pronunciamientos para fijar la postura de la Iglesia católica con respecto a la revisión de las relaciones Estado e iglesias, en particular sobre la iniciativa presidencial de reformas y adiciones a la Ley de asociaciones religiosas y culto público enviada recientemente a la Cámara de Diputados, en puntos cruciales que mantienen restricciones históricas de participación en asuntos políticos –aun cuando en 1991, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari modificó la Constitución para reconocerles personalidad jurídica a las iglesias–, cabildeada con las jerarquías católica y evangélicas para otorgar mayores derechos políticos, entre ellos el de obtener concesiones de radio y televisión.

            Sin duda, Desde la Fe se va decantando la agenda política de la Iglesia católica. Los llamados constantes están centrados en reflexionar sobre los problemas de violencia, inseguridad y delincuencia organizada, y de paso revisar las acciones de los gobernantes y políticos para enfrentarlos. “La confianza ciudadana se fortalece con acciones que lleven a superar situaciones críticas de forma progresiva y, sin evitar responsabilidades, promover formas de actuación conjunta entre sociedad y gobierno porque son las realidades implicadas de gobernantes y ciudadanos… El futuro de nuestro país está en nuestras manos. Tenemos que encontrar el punto de reconciliación social que nos permita a todos los actores trabajar juntos en la construcción de un país seguro y sin corrupción” (las cursivas son del autor). A la par del mensaje clerical el presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones se ha remitido a La biblia –de manera desafortunada por la imprecisión textual de los pasajes a los que hace referencia– e incluso ha calificado de “pecado” los actos de corrupción expuestos o denunciados en las conferencias de prensa matutinas, en Palacio Nacional.

            No obstante de que el presidente de la república al narrar episodios fundamentales de la Reforma con el propósito de contextualizar los actos de su gobierno y el ideario juarista es guía imprescindible de las transformaciones de régimen comprometidas, la relación Estado e iglesias pasa por circunstancias particularmente complejas que perfilan una etapa de suma trascendencia para la laicidad. La biblia es un invaluable compendio moral fundido en revelaciones de inspiración divina y dogmas teológicos que definen la fe judía cristiana. Tanto los profetas del Antiguo Testamente –sin entrar a las razones teológicas e históricas de la inclusión o no de éstos según la versión bíblica cristiana o católica– y los evangelistas comprendieron el carácter cohesionador de la creencia de un solo Dios como hacedor de la identidad del pueblo elegido, y después del género humano. ¿Esto a qué interés político responde? Desde las intensas jornadas proselitistas de la campaña y luego del primero de julio pasado, el ahora presidente López Obrador insiste que la corrupción y otras formas de la descomposición social y política se remedian con valores éticos y cívicos. Mas los valores del Estado laico corresponden a procesos morales, educativos, culturales y, por supuesto, al desarrollo del orden jurídico establecido. Sin olvidar otros elementos constitutivos de los valores (tradiciones, ritos y creencias religiosas que, en el caso de México, a quinientos años de la conversión, hicieron de la Iglesia católica una institución terrenal determinante para la gobernabilidad, un factor de estabilidad política muy a pesar de ser resultado de las Leyes de Reforma y del Constituyente de 1917), la Cartilla moral, conciencia del entorno de Alfonso Reyes se presenta como el instrumento idóneo para orientar la conducta individual y colectiva tendiente a regular las relaciones entre individuos en momentos críticos de descomposición social. Sin embargo, el Estado moderno y laico en sí mismo es la expresión más acabada de cohesión y la moral pública resultado de la incorporación de las virtudes filosóficas, no tanto de las teologales, para mantener la separación Estado e iglesias, donde la rectoría estatal en los asuntos políticos –incluyendo en éstos la educación–, erige su soberanía como garante de la libertad de culto, confesión y doctrina religiosa toda vez de que no hay una religión de Estado.

            El asunto no es menor. El Estado mexicano se organizó como República federal, representativa, democrática y laica, y la separación con la Iglesia católica se dio a pesar de conspiraciones conservadoras, la guerra cristera o secretos de confesión guardados por el nuncio Girolamo Prigione, cardenales, obispos o simples sacerdotes que tienen que ver con el narcotráfico.

Con estos significativos antecedentes, a fines de abril y los primeros días de mayo se llevó a cabo la CVII Asamblea Plenaria de la CEM, a la que asistió el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, quien junto con ciento cincuenta obispos del país discutieron la postura de la iglesia para obtener concesiones de radio y televisión sin la cooptación del gobierno.

Por otro lado, durante las conferencias matutinas en Palacio Nacional, a las que asisten secretarios de Estado, entre ellos el de Marina y Defensa Nacional –considerados el círculo cercano de colaboradores– algunos de ellos han hecho saber al presidente Andrés Manuel López Obrador su pertenencia masónica.