Entre la corrupción y el clientelismo

Jorge Meléndez Preciado
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.    @jamelendez44

El 12 de febrero fue un día singular.

Al fin, luego de varias sesiones y posposiciones para la sentencia, se dijo que  Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, estará de por vida en una cárcel en la cual habitan los delincuentes más sanguinarios y peligrosos de Estados Unidos. Ninguno, por cierto, de quienes han enviado tropas a masacrar a inocentes en diferentes partes del mundo.

También supimos, en voz de Manuel Bartlett, quienes han realizado tropelías en la CFE y muchos de ellos, después de un año, máximo, trabajan al servicio de las compañías extranjeras que continúan explotando los energéticos mexicanos.

Asimismo, nos enteramos por medio de un artículo de Javier Tejado Dondé, empleado de Televisa, que MVS obtuvo 6 mil millones de pesos de beneficios gubernamentales luego de despedir a Carmen Aristegui, quien dio a conocer la investigación: La casa blanca de Peña Nieto (libro de alta circulación). Además, los dueños del consorcio demandaron a Carmen por dicho trabajo; algo realmente  insólito.

Pero ese 12 del segundo mes de 2019, decenas de quienes manejaban guarderías, se manifestaron en el Zócalo capitalino para exigirle a López Obrador que no otorgue de manera individual los apoyos a las madres que llevan a sus niños a dichas instancias, sino continúe concediéndolos a las que, seguramente con tino y de buena fe, manejaban dichos sitios de infantes. Muchas, además, realizan un plantón frente a Palacio Nacional.

Para la dirigente del Instituto de Investigación Pedagógica, Teresa Garduño, una buena cantidad de guarderías estaban concesionadas a dirigentes de partidos políticos y organismos sociales ligados al gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde Felipe Calderón se dio permisos a todo el que quisiera abrir uno de esos mencionados sitios, y allí está el escandaloso caso de la ABC en Hermosillo, Sonora, donde una pariente de Margarita Zavala era accionista y en la cual murieron 49  chamacos y 106  quedaron lesionados, varios de ellos de por vida, sin sanción alguna. Por eso el planteamiento de la especialista es reformar en la Cámara de Diputados los artículos 3, 31 y 73, para  que el Estado cumpla con dicha obligación:  formar en los más pequeños el desarrollo del lenguaje, las matemáticas, las artes, las ciencias y el juego con especialistas, para que obtengan una sólida formación. (No trasladar el problema a los abuelos, como simplonamente dijo Carlos Urzúa).

Para los maestros Pedro Hernández y Francisco Bravo, con 30 años de experiencia, el Estado descuidó esa y otras educaciones y los convirtió en negocio para los privados. Y es hora de revertir esa tendencia para que exista una mayor y mejor comunidad (Punto por Punto y Héctor Cortés, 10 de febrero).

La Secretaría de Desarrollo Social, que otorgaba los recursos, tuvo que dar de baja a 289 estancias en Jalisco porque tenían fallas múltiples; de 373, 86 trabajaban sin reglas de operación,  y del total en el estado, únicamente el 2 por ciento se ubicaba en lugares donde la situación era de baja percepción económica.

Para las señoras que acudieron al Zócalo a insistir que el gobierno les otorgue los apoyos que antes tenían, los funcionarios de Sedesol son los culpables de las irregularidades en las estancias infantiles (Animal Político, 12 de febrero). De Rosario Robles (protegida de Enrique) a Luis Miranda (compadre de Peña Nieto), no sólo dejaron hacer y pasar, sino que utilizaron los millonarios recursos para tratar de ganar apoyos políticos y tener clientela ciudadana, lo cual les falló a todas luces.

En este reparto multimillonario de Sedesol salieron beneficiados tantos que un aparente periodista, Andrés Roemer, obtuvo 160 millones de pesos. La asociación Educadores  Somos Todos, de Silvia Iveth Garza, recibió 134 millones de pesos. A las orquestas infantiles de Tv Azteca, la secretaría de Cultura les otorgó 634 millones de pesos. Y hasta al actual encargado del presupuesto en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, a través de su agrupación, El Barzón,  logró 2 millones 350 mil pesos (Proceso, número 2206). Ahora se quiere revertir el error, haciendo juntas hasta en el Senado de la República.

Hasta donde sabemos, 10 mil estancias infantiles reciben más de 2 mil millones de pesos. El plan actual es que cada madre obtenga mil 600 pesos bimensuales. Aunque antaño, pero no en todos los casos, a los chavos con discapacidad se les destinaban mil 800 pesos al mes. Hay señoras, pocas en la actualidad, que tienen hasta dos hijos menores de cinco años.

El asunto es muy complejo  de resolver y el actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, tendrá que intervenir prontamente, lo mismo que su asesor, Gilberto Guevara Niebla.

Pero de que hoy la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol) no debe ser una agencia de vivales y transas, estamos totalmente de acuerdo.

 

 

Adelgazar con riesgo de enfermar

Jorge Meléndez Preciado
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Con mi solidaridad para Daniel Blancas.

Hace años, cuando menos desde la época de Miguel de la Madrid, se dijo que teníamos un Estado obeso, al cual debería adelgazarse a como diera  lugar. La receta se llevó a cabo con el malévolo Carlos Salinas de Gortari, quien vendió infinidad de empresas estatales, algunas que dejaban enormes ganancias. El objeto,  dedicarse a las tareas sustanciales del gobierno y no para administrar una serie de negocios que habían llegado a manos oficiales por el quiebre de empresarios que los arruinaban.

Después, sin mayor información, algunas secretarías y hasta organismos diversos se fueron agrandando, ello porque en lugar de invertir en proyectos productivos se crearon oficinas. En las administraciones de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, por ejemplo, cuando México recibió más de 100 mil millones de dólares por la exportación petrolera, lejos de crecer y fomentar el empleo se aumentó la burocracia y se pagaron salarios, gastos diversos y bonos a los funcionarios altos y a no pocos de medio pelo. Aunque a los de abajo se les castigó con un salario mínimo, el peor de Latinoamérica, y a otros se les contrató por honorarios profesionales porque el FMI no aceptaba que creciera, aparentemente, la burocracia.

Se hizo, pues, un engendro en el cual todos perdimos, a excepción de los altos cuadros, quienes compartieron negocios con políticos, especialmente del PRI y el PAN, lo  que es muy evidente en las concesiones de gasolineras pero también en muchas otros negocios conocidos.

Frente a ese panorama, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intentado recortar muchas plazas, aunque lo ha llevado a cabo rápidamente, sin plan específico y afectando a miles de servidores públicos que han pasado décadas tratando de hacer su trabajo de manera cuidadosa y honrada.

Hay ejemplos de ello. En la Cofepris, en 60 días no se han liberado permisos de importación de materias primas y medicamentos, lo que puede traer graves problemas de salud; máxime si el director es José Alonso Novelo, el que  no cuenta con encargados de firmar autorizaciones. En la Coordinación Nacional de Protección Civil, se dio de baja a quienes atienden los desastres naturales. En la Policía Federal, tan necesaria en estos momentos, de 3 mil a 5 mil elementos están pidiendo su retiro. En el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación, se despidieron 200 mandos medios y altos que estaban encargados de custodiar  los reclusorios.  En la Secretaría de Hacienda, a muchos que laboran bajo los esquemas conocidos como 1000 y 3000, o sea, por honorarios desde hace mucho tiempo, los quieren borrar del mapa. Incluso en la Secretaría de la Función Pública, a un trabajador que estaba por jubilarse después de 42 años de actividades, le cerraron su oficina, le desaparecieron la computadora y lo escoltaron a la salida; hoy está al punto del infarto (La Jornada, 5 de enero).

El analista Hernán Gómez Bruera, partidario de la cuarta transformación, escribió: “¿Cómo explicar la serie de despidos arbitrarios e inadecuados procesados en las oficinas del sector público?” Relata el caso de  un empleado del SAT –han desalojado a 500  del sistema tributario– retenido en las instalaciones de esa institución para exigirle la renuncia. Y concluye Hernán: ¿no es dicho tipo de medidas “un error de sensibilidad humana que un gobierno de izquierda debería evitar?  (El Universal, 1 de febrero).

Si además sabemos que en diciembre hubo 378 mil empleos perdidos en la actividad económica y que el gasto programable en ese mes cayó 25 por ciento, no resulta lógico que ahora se quiera sacar de la nómina a 10 mil personas más (La Jornada, 4 de enero).

Esa mala ejecución empieza a ser visible en muchas áreas. Por ejemplo, los trabajadores del INAH hicieron un plantón en el Museo Nacional de Antropología y dijeron que a los 80 años del Instituto no hay nada que celebrar y necesitan certeza  en su trabajo. La UAM Xochimilco se fue a la huelga por aumento de salarios pero también para que los empleados de honorarios que llevan décadas en esa situación logren su base.

Recientemente se despidieron a Santiago Pérez, en el Museo Nacional  de la Estampa, y a Daniel Goldin, en la biblioteca Vasconcelos; ambos muy reconocidos en su actividades. El segundo recibió el apoyo de miles de personas, entre ellas Elena Poniatowska, Mauricio Merino, Humberto Musacchio y otros miembros del sector cultural e intelectual del país.

De no hacer los despidos de manera cuidadosa, saldrá más caro el caldo que las albóndigas, señala Enrique Díaz, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; en ese tenor están otras organizaciones como México Evalúa. De seguir por ese camino, el gobierno tendrá dificultades para recaudar en los siguientes meses (SAT) y ejercer el gasto (ceses en la Secretaría de Hacienda). Algo que  ya es un dolor de cabeza, pues en muchos lugares no se puede contratar debido a que el presupuesto  no llega a las secretarías.

¡Cuidado con las medidas apresuradas y sin sentido!

Por lo pronto, el 9 de febrero hubo un plantón ante Palacio Nacional de inconformes con estas acciones desmedidas, ya que hasta en las guarderías hay falta de presupuesto.