El ayer, hoy y mañana de la IV transformación

Luis Emiliano Gutiérrez Poucel
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¿Cómo vemos el desarrollo del gobierno de AMLO en estos dos y medio meses del arranque de su administración? ¿Es posible pronosticar con base en las decisiones y resultados de estos 77 días como va a ser el resto de su gestión?

Obviamente sería irresponsable asegurar que con tan pocos datos y en tan breve tiempo se pueda predecir con certidumbre cómo va a ser la administración de Andrés Manuel López Obrador durante los restantes cinco años y 9.5 meses, pero si es posible vaticinar con una razonable probabilidad los principales rasgos que definirán al gobierno de la cuarta transformación.

En estas 10 semanas se ha podido notar una desaceleración en el “ritmo histórico”. Las decisiones, resultados y reacciones del gobierno de Andrés Manuel apuntan a un verdadero paso del Rubicón: “Alea jacta est–“El dado está lanzado” o “La suerte está echada”. En el ámbito de la política­–política sus acciones apuntan un diálogo populista, demagógico y de confrontación ante las críticas y diferencias de opinión. En el entorno de la política económica, el gobierno ya ratificó su estilo estatista, intervencionista y de poco entendimiento de los mercados. En el ámbito de la política de seguridad también ya se definió su manera de pensar y actuar, basándose más en promesas, ocurrencias y una gran ingenuidad. En el campo de la política internacional ya se definió a través de acciones concretas como una administración hacia dentro, de vuelta a las doctrinas de mediados del siglo XX, y de escaso interés en las relaciones internacionales.

En política Andrés Manuel ha mostrado que sabe de control político, pero poco de cómo gobernar. Su popularidad ha continuado en ascenso a pesar de una serie de errores de elevado costo económico para el país, lo cual marca una gran diferencia de arranque con las administraciones anteriores, llegando a contar con la espectacular aprobación de 8.6 mexicanos de cada 10. Con semejante respaldo, parece que no le importa lo que digan sus críticos. A mano alzada, ha tratado de convencer a sus seguidores que ya no están en campaña, sino que están gobernando al país, por lo que deben de ser más tolerantes con la oposición. Sin embargo, ha dado muestras de poca paciencia con algunos gobernadores de oposición, mientras que les ha dado una gran apertura a las acciones ilegales de sus partidarios, tales como los maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación).

Este gobierno ha dado muestras de ser más subjetivo que objetivo, empezando con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, destruyendo un tercio de lo que se había hecho de un proyecto que iba a poner a México en la vanguardia de la industria aeronáutica mundial. Cancelación sin respaldo técnico, mediante una consulta popular patito, que significó pérdidas para México de cientos de miles de millones de pesos. Esta obra se pagaba por sí sola, salvo que la cancelaran y demolieran… Así lo hizo el gobierno de la 4T. Otra decisión cuestionable fue la aprobación del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía sin contar con los estudios técnicos, económicos, ecológicos y de seguridad aire-tierra, a pesar de que dicho proyecto había sido invalidado por los expertos internacionales en la materia, tales como Mitre. Para coronar esta serie de malas decisiones ejecutivas, López Obrador decidió a título personal adjudicar el manejo y administración del aeropuerto de Santa Lucía al Ejército, decisión arbitraria asociada más a una dictadura, que a una democracia participativa. En las sociedades transparentes, con gobiernos democráticos, la decisión de quién debe administrar y operar un aeropuerto comercial debe seleccionarse mediante licitación abierta y competitiva. El Ejército no es una institución creada para manejar negocios y actividades civiles en tiempos de paz. Probablemente, dicha decisión autocrática es para asegurarse el apoyo de las fuerzas armadas por sí las cosas se llegan a poner difíciles en el futuro.

Otro ejemplo de subjetividad es el particular modo de entender el concepto de “legalidad”. Todos recordamos la frase de AMLO de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.” Si este gobierno fuera objetivo, perseguiría todos los actos ilegales, y las acciones que atentan contra la propiedad privada e integridad física de los mexicanos. Sin embargo, el Ejecutivo ha tenido acciones contra los huachicoleros, mientras que se mantuvo al margen de las acciones ilegales de los maestros de la CNTE al bloquear las vías ferroviarias en Michoacán, ocasionando pérdidas por más de 25 mil millones de pesos, 3 millones de toneladas de mercancía sin trasportar y más de 350 ferrocarriles varados.

El Estado tiene el monopolio constitucional del uso de la fuerza, ningún otro grupo de la sociedad se puede adjudicar dicha atribución, es por ello que se persiguen a los criminales y delincuentes. La administración de López Obrador, al permitirles a los maestros usar la fuerza para bloquear las vías de transporte y afectar los derechos de terceros, tuvo una conducta impropia a un estado de derecho al abandonar las funciones para las cuales fue elegido.

Un estado verdaderamente democrático debe actuar con imparcialidad, sin tener grupos favoritos, debe gobernar para todos y representar a todos. En el extremo de la lógica subjetiva de la administración de López Obrador, se le podría cuestionar ¿qué hace peores a los ladrones de combustibles? Y ¿qué hace mejores a los maestros que bloquean impunemente las vías de comunicación? Ambos grupos están ocasionando cuantiosos daños a la nación. Lo subjetivo de esta administración es que a algunos se les aplica la ley, mientras que a otros no, dejándolos que resuelvan sus diferencias con el argumento de “prefiero no meterme” a pesar de que sus acciones no son más que un chantaje que afecta la libertad de movimiento, la propiedad privada y los derechos del resto de la población.

Con tantas promesas de campaña y alianzas con los sindicatos, la entrada en funciones del gobierno de Andrés Manuel acabó con la paz laboral en México. Hasta el momento han estallado 67 huelgas, el triple de las que hubo en el sexenio pasado.

Nadie en pleno uso de sus facultades, podría oponerse al combate contra el robo de combustibles, pero la inacción e indecisión para usar la fuerza pública a fin de evitar el robo de gasolina y proteger a los pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo, condujo a la tragedia de la explosión y muerte de casi 130 habitantes de la zona. Con esta singular manera de gobernar –de evitar confrontaciones con el pueblo– no se pudo impedir una tragedia fácilmente evitable, falta de carácter del gobierno federal que señala debilidad, gobernabilidad selectiva e ineptitud.

Aquí vale la pena hacer un breve paréntesis acerca del robo de combustibles, puesto que las cifras reportadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) son tan solo el 25% de las pérdidas estimadas con base en los anuarios estadísticos de la paraestatal. Pemex estima que las pérdidas en el 2018 solo ascendieron a 60,300 millones de pesos, equivalente a 58,200 barriles diarios, pero cálculos propios sugieren que los robos son cuatro veces más que lo reportado por Pemex. En efecto, las pérdidas reales fueron de 259,645 millones de pesos, equivalentes a 253,909 barriles diarios de gasolina, lo que equivale al 1.7% del producto interno bruto en el 2018.

La diferencia entre las cifras publicadas por las autoridades y las calculadas por este comentarista solamente se pueden explicar si no se consideran algunos modos de robo de combustibles, tales como el robo (1) en las instalaciones de Pemex, (2) en sus ductos, (3) de las pipas, (4) en los puertos, y (5) en alta mar.

El robo de combustibles se ha venido dando desde hace varios sexenios atrás, en el 2000 ascendió al 1.6% del PIB subiendo a la cifra récord del 2.5% del PIB en el 2016. Los volúmenes robados más grandes se presentaron durante los sexenios de Vicente Fox (41% del total de la oferta de gasolinas y diésel usurpado en promedio del 2001 al 2006), y de Enrique Peña (38% de la oferta de combustibles de transporte saqueado en promedio del 2013 al 2018), mientras que en el sexenio de Felipe Calderón (2007-2012) los robos bajaron al 24% de la oferta de gasolinas y diésel. Estos hurtos millonarios nunca se podrían explicar sin la colaboración y participación de las autoridades y funcionarios de la paraestatal.

El desabasto en el suministro de gasolinas se produjo –de acuerdo con las autoridades– por estas acciones de combate al huachicoleo, pero en realidad no solamente fueron resultado de éste combate, sino a que también hubo una fuerte disminución en las importaciones de gasolinas. Esa baja fue resultado de una mala planeación: las cifras no mienten.

Los desafíos financieros de Pemex y la falta de confianza de los analistas internacionales sobre el equipo dirigente para administrar a la petrolera llevaron a la calificadora Fitch Ratings a reducir la calificación de los bonos a largo plazo en dólares y pesos de Pemex, lo cual encareció el acceso al crédito. Esto es resultado, por un lado, del continuo deterioro del perfil crediticio de Pemex y, por el otro, del escepticismo de los mercados acerca de la capacidad del equipo de funcionarios nombrados para manejar a la paraestatal.

Ante la reducción de la calificación de la agencia crediticia, AMLO reaccionó atacando, criticando y acusando a Fitch Ratings de hipócrita, pues según el mandatario, “la agencia permitió el saqueo de Pemex, avalando la reforma estructural en materia energética sin que haya llegado la inversión extranjera, ni aumentado la producción petrolera.” La molestia de Andrés Manuel fue mayúscula, agregando que, “los inversionistas con ética saben que Pemex es una empresa sólida porque ya está manejada con honestidad…” Esto último sonó inocente e ingenuo.

Caray, nadie duda de que las calificadoras no son éticas ni morales, pero hay que reconocer que mueven los mercados e impactan en la inversión que tanto requiere el país. El mensaje que la agencia Fitch mandó a México lo tiene que escuchar fríamente el gobierno, escuchar con la cabeza, no con las vísceras. En sencillas palabras, la recomendación a AMLO es que cambie el equipo directivo a uno más preparado. Por lo pronto, ese error le va a costar al país entre 20 a 30 mil millones de pesos.

En el ámbito de la política internacional, AMLO ha dado muestras de falta de interés y de poco entendimiento del contexto internacional. Por un lado, colocó a México a la diestra del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, formando fila con Angola, Bolivia, Camboya, Comunidad del Caribe (formada por 15 países), Cuba, China, El Salvador, Irán, Laos, Mozambique, Nicaragua, Rusia, Siria, Turquía, Uruguay y Vietnam, entre otros. Por el otro, ante el deterioro de las perspectivas de crecimiento, justo cuando el Fondo Monetario Internacional pronosticaba que la economía de México crecería más lento debido a la caída de la inversión privada, Andrés Manuel López Obrador decide no asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, ni enviar a ningún miembro de jerarquía de su gabinete. En cambio, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, capturó la atención mundial cuando habló ante el foro, celebrando reuniones con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y otros gobernantes e inversionistas mundiales. La cumbre anual de Davos es de las pocas ocasiones en que los presidentes latinoamericanos pueden atraer la atención de los inversionistas, especialmente cuando inician su mandato y no son conocidos en el exterior. Qué pena, México tuvo la presencia de más bajo perfil en la historia reciente de las reuniones en Davos, precisamente ahora cuando lo que más necesita es disipar las dudas y preocupaciones de los inversionistas.

El gobierno cerró Pro México, el instrumento para atraer la inversión externa que a juicio de la mayoría de los analistas había dado buenos resultados. 193,000 millones de dólares en inversión extranjera llegaron a México durante el sexenio de Peña Nieto, gracias en parte a la labor de Pro México. En efecto, el dinero no llega solo, hay que pelearlo y atraerlo. También el gobierno clausuró el Fondo Nacional de Promoción Turística cuya labor contribuyó a que México se convirtiera en la sexta potencia turística mundial.

Muchos inversionistas continúan inquietos por las señales que AMLO esta enviado, tales como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, para el que ya se habían firmado contratos y emitido bonos, y el cambio de las leyes del sector energético que buscaban atraer inversiones y aumentar la productividad. El 8 de febrero de 2019 el periódico Financial Times público una encuesta de Credit Suisse donde el 75% de los inversionistas decía que la economía se encontraba en una situación peor de cómo estaba hacía un año, mientras que el 51% aseguró que las decisiones políticas y económicas de López Obrador habían generado incertidumbre.

Los inversionistas son una variable esencial en la función objetivo del gobierno de AMLO. Cueste lo que cueste, por muy denigrante que sea, es preferible cortejar a los inversionistas que confrontarlos. No puede haber un aumento sostenible en la riqueza, ni una reducción duradera en la pobreza, sin crecimiento económico, y no puede haber crecimiento económico sustentable sin inversión.

A pesar de las buenas intenciones, la honestidad de AMLO, y el predicar con el ejemplo, la corrupción parece no disminuir, sino que –de acuerdo con la “percepción popular”– sigue en ascenso, lo que sugiere que esas buenas intenciones sufren de ingenuidad. En efecto, según Transparencia Mexicana, México cayó tres lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018), ubicándose en la posición 138 de 180 países a nivel global. A pesar de las buenas intenciones de Andrés Manuel, la corrupción en México sigue su tendencia ascendente, producto de serios problemas de gobernabilidad, bajos niveles de ingreso y de desarrollo humano. El nivel de México lo coloca en el último lugar entre los miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), por debajo de Grecia y Hungría, países que en años recientes enfrentaron severos problemas de gobernabilidad y viabilidad económica.

La política de seguridad de este gobierno consiste en militarizar al país mediante la creación de la Guardia Nacional, y a buscar la Pax narca.  En una de sus conferencias de prensa matutinas, nuestro mandatario explicó la génesis de su política de seguridad diciendo que “…la guerra contra los líderes del crimen organizado ha terminado oficialmente”, exponiendo que “el objetivo no es la captura de los cabecillas de los cárteles de la droga o del huachicoleo, sino garantizar la seguridad pública… Eso es lo fundamental, no lo espectacular… ya no hay guerra, nosotros queremos la paz… No se han detenido a capos, porque esa no es nuestra función principal, sino la de garantizar la seguridad pública”.

Las preguntas obligadas son ¿para qué quieren la Guardia Nacional entonces? Y ¿cómo se puede garantizar la seguridad si se permite a los criminales seguir delinquiendo? La seguridad pública solamente se puede garantizar cuando los que atentan contra ella son inhabilitados para hacerlo. Evitar el crimen, sin detener al criminal, sólo conduce a más crímenes. Pensar que la solución a la inseguridad es atacar a los actos delictivos sin aprender y enjuiciar a los culpables es simplemente demagogia, o una increíble ingenuidad.

¿Cómo veo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Francamente me gustaría hablar bien de él y evaluar su gestión positivamente, porque entre mejor le vaya, mejor le ira a México, pero me es difícil hacerlo. Sus promesas de grandes crecimientos, de por lo menos el 4% anual, dificultosamente los va a poder cumplir, el crecimiento en el 2019 a duras penas será superior al 1%, lo que significa una disminución en términos reales de los ingresos de las familias mexicanas.

Empero, lo importante para él parece ser su popularidad más que el buen manejo del país. Las conferencias diarias de prensa de AMLO y su lucha contra el huachicoleo han aumentado su popularidad, que era del 77% cuando empezó su mandato y el 6 de febrero de 2019 contó con el 86% de aprobación (según encuesta del periódico El Financiero). El Índice de Confianza del Consumidor creció 1.9% en enero de 2019, reflejando la creciente confianza que le tienen los mexicanos al gobierno de López Obrador. Lo ven como su líder, honesto, transparente y accesible. No obstante, las acciones políticas, económicas, de seguridad e internacionales colocan a este arranque de gobierno como el peor de los últimos 70 años.

En estos dos meses y medio se ha notado una desaceleración del “ritmo histórico”. Pasamos de 20 años de gobiernos débiles, pero democráticos, a un gobierno del tipo de los del siglo XX, de presidentes fuertes, del culto a la personalidad del caudillo. Las acciones e indecisiones del gobierno de López Obrador apuntan a un verdadero cruce del Rubicón: “Alea jacta est”. Si algunas palabras pudieran definir estas primeras 10 semanas de gestión del gobierno de AMLO serían probablemente la ineptitud y la magia de las palabras: la gente prefiere creer en una irrealidad prometedora, que en la triste realidad.