Política migratoria humanitaria

Genaro Rodríguez Navarrete
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El gobierno federal ha dado a conocer los lineamientos de su política migratoria. La nueva estrategia tiene como eje vertebral el respeto a los derechos humanos de las personas en tránsito por el país. Se trata, sin lugar a dudas, de la respuesta oficial a las caravanas de migrantes de Centroamérica que se dirigen a Estados Unidos.

Las medidas buscan acatar los criterios del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado por México en Marrakech, Marruecos, en diciembre pasado.

En cifras oficiales, durante 2018 más de 300,000 migrantes ingresaron a territorio mexicano provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras (sólo las caravanas de octubre sumaron alrededor de 10,000). La gran mayoría sin documentación.

También se detectó que el 80 por ciento de los migrantes que pasan por suelo mexicano tienen como objetivo casi único llegar a Estados Unidos. El resto arriba con la intención de residir temporal o permanentemente en el país.

En la frontera sur de México, las autoridades migratorias cuentan con 12 oficinas. Sin embargo, también han avistado 370 puntos de cruces ilegales. El gobierno valora instalar más delegaciones y reforzar la vigilancia a lo largo de la franja limítrofe.

En este sentido, las personas que deseen ingresar al país deberán llenar un formato de solicitud, con sus datos personales y bajo protesta de decir verdad.

Dicha solicitud habrá de acompañarse de una identificación oficial.

Asimismo, las autoridades recabarán los datos personales, las huellas dactilares y una fotografía de los interesados. 

Se advierte que quienes declinen llenar el registro y proporcionar la información requerida, no podrán ingresar a México. Serán devueltos a su país de origen o al punto fronterizo por donde cruzaron.

En caso de haber realizado el trámite de ingreso, la autoridad mexicana se compromete a dar respuesta de manera inmediata o en un plazo no mayor a 72 horas. 

Las personas aceptadas ingresarán al país en calidad de residentes temporales con permiso de trabajo, solicitantes de la condición de refugiado, trabajadores fronterizos, visitantes por razones humanitarias, visitantes regionales o personas en tránsito hacia otro país.

A las personas en tránsito se les facilitará el acceso a albergues para su alojamiento temporal, seguro y digno. Se les informará de la obligación de respetar las leyes mexicanas y, con el apoyo de organismos internacionales, se les brindará asesoría sobre los trámites a realizar ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Mientras que a las personas que tiene el propósito de residir en el país, se les acompañará con información y las facilidades necesarias hasta fijar su domicilio.

Tales definiciones se han dado a conocer en el marco de la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, celebrada en Ciudad de México del 7 al 11 de enero de 2019.

Se trata de lineamientos que no consideran a los migrantes como delincuentes, ni como amenaza a la seguridad nacional; sino como personas que huyen de la pobreza y la inseguridad.

No menos importante es que la estrategia reclama la concurrencia de esfuerzos y el diálogo permanente entre los gobiernos de origen y destino de los flujos migratorios; así como la intervención de entidades como la Organización de las Naciones Unidas.

La política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende ser coherente entre lo que se reclama para los connacionales que emigran a otros países –principalmente a Estados Unidos– y el tratamiento que se brinda a los extranjeros que atraviesan el territorio mexicano.