El fin de la historia neoliberal

Gerardo Fernández Casanova
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La toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república el 1 de diciembre marcó el fin de la historia de gobiernos neoliberales en México. Con ello dio comienzo la lucha por el desmantelamiento del régimen de tal signo que, a no dudarlo, va a ser ardua y lenta. Creo importante hacer una revisión histórica que ayude a entender el sitio en que estamos y para visualizar los caminos a seguir. Convencionalmente tomo como punto de partida para tal revisión la época del agotamiento del impulso que la II Guerra Mundial dio al capitalismo internacional, los años 70 del siglo pasado, justo cuando el Estado del bienestar europeo y estadunidense alcanzaron su mejor expresión, con una razonablemente buena balanza en la distribución de la riqueza y una mayor fuerza del trabajo respecto del capital. Los gobiernos laboristas del Reino Unido y los socialdemócratas de Europa occidental habían logrado acotar al capitalismo con políticas de bienestar y con las nacionalizaciones de actividades estratégicas, no sin registrar serias dificultades para sostener la salud de la economía; los capitales se refugiaban en Estados Unidos siempre protegidos y descapitalizaban a las economías europeas, con las secuelas de inflación y reducción de crecimiento consiguientes. El conflicto provocó la caída de los laboristas ingleses y de la socialdemocracia en Europa; conservadores y demócrata cristianos europeos retomaron el poder y comenzaron a frenar los avances logrados en materia social, empezando con el retiro del Estado de la regulación activa de la economía y el imperio del mercado como regulador “natural”. En Estados Unidos, con Ronald Reagan, la llamada Escuela de Chicago se imponía contra la política económica de los keynesianos que implantó FD Roosevelt en ese país y en su proyección mundial.

         En Nuestra América, totalmente sujeta al dominio imperial estadunidense, había tenido lugar el vigoroso triunfo de la Revolución cubana que inyectó de energía a los ánimos emancipadores, principalmente de la juventud estudiosa, que se expresó en el 68, no sólo en México, y en el 70 la elección de Salvador Allende en Chile, habiendo pasado por los intentos progresistas de Brasil y de Argentina; por la recuperación del Canal de Panamá con Omar Torrijos y el ensayo democrático de Alfaro en Ecuador; el nacionalismo de Velazco Alvarado en Perú y las guerrillas revolucionarias en Colombia, Venezuela, Uruguay y Centroamérica, por no decir que en todo el subcontinente. De ello derivó el reforzamiento de la política imperial, bajo el paraguas de la “seguridad nacional” de Estados Unidos bajo la administración de Reagan, con el ejercicio de las acciones de tipo militar, político y económico; la imposición del régimen neoliberal conocido como la “reaganomic” de los Chicago Boys y hermanado con el proceso británico de Margaret Thatcher. El golpe de Estado y el asesinato de Salvador Allende en Chile marcaron el arranque de este nuevo modelo y sistema económico y político, al grado de haber convertido a ese país en el laboratorio de su puesta en práctica.

          México flotaba entre su ancestral espíritu libertario antiyanqui y su ominosa realidad como vecino del imperio, con viabilidad porque había registrado cierto éxito en materia económica, pero sumamente presionado en lo político en función de la seguridad nacional gringa: Gustavo Díaz Ordaz la asumió plenamente y reprimió a los estudiantes del 68 con lujo de violencia; Luis Echeverría mantuvo el control interno y buscó algún grado de libertad mediante su política externa y experimentó el primer embate de la guerra económica; López Portillo se encontró con el alza de los precios del petróleo y soñó la abundancia pero cayó en el garlito del endeudamiento envenenado que, al caerse los precios del petróleo y aumentar las tasas de interés, colocaron de rodillas al país. Miguel de la Madrid recibe en estas condiciones la Presidencia y asume la moratoria en el pago de la deuda y se ve obligado a su negociación con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, los que intervienen las finanzas públicas e instauran el neoliberalismo que llegó para quedarse con presidentes que lo asumieron, no como imposición, sino con singular beneplácito por ser sacerdotes del Dios Mercado, a contrapelo de los intereses de la nación y de su gente, con todo el sufrimiento que ha significado y los fraudes a que ha tenido que acudir. Así el error y el horror.

          Ahora los mexicanos estamos emprendiendo el nuevo camino hacia una democracia verdadera con otro sistema y modelo, sin que las pautas de los poderes políticos y económicos externo hayan bajado sus armas, sino al contrario. Tendremos que hacer historia juntos, Tenemos líder y muchas ganas de ser felices. ¡Vamos con Andrés Manuel López Obrador!

 

 

Guardia Nacional

Gerardo Fernández Casanova
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Terminada la ronda de reuniones en que se convocó a la población para manifestarse en torno a las cuestiones relativas a la seguridad y la justicia –a las que se les llamó “Escucha”– y después de varias posposiciones que hacen suponer que se tuvo que analizar a fondo las alternativas, el presidente electo presentó su Plan para la Pacificación y la Seguridad. El documento confirma los postulados de la campaña electoral en el sentido de priorizar la atención de los factores causales de la muy grave crisis que sufre el país en esta materia; los que pueden resumirse en dos directrices básicas: la reactivación de la economía y el empleo, y la atención a la juventud para –mediante becas de razonable suficiencia– estudien y/o trabajen. También aborda el tema de prevención y persecución del delito, para lo cual plantea la formación de la Guardia Nacional (GN), constituida por las policías Militar, Naval y Federal, la cual será dirigida operativamente por el secretario de la Defensa Nacional. Por su parte, el secretario de Seguridad Publica será responsable de la normatividad y de las tareas de inteligencia.

         Este último asunto, el de la GN, ha levantado un gran revuelo y franca oposición de los organismos de la sociedad civil que han luchado por la defensa de los derechos humanos y contra la militarización de la seguridad pública; le exigen a López Obrador que corrija para regresar al Ejército y la Marina a sus cuarteles y se aplique a la creación de una policía civil honesta y eficaz. Indudablemente hay mérito en tal propuesta, particularmente a la luz de la realidad que ha significado la presencia de las fuerzas armadas haciendo funciones de policía, carentes de la formación idónea y del sustento legal, por no decir que violando la Constitución. En efecto, a partir de la aberrante decisión de Felipe Calderón de declarar la guerra a los narcotraficantes y al crimen organizado y sacar a los soldados a las calles, los índices de criminalidad se han visto brutalmente incrementados, al igual que la violación a los derechos humanos. Las estadísticas así lo comprueban.

          Sin menoscabo de la razón que asiste a las organizaciones que protestan, cabe mencionar que la población que se expresó en los foros Escucha pidió seguridad y justicia, la búsqueda eficaz de los desaparecidos, pero nadie pidió que se retirara el Ejército o la Marina. Incluso el propio Andrés Manuel que ha recorrido el país a lo largo y a lo ancho, pero sobre todo a lo profundo, informa que recibió la insistente petición de que no se les dejara en el desamparo retirando al Ejército.

          En los mismos términos, hay varios otros elementos a considerar. En primerísimo lugar un hecho incontrovertible: Felipe Calderón llegó a la Presidencia por la vía del fraude electoral y mereció el repudio de un amplio sector de la población, por lo que su recurso a la militarización obedeció principalmente al amedrentamiento de la gente agraviada, más que a una real lucha contra los criminales; a Enrique Peña Nieto, también repudiado por su triunfo a base de la masiva compra de votos, sólo le quedó la de continuar con el mismo esquema de su antecesor, agravado por una corrupción desmesurada. Esta condición no se da en el caso de AMLO que obtuvo una abrumadora votación que desmoronó a los partidos de oposición y canceló las tentaciones de repetir el fraude; de ahí que deba marcarse una diferencia a considerar por quienes se han expresado en contra de la GN.

          Otro elemento de significación para el caso es el reconocimiento de la extrema descomposición de las policías en los tres niveles de gobierno, así como su muy notoria descoordinación. Imperan la corrupción y la simulación, incluso las distintas fuerzas compiten entre sí para mantener el control, que no el combate, del crimen organizado. En tales circunstancias el afán de mantener en el ámbito civil la procuración de la seguridad resulta un despropósito.

          La propuesta apunta al aprovechamiento de la capacidad organizacional del Ejército y de la Marina, pero corregido en sus defectos, incluso ya se presentó la iniciativa de reformas constitucionales para la cabal inclusión de esta modalidad. En primer lugar no se trata de incorporar a toda la tropa sino a las respectivas policías Militar y Naval; en segundo se establece el compromiso del reforzamiento de su capacitación en materia del respeto a los derechos humanos, para lo cual se dispondrá de protocolos meticulosamente elaborados; en tercer lugar, se unifica el mando en la persona del secretario de la Defensa que, además, cuenta con la confianza del comandante supremo por ser un elemento con liderazgo y probada honorabilidad; y en cuarto, porque al país le urge la pacificación y no hay de otra.

          Agrego que la Guardia Nacional debiese incorporar a la Policía Comunitaria con un marco operativo y legal idóneo.