Por un verdadero diálogo social

Raúl Moreno Wonchee / La nave va
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Por un momento pareció un déjá vu colectivo, lo que hubiera sido una novedad clínica, pero era la objetivación de una dificultad política. El presidente constitucional no podía dejar de desempeñarse como el presidente legítimo, el candidato perenne que condena, increpa, fustiga, acusa; que hace un arbitrario y desordenado inventario de los males nacionales, que omite hacer un balance serio de la situación del país y luego de hacer encendidos elogios de sí mismo promete a manos llenas, pero no se compromete. Discurso de campaña, impropio del momento solemne de asumir el supremo compromiso republicano. Pero ya ni modo, porque en lugar de dar las gracias por las atenciones recibidas debió reconocer la constitucionalidad vigente que hizo posible su ascenso al poder, y honrarla apegándose a sus mandamientos democráticos. Porque todo lo que sigue está en veremos incluidos su popularidad y sus precarios pronunciamientos morales, que no alcanzan para sustentar sus buenas intenciones. Luego de revelar que los treinta y pico millones del 1 de julio no votaron por un gobierno sino por un cambio del régimen político, no explicó tal interpretación ni hacia dónde apunta, sino se limitó a invocar su fórmula milagrosa: acabar la omnipresente corrupción con su omnipotente honestidad. Pero el vértigo ante el vacío tiene remedio: la Constitución prescribe una consulta popular para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. No el acto limitado a  la aprobación eventual de una ocurrencia como está de moda, ni el procedimiento burocrático para cumplir una formalidad legal como se ha hecho hasta ahora, sino un amplio e incluyente proceso deliberativo que represente un verdadero diálogo social.

 

Sin ley

Raúl Moreno Wonchee / La nave va
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Apresuramiento e inmediatismo configuran la tormenta perfecta que entorpece la política en el interregno. Ahí está la discusión sobre la inseguridad que llevó a la Suprema la moda del mayoriteo para invalidar a toda prisa y con oscuras intenciones la Ley de Seguridad Interior con argumentos que no alcanzan a serlo: desde que los indígenas no fueron consultados hasta la sumisión obscena a la CIDH, engendro del panamericanismo injerencista impulsor del golpismo y contrario a la autodeterminación. Mientras tanto, el presecretario Alfonso Durazo contravino a la CNDH: frente al crimen no tenemos más remedio que el Ejército y la Marina, y ofreció el trapito: la Guardia Nacional integrada por el Ejército y la Marina bajo el mando de la Sedena. Una solución demasiado parecida a la ley que fue invalidada porque buscaba normalizar  la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y violar derechos humanos. Habrá, entonces, que reformar la Constitución y el PRI será indispensable para alcanzar la mayoría calificada. ¿El nuevo oficialismo aceptará tal inflexión? Ya integró al dream team de la oligarquía, pero no es lo mismo atrás que en ancas. Cuando Clinton confesó que EU es responsable de la violencia en México, reconoció que las bandas del narco armadas, financiadas y comandadas por las agencias gringas que regulan el trasiego de la droga son instrumentos intervencionistas, lo que conjuga de manera singular la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional. Así, el plan de seguridad de AMLO queda corto y fuera de la planeación democrática que prescribe la Constitución. Mientras tanto, el inmediatismo quincenal de la Suprema nos dejó sin Ley de Seguridad Interior.

 

 

 

Mayoría y democracia

Raúl Moreno Wonchee / La nave va
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En la recta final del interregno está tomando forma una tendencia que se insinuó cuando las encuestas comenzaron a mostrar que las preferencias favorecían al candidato presidencial de Morena. Esa ventaja fue obtenida por medio de un uso inmoderado de la mercadotecnia, ajeno y aun contrario a la política democrática,  que se anticipó a los tiempos electorales marcados por la ley, perfiló una estrategia mediática que se desplegó pródigamente sobre todo en la televisión, y se utilizó como argumento impertinente aunque incontestado en los debates. El 1 de julio, cuando se conoció la formidable votación alcanzada por López Obrador que le confirió la Presidencia de la República por mayoría absoluta, se olvidó que la campaña presidencial de 2018 ha sido la de más bajo nivel de las que se tenga memoria. Ahora, la tentación voluntarista se apresta a dominar el escenario y a imponer, en nombre de la mayoría, las peores versiones de la demagogia electoral. Con un notorio desdén por la Constitución, el presidente electo ha protagonizado en los últimos cinco meses un frenético e impertinente activismo que ha enturbiado el proceso sucesorio. No está en la naturaleza de la mayoría electoral suprimir el derecho y la razón para cometer atropellos que tienden a disolver el marco jurídico y político en que tal mayoría se generó. Hay temas intrincados y complejos que requieren ser analizados y discutidos en profundidad para que el conocimiento haga su contribución indispensable, el pluralismo enriquezca el proceso legislativo y se mejore la nutrición política del pueblo.  La mayoría, por sí misma, no alcanza a reemplazar el argumento, arma imprescindible de la política democrática.

 

 

 

Talleyrand en Texcoco

Raúl Moreno Wonchee / La nave va
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En las coordenadas de Talleyrand, ¿es crimen o estupidez? O las dos cosas, porque el dilema no es cerrado sino más bien indica el predominio de uno de sus términos. Me refiero, por supuesto, al proceloso asunto de la autollamada consulta, que podría ser llamada autoconsulta, sobre el aeropuerto de Texcoco. Otro atrevimiento porque no son pocos los adjetivos endilgados a la pantomima en cuestión, buscando casi todos exhibir sus limitaciones: privada, informal, limitada, parcial, insuficiente, etcétera, con el inconveniente de dejar de lado la intención de la estupidez o el móvil del crimen Porque en la consulta sui generis, la cancelación del aeropuerto es la estupidez pero el método es el crimen. Es imposible justificar el dispendio que significa convertir una obra en construcción con un costo superior a los 100 mil millones de pesos en un hermoso laguito. Pero el escándalo y la confusión generados pueden servir  para intentar, bajo cuerda, meter un elefante en un Volkswagen de los de antes, en un “vocho”, diminutivo que también se aplicó a los soldados del III Reich, instaurado con una mayoría manipulada por los nazis a partir del incendio del Reichstag. En nuestro caso, lo que está en juego es la Constitución. Porque aunque se antoje aplicarle a López Obrador el símil facilón de la eyaculación precoz, su afán por adelantar los tiempos y los términos constitucionales lleva a suponer que la cuarta transformación implica un cambio de régimen político. Cambio que se pretende no por la vía constitucional, sino por un atajo que enajene la voluntad de la mayoría a un liderazgo caudillista en acelerado proceso de divorcio de las instituciones democráticas.