Eliminación de privilegios, litigio en ciernes
Gerardo Fernández Casanova
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Es postulado esencial del republicanismo la eliminación de toda suerte de privilegios, especialmente los que son producto de la administración de la cosa pública. Así lo ha asumido López Obrador desde siempre en su muy largo y azaroso camino a la toma del poder por la vía electoral y pacífica. En sentido contrario, el perverso modelo neoliberal se finca en la generación de privilegios, bajo el falso supuesto de que así se crearía riqueza en las alturas sociales para, desde ahí, derramarla hacia el conjunto; el modelo fue de gran éxito en su primera fase al conseguir que los multimillonarios mexicanos figuren entre los más ricos del mundo, pero de esa cima no ha caído una sola moneda a la llanura formada por la mayoría de la población: a la gran riqueza de unos pocos correspondió la enorme pobreza de los muchos. Finalmente fue un rotundo fracaso en cuyo repudio se manifestó el pueblo el 1 de julio.
El buen juez por su casa empieza. AMLO toma la iniciativa para comenzar con eliminar los privilegios de la clase gobernante. No sería legítimo el combate a los privilegios en la sociedad si antes no se eliminan los de la clase política. La reducción drástica de los salarios y las prebendas, junto con la política de austeridad republicana, ha cimbrado la estructura de la alta burocracia y anuncia tempestades, pero la decisión es firme y no hay vuelta atrás (por cierto, eso nos liberará de la cauda de tecnócratas “educados” en famosas y caras universidades del extranjero).
El presidente electo desea postergar lo más posible –incluso– evitar el conflicto con la sociedad de los grandes capitales y el alto empresariado, pero tarde o temprano lo habrá o ya lo hay; baste con leer o escuchar a los opinadores a sueldo para percatarnos de la pretensión de frenar al nuevo régimen y su cuarta transformación; para ellos los treinta millones de votos ya fueron y ahí quedan, que lo cotidiano se vota con dólares.
Un primer punto a la cuenta del nuevo gobierno es la ratificación por el Senado del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el que se garantizan la contratación colectiva y la democracia y libertad en los sindicatos. López Obrador no caerá en la tentación de expulsar a los líderes charros, al estilo de lo sucedido con la Quina y Elba Ester –no es su facultad–, serán los propios trabajadores, ansiosos de libertad y democracia quienes lo hagan. Al momento de hacer la propuesta, el senador Gómez Urrutia formuló todo un planteamiento de democracia sindical, recuperación de la fuerza de los trabajadores organizados en defensa de sus legítimos intereses y de la productividad. Ya no más sindicatos patronales, ni contratos de protección espuria, ni outsorcing, ni salarios de hambre. Se acabaron los privilegios a las grandes empresas y sus utilidades exorbitantes. Obviamente los empresarios se rasgaron las vestiduras por no haber sido tomados en cuenta.
La controversia por el tema del aeropuerto es también una batalla emblemática. Se enfrentan el proyecto de un México faraónico, corrupto y falso, contra uno que satisfaga sus requerimientos con austeridad y eficacia funcional honesta. Es por esto que la consulta pública toma característica plebiscitaria y replicar otro 1 de julio, para refrendar la decisión de caminar juntos al México nuevo.
Vienen otras batallas insoslayables en la Ley de Ingresos; no se aumentarán impuestos y se facilitará la contribución con base en la confianza y la solidaridad. Pero tendrán que acabarse los privilegios fiscales; ya no más elusión fiscal por los corporativos; ya no más filantropía con cargo al fisco; ya no gastos suntuarios en restaurantes de gran lujo, viajes y autos superfluos cargados a los costos para eludir impuestos; tampoco las desviaciones a organismos no gubernamentales no siempre justificados como los Teletones (Televisa) y las orquestas sinfónicas (Televisión Azteca) populares. Los privilegiados tendrán que pagar lo justo, pero pagarlo. No va a ser fácil; amenazarán y harán los chantajes acostumbrados, pero siguen vivos los treinta millones de votos para respaldarlo y se deben manifestar en apoyo al proyecto transformador. En efecto, México está en bancarrota, la deuda real escondida en cientos de fideicomisos incontrolados cancelaría la posibilidad de la inversión pública y los beneficios sociales. No se vale.
UNAM: Desmadejando el conflicto
Gerardo Fernández Casanova
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Para comenzar, saludo con entusiasmo la respuesta de la comunidad estudiantil al conflicto provocado por la irrupción de golpeadores (porros) para dislocar una manifestación pacífica de los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) con sede en Azcapotzalco, Ciudad de México, realizada el lunes 3 de septiembre último. La existencia y la operación de tal tipo de grupos violentos constituyen una vieja lacra en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creados por intereses externos para dominar y controlar políticamente a la máxima casa de estudios del país por ser un punto neurálgico del acontecer nacional. Bien por la enérgica respuesta del miércoles 5, a las cuarenta y ocho horas del caso, que llevó a más de 30 mil jóvenes a manifestarse enérgicamente, sin violencia, contra los grupos porriles y en respaldo a las demandas del CCH, así como a la magna asamblea estudiantil interuniversitaria que asumió la conducción del conflicto. Todo me indica que, al unísono con todo el país, la juventud estudiosa se suma al ánimo de transformación expresado en las urnas el 1 de julio y hace cara a la parte que le compete en la educación superior.
No es un asunto sencillo; es una madeja que primero hay que desmadejar, para luego construir sobre bases firmes. No dudo en afirmar que el problema fundamental, la causa generatriz de todos los demás, radica en manera en que el poder real concibe a la universidad y, en general, a la educación pública; tal poder, que se hizo del gobierno y de los partidos políticos en lo últimos cincuenta años (no sólo los neoliberales), etiquetó a la educación pública como instrumento de control social, lejos del afán de convertirse en agente de liberación y progreso. Esta condición, recrudecida en los últimos años, se ha expresado en la contención presupuestal, el control político y la represión, la degradación académica, el desprecio a sus egresados en el mercado laboral privado y público, principalmente en lo que le toca directamente pero envuelto en el deterioro de la sociedad toda: la violencia, la corrupción, la impunidad, la devastación de los valores y de la cultura, así como la destrucción de la economía y el bienestar social. Este es el meollo del asunto y deberá incluirse en primerísimo lugar en el empeño de la transformación de la realidad nacional. Esta es la real “bancarrota”.
En este contexto y con tal ánimo, es una necesidad de urgente atención la eliminación de la violencia y del porrismo, identificando a sus patrocinadores inmediatos y a los de mayor poder. Entre los inmediatos no puede descartarse a las propias autoridades universitarias, no sólo de la UNAM, sea por la comodidad de gobernar a una comunidad amedrentada o por la necesidad de neutralizar a otros grupos de porros ajenos a la institución, ambas causas deleznables. No son extraños los casos de grupos políticos de alcance local o nacional a quienes les es útil contar con grupos de choque capaces de desbaratar protestas o de aparentar apoyos populares, también despreciables.
Pero quiero llamar la atención en un aspecto significativo. En muchos países se han dado movilizaciones estudiantiles, muy frecuentemente relacionados con el tema de oponerse a la privatización de la educación; en tales casos la gran prensa nacional e internacional presenta una imagen de rijosidad y vandalismo de los jóvenes y, por lo general, logra el objetivo de acallarlos. En tanto que si se trata de protestar contra un gobierno “populista y nacionalista” el tratamiento de la prensa es la imagen de la heroicidad de la juventud luchando por la libertad; Brasil en la antesala del Mundial de Futbol; Venezuela desde que Hugo Chávez tomó el poder; Nicaragua en estos momentos, todos han registrado tal perfil de movimientos que, para decirlo suave, “me da la impresión” de que la mano que mece la cuna se llama Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Un gobierno popular surgido por el voto abrumador de la gente, por más que intente mostrarse conciliador, no deja de ser peligroso para intereses de las oligarquías nacional e internacional, por lo que más vale darle un toque de aviso para limitar sus actos; para advertirle de no pasar de determinado límite en sus afanes democráticos. Para ello son de gran utilidad los grupos de choque. Hay que estar muy alertas y apostar a que los propios estudiantes deshagan tales truculencias. Tengo confianza que así será.
(Ofrezco disculpas a lectores y editores por mi ausencia de dos semanas. Fue por causa mayor).
