AMLO y la comisión de la verdad

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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A lo largo de los últimos cuatro años han corrido dos versiones sobre el crimen de la noche de Iguala. Una, ideada y desplegada desde el poder, es que se trató de un asunto de narcotráfico. En ella se asegura que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, secuestraron un autobús en el que, cosa que ellos ignoraban, se trasladaba droga. Y que este hecho hizo enfurecer al grupo de narcos dueños de esa carga, lo que los llevó a decidir dar un escarmiento a los muchachos a fin de que todo el mundo entendiera que con el negocio del narco nadie debe entrometerse.

Ésta interesada versión no niega la participación de diversas instancias gubernamentales: gobiernos y policías municipales, gobierno y policía estatal, Policía Federal y miembros del Ejército. Pero esta participación gubernamental se atribuye a la complicidad con el narco de estas instancias oficiales. De este modo se refuerza la idea de que finalmente se trató de un asunto de tráfico de drogas.

La segunda versión de los hechos sostiene que el gobierno federal, ebrio de poder, decidió poner un hasta aquí definitivo a las actividades subversivas, movilizadoras y críticas del poder del normalismo rural mexicano, enemigo con poderosas raíces populares, al que el Estado ha intentado liquidar de todas las formas posibles sin hasta ahora haber podido conseguirlo.

De modo que una de dos: crimen del narco o crimen de Estado. Y aunque la versión que atribuye al narco la responsabilidad de los hechos ha tenido muy buena prensa y la autoría oficial, no es sencillo, por esas mismas razones, tragársela. Es una reedición de la vieja historia del ratero que, sorprendido en su accionar, señala hacia otro lado mientras grita: “¡Al ladrón, al ladrón!”, con el fin de desviar las miradas sobre sí mismo al señalar a un personaje inexistente. 

Además de la inverosimilitud de la versión del narco por las razones señaladas, hay otros hechos que refuerzan la hipótesis del crimen de Estado: la inicial resistencia del gobierno federal por atender un asunto sin duda gravísimo que emparentaba al gobierno mexicano con la política suramericana de la desaparición forzada; la tardía y sesgada investigación federal; el ocultamiento y destrucción de evidencias; y los resultados de otras investigaciones.

Por todo lo anterior, y a pesar de la creencia de cada quien, es necesaria la creación y funcionamiento de una comisión de la verdad. Solo una investigación de este tipo puede esclarecer plenamente lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala y conocer los nombres de quien ordenó la atrocidad y de quienes la ejecutaron.

 

Obrador y las pensiones

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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Uno de los rasgos característicos más odiosos, injustos e inhumanos de la ideología y de la práctica neoliberales es la pretensión de limitar, acotar y desmantelar los sistemas de pensiones. Y se puede afirmar que en México durante los últimos 30 años esa pretensión ha tenido rotundo éxito.

La conversión del sistema de pensiones solidario (público, estatal) en un sistema privado e individualizado constituyó una de las mayores regresiones y derrotas de los trabajadores en su lucha histórica por el derecho a una ancianidad digna.

Pero los enemigos de las pensiones no descansan. Ahora pretenden aumentar la edad de la jubilación de 65 a 68 años. Que eso busque la oligarquía y la burocracia financiera no es para llamar la atención. Pero que lo declare uno de los funcionarios más cercanos al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, significa que el tabasqueño, sus 30 millones de votantes, los ancianos y la clase trabajadora en su conjunto están durmiendo con el enemigo.

Los promotores de esta medida argumentan que tal es la tendencia en todo el mundo. Pero olvidan o no dicen que en todo el planeta domina la ideología neoliberal. Y olvidan o no dicen que la arrolladora victoria electoral de López Obrador significó en México la derrota en toda la línea de esas políticas neoliberales de empobrecimiento popular.

Gerardo Esquivel dijo, ciertamente, que el aumento de la edad de jubilación tendría lugar hacia mediados del próximo sexenio. Y, ciertamente también, lo dijo en un foro de connotados capitalistas, es decir, de los enemigos históricos y más feroces de los sistemas de pensiones.

De modo que uno puede pensar que se trató de un discurso de circunstancias sólo para halagar el oído de la oligarquía. De, como se dice popularmente, darles atole con el dedo. De decirles sí, pero no decirles cuándo.

Considerando esta posibilidad, de todos modos es muy preocupante que uno de los más cercanos colaboradores de López Obrador anuncie un eventual aumento en la edad de jubilación. Porque además de la injusticia que significaría ese aumento, pondría en contra del nuevo gobierno y del propio López Obrador a millones de personas que, hayan votado por él o no lo hayan hecho, serían las principales víctimas de esa nueva injusticia social.

En sentido contrario a esa declaración de Esquivel, lo cierto es que López Obrador es un firme partidario de las pensiones dignas. El tabasqueño dotó a los ancianos de la celebérrima pensión universal cuando gobernó la capital del país. Y acaba de anunciar un sustancial incremento de ésta y su ampliación para todo el país.

 

Rectificación de Graue 

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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Dando muestras de sensatez política y de sensatez a secas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, aceptó dar satisfacción a la totalidad del pliego de demandas de los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco.

Son muestras de sensatez ciertamente tardías, pues el rector se negó inicialmente a dar atención y solución a los problemas del CCH planteados por la muchachada del plantel, demandas absolutamente justificadas.

Ante la solicitud, Graue decidió, como se dice popularmente, “hacerse pato”. Pero como se veía que la muchachada no iba a ceder, el rector optó por el viejo recurso de la amedrentación vía el uso de la violencia porril.

Quizás nada más pensó en aporrear a los demandantes; acaso no quería que corriera sangre; tal vez no pensó en que hubiera heridos de gravedad o hasta muertos. Recuérdese que aporrear viene de porra (macana), pero también se ajusta al vocablo porra (grupo de animación deportiva) y de ahí porro (golpeador).

Pero si no hubo muertos sí hubo heridas graves, de esas que ponen en serio peligro la vida. Y aunque al principio Graue pretendió zafarse de esa conducta criminal, nadie le creyó. Y sólo encontró apoyo en las corruptísimas  autoridades judiciales del gobierno perredista-priista-panista de la Ciudad de México.

Y no sólo no encontró el respaldo de la comunidad universitaria y de otras instituciones de educación media y superior. Peor aún: encontró el más firme repudio social a su conducta de propiciar, fomentar, permitir o avalar el uso de los porros. Y, desde luego, también encontró el rechazo (o la falta de apoyo) del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de Morena y del nuevo Congreso de la Unión.

Graue se quedó solo. Y ni modo: a rectificar y a prometer no volver a usar o tolerar el uso de la violencia criminal para mantener el hueso, los privilegios y el autoritarismo tipo José Narró, Jorge Carpizo y Francisco Barnés de Castro, rectores priistas de infausta memoria.

Sí ya estaba claro que con López Obrador y Morena en la Presidencia de la República se ha terminado el permiso para robar, ahora también queda claro que ha terminado el permiso presidencial para golpear, lesionar, amedrentar, matar, violar, desaparecer personas y asesinar. No más porros ni halcones ni halconazos. Ni nuevos crímenes de Estado como los cometidos por el peñato en Ayotzinapa, Atenco, San Fernando, Tanhuato y Tlatlaya.

De la carencia de complicidad y protección presidencial y gubernamental en ese tipo de crímenes es muestra fehaciente la rectificación del rector Graue.