“Ambicioso” y extranjero paquete de reformas

Pablo Cabañas Díaz
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Las reformas estructurales son el logro más importante de mi administración, expuso el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en Palacio Nacional. En su mensaje recordó que en 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), calificó al paquete de reformas de México como el más ambicioso de cualquier país miembro en años recientes. 

Más allá del autoelogio, la realidad es que nuestro país no pudo crecer al prometido 6% anual en el producto interno bruto (PIB) una vez aprobadas y puestas en operación las llamadas reformas estructurales que implementaron en el sexenio que concluye. En este propósito estuvo involucrada la OCDE, el Banco Mundial (BM) cuya apuesta era que si se podría  crecer al 6% si el gobierno aprobaba un paquete de reformas estructurales. A esta idea también se sumó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que propuso nuevas políticas públicas para llegar a esa meta de crecimiento.

Quien puso en duda la oferta de crecimiento fue la secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL), Alicia Bárcena. Pero no tuvo eco. La posición que tuvo más peso en el ánimo del presidente y del entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray fue la de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.

El libro Getting it Right (Haciéndolo bien) se convirtió en el manual de las reformas (OCDE, 2012, Una agenda estratégica para las reformas en México).

En la conferencia Getting it Right  desde la visión de José Ángel Gurría, México tenía todo en sus manos para cumplir con las expectativas de llegar a ser un ejemplo en el mundo por sus reformas. México debería destinar más al gasto público al mismo tiempo que implementar un marco jurídico en el cual pudiera apoyarse.

El secretario general de la OCDE recordó en el Foro México 2013 que desde hacía 15 años ese organismo había planteado reformas y acciones para que México creciera a un ritmo más acelerado. Incluso entregó al presidente Peña Nieto un diagnóstico del país y una agenda estratégica para las reformas en México. Planteó que lo prioritario para impulsar el crecimiento es una reforma fiscal, porque le da viabilidad a las demás; hoy en México muy pocos pagan impuestos y muchos de los que pagan, pagan menos de lo que de debieran.

Una vez concluidas las elecciones, la OCDE le expuso al nuevo presidente que “se agotaron las excusas y se acabaron los pretextos”. Más como advertencia que como propuesta Gurría Treviño le expresó a Peña Nieto estas palabras en el marco de la firma de la declaración de intenciones para la colaboración estratégica entre México y la OCDE. En el documento de la OCDE “México mejores políticas para un desarrollo incluyente” se identificaron áreas de oportunidad para el impulso de políticas públicas y reformas estructurales que eran apremiantes para el país. 

Las similitudes entre el libro Getting it Right (Haciéndolo bien) y las medidas implementadas por el Ejecutivo federal incluso utilizan las mismas frases. Para reforzar la posición de la OCDE se organizó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México el 13 de marzo de 2013, el  Foro de Reformas Estratégicas, OCDE-ITAM, y el tema fue de nuevo la conferencia Getting it Right

El foro OCDE-ITAM fue organizado por las representaciones de alumnos Philos, Quid Pro Quo y Caucus; en conjunto con Debate ITAM. La agenda itamita se llenó de videoconferencias desde París con miembros de la OCDE, paneles entre profesores del ITAM y miembros del sector público y privado, así como debates interuniversitarios.

El estudio fue realizado en sintonía con el programa de gobierno de Peña Nieto tomando en cuenta muchas de sus propuestas de campaña, pero también en línea con las 13 Decisiones Presidenciales de su discurso de toma de posesión y con el Pacto por México, suscrito por los líderes de los principales partidos políticos en enero de 2013.  Entre las “reformas estructurales” que Gurría puso sobre la mesa la primera fue “elevar el aprovechamiento educativo”.

Tal como lo propuso la OCDE, la reforma educativa fue la primera que se promulgó, el 25 de febrero de 2013. En este cambio legal se recomendó “eliminar la interferencia sindical en la administración de los recursos dedicados a la enseñanza”. Se  cumplió el objetivo. La lideresa sindical Elba Esther Gordillo fue detenida por delitos de malversación de fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al día siguiente de la promulgación de esta reforma, el 26 de febrero del 2013. 

La segunda prioridad de Gurría fue “reducir la protección al empleo sujeto a contratos formales”. El libro se enorgullece de que México hubiera aprobado la reforma laboral, promulgada por Felipe Calderón dos días antes de dejar su mandato, el 29 de noviembre. Aunque fue suscrita aún por el Partido Acción Nacional en el gobierno, el voto determinante del Partido Revolucionario Institucional hizo que se considerara como la primera reforma de Peña Nieto. Para la OCDE fue muy importante que esta reforma estuviera “orientada a reducir el costo de contratar y despedir trabajadores regulares, facilitar contratos a plazos más cortos y simplificar considerablemente los procedimientos judiciales en materia laboral”.

Su principal virtud, de acuerdo con el organismo, era mejorar la flexibilidad laboral.

Peña Nieto ya se había referido a este término durante su gira por Chile en septiembre del 2012. Allí anunció que “la reforma laboral (…) permitirá que México tenga mayor flexibilización en el mercado laboral”. Este nuevo mercado laboral necesitaba por fuerza eliminar “la excesiva protección al empleo y los altos costos no salariales prevalecientes”, según la OCDE. 

Se cumplieron sus deseos. La reforma en esta materia eliminó las trabas para contratación de empleados por periodos de prueba y redujo a un año la obligación del patrón para pagar salarios caídos, en caso de un litigio laboral. En tercer punto de las prioridades que la OCDE “recomendó” a México estaba la eliminación de las barreras de entrada y salida a la competencia. La primera era en telecomunicaciones.

Estas barreras, junto a los monopolios, eran según la OCDE, uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la economía mexicana.

 Los monopolios, publicó la OCDE en diciembre de 2012, “siguen afectando a varios mercados de México, aumentando el costo de los negocios”. La influencia de la OCDE sobre el  presidente Peña Nieto se hizo evidente al momento en que se comprometió a combatir las prácticas monopólicas porque “van en perjuicio de la población, al encarecer servicios y productos”, declaró en su visita a Colombia como presidente electo. La primera respuesta concreta fue el matiz antimonopolios plasmado en la reforma de telecomunicaciones, que promulgó el 10 de junio de 2013.

Al promulgar la reforma, el presidente Peña Nieto se complació de anunciar que “se permitirá la inversión extranjera directa hasta en 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite”. Otros conceptos claves en las prioridades de la OCDE eran la informalidad, la productividad y el crecimiento verde. El 27 de mayo de 2013, el mandatario instaló el Comité Nacional de la Productividad, incluido en la reforma laboral. Todas las cifras que citó en ese evento fueron tomadas de la OCDE, aunque nunca se mencionó al organismo.

En esta presentación, el  entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que se publicaría el Programa Especial para la Democratización de la Productividad. Sobre el combate a la informalidad, el propio Peña Nieto respondió el 27 de mayo de 2013 en un blog dentro de la página web de Presidencia. Escribió: “La gran mayoría de los mexicanos trabajan en condiciones rudimentarias, muchas veces de subsistencia, en negocios informales”. Durante la celebración del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo de 2013,  se dijo que la reforma hacendaria que se pretendía presentar buscaría “incentivar la formalidad”.

“México es el único país de la OCDE sin un sistema de beneficios por desempleo”, se quejó la OCDE en su libro. En respuesta, se anunció que se creará un seguro de desempleo temporal.

Otra de las coincidencias relevantes estaba en el combate a la corrupción. La OCDE asentó en Getting it Right que una Agencia Anticorrupción debía contar con “los recursos financieros, humanos y de acción necesarios (incluido el establecimiento de sanciones), y preservando su independencia y autonomía”.  La respuesta oficial fue idéntica. La Comisión Nacional Anticorrupción propuesta por el gobierno peñista contará con “autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios para garantizar su independencia”.

Para la OCDE el crecimiento de México debía ser incluyente y más cuidadoso del medio ambiente. El presidente también tomó atenta nota de estos requerimientos. Durante la presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático el 3 de junio de 2013 en Los Pinos, dijo que “es fundamental que adoptemos el paradigma del Crecimiento Verde Incluyente”.  Un dato irrebatible, el capítulo 14 de este libro resalta que es importante “mejorar la gestión del agua”. En enero, durante una visita a Tabasco, Peña Nieto dijo que es importante tener una “visión integral sobre la gestión eficiente del agua”. La Comisión Nacional del Agua siguió estas instrucciones. A principios de junio presentó un programa de gestión para este recurso natural. La OCDE alertó que “el gobierno mexicano podría lograr un equilibrio mejor entre los objetivos sociales y los ambientales al reducir los subsidios a la energía y la agricultura”. El 4 de junio de 2013 se publicó que Peña Nieto formuló la propuesta para eliminar los subsidios a la energía eléctrica y el agua,  y para “ajustar gradualmente las tarifas de uso doméstico de electricidad y agua a los precios reales de mercado”.

El 15 de abril de 2013, Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, reconoció el esfuerzo del presidente Peña Nieto para sacar adelante las reformas educativa, de telecomunicaciones, energética y fiscal,  “Estoy muy impresionada por el alcance y amplitud de las reformas que el gobierno de México se ha propuesto sacar adelante. Pero, además, señaló la funcionaria del FMI,  también estoy impresionada con el proceso en sí, porque según tengo entendido, antes de las elecciones, las fuerzas políticas buscaron acuerdos para avanzar con las reformas estructurales”.

Lagarde dio su visto bueno para que el gobierno de Peña Nieto fuera contra de los intereses corporativos y sindicales para llevar a cabo las reformas. Sin embargo, calificó como inteligente la estrategia de recabar el apoyo y el consenso político de otras fuerzas a través del Pacto por México para sacar adelante estas legislaciones. Las reformas estructurales establecidas en el Pacto por México se pensaba en 2013 y 2014 llevarían a  México a crecer a tasas superiores a 5 o 6% en los próximos años. Según los analistas va de acuerdo a la realidad del país. Según cifras y proyecciones de la CEPAL, durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018) México creció a un ritmo de 2.31% anual en promedio, menos de la mitad del compromiso que el hoy mandatario asumió como candidato.

El sexenio de Peña Nieto es el tercero de más bajo desempeño económico en la historia moderna de México.

Desde 1934, sólo dos presidentes han tenido más bajos resultados: Miguel de la Madrid (1982-1988), con quien la economía creció a una tasa de 0.21% anual, y el panista Felipe Calderón (2006-2012), en cuyo sexenio el PIB aumentó 2.16% cada año, de acuerdo con los datos de la CEPAL.

En los informes del 2018 del FMI y del BM, estiman la expansión del PIB mexicano durante el periodo 2013-2018 en 2.36% y 2.45% anual, respectivamente.  En marzo de 2012, al iniciar su campaña presidencial como candidato del PRI, el actual presidente dijo en Guadalajara que para combatir de manera eficaz la pobreza y la inseguridad el país requería triplicar sus tasas de crecimiento económico. “México puede y México lo necesita”. Pero según los datos de la CEPAL, el FMI y el BM, el balance económico de Peña Nieto fue casi tan deslucido como el de Calderón. Peña Nieto dio continuidad a las políticas económicas de mercado y promoción de la inversión que comenzó Carlos Salinas de Gortari durante su sexenio (1988-1994) y que  tuvieron todos los presidentes desde entonces, tanto priistas como panistas.

Con Carlos Salinas, México creció a una tasa de 3.91% anual promedio; con Ernesto Zedillo (1994-2000), a 3.53%, y con Vicente Fox (2000-2006) bajó a 2.36%.

La expansión del PIB de México en las últimas tres décadas –desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto– ha sido de 2.85% por año. Si a ese porcentaje se le resta la tasa de crecimiento poblacional resulta que el ingreso per cápita de los mexicanos apenas se ha incrementado 1.3% al año, cifra claramente insuficiente para producir prosperidad y cerrar las enormes brechas sociales.  Eso explica en parte por qué México es el país latinoamericano que menos éxito ha tenido en el combate a la pobreza pero también el fracaso de un modelo de gobierno que se vio rebasado en sus expectativas tanto políticas como económicas y que termina con un crecimiento anual apenas entre 0.15% y 0.29% mayor que el de su antecesor.