Los crueles estertores del neoliberalismo

Víctor Manuel Barceló R.
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El periodo de transición para que asuma un presidente electo en las urnas, que en México es largo –julio a 1º de diciembre– en el caso actual de Andrés Manuel López Obrador, cambió la rutina y no se recarga sobre el presupuesto nacional como era costumbre. Ahora está siendo cubierto por empeños y determinaciones puntuales del presidente electo –el 8 de octubre recibió el reconocimiento de su triunfo por el Tribunal Electoral– decisiones que, por primera vez en décadas, están dando pie a opiniones y críticas de toda índole, aprobatorias las más, otras no, que si bien sacan de quicio a algunos opinantes en las redes, pueden considerarse sanas, en tanto aduzcan criterios  a considerar, para que el paso decidido hacia la 4ª transformación de la nación mexicana, oferta por la que masivamente votamos los mexicanos, se dé en el mayor de los consensos.

De ese modo, el presidente electo va delineando el cumplimiento puntual de sus ofertas de campaña, construyendo rutas de acción con el acompañamiento de quienes integrarán su gabinete, en todos los quehaceres que competen al Ejecutivo federal, incluso con recomendaciones a los otros dos poderes en cuanto a la austeridad necesaria para contar con mayores recursos que permitan, arribando al poder el 1º de diciembre próximo, arrancar de inmediato acciones.

Ya hay planteamientos precisos para iniciar el rescate de la energía. Así, sin afectar a nadie, se plantean y definen las formas para rehabilitar las seis refinerías existentes y construir otras, a fin de abastecer los requerimientos nacionales, dejando de importar gasolinas. También se revisarán tarifas eléctricas y se insistirá en la producción de electricidad “limpia”. 

Las relaciones entre el presidente en funciones y su sucesor, son positivas, hasta ahora. Eso permitirá que se presente al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, una iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público Federal para crear la Secretaria de Seguridad Pública y la integración de la Fiscalía General. Hay también acuerdos Peña Nieto-López Obrador para la renegociación del TLCAN, la construcción del polémico Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el proyecto de presupuesto para el 2019, entre otros temas. 

Hay también propuestas de avance en asuntos muy delicados como: el asomo de crisis económica en el país –recibirá una cartera de 10 billones de pesos de deuda–, el incremento de los índices de inseguridad y violencia, revisión profunda de la reforma educativa, apoyos al abandonado sector salud y buscar –en conjunto gobierno saliente y entrante– que el cierre del sexenio avance en medio de un esfuerzo serio para lograr la estabilidad económica y social y pueda iniciar su gobierno Andrés Manuel López Obrador sin perder el vertiginoso ritmo que trae desde la campaña. El apoyo a los pueblos indígenas –actividad en que participó el hoy presidente, en su juventud– será motivo de atención especial. 

El terruño del flamante presidente López Obrador, dejará de estar olvidado. Allí y en parte del sureste mexicano –principalmente como consecuencia de la reciente reforma energética– se padece desempleo creciente, inseguridad, hambre, corrupción galopante, servicios de salud y educación a la baja; por ende, incremento del éxodo al otro lado de la frontera norte. 

Además de que emigrarán hacia allá diversas dependencias vinculadas a la Energía y la Secretaría del Medio Ambiente, se formaliza la construcción del Tren Maya, que correrá por 1,500 kilómetros de vía que tocará e impulsará el bienestar de pobladores de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, convirtiéndose en detonador del desarrollo sustentable en esa importante zona del país en que existen diversos pueblos originarios, descendientes de maravillosas culturas como la maya y olmeca.

En tanto, en Latinoamericana y el Caribe avanzan los impulsos desesperados y por ahora exitosos, de la derecha en su afán de desbancar a los líderes y desmantelar a los gobiernos progresistas y sus logros, siempre con el beneplácito de autoridades del imperio. Mientras la “luna de miel política” se mantiene entre Donald Trump y López Obrador, por el centro y sur del continente se acentúan los descalabros de líderes progresistas, ya por errores graves de actuación como por presiones de toda índole que sufren cotidianamente.

Venezuela, por ejemplo, tras el intento de “magnicidio en grado de frustración”, el presidente Maduro actúa con mano dura contra quienes se considera actores del atentado, acusando al gobierno de Colombia de orquestarlo, de urdir su muerte. Una fuente con acceso a cuarteles militares –donde se deciden o avalan parte de las acciones de gobierno de Venezuela, afirmó a Semana el 15 de agosto que el atentado a Nicolás Maduro realmente se produjo. “Allí no hubo ‘show’ ni lo planeó el gobierno. La expresión de Cilia (Flores, la primera dama) lo dice todo, demuestra miedo y sorpresa”.

Con mayor énfasis se expresó Maduro: “Hay pruebas suficientes de la participación del gobierno de Colombia, de Santos”, involucrándole en el atentado con drones cargados de explosivos que denuncia. Los cuerpos de seguridad –afirma “han capturado a todos los autores materiales y vamos sobre los autores intelectuales. Es clara y hay pruebas suficientes de la participación del gobierno de Colombia, saliente, de Juan Manuel Santos" –ajustando aún la entrega del poder a su sucesor–, dijo Maduro en un video que difundió en Twitter.

Por otro lado, Maduro abre puertas a la FBI para indagar el atentado del 4 de agosto en su contra, en tanto el Grupo de Lima se pronuncia sobre el “presunto” atentado a Maduro, pidiendo que no se manipulen los hechos y se investigue con transparencia, en especial la detención del diputado Juan Requesens, arrestado luego que el gobierno iniciara la investigación. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes que el número de implicados en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, creció a 34 y no descarta que esta cifra pueda aumentar (Xavier Serbiá, CNN, 14-VIII-18).

Ello no detiene el proceso económico y social venezolano. Maduro anuncia acciones contra la llamada guerra económica: nuevo cono monetario, racionamiento de combustible, anclaje del bolívar –con cinco ceros menos y salarios al valor del petro. ¿Cuáles son las expectativas de éxito y posibles efectos? Hay diversas apreciaciones, pero el fondo de éstas es la observación para ver qué ocurre con estas decisiones inéditas, que se atan más a la explotación petrolera.

Mientras en Paraguay asume Mario Abdo Benítez del tradicional Partido Colorado –evento al que se declaró persona non grata al presidente de Venezuela y que contó con mandatarios y representaciones de países de la región–; en Brasil Luiz Inácio Lula da Silva escribe sobre su proceso, en la prisión, en espera de los resolutivos acerca de su proceso penal que está entrampado. Recuerda que en el 2002 se enfrentaba a sus cuartas elecciones presidenciales como candidato. En 1989 había estado muy cerca de ganar; pero en las dos siguientes había sido derrotado en la primera vuelta. 

Esta “travesía del desierto” provocó un cambio en el líder progresista. Del lenguaje exaltado de sus primeras campañas, con diatribas a “fuego y azufre” contra el sistema político, la plutocracia brasileña y los medios de comunicación, fue cincelándose un candidato consciente de que, si quería ganar, debería convencer a las clases medias urbanas, reconciliarse con la prensa y tranquilizar a los empresarios, ante el riesgo de un vuelco en la política económica.

En 2002, Lula se presentó con una campaña profesional: candidato en traje oscuro, lenguaje conciliador y sin ataques a sus rivales (“Lulita Paz y Amor”, como él dijo un día de forma memorable) y un mensaje mucho más moderado. Con ese mensaje ganó las elecciones de 2002, y con él, y un programa de gobierno moderado (vivió un Congreso en el que nunca tuvo mayoría), se llevó las elecciones de 2006 y logró la elección de su candidata, Dilma Rousseff, en 2010.

El caso Lava Jato cambió al expresidente. “No puedo ser radical otra vez”, señaló en un mitin, antes de entrar a prisión. “Pero tampoco puedo volver a ser Lulita Paz y Amor. He dado un montón de amor y solo me he llevado hostias”. En los últimos meses, el expresidente parece haber decidido que todos los esfuerzos para conciliarse con sus rivales políticos y con las clases medias y acomodadas del gran país suramericano, han sido en balde. Su única opción es volver a ser su enemigo irreconciliable. Amarrada a su indiscutible popularidad, está seduciendo al resto de la izquierda brasileña, hacia ese radicalismo.

Su reacción proviene –entre otros asuntos de que numerosos socios durante su gobierno, no tuvieron decoro en darle la espalda para después atacarlo durante y después de las protestas de 2013, votando a favor de la destitución de Rousseff. Las investigaciones de Lava Jato trazan un compendio de corrupción estructural en la empresa petrolera nacional, basado en la relación simbiótica entre Petrobrás y las grandes constructoras brasileñas. Insensato pensar que un sistema de corrupción así, estuviese encadenado solo a un par de los más de 20 partidos políticos existentes. Empero es el PT de Lula el que recibe la mayor parte de las condenas.

Se afirma que el expresidente está construyendo el relato de su martirio en prisión en aras del pueblo brasileño. Se piensa que tal vez el tiempo hizo olvidar al expresidente que Lula exaltado y revolucionario despertaba tanta hostilidad como admiración. Cuando moderó su discurso logró el poder, y con él, las herramientas para arribar a la proeza de sacar a millones de brasileños de la pobreza. A punto de cumplir 73 años, Luiz Inácio Lula da Silva está decidiendo cómo quiere ser recordado. Ya tiene un legado memorable. ¿Se quedará allí o insistirá en nuevas acciones políticas? Seguramente su vitalidad y el proceso judicial en que lo encausaron, tendrán mano en sus decisiones. Vea usted el siguiente enlace:

elpais.com/elpais/2018/08/02/opinión/

San Andrés Cholula, Puebla, 15 de agosto de 2018.