Voto, partidos y reelección

Guillermo Buendía
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Para el pastor Roberto Durán y toda su familia que murieron trágicamente. A él,
quien fue muy importante en momentos difíciles de mi vida, quedo eternamente
agradecido ahora que partió al lejano oriente. Que descansen en paz.

Existen dos elementos constitutivos de la democracia: el voto y los partidos. Ambos previstos en el orden jurídico del que se deriva el régimen democrático representativo. El aspecto formal de estos elementos cruciales por medio de los cuales se reglamenta la participación de los partidos en los procesos electorales y de la población para ejercer el derecho de voto son insuficientes para analizar la naturaleza del voto y la función legitimadora de éste, así como el alcance político que tiene este derecho y la falta de reconocimiento jurídico y político de un estadio más elevado de participación, por un lado; y el sistema de partidos para ejercer el poder público cada vez más acotado por movimientos surgidos de la sociedad, donde la obsoleta noción de mediación de los partidos entre sociedad-gobierno está rebasada por otros vínculos que articulan los intereses políticos de clase, haciendo ver los límites reales de la democracia burguesa al usufructuar el poder del Estado. No es el fin de la democracia ni del Estado, sólo la evolución del agotamiento de las vías legitimadoras del poder en un momento y circunstancias determinadas, por el otro lado.

          Hace 174 años Federico Engels escribió: “los fenómenos económicos… forman la base sobre la que surgen las actuales contradicciones de clase; y de que estas contradicciones de clase, en aquellos países en que han llegado a desarrollarse plenamente gracias a la industria… sirven, a su vez, de fundamento a la formación de los partidos políticos, a la lucha entre partidos… Marx no sólo había llegado a la misma concepción, sino que ya entonces… (1844) la había generalizado en el sentido de que, en términos generales, no es el Estado el que condiciona y regula la sociedad civil, sino ésta la que condiciona y regula el Estado; de que, por tanto, la política y su historia deben explicarse partiendo de las relaciones económicas y de su desarrollo, y no a la inversa”. Una cita larga, sí, no para extrapolar episodios históricos ni reducir el presente a las condiciones de ese pasado inglés –cuando Engels vivía en Manchester, donde escribió Contribución a la historia de la Liga de los Comunistas, trabajo del cual proviene el párrafo transcrito– sino tomarla en estricto sentido metodológico de los fundamentos teóricos de la concepción del materialismo histórico, con el propósito de analizar los sucesos que están conformando, después del primero de julio, no sólo la recomposición de las fuerzas políticas en el gobierno, sino la orientación de la participación social en función de las estrategias del manejo de la opinión pública a través de las redes sociales, la propaganda negra o guerra sucia y la vacuidad de la información política en los límites del escándalo presentado como espectáculo.

Detrás de este contexto, la coacción del voto; la violencia política que arrojó más de un centenar de asesinatos de candidatos, dirigentes y militantes; de la transición de la administración pública federal manejada antes en la total opacidad –cuando no de forma secreta, dando lugar a las complicidades e impunidad entre quienes salían y entraban, asegurando la continuidad del sistema presidencialista y la hegemonía del PRI–; de la crisis del sistema de partidos como opción preponderante de preferencias y comportamientos electorales y no de intereses de clase, y pugnas internas de grupos por el control de éstos.

          Y justo es poner en primer plano la importancia que tiene la yuxtaposición de lo jurídico con la lucha política. Al cumplirse el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXIII Legislatura publicó un volumen que contiene el texto original de 1917 y todas las reformas constitucionales hechas hasta el momento. Sin duda alguna el libro por sí revela el valor histórico para el estudio del desarrollo del pensamiento y filosofía del derecho, como para el orden jurídico nacional. César Camacho Quiroz, coordinador del entonces Grupo Parlamentario del PRI, escribió en la presentación: “Esta ley de leyes (las cursivas son del autor) es la expresión jurídica del poder democrático, el que se legitima cuando se ejerce sometido a aquélla”. Por más de medio siglo el poder se ejerció de forma contraria a esta “expresión jurídica”: la sumisión al poder presidencial obedecía al autoritarismo meta constitucional del presidente, y la legitimidad se resolvía en el terreno de los acuerdos políticos; acuerdos ajenos a la “soberanía” en la que se funda el “poder democrático”: el ejercicio del pueblo a votar.

Desde la senaduría de Jorge Cruickshank García, del Partido Popular Socialista por la gubernatura de Nayarit a la quema de boletas de la elección de 1988 han sido las formas para legitimar en “los hechos” el poder y no por la vía de la legalidad. La función restringida del voto para legitimar a los gobernantes está precisamente en delegar el sentido de gobernar. Y este problema lo planteó otro diputado también en la presentación del libro La Constitución mexicana. “Al valorar las reformas constitucionales en el periodo 2008 a 2016, puede señalarse que el modelo económico y político generado después de la Revolución Mexicana ha sido desplazado. La idea rectora de un Estado amplio, con fuertes instrumentos, se sustituyó por un Estado con mayores interacciones con el sector privado…–apunta Francisco Martínez Neri, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la pasada Legislatura, ratificando los principios impulsados por la OCDE– la mejora del texto constitucional es una tarea indispensable y permanente”.

La primera visión de las reformas desconoce que son las condiciones económicas las que determinan el orden jurídico, en tanto la segunda, expresa la subordinación a las “recomendaciones” dictadas por organismos internacionales, los cuales están encargados de atender las necesidades de inversión de los monopolios y trasnacionales de los países imperialistas.

         Cuando fueron hechas las reformas constitucionales en el sexenio por concluir no estaba previsto el escenario que conformó la elección del 1º de julio. La reelección se calculó para la continuidad del gobierno plutocrático y no para la alternancia de centro izquierda. Manlio Fabio Beltrones, allá por 2014, al encontrar justificaciones políticas para las reformas constitucionales por medio de las cuales se recuperaría la reelección un siglo después para beneficio de la clase política, manifestó que la reelección no sería para ellos, en alusión directa para los diputados y senadores en funciones de la LXII Legislatura, sino que ésta entraría en vigor con las elecciones federales de 2018. Ese plazo se cumplió el 1º de julio pasado. El triunfo abrumador de Morena posibilita la construcción de un escenario para un proyecto político de desarrollo económico alternativo, del cual han dado señales el propio presidente electo y los futuros funcionarios del equipo económico. Aun sin cambiar el “modelo económico”, sí han apuntado cambios en las políticas económicas relacionadas con la inversión extranjera directa, principalmente en lo que tiene que ver con la industria petrolera, eléctrica y minera; con el manejo de los recursos naturales estratégicos.

La recomposición de las fuerzas políticas se expresa también en la composición del Congreso de la Unión. Con una mayoría legislativa –misma que podría extenderse hasta el año 2030– el gobierno de López Obrador está en condiciones de emprender reformas constitucionales en función de un desarrollo económico acorde a los intereses del país y no de las trasnacionales petroleras. De ahí la importancia de la reelección de diputados y senadores, así como de los congresos locales.