Gobernanza rural, un desastre provocado

Jorge Faljo / Faljoritmo
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El uso de la palabra “gobernanza” se ha extendido por la diferencia, sutil pero importante, que tiene respecto a gobernabilidad. Gobernabilidad da a entender algo unilateral; un gobierno activo y una población pasiva en la que el buen ciudadano es esencialmente obediente. Gobernanza, en cambio, es un término más equilibrado que reconoce la necesidad de una buena interacción entre gobierno y sociedad. Se acerca más a la noción de gobernabilidad democrática.

        La lista de desastres a lo largo de tres décadas es extensa: millones de migrantes y de familias desintegradas, empobrecimiento masivo, decenas de miles de muertos y desaparecidos. Y en este sexenio la violencia empeoró; llegamos a extremos de corrupción e impunidad, se perdió la tercera parte de los empleos que pagaban más de cinco salarios mínimos; se incumplió el compromiso de llegar a la seguridad alimentaria en 2018.

         De este nivel de importancia y gravedad se encuentra otro desastre poco evidente: el deterioro de la gobernanza rural.

         Lo que se afirma en adelante es que la manera de operar los programas de desarrollo social ha destruido las bases de lo que sería una gobernabilidad democrática en el medio rural. Lo ilustro con una experiencia personal y luego me referiré a las reglas de operación de un par de programas.

        Varias veces pregunté a grupos de señoras beneficiadas por el programa Oportunidades, ahora Prospera, por qué fueron seleccionadas. No lo sabían. Cuando yo decía lo oficialmente correcto, que se elegía a las más pobres, ellas invariablemente lo negaban. Inmediatamente me señalaban excepciones en ambos sentidos: pobres no elegidas y otras que fueron incluidas sin ser pobres.

        Hay que decir Prospera es, por sus resultados en nutrición, salud y educación, un buen programa. No lo ataco.

        Pero si afirmo que la comunidad no lo siente como justo, ni propio. La información y criterios locales llevarían a una selección diferente. Pero el pueblo, el ejido, las formas de representación locales, no participaron en el proceso. Cierto que beneficia, pero no empodera a sus beneficiarias que pasan a ser, en muchos casos, discriminadas por un entorno resentido. Su resultado es pérdida de cohesión y gobernanza local.

        En general los programas de desarrollo social operan a contrapelo de las autoridades y la organización social rural. Esto es particularmente significativo en el caso de la propiedad social; más de 30 mil ejidos y comunidades (conocidos como núcleos agrarios) registradas detentan más de la mitad de la superficie nacional, unos 105 millones de hectáreas. Más del 80 por ciento de los bosques y selvas son propiedad social de 8,500 núcleos agrarios. Más del 60 por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas pertenecen a 3,359 núcleos agrarios.

        Ejidos, comunidades, municipios, delegaciones y agencias municipales y, con asegunes, pueblos indígenas, son formas legalmente reconocidas de gobierno local. Tienen, en la mayoría de los casos, mayor cercanía e información relevante que los centros de decisión nacional de los programas públicos. Sin embargo, no participan en los procesos de acompañamiento, diseño, asignación de recursos, o evaluación de estos programas, que de hecho están diseñados no solo para ignorar estas instancias sino para socavarlas.

        Por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal define, para el grueso de sus apoyos, a una población objetivo en la que entran “dueños o poseedores” de terrenos forestales y “grupos participativos de interés común”. De este modo evade el trato con el dueño colectivo y no aborda un enfoque integral para el conjunto de la propiedad ejidal y comunitaria.

        Si el 80 por ciento de los terrenos forestales (bosques y selvas) son ejidos, ¿por qué no mencionarlos por su nombre? ¿Por qué no tratar con ellos? De esta malsana orientación derivan dos tendencias, una es a concentrar los apoyos en la propiedad privada, la segunda es a tratar con subgrupos que dentro de un ejido o comunidad se han apropiado, muchas veces de manera irregular, de una porción de la propiedad social. Esto se facilita porque el trato con la población se maneja por personas físicas y morales que “sin ser servidores públicos” están facultadas para instrumentar las reglas de operación. Es decir que en la práctica se deja en manos privadas la asignación de recursos.

        La que tampoco hace malos quesos es la Secretaría de Agricultura, Sagarpa. Apoya con proyectos productivos a “grupos de productores”. Un grupo, define, es un conjunto de personas que se reúnen para lograr un objetivo común. “Organización rural” es un grupo de personas que unen esfuerzos para conseguir un fin común. Ambos se formalizan con “actas de asamblea” que son los acuerdos del grupo. Con esta palabrería abstracta crea grupos hechizos que substituyen a las entidades formales e históricas existentes y se facilita la corrupción.

        Sagarpa, además, delega su operación en instancias ejecutoras que pueden ser, y de hecho son, sociedades anónimas, asociaciones civiles, institutos, y varios tipos de organismos auxiliares privados. Estas instancias a su vez subcontratan técnicos privados que son los que en campo se relacionan con la población. De este modo en la práctica desaparecen, para la Sagarpa, los ejidos y comunidades que detentan más de la mitad de la propiedad del país.

        Desde la reforma neoliberal de 1992, la propiedad social fue condenada a desaparecer. Los programas sociales han sido punta de lanza del deterioro de su cohesión social mediante la creación de grupos y organizaciones hechizos que son los únicos con los que acepta operar el sector público federal, mediante intermediarios privados. De este modo se envenena la gobernabilidad rural con presiones desintegradoras y se socava su capacidad para tomar decisiones colectivas e instrumentarlas.

        Se dice que en política y en las expresiones de poder no hay vacíos; éstos se llenan por otros agentes. Al deteriorar las formas de gobernanza local lo que se ha hecho es abrir el espacio sociopolítico a la corrupción, la ilegalidad y la violencia. Necesitamos darle un giro de 180 grados a la política social de manera tal que refuerce la gobernanza local de los ejidos, comunidades, población indígena, delegaciones y agencias municipales y, en general, las formas auténticas de expresión colectiva. Esto es indispensable para conseguir los propósitos de bienestar y paz rurales que encabeza Andrés Manuel López Obrador.