El lavadero de los Amigos de Fox

Pablo Cabañas Díaz
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En junio de 2000, pocas semanas antes de las elecciones, el entonces senador Enrique Jackson dio a conocer varios documentos, cuyo origen nunca ha explicado, sobre trasferencias de fondos extranjeros a la campaña de Vicente Fox. Las copias fotostáticas de varios cheques mostrados por Enrique Jackson indicaban que una agrupación llamada “Instituto Internacional de Finanzas”, ubicado en Puebla, había recibido transferencias bancarias desde varios países, especialmente de una empresa de Bélgica. Esos recursos eran depositados en cuentas bancarias de empresas como K-Beta y Tecnología en Impresos de las que era propietario, o socio, el señor Lino Korrodi, responsable de las finanzas de la Alianza por el Cambio. Como diría José Woldenberg, este escándalo “desgastó” a más de un consejero. Pero también fue un debate que se dio en el mayor de los sigilos, un debate en el que la única coincidencia fue que Vicente Fox sabía que su triunfo del 2 de julio de 2000, se había consumado por medios extralegales.

El dinero enviado desde fuera del país no se quedaba allí. Era depositado en cuentas a nombre de familiares de Korrodi o de una misteriosa señora Carlota Robinson, que luego pagaba gastos del grupo Amigos de Fox. Tantas vueltas para mover los mismos recursos eran, por sí solas, sospechosas. Los Amigos de Fox tenían o creían tener motivos para actuar de manera culposa, porque de otra manera no se explica por qué ese dinero era transferido de una cuenta a otra.

Ese lavado de dinero que terminaba beneficiando las tareas de proselitismo de Vicente Fox fue denunciado por Jackson en la Comisión Permanente del Congreso y días después fue motivo de una reclamación formal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Federal Electoral (IFE). Allí se presentaron pruebas de que la señora Robinson había pagado en Televisión Azteca anuncios a favor de Fox.

Parecían configurarse varias infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Está prohibido que los partidos y candidatos en campaña reciban dinero extranjero. Está prohibido que un particular haga contribuciones políticas mayores a 750 mil pesos y el cheque de la señora Robinson era por 900 mil. Además es ilícito que una persona ajena a un partido contrate publicidad de un candidato.

El IFE encontró, apoyado en las evidencias que presentaba la denuncia del PRI, esos gastos habían correspondido a tareas realizadas por los Amigos de Fox antes de la temporada oficial de campañas electorales. La Comisión del IFE encargada de atender esa queja indagó a qué publicidad correspondía el pago realizado por la señora Robinson. Televisión Azteca informó que se trataba de anuncios transmitidos durante 1999, cuando aún no comenzaba el periodo formal de campañas rumbo a las elecciones presidenciales. Esa afirmación fue verificada con el monitoreo de transmisiones televisivas que realiza el IFE.

Aunque los pagos cuyos cheques fueron conocidos se habían efectuado en el 2000, correspondían a gastos hechos antes del periodo para el cual la ley impone restricciones a los candidatos y partidos. Es decir, no había violación del Cofipe.

Además el IFE solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Secretaría de Hacienda información sobre las transferencias denunciadas por el PRI. La negativa de esas dependencias dejó al IFE sin más elementos para proseguir su indagación.

A resolver este problema que había llegado al IFE, se aboco la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos que presidía el entonces consejero electoral y después comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Alonso Lujambio. Después de múltiples denuncias en medios y de fuertes presiones del PRI y el Partido de la Revolución Democrática, el argumento que utilizó Lujambio para neutralizar este conflicto, fue que no había motivo para continuar una averiguación acerca de gastos que no eran violatorios de la ley. Señaló, Lujambio el 9 de agosto de 2001 que “aunque sea discutible, si un grupo no partidario recibe recursos del extranjero, o si un candidato se beneficia de una aportación superior a la que establece la ley, pero para sufragar gastos realizados antes del periodo oficial de campañas, se trata de acciones permitidas por el actual marco jurídico”.

Ese mismo día, cuando el Consejo General del IFE discutió el asunto en una sesión ríspida y muy larga, el consejero Jaime Cárdenas Gracia propuso que aquél presentara su exigencia de información ante el presidente Fox y que en caso de persistir la negativa, se interpusiera un recurso de controversia constitucional. Escudados en apelaciones jurídicas y "vacíos en la ley", siete de los nueve consejeros electorales del IFE desecharon las quejas priista y perredista para investigar los recursos que empresas extranjeras canalizaron a la campaña de Vicente Fox. Se rechazó además la vía de la controversia constitucional o que el IFE solicitara al presidente Fox la información que Hacienda negó insistentemente.

Jaime Cárdenas remitió una misiva a Vicente Fox en la que, “como ciudadano y como consejero”, le solicitó que instruyera a quien correspondiera en la administración pública y a sus colaboradores de precampaña y campaña para que entregaran la información que requería el IFE para cumplir con su función.

No sigamos rindiéndole culto a la opacidad de los actos políticos, a la desinformación pública y a la elusión de las normas constitucionales, le dice Cárdenas al presidente en la misiva.

En rechazo a los dictámenes y la controversia constitucional o solicitar la información a Vicente Fox votaron José Woldenberg, el propio Lujambio, Gastón Luken, Jacqueline Peschard, José Barragán, Mauricio Merino y Virgilio Rivera. En contra sufragaron Jaime Cárdenas y Jesús Cantú.

El 3 de septiembre de 2002, el Juzgado Cuarto de distrito en materia administrativa concedió la “suspensión definitiva” a la agrupación Amigos de Vicente Fox, con lo que consiguió evitar que el IFE, recibiera de la CNBV un reporte de los movimientos bancarios efectuados por la agrupación que financió la precampaña y parte de la campaña de Fox.

La decisión del juez ratificó que en relación con las investigaciones sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial foxista: El destino de las pesquisas estaba en manos del Poder Judicial. Los Amigos de Fox señalados como intermediarios en las transferencias de dinero recibieron la protección de diversos jueces para que sus cuentas empresariales y personales no fueran sometidas al escrutinio de las autoridades electorales.

Lino Korrodi y sus empresas Alta Tecnología en Impresión, SA de CV y K-Beta SA de CV; Carlota Robinson; Carlos Rojas Magnón; Bancomer-Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), así como Amigos de Vicente Fox gozaron de “suspensiones definitivas” que los mantuvo fuera del alcance del IFE.

El 4 de septiembre de 2002, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad en la materia, y cuyas resoluciones son definitivas e inatacables, determinó que el IFE es, para efectos de fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos, autoridad hacendaria, es decir, no están sujetos al secreto bancario. Sin embargo, por la vía de los jueces tal decisión fue bloqueada.

         El tema había quedado de tal manera fuera del ámbito de la autoridad electoral y en el ámbito del Poder Judicial que algunos jueces negaron incluso el carácter de “tercero perjudicado” al IFE, dado que argumentaban que era un conflicto entre la CNBV y un particular, y no materia del ámbito electoral. En tanto, para tener mayor protección los amigos del presidente interpusieron recursos de queja contra la decisión de los jueces de reconocer al IFE como interesado.

Los presuntos implicados en el supuesto financiamiento ilegal a la campaña foxista mantuvieron al IFE fuera del litigio, dado que si los jueces asumían que se trataba de un asunto electoral, no sólo tendrían que negar definitivamente el amparo, sino declararse autoridad incompetente para conocer del caso (el TEPJF pertenece al Poder Judicial) y la Ley de Amparo establece que este recurso es improcedente en materia electoral.

Se habló de “dinero negro”, se cuestionó la legitimidad del presidente Fox, se cuestionó al consejero Alonso Lujambio, y José Woldenberg no pudo ocultar lo mucho que lo tensaban las posturas de Jaime Cárdenas y, al final, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) se dolió de un “trato injusto” por la multa “excesiva”, Juan Guerra, representante del PRD ante el IFE, le reviró a quien años después sería el secretario particular de Felipe Calderón, Rogelio Carbajal: “¡La Presidencia les salió barata!” Y lo conminó: “De manera que no se quejen porque 500 millones de pesos por una Presidencia... les salió barata”, y parafraseando a Vicente Fox concluyó que su elección fue “una marranada”.

La ganó apuntó Guerra violando la Constitución, con financiamiento paralelo, rebasando topes de campaña y con recursos del extranjero. Pero en este consejo del IFE, no hay distinción, a la hora de sancionar, entre faltas administrativas y violaciones graves a la Constitución”.

Tres años de litigio resumidos en 21 tomos (más de 4 mil páginas), que recuperan los pasos que algunos creyeron perdidos de Fox y sus amigos en campaña, fueron puestos sobre la mesa del Consejo General del IFE. Y el saldo fue la multa de 545 millones 169 mil 649 pesos con 45 centavos para la coalición que lo registró, la Alianza por el Cambio, formada por el PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Como Fox era militante del PAN y fue su candidato antes que de los verdes, 360 millones 971 mil 39 pesos con 40 centavos fueron pagados por el blanquiazul y el resto, 184 millones 198 mil 610 pesos con cinco centavos, por el PVEM, pese a que éste juró ser ajeno al manejo irregular.

Cinco horas con tres minutos de encono entre consejeros y entre representantes de partidos. De un debate en el cual ni siquiera el PAN alegó la ignorancia de Fox en el caso, ni un atisbo de intención que lo dejara al margen. Rogelio Carbajal, representante del panismo, sólo se empeñó en sostener hasta el final que su partido nunca supo lo que estaba haciendo Amigos de Fox y que de lo más que se le podría acusar es de “omisión”, de no haberse percatado de lo que estaba pasando. Por supuesto que nadie le creyó, y en el salón de sesiones del IFE se escuchó un largo murmullo.

Responsable de la investigación a Amigos de Fox, a Lujambio le tocó defender el polémico dictamen. Un apretado resumen de las operaciones financieras para terminar rebatiendo el argumento central de los partidos enjuiciados; era materialmente imposible que ellos y su candidato desconocieran el origen del financiamiento. Cuestionado por todos y por todo, defendió su dictamen hasta el final y, cuando el PRI lo increpó porque en el documento no había un señalamiento directo contra el candidato del PAN, Lujambio respondió que en todo el entramado “Fox sí jugó un papel, está documentado y pormenorizadamente explicado” en el dictamen.

Con Alonso Lujambio votaron los consejeros José Woldenberg, Mauricio Merino, Jesús Cantú cuyos afanes releccionistas lo llevaron a quedarse callado durante el debate, Gastón Luken y Jacqueline Peschard. La sexteta que siempre respaldó los dictámenes de la Comisión de Fiscalización. En la mesa del Consejo General, había 22 miembros, y “curiosamente” eran siempre seis los que llegaban a las sesiones “con un voto prestablecido” y no escuchaban al resto de los miembros del Consejo.

Convencido del fondo y la forma del dictamen, el entonces consejero Mauricio Merino reivindicó el monto de la multa y los procedimientos para llegar a ella: “Fueron correctos y no los que caprichosamente se hubieran querido inventar por éste o aquel actor político”. Su pronunciamiento fue una respuesta a los cuestionamientos de Jaime Cárdenas de que no se castigó al PAN por el “fraude a la ley” en que incurrió al montar, junto con Amigos de Fox, una red de financiamiento paralelo para eludir la fiscalización del IFE. Merino colocó a Fox como el eje de las acciones ilegales.

II

El costo de la Presidencia para el PAN fue de 360 millones 971 mil 39 pesos con 40 centavos, para José Woldenberg, entonces presidente del Consejo General del IFE, lo ocurrido fue una victoria del órgano electoral, más allá del desgaste de las personas. Hizo el recuento de los “obstáculos” que debieron enfrentar y pidió a todos: “Miren la dimensión de la tarea que hizo el IFE en torno a una queja que involucra nada menos que al Presidente actual... el IFE no se amilanó ni se amedrentó, pero tampoco estuvo al lado del tribunal de la opinión pública ni de la especulación ni el juicio exprés... no edulcoramos los actos, pero tampoco los inventamos o los agravamos... si quieren una muestra de autonomía y aplicación irrestricta de la ley, aquí la tienen”.

Gastón Luken votó en favor del dictamen, pero no estaba tan eufórico como el presidente del consejo. Expresó su convicción de que el documento tenía elementos suficientes para acreditar las sanciones impuestas, pero también dijo que “no es lógico ni creíble” el argumento de que los partidos coligados con Fox fueran ajenos a las andanzas. Lamentó que los involucrados en el caso hayan lastimado “el voto” que recibieron el 2 de julio de 2000, porque “el fin pretendido no justifica los medios extralegales utilizados” y a la postre el triunfo “se ve mermado en términos de ética política y social”.

Pidió al consejo que “se dé alcance” de todo el contenido del dictamen a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que ésta pueda deslindar responsabilidades personales en el caso, dado que al IFE la ley sólo le permite sancionar a partidos. Pero en esta escena de teatralidad había un mensaje oculto: no había una condena a la persona de Vicente Fox en el dictamen.

Jaime Cárdenas y José Barragán, constitucionalistas los dos, cuestionaron no sólo la exhaustividad de la investigación, sino la construcción jurídica del dictamen. Ambos demandaron mayor castigo, en función del “dolo” con que actuaron el PAN y Amigos de Fox, y también deslindaron al Verde, al imputarle sólo una responsabilidad “culposa”. No hay en el dictamen, dijeron, una sola prueba documental de la complicidad del PVEM. Se abstuvieron en la votación y no votaron en contra porque su postura era que la conducta de los partidos coligados era sancionable.

También el consejero Virgilio Rivera se abstuvo. Pero al contrario, él lo hizo por considerar desproporcionada y “alejada del principio de equidad” la sanción impuesta. Le pareció muy elevada. El 15 de octubre de 2003, Eduardo Huchim publicó un artículo en el que señalaba que el IFE sí incurrió en una importante omisión, al no ser exhaustivo, en un primer momento, en el caso Amigos de Fox, en virtud de que:

a) “El IFE no investigó a varias personas físicas y morales, entre las que figuraban nada menos que Lino Korrodi Cruz, el fideicomiso de Rojas Magnon y Carlota Robinson Kauachi. “En autos no consta alguna actuación por la cual se pusiera de manifiesto la intención de investigar la existencia y ubicación de las personas mencionadas...

b) “Fueron deficientes las diligencias con las cuales se intentó localizar a las empresas K-Beta, Grupo Alta Tecnología en Impresos y ST and K de México, así como a la sociedad Amigos de Fox.”

c) “En esa virtud, no puede decirse que la investigación se haya agotado, pues ni siquiera se llevaron a cabo las diligencias con las que lógicamente debió iniciar...

d) “No fue correcto que la autoridad electoral aceptara la negativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a proporcionar informes sobre diversas operaciones bancarias”.

La experiencia señala que las crisis políticas se presentan cuando los gobiernos y los liderazgos no responden a las expectativas sociales.

III

En 2018, Fox deberá explicar muchas cosas entre ellas si sigue manteniendo su red del lavado de dinero. En España, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía ha descubierto supuestos pagos sospechosos desde empresas del hijo primogénito del expresidente Cataluña Jordi Pujol Ferrusola, a Ana Cristina Fox de la Concha, una de las hijas de Fox.

En su informe 19.150 UDEF-Bla-G24, que la policía española envió al juez de la Audiencia, José de la Mata el 26 de mayo de 2016, los investigadores dedican un apartado muy largo a los negocios del hijo de Jordi Pujol en México. En un documento de 123 páginas, la policía expone que entre diciembre de 2009 y julio de 2011, la empresa Iniciatives Marketing i Inversions, una de las múltiples mercantiles de Pujol hijo, realizó pagos a una persona llamada Ana Cristina Fox de la Concha (mismo nombre y dos apellidos que la hija de Fox) y a una tercera persona, Rodrigo Taracenas, por valor de 45.717 euros. (2.384 euros en 2009, 38.730 euros en 2010 y 14.603 euros en 2011). El concepto de esos pagos fue el supuesto alquiler de un inmueble en Ciudad de México a nombre de otra de las empresas de Pujol, Ecrem: https://aristeguinoticias.com/0802/mexico/supuestos-sobornos-a-la-familia-del-ex-presidente-fox-reporte-de-manuel-de-santiago-video-completo/

Pero la UDEF duda y mucho de la versión del alquiler y apunta a otras motivaciones. La UDEF dice que todo podría ser efectivamente una “casualidad” y que la persona cuyos nombres y dos apellidos coinciden con la hija de Fox, no sea realmente ella. Pero insisten en que hay “muchos pormenores que suscitan suspicacias”.