El fracaso de la política social

Jorge Faljo / Faljoritmo
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En el artículo de la semana pasada comenté que la próxima administración de Sagarpa empezaría por tirar a la basura sus actuales reglas de operación. Muy bien. Esto porque el fracaso de la política agropecuaria, además de las de reforestación, de protección ambiental y el conjunto de las políticas de desarrollo social se explican por sus malas estrategias de operación.

No siempre fueron tan malas. La actual situación se remonta a principios de este siglo cuando la entonces nueva administración panista, con una gran desconfianza de la burocracia que heredaba. Su diagnóstico implícito fue que la relación entre burocracia y organizaciones, ambas consideradas priistas y antagónicas, constituían un fuerte riesgo político. Por ello se propuso limitar los contactos directos entre el personal medio y operativo con grupos, organizaciones, ejidos, comunidades y demás.

Para ello adelgazó la burocracia, en particular los puestos de contacto directo con la sociedad, restringió los gastos de salida a campo (gasolina, viáticos y demás), colocó la asignación de recursos de desarrollo social en concursos en internet y una red de intermediarios privados que jamás se alejó de las carreteras, y creó una intrincada normatividad que impedía cualquier aplicación del criterio profesional de un mando medio en la asignación de recursos. La contraloría pasaría a vigilar el estricto cumplimiento de rituales burocráticos sin ocuparse del cumplimiento de objetivos, del desempeño y de la eficacia del gasto.

Hasta aquí el recuento de mi artículo anterior. Sin embargo, se quedaron un par de cosas en el tintero que quisiera añadir.

Una de ellas es la política de ciudadanización de la atención pública. Ésta se aplicó de manera tal que solo se atendían las solicitudes, peticiones, quejas y demás planteados por el directamente afectado. Con ello se invalidó a la mayoría de las formas de representación social.

Por ejemplo: Un comisario ejidal del sureste me explicó que él no podía interceder cuando algunas señoras dejaron de recibir la asignación del programa Oportunidades (más tarde Prospera) porque en la oficina correspondiente señalaban que no era el ciudadano afectado. Para éste y otros trámites debían acudir, a las oficinas municipales, y las más de las veces a las ubicadas en la capital del estado. Pero resulta que en general los beneficiarios y otros interesados en los programas de desarrollo no tienen el tiempo y los recursos para los gastos de viaje, comidas y demás, y si logran presentarse en las oficinas son fácilmente manejables y se sujetan a dilación burocrática en el mejor de los casos.

De ahí que ciudadanizar fuera en realidad romper el contacto y desprestigiar a las autoridades ejidales, comunitarias y sociales.

Cierto que en las comunidades se aparecían agentes usualmente llamados técnicos que hablaban de esos programas, recogían información y llenaban formularios. Pero estos eran, y son, en realidad agentes privados con funciones limitadas, al servicio de la burocracia, pero no de transmitir las inquietudes de la gente.

Se me puede criticar diciendo que sí se establecen relaciones entre las instituciones y programas y grupos organizados. Cierto. Pero son en general grupos y organizaciones a modo; creados específicamente para interactuar con un programa.

De hecho, los programas sociales generan una enorme cantidad de organizaciones. Cada programa junta 10 o 20 beneficiarios y los declara organización y es con sus integrantes, estrictamente beneficiarios directos, con los que se va a comunicar en el futuro. De este modo se brincan a las formas de representación históricas, tradicionales o de auténtica raigambre social.

Es mucho más fácil operar los programas públicos con organizaciones hechizas y a modo, que tratar con verdaderas representaciones del interés colectivo de la comunidad, el ejido, el pueblo o el grupo indígena. Además, como solo entran los beneficiarios, y éstos por poco y mal que se les de algún recurso, siempre son agradecidos.

Sea a propósito o no, esta estrategia imprime en cada localidad la desorganización propia de múltiples programas que llegan sin una visión integral de los intereses de la población. Al armar grupúsculos de beneficiarios introducen en la comunidad diferencias, rivalidades, desconfianzas y envidias. Es decir que el sector público con sus programas genera activamente deterioro de la cohesión social.

Valgan dos anécdotas. En alguna comunidad después de una tormenta varias familias acudieron a reparar el tejado de una vecina, pero no de otra. El motivo es que la segunda recibía dinero del gobierno, por lo tanto, que se las arregle como pueda.

La segunda anécdota es la de una señora que en los alrededores de Cuetzalan, Puebla, comentó que ella se salió del programa Oportunidades y perdió el apoyo correspondiente. Al preguntarle el motivo me dijo, para mi sorpresa, que lo hizo porque la nombraron representante del programa en su localidad. Como no entendí me explicó que si era representante tendría que asignarles tareas a las demás: las calles, lavarle la ropa a la enfermera de la clínica, recordarles que fueran a las juntas de información y cosas por el estilo. Si hacía eso perdería a sus amigas; así que mejor renunció.

         Lo cuento para señalar que las organizaciones a modo, sin raíz local y creadas por los programas, tienden a operar de manera vertical como representantes burocráticos y no como medios democráticos de participación social. El deterioro de la cohesión social y la dispersión organizacional generada por los programas públicos en el medio rural crea las condiciones del fracaso de esos programas. Impide un verdadero dialogo con la población y evita enfoques integrales para tomar decisiones de conjunto e instrumentarlas.

¿Resultados? La reforestación es un éxito, pero avanza la desertificación. Prospera es excelente, pero 20 millones de mexicanos no acceden a una nutrición suficiente y adecuada. El gasto en desarrollo rural es fuerte pero la mitad de la población es pobre. El gasto en fomento agropecuario supera el promedio latinoamericano, pero importamos el 40 por ciento de los granos básicos. Abundan las organizaciones, pero crece la ingobernabilidad y la violencia.

La oferta social, económica y de pacificación de la próxima administración federal demanda dejar atrás esta manera de operar de los programas públicos y restablecer el dialogo, respetar los verdaderos mecanismos de participación y rendir cuentas hacia la población vulnerable de este país.