En 1981, el país que según su presidente debía administrar la prosperidad se sumió en una larga crisis que ha significado el abatimiento de los salarios reales, desempleo masivo y persistente, un deterioro sostenido del nivel de vida y devaluaciones periódicas que evidencian la debilidad intrínseca de la economía mexicana, que desde entonces, atada a las exigencias de los acreedores extranjeros, crece en promedio menos de uno por ciento anual.

En tales condiciones, con gobiernos perrunamente fieles a los dictados del Fondo Monetario Internacional, la vida económica se rige por un modelo que privilegia a los ricos y condena a los pobres a ser cada vez más numerosos y cada vez más pobres. El Estado, en manos de una tecnocracia dogmática y deshumanizada, ha abandonado la rectoría económica que tuvo en el México posrevolucionario para dejarlo todo a las fuerzas del mercado, que ciegas y sordas ante las necesidades sociales, han realizado una labor de depredación mayor que la ocasionada por nuestras guerras civiles del siglo XIX.

El resultado es la prosperidad de los sectores ligados a la exportación y la tutoría estatal en favor de los grandes capitales, especialmente de los banqueros, a quienes se han otorgado todos los beneficios, incluido el de no tener que absorber pérdida alguna por los créditos que no puedan cobrar, pues el PRI y el PAN decidieron que esas cuentas las pagarían los contribuyentes.

Mientras en las alturas se despliegan impunemente las pillerías del mundo financiero, abajo, en el México de la mayoría, empleados y obreros ven disminuir su ingreso real y sus prestaciones al mismo tiempo que se deterioran los servicios educativos y de salud que reciben. En estos años de neoliberalismo -o como se llame esta peste que cayó sobre el país- los sindicatos han sufrido una embestida brutal que incluye onerosas campañas de prensa para desprestigiarlos, para ablandar a la opinión pública antes de privarlos de logros legales y legítimos, como acaba de ocurrir con los trabajadores del Seguro Social, a los que en un caso sin precedente el Congreso de la Unión, otra vez con el PRI y el PAN en vergonzoso amasiato, amputó sus conquistas laborales, en un experimento que se pretende aplicar a otros sectores.

Si así les va a los trabajadores organizados, es imaginable la situación de aquellos que ni siquiera tienen la relativa ventaja de un empleo estable. En los sótanos de la economía, la mitad de la fuerza de trabajo forma un inmenso ejército de tragafuegos, franeleros, limosneros de todo tipo y vendedores ambulantes que se disputan ínfimos pedazos de pavimento en busca de la sobrevivencia, sin medicina social, sin esperanzas de jubilación ni prestación alguna.

Muchos mexicanos, sobre todo campesinos, tratados como extranjeros en su patria optan por emigrar en busca de oportunidades. Cuatro millones de hombres y mujeres se arriesgan y deciden enfrentar el odio racial en la frontera con Estados Unidos. Cada año son cientos los que mueren en ese intento y decenas de miles son deportados, generalmente con violencia y humillaciones sin cuento. La mayoría de los que se van regresa a sus lugares de origen, pero unos 300 mil o 400 mil se quedan allá en forma definitiva. Los que vuelven y los que emigran para siempre envían anualmente 14 mil millones de dólares, suma que amortigua la miseria de sus familias.

Los empresarios que crean empleos afrontan los obstáculos más absurdos, requisitos interminables y un régimen fiscal depredatorio; la clase media prácticamente ha desaparecido y sus restos son devorados por los buitres que los obligan a pagar enseñanza privada para sus hijos, pues la educación pública tiene más de dos décadas sometida a un deterioro constante. No es casual que muchas parejas jóvenes y con estudios universitarios decidan irse a Canadá, donde a los migrantes de alta escolaridad se les ofrecen oportunidades y una calidad de vida que México ya no puede ofrecer.

En suma, los mexicanos han perdido motivos para sentirse orgullosos de su país. Más de veinte años de expoliación, de humillaciones, de autoritarismo y demagogia les han hecho perder hasta las ilusiones. La pandilla unificada de panistas y priistas es la culpable de que se hayan socavado en México las bases de una convivencia civilizada. La candidatura de Vicente Fox despertó grandes expectativas en el 2000 y, entre los ilusos que creyeron en él, su actuación ha sido causa de un desencanto generalizado. Hoy, muchos ciudadanos se preguntan si México es un país viable. No ven que tenga futuro como nación soberana y advierten que su independencia está hipotecada.

En medio de ese paisaje desolador ha ido creciendo la figura de Andrés Manuel López Obrador, un político que suscita fobias enconadas en algunos y entusiasmos arrebatadores en una amplia mayoría que lo favorece en todas las encuestas. Entre sus enemigos están los banqueros ladrones -valga la redundancia- y la tecnocracia que maneja las finanzas públicas y esteriliza las energías nacionales. Un hombre así sólo puede ser visto como una amenaza por los beneficiarios del estancamiento económico y por los funcionarios públicos que están al servicio del bandidaje financiero. Lo detestan y le temen, pues si llega a ocupar el Poder Ejecutivo federal, suponen, someterá a revisión las cuentas de los banqueros, mandará a la cárcel a los defraudadores y cancelará los privilegios.

A favor de AMLO están los ancianos, las madres solteras y los niños que reciben ayuda económica directa del gobierno capitalino. Pero no sólo ellos. Por él votarán, si lo dejan ser candidato, los ciudadanos de todo el país que quieren un régimen semejante en sus estados. Lo apoyarán igualmente los que esperan la reactivación económica como se espera la lluvia después de tantos años de sequía. Contará con el respaldo de los sectores nacionalistas, con los que alguna vez estuvieron orgullosos de que el petróleo y la electricidad fueran patrimonio nacional, los que mandaban a sus hijos a las escuelas públicas con la certeza de que ahí tendrían la mejor educación, los que estaban tranquilos porque existían el Seguro Social y el ISSSTE, los que construyeron el país que la irresponsabilidad de López Portillo llevó a la quiebra.

Orador poco afortunado, los logros de López Obrador no son de saliva. La gente lo juzga por sus hechos, por la austeridad franciscana que ha impuesto para él y sus colaboradores, por su capacidad para proponerse algo y materializarlo, por su sencillez y su repelencia hacia todo burocratismo. Con enemigos tan formidables como los mencionados, es obvio que quieran marginarlo de la carrera presidencial. Lo lamentable es que sea el propio presidente de la República, Vicente Fox, quien está al frente de esa cruzada en la que malamente ha involucrado a las instituciones.

En su afán de inhabilitar a López Obrador, sus enemigos han ensayado todas las trampas y recurrido a todas las argucias, pero cada intento ha fracasado ante la inteligencia de una sociedad a la que los medios no han podido ocultar todas las verdades ni todas las mentiras. Ahora están empeñados en desaforarlo y someterlo a juicio para declararlo culpable en el momento que les convenga e inhabilitarlo como candidato. Juegan con lumbre. Muchedumbres de mexicanos están dispuestas a tomar las calles y a ir hasta donde sea necesario en defensa de la legalidad y de ese político en torno del cual se ha ido tejiendo la gran esperanza colectiva.

Por supuesto, Andrés Manuel López Obrador sólo es un ser humano con aciertos y errores, con una gran fuerza interior y con debilidades notorias, como su evidente menosprecio por la cultura, su entrega del Zócalo a una empresa mercantil que corrompe el gusto de la gente, de esa gente a la que el gobernante local se refiere una y otra vez y de la que espera siempre su comprensión y aprobación cabales, pues hay en él un ánimo mesiánico, una convicción profunda de que obra de buena fe y que sus resultados deben ser necesariamente plausibles. En esa sicología hay que buscar la causa de su incomprensión de la marcha blanca, la del 27 de junio, que él ha entendido como una injusta condena a su gestión, cuando que en los hechos se trata de una muy explicable demostración del hartazgo ciudadano ante la violencia criminal, de la cual son responsables todos los funcionarios, en primerísimo lugar el presidente de la República.

En este libro, Eduardo Ibarra ha reconstruido el trayecto iniciado el 5 de diciembre de 2000. Con pluma ágil y rigor periodístico, el autor retoma los hechos de que todos hemos sido testigos y los presenta reunidos y ordenados. En forma articulada vuelve sobre los pasos de López, de este López nacido en Macuspana y proyectado al cielo en el Distrito Federal. En esta reconstrucción de los días y los años obradores, están desde luego los dichos y los hechos del gobernante, pero también una confrontación de juicios periodísticos, análisis en frío y ataques en caliente; notas y apreciaciones, mitos y relatos, algunos que van hasta lo emocionante, como ese de Jaime Avilés sobre el sepelio de la esposa de López Obrador.

Por momentos el autor se mete en el debate, opina, califica y hasta descalifica. Se puede decir que le gana la pasión, pero difícilmente alguien puede sustraerse a la gran polémica que despierta el gobernante del Distrito Federal. Por eso, este volumen es también una invitación a discutir y a formarse un juicio documentado, pues un mérito más de Ibarra es que pone al lector frente a los hechos para que cada quien juzgue a su manera, pero plenamente enterado; porque este libro es hijo del oficio, pero es también la crónica de un hombre de su tiempo, actor y testigo de momentos cruciales, como suele serlo el periodista que frente a los acontecimientos se mete y se compromete. Eduardo Ibarra es de esos.
¡Bienvenidos a la historia!

Humberto Musacchio

Introducción

No conozco personalmente a Andrés Manuel López Obrador, titular de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal desde el 5 de diciembre de 2000.

Más aún: entre el poderoso aspirante a la candidatura presidencial y el autor de este libro no se ha producido ningún intercambio oral o epistolar.

Sé, por Francisco Solís Peón, mejor conocido como Pancho Cachondo, exasambleísta expulsado del Partido Acción Nacional, que el gobernante de los capitalinos me favorece con una generosa opinión sobre mi quehacer y trayectoria  profesionales. Pero nada más.

El editor de este volumen, Salvador González Marín, siempre sostuvo la idea de realizar una entrevista al macuspense. Sobre todo cuando la propuesta original consistía en realizar una semblanza de López Obrador.

Los hechos por todos conocidos, genéricamente llamados videoescándalos, gracias a la creatividad de los colegas para resumir en una palabra sucesos de gran alcance, modificaron el proyecto en su origen y obligaron a situarlo más en la coyuntura política que empezó a crearse a principios de marzo pero que maduró plenamente en la víspera del día de las fuerzas del trabajo y la cultura que el millar de dueños de la aldea global no logra, por fortuna, borrar del calendario cívico.

Con la nueva visión editorial, la entrevista resultaba menos necesaria. Y los márgenes para la construcción desprejuiciada de esta investigación periodística se ensancharon más.

Las fuentes bibliográficas y hemerográficas que respaldan este libro están al alcance de los lectores y los actores de esta historia todavía en curso. Su abundancia no aconseja registrar todos los créditos en forma pormenorizada, para evitarle a usted, amable lector, el farragoso rosario de fechas, medios, declarantes y protagonistas. En beneficio, por supuesto, de una mejor lectura.

No todos los testimonios orales cuentan con la autorización expresa de sus autores para hacerlos públicos. Opté, por ello, por reservarme la publicación de las fuentes.

En cualesquiera casos, cuanto aquí está contenido, negro sobre blanco, es de mi exclusiva responsabilidad.

A Graciela Aguirre Chávez,

Catarino Ibarra Torres,

María Luisa Ibarra Erreguerena,

Andrei Ibarra Martínez y

Alexis Ibarra Martínez

por su decisiva presencia.

I. La prefiguración del proyecto

Los primeros trazos

Desde su toma de posesión, el mediodía del 5 de diciembre de 2000, Andrés Manuel López Obrador dibuja los trazos de su programa de gobierno.

Lo hace frente a Vicente Fox Quesada, novel presidente de la República; el contrincante de éste en la elección presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; la sustituta del ingeniero en la jefatura de Gobierno, Rosario Robles; la crema y nata de los dueños del país y, por supuesto, el pleno de los asambleístas capitalinos y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), en el viejo edificio de Donceles, después de descender del taxi ecológico placas 508619, porque desde entonces empieza a gobernar con el pie izquierdo.

Un grupo de 150 esposas, en su mayoría, bloquean el paso al vehículo en la intersección de Eje Central y Chimalpopoca para exigirle “bono sexenal para policías y jubilados”. Ofrece atender el problema, unas le franquean el paso y otras, teatralmente, se acuestan en la calle. El célebre Tsuru II queda bloqueado.

Los reporteros de Televisa ofrecen trasladarlo en sus motocicletas. Declina amablemente.

—Si quiere llamamos a los bomberos y los desalojamos a manguerazos.

La propuesta es de un espontáneo. El afectado sólo sonríe. Aparece un jefe policiaco y previo saludo militar, le dice:

—Señor, aquí está una camioneta a su disposición.

Nueva declinación. Opta por caminar y aborda un taxi como Pedro por su casa.

Los autores intelectuales de la protesta, nunca queda clara su filiación partidista, sólo logran que el gobernante electo retrase cinco minutos su conversión a jefe de Gobierno.

—Se nos hizo un poco tarde, ciudadano presidente.

Es la fórmula que emplea el hombre nacido en 1953 en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, al incorporarse al acto del que es actor central y el único que falta para  empezar la transmisión del mando capitalino.

Consumada ésta, define como su objetivo principal “encender la llama de la esperanza; una esperanza que es fe en la viabilidad de esta ciudad y en un futuro digno y mejor para todos...

“A eso convocamos: a construir entre todos la esperanza, para darle a cada niño, a cada joven, a cada anciano, a cada mujer y a cada hombre, nuevas, importantes y poderosas razones para vivir, para soñar y para triunfar en esta ciudad generosa y fraterna...

“Para lograr este propósito existen condiciones inmejorables. Hay una voluntad colectiva a favor del cambio: la gente demanda participar en la construcción de una nueva legalidad, de una nueva convivencia, de una nueva República”.

Otros haberes: Los habitantes del Distrito Federal (DF) poseen una sólida tradición de lucha por la democracia, la justicia y la solidaridad; los más altos niveles de escolaridad del país; los principales centros culturales, turísticos, financieros y administrativos de México. Aquí se produce el 23 por ciento de toda la riqueza que se genera en la nación. Es decir, “una inmensa reserva de energía que puede ser desatada y encauzada con el propósito de convertir a la ciudad en un espacio para el mejoramiento y el disfrute de la vida...”

No les regatea méritos a sus antecesores, porque la ciudad y el país no nacen ni se inventan cada sexenio, como parecía hasta fines del pasado siglo: “En este objetivo central de hacer de México la ciudad de la esperanza, nos animan los logros alcanzados por el primer gobierno democrático del Distrito Federal. Pese a los injustos recortes presupuestales y a la furiosa campaña publicitaria en su contra, las gestiones del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y de Rosario Robles demostraron que es posible cimentar y consolidar una nueva relación entre pueblo y gobierno y que puede revertirse el deterioro de las condiciones de vida”.

Para el novel gobernante “La esperanza implica una visión de futuro. Sin ella, la acción transformadora es imposible. Pero esta visión no puede basarse sólo en la imaginación y los buenos deseos. Debe sustentarse en el diagnóstico preciso de los problemas, en el conocimiento de los medios con que se cuenta y en la formulación de planes claros y realistas... debe plasmarse en un proyecto global de ciudad, elaborado y compartido por todas y por todos”.

Dentro de éste destaca el compromiso de llevar a buen término la reforma política del DF —el gran pendiente hasta rebasar el cuatrienio gubernamental, digámoslo de una vez, bloqueado como está por los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). Precisamente porque no se construye lo que ya se registra como indispensable: el acuerdo con todas las organizaciones ciudadanas, sociales y políticas que culmine en la primera constitución política del DF.

El proyecto enunciado por AMLO, siglas con las que comúnmente se le denomina en títulos y subtítulos impresos, es ambicioso: “Esa constitución debe responder a las particularidades de la entidad y a las necesidades de sus habitantes. Y debe contener una visión avanzada de la democracia, sobre todo en lo relativo a los derechos sociales, la rendición de cuentas, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato y otros instrumentos propios de la democracia participativa”.

Puntualiza ante el azoro del presidente Fox: “En nuestra concepción, la democracia no sólo es el gobierno para el pueblo, hecho en su nombre y en su beneficio, sino el gobierno del pueblo y con el pueblo.

“No se trata únicamente de impulsar el activismo de la ciudadanía como complemento de la actuación del gobierno, sino de compartir el poder y las responsabilidades con los ciudadanos. La democracia se logra a plenitud cuando el pueblo se organiza y se gobierna a sí mismo”.

Tras la definición, el compromiso: “Vamos a gobernar desde la base, desde abajo y con la participación de todas y de todos. Tenemos que hacer realidad un principio: el mejor gobierno es aquel en el que todos nos sentimos parte.

“Para ello, avivaremos los comités vecinales como órganos de representación ciudadana. Impulsaremos la reforma al marco legal para otorgarles más facultades y, en cada una de las 1,352 unidades territoriales en que se encuentra dividida la ciudad, los comités actuarán como auténticos gobiernos vecinales”, asume como compromiso de gobierno y muestra el camino y el instrumento:

“En el corto plazo, el propósito es bajar hasta las unidades territoriales, recursos y acciones destinados al desarrollo social. Todo ello quedará plasmado en 1,352 Programas integrales territoriales para el desarrollo social, en cada uno de los cuales se especificarán las acciones, los alcances, los beneficios, el presupuesto y las dependencias responsables de su ejecución.

“Se trata de radicar el presupuesto en el territorio y publicar bandos para que todos los ciudadanos conozcan los compromisos del gobierno y estén en condiciones de participar, supervisar y dar seguimiento al uso adecuado de los recursos públicos.

“En el mediano y largo plazos, en la medida que vaya avanzando la organización vecinal, se podrá lograr que estos programas integrales se elaboren desde la asamblea de vecinos, con sólo definir las normas y asignar un techo financiero por unidad territorial. Con ello haremos realidad y vincularemos la participación ciudadana y la planeación democrática”.

La denomina estrategia de corresponsabilidad y establece como otro eje fundamental el impulso a las organizaciones de la sociedad civil. “También con ellas queremos compartir el poder y las responsabilidades”.

De la democracia política pasa a la social. “Para combatir y disminuir la delincuencia no basta con la acción de los cuerpos policiacos, ni con la creación de más reclusorios, ni con el aumento en la severidad de las penas, ni con las amenazas de mano dura. La clave está en garantizar una sociedad con mejores oportunidades para todos. De modo que la solución de fondo al problema de la delincuencia pasa por combatir la pobreza, que socava la cohesión de la familia e induce al desorden y a conductas antisociales.

“La idea central del nuevo gobierno será frenar el empobrecimiento del pueblo, no sólo por razones humanitarias, sino para empezar a revertir la descomposición social. Conviene que todos vayamos aceptando que la fraternidad no sólo tiene rostro humano, sino que constituye el método más eficaz para garantizar la seguridad y la tranquilidad públicas. Por eso sostenemos que por el bien de todos, primero los pobres”.

Reivindica el fortalecimiento de la familia como la estrategia de fondo para combatir a la delincuencia no organizada, porque la familia es la institución que más ayuda, la que más educa y la que imprime esencialmente los principios morales.

“La familia mexicana, por tradición, ha sido siempre solidaria y fraterna. Sin embargo, la crisis económica y el desplome del bienestar social la han sometido a fuertes presiones que socavan su integridad. Resulta indispensable, por eso, poner en práctica un programa especial de fortalecimiento a la economía y a la integración familiar”.

Pero no hay que confundirse, advierte, porque en esta añeja y delicada materia también tiene propuesta: “No estamos hablando de un concepto convencional de la familia, con predominio autoritario del hombre. No se trata de reincidir en esquemas obsoletos, de otras épocas en que las mujeres no trabajaban fuera de la casa y estaba prohibido hablar de sexualidad. Estamos hablando de llevar a la práctica acciones de apoyo a la familia en el contexto de los cambios que se han venido presentando en las relaciones familiares: igualdad de géneros, respeto mutuo, derechos de los niños, autonomía, toma de decisiones mediante la comunicación y el destierro de la violencia. Es decir, en el marco de lo que debe ser una familia democrática”.

Aquí es cuando surge el compromiso del gobernante madrugador. “El problema de la inseguridad pública amerita ser atendido con prioridad. Por eso he decidido asumirlo de manera directa y me he comprometido a reunirme diariamente, a las seis treinta de la mañana, con el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, para recibir el parte policiaco y tomar decisiones que permitan actuar con mayor efectividad en el combate a la delincuencia. Todo ello en el marco de la legalidad y con absoluto respeto a los derechos humanos”.

(Cuenta José Francisco Ortiz Pinchetti que cuando es invitado por Andrés, como él le llama, a formar parte de su equipo como segundo hombre, una sola condición le establece: no asistir a las madrugadoras reuniones).

Si ganó la elección y arriba a la jefatura de Gobierno capitalino con el lema de la honestidad valiente, no sorprende al anunciar: “Limpiaremos de corrupción todo el sistema de seguridad pública e impartición de justicia. La meta es cero impunidad”. El objetivo es claro y tajante: “No permitiremos, en absoluto, el contubernio y la asociación entre autoridades y delincuencia organizada.

“El desarrollo de la ciudad de México –es otra de sus definiciones que vale la pena rescatar— lo contemplamos en el marco de la planeación nacional y de la zona centro del país, en el entendido que la economía, el medio ambiente y el crimen no tienen fronteras.

“La planeación y conducción del desarrollo es una responsabilidad pública que corresponde a las instituciones gubernamentales, garantizando la inclusión de todos los sectores sociales y la sustentabilidad de la ciudad”.

Reafirma que “el principal distintivo del nuevo gobierno será su clara definición en favor de los humildes y olvidados de la ciudad. Nuestro gobierno surge de un movimiento de izquierda y luchamos por una democracia con dimensión social.

“En esencia, queremos la democracia y el progreso, pero con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso. Queremos la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. Lo pusimos de manifiesto desde la campaña y la gente votó no sólo por los partidos y por los candidatos, sino también por la propuesta.

“En consecuencia, el objetivo inmediato de mi gobierno será frenar el empobrecimiento del pueblo. A ello destinaremos todos los recursos posibles: desde el año próximo va a incrementarse, en más del doble, el presupuesto destinado a educación, salud y vivienda.

“No es posible olvidar que, tanto en el país como en la ciudad y a pesar de los avances democráticos, la gran asignatura pendiente sigue siendo una distribución más justa de los beneficios del desarrollo”.

La llave de acceso es el establecimiento de tres prioridades en materia educativa: manejar los servicios de educación básica que actualmente corresponden a la Federación; garantizar la igualdad de oportunidades en todos los niveles de escolaridad y crear 15 preparatorias y la Universidad de la Ciudad de México (UCM) . Desde 1974 no se construye en el DF un centro de educación media y superior  pública.

Compromete favorecer un mayor equilibrio en las oportunidades de acceso a la educación, porque son notorias las desigualdades entre zonas y delegaciones, pues el promedio de escolaridad en el DF es de 10 grados, pero en Iztapalapa es de siete; la media de analfabetismo en la ciudad es de tres por ciento y, aunque en la delegación Benito Juárez es casi de cero, en Milpa Alta es de cinco.

El DF, a juicio del alcalde, “ha sobrevivido por su cultura: es nuestra mayor riqueza, nuestra identidad y nuestro futuro, el terreno fértil de nuestros sueños. Por eso, vamos a impulsar las tradiciones y costumbres que sobreviven en pueblos y barrios de la ciudad de México y vamos a cuidar el patrimonio y el acervo histórico.

“También se generarán las condiciones más propicias para el disfrute de las actividades artísticas, apoyando a los propios creadores e intelectuales, a las organizaciones de la sociedad civil y a todo aquello que pueda contribuir a fomentar el pluralismo, la diversidad y la tolerancia”.

Otro compromiso, asumido durante la campaña, es garantizar a los pobres de la ciudad, atención médica y medicinas gratuitas en centros de salud y hospitales del Gobierno del Distrito Federal (GDF) por medio de apoyos a discapacitados, acceso a medicamentos gratuitos a los enfermos de Sida y personas de escasos recursos con enfermedades terminales, ayuda alimentaria y medicamentos gratuitos a 200 mil adultos de edad avanzada que se encuentran en condiciones de pobreza y abandono.

Todo lo hasta aquí reseñado es para sentar las bases, a la vuelta de un año, para “el establecimiento del Estado de bienestar en la capital de todos los mexicanos”.

Redondea su concepción: ...”estamos conscientes de que, así como el crecimiento económico no basta para eliminar la pobreza, tampoco la mera distribución de la riqueza existente asegura un desarrollo duradero. De ahí que sea necesario conciliar progreso con justicia. Es nuestra intención promover desde el gobierno una distribución más justa del ingreso, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Y, a la vez, impulsar una política decidida de crecimiento económico”.

Los detonadores son tres proyectos: 1). La creación de parques industriales de alta tecnología para industrias dedicadas sobre todo a las telecomunicaciones, la informática y la electrónica, porque no contaminan, no consumen mucha agua y demandan de mano de obra calificada que la ciudad puede ofrecer con amplitud. Recuerda que en el DF vive el 50 por ciento de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores y el 80 por ciento de los de mayor rango. Amén de que es una ciudad global, que cuenta con una infraestructura de primer orden, con una población metropolitana de 18 millones de habitantes y con uno de los mercados regionales más grandes del mundo.

2). La restauración del área central de la ciudad para  desarrollar el corredor urbano que va desde el Zócalo, pasando por Madero, Juárez, Alameda Central, Paseo de la Reforma, hasta la fuente de Petróleos –abundante en monumentos históricos, símbolos, centros culturales y espacios recreativos—, para impulsar actividades de telecomunicaciones, culturales, turísticas y financieras, que ya forman parte de la vocación productiva de la ciudad.

3). La regeneración del corredor Catedral-Basílica de Guadalupe, una de las zonas de más tradición popular de la ciudad, que recibe anualmente alrededor de 15 millones de peregrinos.

Del papel a jugar por los empresarios ilustra esta idea: “En estos proyectos y en todo lo relacionado con el fomento económico, estoy seguro que contaremos con la participación de la iniciativa privada. Es más, he hablado con algunos empresarios y se han comprometido a formar parte del consejo promotor de actividades económicas que integraremos en los próximos días”.

Puntualiza, sabedor de la imagen mediática forjada a fines de los 80 y principios de los 90: “Aquí reitero que todo aquel que quiera invertir en actividades económicas y genere empleos contará con el apoyo y la protección del gobierno democrático de la ciudad. Debe quedar claro: nuestros adversarios no son quienes con esfuerzo, trabajo y de conformidad con la ley crean riqueza y generan empleos, sino aquellos que, en la ilegalidad y a la sombra del poder público, amasan grandes fortunas de la noche a la mañana”. Más claro, ni el agua, mientras registran con atención Carlos Slim Helú, Emilio Azcárraga Jean, Roberto Hernández, Norberto Rivera Carrera y Juan Francisco Ealy Ortiz, invitados a  Donceles y Allende. “Los dueños del changarro”, los denomina Alejandro Encinas.

“Nos conduciremos bajo la premisa juarista de la justa medianía, comprometiéndonos a no actuar con prepotencia ni frivolidad, a no ejercer gastos superfluos y a no utilizar los recursos públicos, humanos y materiales, para beneficio particular y de las familias”, anuncia como el lineamiento más caro y que mayor seguimiento cotidiano suscita desde la mediocracia y la oposición, la sociedad civil y la clase política.

Junto a la estimación de aumentar en 50 por ciento el presupuesto de las delegaciones políticas, anuncia una actuación responsable en el manejo de la deuda pública —otro talón de Aquiles en el debate público de los años por venir. “Sólo se solicitará al Congreso una autorización de 5 mil 500 millones de pesos para obras nuevas, cantidad equivalente a los recursos fiscales que destinaremos al pago del servicio de una deuda que asciende a 30 mil millones de pesos”.

Desglosa su interpretación de la justa medianía juarista: “Tenemos el firme compromiso de reducir, en beneficio de la sociedad, el costo del gobierno. Para ello se aplicará un plan de austeridad republicana que contempla el ajuste a la estructura administrativa para evitar duplicidad de funciones, el personal innecesario y el despilfarro de recursos; la reducción en 15 por ciento de los sueldos de los altos funcionarios públicos; la limitación a cinco asesores por secretaría; la eliminación de todos los puestos de secretario privado y dejando sólo secretarios particulares en niveles superiores a las direcciones generales; la reducción a la mitad del gasto de publicidad; la reducción del gasto en teléfono, energía eléctrica, combustibles y viáticos; la no adquisición de nuevos vehículos para funcionarios; la no autorización de gastos en remodelación de oficinas y sólo permitir, si es verdaderamente necesario, un viaje al año al extranjero por secretaría”.

Los ahorros previstos son de 2 mil 100 millones de pesos y anuncia su destino íntegro a financiar el desarrollo social.

Subraya ante distinguidos representantes de los poderes fácticos: “No aceptaremos el predominio de los poderes informales en la ciudad. No aceptaremos favores o ‘buen comportamiento’ a cambio de complicidades. Nos proponemos alcanzar la meta de cero corrupción. La corrupción la vamos a combatir arriba, abajo, a los lados y en cualquier parte donde se practique”.

Una relación de respeto a la autonomía sindical y los trabajadores al servicio del gobierno, regida con la norma de no realizar despidos injustificados de asalariados de base o eventuales, pero tampoco incrementar su número actual; la basificación gradual de eventuales durante el sexenio y aumentos salariales de cuando menos dos puntos porcentuales por encima de la inflación, son las pautas que establece para trabajar con la organización social más numerosa e influyente de la capital y una de las más grandes del país, el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF). Pero advierte que también “espero respeto y no cederé ante presiones”.

Expresa su convicción de que la transparencia es una de las reglas de oro de la democracia, “el nuevo gobierno auspiciará que ciudadanos independientes y de inobjetable honestidad, formen parte, con derecho a voz y voto, de los consejos de administración y de los comités de adquisiciones de las dependencias y empresas paraestatales”.

Concluye con un repaso del ideario en que se inspira: “Recogemos el ideal igualitario de José María Morelos, que demandaba el aumento del salario del peón y la moderación de la indigencia y la opulencia.

“Han pasado cerca de 200 años desde que Morelos dio a conocer ese célebre documento de Los sentimientos de la nación. Y hoy, para vergüenza de todos, padecemos de más desigualdad que en aquel entonces. Una minoría lo tiene todo y millones de mexicanos carecen hasta de lo más indispensable”. Seca se escucha la denuncia sobre lo que ya es parte del paisaje social de la nación, pero no deja de inquietar a los magnates invitados que lo escuchan y a los ausentes que en conjunto suman 39 y que son los dueños de la mayor parte de la riqueza nacional.

Otra fuente de inspiración es “La austeridad y la firmeza de los principios republicanos de Benito Juárez. Recordemos que el gabinete de Juárez es el mejor que hemos tenido en toda nuestra historia. Eran políticos inteligentes, patriotas y honrados, ‘hombres que parecían gigantes’, que tuvieron las convicciones y el arrojo para restaurar la República, consumar la segunda independencia de la nación y reformar la vida pública de México”.

Menciona a Francisco I. Madero, “apóstol de la democracia, un visionario, un hombre bueno traicionado por rufianes”, hoy héroe predilecto del nuevo inquilino de la casa presidencial. Y “la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas quien fue, sin duda, el mejor presidente de México en el siglo XX”.

Slim, Azcárraga y Hernández escuchan atentos el momento más álgido y definitorio del discurso que se pronuncia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pero que marca rumbos  mucho más allá del sexenio.

“No aceptamos que el gobierno siga siendo un comité al servicio de una élite. No aceptamos la fórmula de privatización de ganancias y de socialización de pérdidas, como sucedió con el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro). No aceptamos el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina a los pobres y calificar de fomento o rescate a lo mucho que se entrega a los privilegiados.

“Tampoco aceptamos, bajo ninguna modalidad, la privatización de la educación pública, de la seguridad social, del patrimonio cultural, de la industria eléctrica ni del petróleo.

“Ciudadano presidente de la República... (una pausa de varios segundos mantiene  en vilo a invitados, televidentes y radioescuchas): Con usted tenemos diferencias en cuanto al proyecto de nación, sobre todo en materia de política económica. Pero quiero asegurarle que, sin abandonar nuestros ideales, vamos a actuar con entera responsabilidad. Somos actores y testigos de circunstancias históricas excepcionales. Se abre para México un horizonte de cambios profundos y negociaciones políticas, en un escenario de división de poderes y de alianzas inevitables, que exige a todos el respeto a la diversidad, el autolimitarnos, y mostrar disposición al diálogo con compromisos.

“De cualquier manera, quiero dejar en garantía el compromiso de que, cada dos años, me someteré al principio democrático de la revocación del mandato. El cambio democrático que se ha iniciado en la ciudad no tiene un camino de regreso. Vamos a seguir luchando para lograr que la ciudad de México, capital de la República, sea también la capital de la justicia, de la democracia, de la alegría y de la felicidad. Lucharemos, apasionadamente, hasta convertir en realidad nuestra divisa: México, la ciudad de la esperanza”.

Al que madruga...

En su primer despacho informativo imparcial, la gubernamental agencia Notimex constata, como todos los reporteros de la fuente, el cumplimiento de un compromiso:  “Andrés Manuel López Obrador inició sus actividades a las 6:00 horas, como lo prometió la víspera durante la ceremonia en la que rindió protesta como jefe de Gobierno del Distrito Federal, para evaluar las condiciones de la metrópoli en materia de seguridad pública”. Comienzan, también, las madrugadoras conferencias de prensa de lunes a sábado que tan buenos dividendos de imagen le dejan al alcalde.

El funcionario llega a sus oficinas acompañado por los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) Bernardo Bátiz, y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Leonel Godoy.

Justo en el aniversario número 95 del inicio del movimiento revolucionario de 1910-1917, da a conocer la integración de su gabinete, formado, además, por

Laura Itzel Castillo Juárez, Desarrollo Urbano y Vivienda; Berta Luján Uranga, contralora general; María Estela Ríos González, Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  Jenny Saltiel Cohen, Transporte y Vialidad; Claudia Sheinbaum Pardo, Medio Ambiente; Raquel Sosa Elízaga, Desarrollo Social; Asa Cristina Laurell, Salud, y Julieta Campos, Turismo.

Ocho mujeres para ocupar un total de 15 cargos importantes, más del  50 por ciento, como respuesta a su compromiso de campaña, y cuya decisión no obedece a una política de cuotas o al hecho de que son mayoría en el país.

El único que repite en el cargo es César Buenrostro, en Obras y Servicios; Alejandro Encinas Rodríguez ocupa la Secretaría de Desarrollo Económico; Carlos Manuel Urzúa Macías, Finanzas; Octavio Romero Oropeza, Oficialía Mayor, y Ana Lilia Cepeda, Comunicación Social.

De los integrantes de su gabinete, seis cuentan con doctorado, tres con maestría y cuatro con licenciatura. A su vez 11 de los nombrados son miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y cuatro son ciudadanos sin filiación partidista.

La senadora Dulce María Sauri, presidenta del PRI, comenta sin ambages: “Permítame hacer una celebración, qué bueno que hay muchas mujeres”.

Ese mismo día, el primero en funciones de despachar desde Plaza de la Constitución, López Obrador dispone por medio de un bando de gobierno, que más tarde suscita la crítica de la oposición legislativa y partidista, la renovación del personal de confianza de la Tesorería y de 40 oficinas recaudadoras, luego de reconfirmar un fraude por 100 millones de pesos.

Se procede a fincar responsabilidades ante la Contraloría y la Procuraduría capitalinas a trabajadores de confianza y sindicalizados. Comienza el primer round  con el poderoso SUTGDF e inicia un prolongado y accidentado desmantelamiento de los lazos de complicidad e impunidad que durante 68 años distinguen las relaciones del liderazgo sindical y el Departamento del Distrito Federal (DDF). Y en el caso mencionado se descubren redes de contubernio con empleados bancarios.

Es la primera acción para cesar funcionarios corruptos. Para materializar la honestidad valiente tan publicitada en la campaña en busca del voto ciudadano y durante los cuatro años posteriores, los de su administración.

También es un hecho que confirma la continuidad con sus antecesores Cuauhtémoc Cárdenas, el primer gobernante electo del DF, y Rosario Robles, cuando el primero se dispuso a bregar por la conquista de la Presidencia de la República, por tercera y fallida ocasión.

De otra manera resulta impensable que a las 24 horas proceda con pelos y señales sobre los que tiempo después se confirman, legalmente, como defraudadores del fisco capitalino. El antecedente inmediato es la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros y el operativo en la Plaza de Santo Domingo para acabar con las formas fiscales que se imprimen ilegalmente.

No acaba de digerir el éxito de su primera acción pública, cuando la ley de la vida lo priva de su señor padre, Andrés López Ramón, de 88 años de edad, en el Instituto Nacional de Nutrición, víctima de una afección cardiaca. En plena campaña electoral, el 6 de mayo, pierde a su señora madre, Manuela Obrador.

En Villahermosa, Tabasco, se llevan a cabo las exequias. López Obrador viaja en el vuelo 509 de Aeroméxico acompañado de su esposa Rocío Beltrán y sus hijos José Ramón, Gonzalo y Andrés. Allá los esperan José Ramiro, Arturo, Candelaria, Martín y Pío Lorenzo López Obrador.

Todavía afligido por el duelo, refuerza su primera materialización de la honestidad valiente, sometida a pruebas decisivas desde entonces, no siempre bien superadas, con el nombramiento de 15  funcionarios en la Tesorería del DF, entre ellos Jesús Martín del Campo, subtesorero de Administración Tributaria; Raúl Alvarez Garín, subtesorero de Catastro; Ernesto Prieto Ortega, subtesorero de Fiscalización, Raquel Buenrostro Sánchez, subtesorera de Política Fiscal; además de Norma Argaiz, Julieta Gallardo, Socorro Sue, Gloria Sánchez, Anastacio Solís, Silvia Salazar, Reynaldo Rosas Domínguez, Verónica Moreno, Edilberto Ochoa, Teresa Guadalupe Reyes y Jorge de la Vega.

A partir de entonces los índices de recaudación registran crecimiento anual neto, descontados los índices de inflación.

Otros, en cambio, como F. Bartolomé, seudónimo de los autores de Templo Mayor, columna del diario Reforma que privilegia los intereses de los dueños de la casa periodística, estima el 27 de diciembre: “El Peje de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, está llevando a cabo una fuerte transformación de la ciudad de México, aunque sea por lo menos en el papel. Primero modificó el logotipo del gobierno capitalino, por lo cual la papelería oficial llevará una imagen de estilo prehispánico en la que se ve el águila devorando a la serpiente. Y ahora también los documentos emitidos por López Obrador están fechados en ‘México Ciudad de la Esperanza’, lo cual tiene molesto a más de un diputado local”.

El hombre y su circunstancia

Ricardo Rocha, director general de Detrás de la Noticia, en el sexto día del nuevo gobierno, no escatima fuerzas para diseccionar el momento:

 “Aquí, se ha dado ya el arranque de dos modelos de gobierno diferentes, pero necesariamente paralelos e interrelacionados: Vicente Fox y su estilo gerencial y eficientista en la Presidencia de la República y Andrés Manuel López Obrador con su propuesta social y académica para la ciudad de México.

“Y no se trata únicamente de ideologías distintas, ni de cristales diversos para mirar una misma realidad, condición que aunque no lo parezca podría ser lo de menos; aquí la mayor dificultad es la personalidad antitética de ambos políticos.

Se trata también de una competencia natural en donde paradójicamente se plantean coincidencias: ambos arrancan al mismo tiempo; ambos concentran grandes expectativas; ninguno dispone de mayorías legislativas; los dos se proponen innovar y para ambos el 2006 será una constante. Un recordatorio del porvenir.

“Más aún: uno y otro ejercen liderazgos indiscutibles y ni uno ni otro llevan encima el peso de sus partidos. Fox, porque nunca ha sido un panista de tiempo completo y López Obrador porque, por ahora, no hay un partido al cual cargar.

“Vecinos de plaza de armas, son también vecinos en la historia”.

Augura: “Por ello será fascinante ver el desempeño de los dos líderes más carismáticos de la política mexicana: el uno de Guanajuato, el otro de Tabasco, ambos ahora asentados en el corazón político e histórico del país: el Distrito Federal. Ambos enfrentados a los gigantescos desafíos que plantean la nación y la urbe.

“Finalmente, sería absurdo suponer que (AMLO) debe estar absolutamente ajeno a lo que ocurra en el PRD. Imposible. Pero tampoco puede intentar gobernar el DF y gobernar a su partido al mismo tiempo. Su futuro depende básica y fundamentalmente de su tarea y sus resultados para hacer de ésta su ‘ciudad de la esperanza’”.

Rocha dedica su Editorial de la Semana a Andrés López Ramón. Concluye:  “La capital es muy bella. Pero también muy celosa”.

Empiezan las descripciones allende nuestras fronteras: “Político joven, de hablar suave y acento de la costa de México, los rasgos juveniles de López Obrador contradicen su gran experiencia como líder de huelgas (sic) petroleras y manifestaciones callejeras en su estado natal Tabasco”. Escribe Julie Watson de la agencia  estadunidense AP.

Como regalo de Día de Reyes, el alcalde capitalino marca su raya con el presidente. Le pide que evite darle lecciones de cómo gobernar pues “cada quien tiene su estilo” y su política “no es bolsear a los pobres”.  Fox declara en la víspera que mientras el Gobierno del DF incrementa su deuda no quiere subir el precio del boleto del Metro.

Y el revire del macuspense es categórico: Si Vicente Fox tiene interés de sacar más dinero, pues que revise las cuentas del Fobaproa donde hubo muchos fraudes. Como presidente del PRD —del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999— los documenta, impugna en un recorrido nacional y plasma en Fobaproa, expediente abierto.

Además le sugiere que aplique, al igual que él, una política de austeridad que reduzca los salarios de los altos funcionarios y acabe con los privilegios, para liberar fondos destinados al desarrollo.

Es posible que el jefe del Ejecutivo esté mal informado, considera, “y él a veces, con todo respeto, es un poco deslenguado, no piensa bien las cosas; yo voy a tratar de ser muy respetuoso con el presidente, lo he venido diciendo, pero tampoco voy a estar recibiendo regaños, máxime cuando no hay justificación”.

López Obrador explica que los recursos por 5 mil 500 millones de pesos solicitados a la Cámara de Diputados son para pagar los intereses de la deuda de la ciudad, que asciende a 30 mil millones de pesos.

No obstante, indica que de esa suma, al gobierno federal le corresponde pagar 17 mil millones de pesos, que son los débitos con intereses asumidos por el DDF, cuando éste era conducido por la Federación.

Da a conocer sin consecuencias posteriores, lo que indica que se produce un cambio de estrategia, que el gobierno de la ciudad prepara todos los argumentos legales para presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que sea esa instancia la que dirima el problema de la deuda contraída durante la administración del exregente Oscar Espinosa Villarreal.

El primer encuentro privado, en Los Pinos, entre López Obrador y Fox Quesada se marca como el primer desencuentro entre los gobernantes, el 20 de enero, a causa de la aplicación del horario de verano. La diferencia es de método, pero en la cosa pública éste es más que importante.

Mientras el alcalde cree conveniente y necesario someterlo a una consulta ciudadana, el presidente la considera innecesaria. Cuatro meses de debate convertido en chunga por los dirigentes panistas y sus dos delegados capitalinos, previa línea establecida en el sabatino programa radiofónico Fox en vivo, Fox contigo; una consulta telefónica en la que 72 por ciento de los 300 mil participantes rechazan el cambio de horario; una controversia constitucional interpuesta por el GDF y otra por la Presidencia de la República, así como el tardío fallo en septiembre de la SCJN que declara inconstitucionales los decretos de López Obrador, por mayoría de votos, y el de Fox Quesada por unanimidad, reconoce atribuciones de gobierno estatal al capitalino, y estipula que el Congreso de la Unión es la único facultado para establecer o no el horario de verano, colocan uno a uno el resultado de esta primera confrontación, y los ciudadanos disponen de 30 días más para regirse por su horario biológico.

No sólo amplios sectores de los distritofederalenses, encabezados por su jefe de Gobierno, se oponen. El mismo Vicente Fox, como candidato presidencial, promete abolirlo al ocupar la silla presidencial. Exactamente igual que los 15 minutos para resolver el alzamiento en armas de los indios chiapanecos,  7 por ciento de crecimiento económico anual y no elevar las cargas impositivas. “Le está creciendo mucho la nariz al presidente”, comenta el alcalde.

Los medios, en cambio, informan que “hubo acuerdos fundamentales en la descentralización educativa del Distrito Federal”. Ello implica transferir los recursos correspondientes al GDF para que maneje los servicios de preescolar, primaria y secundaria. Hasta hoy la ciudad de México es la única entidad donde no se materializa la descentralización de los servicios educativos básicos.

Pese a los “acuerdos fundamentales”, el tema empieza a ser fuente de otro litigio político y legislativo.

La bella celosa, como la denomina Ricardo Rocha, y su gobierno son  sometidos a prueba por el crimen organizado y sin organización. Sendos recuentos de la española EFE y la francesa AFP registran en el lapso de un mes los asesinatos del diplomático cubano Boris Valdés López, los ancianos Irma Manzanilla y su esposo Luis Maldonado —la primera hermana del exgobernador yucateco Víctor Manzanilla—, un niño de 12 años por un paquete bomba, después se sabe que enviado por un tío; el secuestro de la contralora capitalina Berta Luján y la violación de una ciudadana italiana.

López Obrador sostiene, en cambio, que “la capital no es violenta y que el índice delictivo continúa a la baja”. Paradójicamente “desde 1995 no se registraba un mes, enero, con las estadísticas más bajas en cuanto a ilícitos denunciados en la ciudad”. Seguramente así es, pero mientras la percepción ciudadana no asimile los datos duros, lo que cuenta es el registro comunitario. Como bien se repite, en política no basta ser sino parecer. Y este debate es la constante en los cuatro años siguientes.

En lo que el alcalde parece tener razón es en el papel de algunos medios de comunicación que al privilegiar el raiting y el tiraje, emulan a la revista Alarma que llega a imprimir dos millones de ejemplares en la sexta y séptima décadas del siglo pasado. Durante semanas completas los noticiarios de Televisa y Tv Azteca, el duopolio  televisivo, pierden su carácter de información general y se convierten en policiacos.

100 días, 16 bandos y siete acuerdos

“Cumple AMLO 100 días de gobierno en medio de críticas y jaloneos”, titula Notimex su amplio recuento.

“Con la percepción de la población de que el índice de inseguridad capitalina no ha bajado, cuando los reportes oficiales aseguran que sí, y con la emisión de 16 bandos y siete acuerdos que pretenden hacer de ésta la ciudad de la esperanza, Andrés Manuel López Obrador cumple hoy 100 días al frente del Gobierno del Distrito Federal.

“En este marco, López Obrador ha puesto en marcha operativos para el combate de taxis ‘pirata’, así como a la delincuencia en las colonias más violentas y al robo de autos y tráileres.

“Las cifras del político tabasqueño reportan una baja de más de 12 por ciento en este lapso, pero la población no lo percibe ya que, a decir de la sociedad, hay muchos delitos que no se denuncian y, por tanto, los informes oficiales carecen de sustento real.

“El jefe de Gobierno también se comprometió a descentralizar la Policía Preventiva hacia las delegaciones, pero al momento ese propósito no se ha logrado, aun cuando los 16 jefes delegacionales consideran que es urgente ese paso para combatir el hampa.

“En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ante el Ejecutivo federal, López Obrador aseguró que su gobierno ejercería sus atribuciones con apego a la ley y manejaría la administración y las finanzas públicas con honestidad, transparencia y austeridad.

“Bajo esa premisa, 24 horas después de su toma de posesión el tabasqueño presentó el primero de los 16 bandos informativos, que se refiere a la transparencia y saneamiento en la Tesorería local, que aunado a los otros, lograrán que el gobierno deje de ser ‘un comité al servicio de una élite’ y se ponga al servicio de los que menos tienen, gobernando ‘de abajo hacia arriba’.

“Este primer bando informativo del Ejecutivo local hizo brincar a los trabajadores de la Tesorería, pues se determinaron medidas para combatir vicios y corrupción al interior de esa área recaudadora de impuestos capitalinos y se creó la Fiscalía Especial para investigar las desviaciones de recursos públicos.

“A decir del mismo López Obrador, quien el próximo miércoles presentará su primer informe (trimestral) de labores, se ha logrado controlar las fugas y la recaudación ha aumentado, con lo cual será posible continuar con los programas de apoyo a los grupos más vulnerables.

“El bando dos consiste en limitar el crecimiento en las delegaciones Alvaro Obregón, Cuajimalpa, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco para promoverlo en las delegaciones centrales.

“El tercero se refiere a proyectos para detonar el crecimiento económico en la ciudad; el cuarto contempla el Plan de Austeridad, en el que se reduce 15 por ciento el salario de funcionarios, reduce gastos en comunicación y permite sólo cinco asesores por secretaría.

“El quinto establece crear una unidad de protección civil; el sexto transparentar los ingresos y egresos de la Secretaría de Finanzas; el octavo limita la instalación de gasolineras en cinco delegaciones; y el noveno prohíbe otorgar concesiones a taxis por tres años.

“El décimo consiste en la creación de cuatro gabinetes para ejecutar los programas integrados, sectoriales y territoriales; el undécimo va dirigido a mejorar condiciones salariales de trabajadores del gobierno local; y el duodécimo a enviar a la ALDF una nueva Ley de Participación Ciudadana.

“El bando décimo tercero se refiere a la prohibición de bloqueos por marchas, pero a la vez garantiza el derecho constitucional de libre expresión; el décimo cuarto establece una nueva política de ingresos y una nueva política de gasto; el décimo quinto aborda la necesidad de crear un consejo de seguimiento a la transparencia de las finanzas públicas del Distrito Federal.

“El último bando informativo se refiere a la erradicación de poderes informales en el gobierno capitalino y también se asume la administración de la Policía Auxiliar, con lo que se establece que habrá mejoras a las prestaciones a policías.

“Los acuerdos son hasta ahora siete. El primero establece un programa de apoyo alimentario y medicamentos gratuitos en beneficio de adultos de 70 años o más que viven en condiciones de pobreza y abandono y a quienes hace un par de semanas empezó a entregárseles tarjetas por un monto de 600 pesos para alimentos.

“El segundo acuerdo es para la creación de 15 escuelas preparatorias y la Universidad de la Ciudad de México, mismas que según López Obrador funcionarán en el siguiente periodo escolar de agosto y estarán ubicadas en las zonas más marginadas.

“El tercer acuerdo es sobre la política habitacional y en el queda asentado que durante este año el gobierno promoverá 25 mil acciones de vivienda, a fin de hacer frente al rezago y demanda de vivienda digna en la capital. Por ello se otorgarán 15 mil créditos para la ampliación de vivienda y se promoverá la construcción de 10 mil viviendas nuevas.

“El cuarto acuerdo trata de las acciones para frenar el empobrecimiento en materia de desarrollo social y contempla programas de becas de apoyo económico a personas con discapacidad y para niños y niñas, así como programas de prevención de deserción escolar, desayunos escolares, libros de texto gratuitos para primaria y secundaria y el rescate de unidades habitacionales de interés social.

“El quinto se refiere a los avances y compromisos para la consolidación de la autonomía funcional de las delegaciones; el sexto, para poner en práctica el Programa Integrado Territorial de Desarrollo Social y el séptimo es el acuerdo para la vigilancia ciudadana dentro de los órganos colegiados del gobierno capitalino.

“En el marco de estos 100 días, el jefe de Gobierno también ha realizado giras de trabajo por las delegaciones del Distrito Federal para sostener encuentros con los comités vecinales y conocer las demandas más sentidas de la población”.

La Agencia Mexicana de Noticias exige, en síntesis, materializar en 100 días proyectos anunciados para seis años. Dirigida por el reportero proveniente de Proceso, Francisco Ortiz Pinchetti, éste pugna por transformarla de gubernamental a de Estado. Finalmente es destituido por órdenes de Marta Sahagún Jiménez, acatadas sin chistar por José Luis Durán Reveles, precandidato panista a gobernador mexiquense

Sin videos pero con escándalo

La continuidad entre la nueva administración capitalina y sus antecesoras encabezadas por Cárdenas Solórzano y Robles Berlanga, empieza a ser sometida, a mediados de abril, a la prueba de los hechos y de la difusión de los reporteros e interpretación de los columnistas.

Como es previsible en estos casos, el jefe de Gobierno muestra su disposición a que se investigue a fondo a todos los funcionarios de la pasada administración para aclarar las irregularidades o actos de corrupción. A Leonel Godoy, secretario de Seguridad Pública, algunos medios le atribuyen una cínica declaración: “Son intrascendentes seis mil millones de pesos”.

López Obrador no cae en el cuatro cuando se le formula la pregunta sin rodeos.  “Yo diría —responde— que hay que ver de qué se trata a detalle para no juzgar antes de tiempo, porque pueden ser algunas irregularidades e incluso, con responsabilidad de otros funcionarios, no sumar todo, hacer la bolsa y echársela a Rosario Robles”.

Más agudo, puntualiza al día siguiente que “se aplicará la ley tal como Rosario Robles fijó en su último informe” y adelanta su confianza en que “ella va a aclarar seguramente esta situación”. Incluso hace una comparación, “este caso es distinto al del exregente Oscar Espinosa Villarreal, en el cual está demostrado el ilícito por peculado. Los 420 millones de pesos salieron con recibos y nunca se comprobaron, por eso está abierto el expediente”.

También se le enmienda la plana al desde entonces polémico Francisco Garduño, subsecretario de Gobierno, quien afirma que “mete las manos al fuego por Rosario”. Político que no se cuece al primer hervor, el tabasqueño aclara: “No me gusta esa expresión porque pertenece a políticas de viejo cuño”.

Asegura que “Rosario es una mujer honesta que no se enriqueció en el cargo”. Y aclara a renglón seguido: “No soy nadie para otorgarle patente de corzo. Eso corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales”.

Mientras que la hoy gestora confesa de Carlos Agustín Ahumada Kurtz, revira y procede a denunciar penalmente al presidente y director general de Reforma, Alejandro Junco de la Vega, así como a una reportera por publicar la semana anterior un informe de la Contraloría capitalina que la involucra en el presunto desvío de 630 millones de dólares, al no comprobar los gastos por ese monto durante el ejercicio de 2000.

La desde entonces compañera sentimental del Señor de los videos, ocupa la alcaldía de la capital de manera interina entre septiembre de 1999 y diciembre del 2000 para sustituir a Cuauhtémoc Cárdenas, quien solicita licencia para dedicarse a su campaña como candidato presidencial por el PRD.

En la columna Razones se da otra lectura:

“Lo cierto es que, desde el inicio de la actual administración, el enfrentamiento entre Andrés Manuel y Rosario Robles ha sido inocultable y las acusaciones —abiertas o encubiertas— sobre posibles desvíos o malversaciones en la gestión de los gobiernos de Cárdenas o Robles, han estado a la orden del día, como una forma de diferenciación política. El discurso del jefe de Gobierno capitalino en contra de los dispendios de sus antecesores y de la corrupción que encontró al iniciar su administración, abonaron constantemente esa percepción. Es más, hasta ayer lunes, cien horas después de publicada esa información, ni la Contraloría del DF, ni la Asamblea, ni Bertha Luján, ni el propio López Obrador aclararon si esa investigación era real o no, si en las auditorías aparecían o no esos resultados y si había o no alguna acusación contra Rosario Robles. López Obrador se limitó a decir que ‘no creía que hubieran metido la mano’ en los recursos públicos y, por supuesto, agregó que el caso era muy diferente al del antecesor de los perredistas en el DF, Oscar Espinosa Villarreal.

“En lo personal, siempre he considerado a Rosario Robles no sólo como una gobernante honesta sino como una mujer que obtuvo al frente del gobierno capitalino mejores resultados que el propio Cárdenas o, actualmente, que López Obrador, y la dirigente más carismática con que cuenta el perredismo. Sus únicos dos nubarrones notables fueron, en buena medida, costos asumidos por Robles para apoyar, desde el gobierno capitalino, la campaña de López Obrador: uno de ellos, fue el excesivo gasto en publicidad entre enero y julio del año pasado, en la mitad del año se gastó todo el presupuesto destinado a ese fin (un presupuesto de por sí alto) como una forma indirecta de apoyar la candidatura de quien sería su sucesor”. Concluye Jorge Fernández Menéndez en Milenio Diario.

Más tarde, en la sede de la Contraloría del DF, militantes del PRD agreden a asambleístas del PAN al ratificar una denuncia en contra de Robles por presuntas irregularidades en el manejo de recursos en la Dirección General de Comunicación Social  del Gobierno capitalino, el afamado cochinito y Publicorp, una de las empresas del Señor de los aviones. El incidente obliga al alcalde a llamar a todos a serenarse y no exacerbar los ánimos, que sean las instancias correspondientes las que resuelvan.

 “No seremos tapadera de nadie”, se compromete López Obrador. Tanto la Contraloría como la PGJDF eximen de responsabilidades a Robles Berlanga un año después, y la primera inhabilita a Agustín Granados para trabajar en la administración pública, pero Eduardo Camacho Hernández me puntualiza:

—Agustín labora actualmente en la Asamblea Legislativa del DF. ¡Hazme favor!

En esos mismos días el alcalde reitera su apoyo a Bernardo Segura Rivera, titular del Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF), ante el anuncio de Tomás López García, vicepresidente de la Comisión del Deporte de la ALDF, de que “diputados locales presentarán una denuncia penal en contra de Segura Rivera por el delito de peculado por 25 millones de pesos”.

El también marchista tiene una polémica actuación en los Juegos Olímpicos Sydney 2000, donde es descalificado tras cruzar en primer lugar la meta en la prueba de los 20 kilómetros. Durante los juegos de Atlanta 1996, gana medalla de bronce en la misma especialidad. Con todo, más tarde abandona el cargo y es inhabilitado porque se demuestra que gestiona dos pasaportes usando recomendaciones del IDDF.

Por el contrario, López Obrador para en seco desde febrero las especulaciones periodísticas que le atribuyen un salario de 90 mil pesos mensuales. La simple entrega a los reporteros de la fuente de fotocopias del recibo de la última quincena, donde se comprueba que percibe $31,305.93, aclara la filtración. Y acusa al partido blanquiazul de impulsar una guerra sucia en su contra, al actuar de manera hipócrita.

Son los costos y los riesgos de la honestidad valiente o, dicho de otra forma, de comprometerse reiteradamente a gobernar en casa de cristal.

Como también tiene un costo político a pagar la orientación establecida por el VI Congreso Nacional del PRD, efectuado en Zacatecas, Zacatecas, del 20 al 25 de febrero, “ninguna alianza de largo plazo con el gobierno de Vicente Fox”, aunque no descarta “acuerdos circunstanciales”. Muy atrás quedan las conversaciones entre el presidente electo y Amalia García Medina, presidenta del sol azteca, para  formar un “gabinete de coalición”. Aún se comenta por activistas políticos, como Joel Ortega Juárez.

—El número y tipo de secretarías de Estado a ocupar por los perredistas y el abierto rechazo de Cárdenas fueron decisivos para truncar el proyecto que entusiasmó a Amalia (hoy gobernadora de Zacatecas).

Para transportarse del DF a Zacatecas, a la reunión perredista, Rosario Robles ya utiliza el afamado avión de Carlos Agustín Ahumada Kurtz, e incluso se hace acompañar por él, de acuerdo al testimonio de Salvador Nava Calvillo.

—De Zacatecas se traslada a San Luis Potosí para ‘seleccionar’ al candidato a gobernador. Me argumenta que Elías Dip Ramé tiene mejor aceptación que yo en las encuestas que había mandado hacer y, además, dinero para sufragar la campaña. Me ofreció, a cambio de mi aceptación, una candidatura plurinominal con ubicación segura para llegar a San Lázaro en julio de 2003. Le respondí: Te vas a chingar a tu madre.

Encuentros y desencuentros

La relación institucional entre López Obrador y Fox Quesada se significa desde entonces por los encuentros y los desencuentros. En el primer año de gobierno parecieran pesar más los segundos que los primeros, como sucede también, pero ya de manera clarísima y en medio de la confrontación abierta, en 2004.

Son las llamadas reformas estructurales, sobre todo la hacendaria, la causante de los recurrentes desencuentros entre los gobernantes capitalino y  del país.

El 9 de marzo se produce el primer llamado del alcalde a la ciudadanía para “oponerse al alza de los impuestos”. Durante una gira de trabajo por la delegación Gustavo A. Madero —donde tres años más tarde se corroboran ministerialmente fraudes por 30 millones de pesos por obras no realizadas a cargo de una de las empresas del Grupo Quart—, convoca a integrar un frente común contra el aumento de impuestos, sobre todo a la eliminación de la tasa cero en alimentos y medicinas. 

Su confianza en que los diputados “reaccionen en consecuencia” y su sentencia: “No va a estar fácil, de una vez se los digo a los señores del gobierno federal, no nos vamos a dejar”, resultan plenamente confirmadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro al concluir el año y los dos siguientes para desgracia del grupo gobernante y el partido que lo auspicia, el PAN, que ven severamente limitadas las posibilidades de llevar a cabo su proyecto gubernamental.

Consciente de que se enfrenta al núcleo del paquete foxista, una suerte de llave de las cuatro reformas estructurales –energética, laboral y del Estado—, López Obrador se ocupa en pasar del rechazo a la propuesta. Y la hace llegar a Los Pinos.

Si Fox quiere más dinero para el gobierno —registra Europa Press—,  “muy respetuosamente le decimos al presidente”:

1). Aplique un plan de austeridad. 2). Combata la corrupción. 3). Abra el expediente del Fobaproa. 4). Integre una comisión de la verdad que investigue el punto anterior.

El jefe de Gobierno parte del reconocimiento explícito de que “las finanzas del sector público están en crisis, pero se omite señalar que se debe a una deuda pública  de origen ilegítimo”.

Recuerda que en “1993 esa deuda era de 115 mil millones de dólares, equivalente al 28 por ciento del producto interno bruto (PIB) y, para el año 2000 ascendió a 290 mil millones de dólares, el 50 por ciento del PIB.

“La mayor parte se originó por el rescate de los bancos, pero hay otros hoyos negros, como los pidiregas del sector energético y créditos incobrables de la llamada banca de desarrollo”, explica.

“Destacamos desde hace mucho tiempo –rememora— que esto iba a generar un descalabro en las finanzas y se optó por tapar el expediente, cuyas auditorías hechas por Michael Mackey revelaron irregularidades por 70 mil millones de pesos.

“Hay que hablar con los banqueros, porque cobran intereses muy altos; Cetes más dos puntos. Hay que hacerles ver que la situación económica del país no permite que se estén pagando estos intereses tan altos y que al menos acepten intereses equivalentes a la inflación más dos puntos.

“Es necesario llevar a cabo una renegociación de los pagarés del Fobaproa en manos de los banqueros, quienes cobran al año 80 mil millones de pesos por ese concepto.

“Si se lograra una renegociación con intereses del 10 y no del 18 por ciento, como se paga actualmente, la deuda bajaría a la mitad, unos 40 mil millones de pesos menos”.

En el segundo apartado, el combate a la corrupción, el político tabasqueño dice que según cálculos de organismos internacionales se estima que la corrupción gubernamental representa el dos por ciento del PIB, es decir, alrededor de 120 mil millones de pesos.

Por ello, recomienda que para combatir este lastre es indispensable una rigurosa supervisión en el otorgamiento de contratos públicos, compra, concursos y licitaciones. Además de que el gobierno abra los consejos de administración de sus empresas y organismos a representantes de la sociedad civil y fomente nuevas formas de rendición de cuentas.

Sin embargo, aclara que “no descalifica toda la reforma fiscal”, pero reitera el compromiso de seguir combatiendo “la política conservadora” aun a costa de “mi popularidad”.

A pregunta expresa sobre su eventual postulación para la candidatura presidencial en 2006, responde por segunda ocasión: “Ya lo dije, que me den por muerto, no se preocupen, yo quiero gobernar bien la ciudad con una política de principios”. De aquí surge el apodo de El Muerto y una de las fuentes de mayor irritación de sus adversarios políticos y hasta de Cuauhtémoc Cárdenas, su compañero de partido y maestro desde 1988 hasta, quizá, enero de 2001. Me recuerda un prominente perredista:

—No olvides que es el ingeniero el único que le otorga su voto para presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, frente a Roberto Robles Garnica.

Previamente, el secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Carlos Urzúa, asegura que el gobierno federal adeuda al del Distrito Federal cerca de 6 mil millones de pesos por concepto del 2% de impuestos sobre nómina, por lo que se instala una mesa de negociación para que ese monto sea cubierto.

El senador Demetrio Sodi de la Tijera, mientras tanto, señala que no comparte la postura de su partido de oponerse al cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos y medicinas, pues antes se deben analizar todas las propuestas. El PRD  “está firme en su oposición al IVA, pero yo no comparto esa postura. Creo que, en todo caso, hay que analizar todas las propuestas y esperar a que nos aclaren las dudas sobre los mecanismos para que la gente más pobre no se vea afectada por gravar medicinas y alimentos”.

Las posiciones mesuradas del exdirector general de Distribuidora Conasupo y actual subcoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, redundan  en muy amplios espacios en los medios de comunicación, sin ocultar su desdén por el alcalde de los defeños, desde que éste lo barre literalmente en los comicios internos de su partido para postular candidato a jefe de Gobierno. Peor suerte corre Marco Rascón.

Consciente de sus limitadas fuerzas para construir una propuesta fiscal viable, López Obrador refuerza sus lazos institucionales con la Asociación Nacional de Gobernadores (Anago) formada por los de Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur, Nayarit, Chiapas y Distrito Federal. En Los Cabos se plantea por primera vez, ante la sorpresa mayúscula del gabinete foxista, que “los gobernadores también tienen la facultad de enviar iniciativas al Poder Legislativo, no sólo el presidente”.

Alrededor de  la cita en la península se expresan por distintas vías, más privadas que mediáticas, coincidencias de gobernadores del PRI y del PAN  con el proyecto de proponer una “reforma fiscal verdaderamente integral, consensuada y alternativa a la del Ejecutivo que es regresiva y orientada sólo al alza de impuestos”, sostiene el capitalino.

La Anago también se pronuncia por cobrar impuestos a artículos de lujo mediante una reforma fiscal progresiva más amplia y por la que incluso se manifiesta el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velazco.

Cita lo dicho por el presidente del grupo industrial Carso, Carlos Slim, “en lugar de pensar en afectar a los pobres con impuestos, se deberían de gravar los artículos de lujo”.

La misma suerte, la de la crítica, corre el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, que se presenta el día de la madre, se entiende que como regalo y no como recordatorio de nuestras progenitoras. Para López Obrador “es la misma estrategia, la receta de siempre que una y otra vez ha fracasado”.

Considera “una tomadura de pelo” decir que se van a reducir 100 millones de pesos del gasto de publicidad, que es de más de 4 mil millones y  no se tocan para nada los 40 mil millones de pesos destinados al pago de intereses del Fobaproa. En el presupuesto de este año “están previstos 40 mil millones de pesos para el IPAB (Instituto de Protección al Ahorro Bancario) y siempre se exceden. En el 2000 eran 30 mil millones y terminaron ejerciendo 50 mil millones, ahora son 40 mil millones y nuestro cálculo es que van a ser 80 mil millones y esto no lo quieren tocar ni revisar”.

Impertinencia de José Ramón

Enseguida el gobernante de los chilangos libra la primera prueba de fuego –una verdadera broma al lado de las actuales y por venir—, suscitada por la impertinencia de un adolescente y el afán de unos guardias por quedar bien con el jefe, de acuerdo a los viejos resortes de conducta pública.

 El GDF informa que “fue cubierta de manera particular la reparación de los automóviles involucrados en el percance vehicular en el que el sábado anterior participó José Ramón López Beltrán, hijo del jefe de Gobierno capitalino”.

El comunicado se acompaña con la documentación que establece: “Se pagó la infracción 0692126 expedida a nombre del joven de 17 años de edad, por transitar en sentido contrario en la camioneta de uso oficial Gran Cherokee negra, modelo 1995 con placas de circulación 669-KXL del Distrito Federal”.

Precisa que ese vehículo “está siendo reparado en el taller Calidad Automotriz, ubicado en Patricio Sáenz 1745, colonia del Valle, cuyos gastos fueron cubiertos por cheques expedidos por Rocío Beltrán Medina, madre del joven, y cuya suma asciende a poco más de ocho mil pesos incluyendo refacciones y mano de obra. Respecto al otro vehículo involucrado, propiedad de la Policía Bancaria e Industrial, indicó que esa corporación recibió un cheque por 20 mil 315 pesos, cantidad que ampara en su totalidad la reparación del auto-patrulla 97066, que se encuentra en el Taller Auto Servicios AME, ubicado en Andrés Molina Enríquez número 60, colonia San Pedro Iztacalco”. La Policía Bancaria e Industrial señala que “recibimos de la señora Rocío Beltrán Medina cheque número 0128612 de fecha 14 de mayo del 2001, número de cuenta 0015549493-4 de la institución de crédito Bancomer, expedido a favor de Domingo Vergara Carbajal, propietario del Taller Auto Servicios AME, por la cantidad de 20,315 pesos. Misma que ampara en su totalidad la reparación de la auto-patrulla 97066 propiedad de esta corporación, siniestrada el pasado sábado 12 de mayo del presente año a las 22:00 horas en el cruce de las calles avenida Universidad y avenida Coyoacán, colonia Xoco. Con ese documento otorgamos el perdón, tal como se acordó en el lugar de los hechos y no reservamos acción legal alguna”.

Más tarde, la todavía Asociación de Banqueros de México le cobra la factura al alcalde por su viejo y recurrente alegato sobre el Fobaproa –“El saqueo del siglo”, la llama primero y después corrige “desde la Conquista”— y posterior  IPAB, al negarse sistemáticamente a la contratación de los servicios de la Policía Auxiliar Bancaria, argumentando no contar con el dinero necesario para realizar el pago de este servicio”, consigna Patricia Huesca de PH.

López Obrador aclara: “Tomamos la decisión —de retirar la vigilancia dentro de las sucursales bancarias— porque primero es la gente, la seguridad de los ciudadanos y no es justo que el gobierno, con dinero del pueblo, esté protegiendo a los bancos y dejando de lado al ciudadano”.

También llama la atención sobre que hay una reducción de 50 millones de pesos al programa de microempresas, lo que es contradictorio porque se habla por un lado de impulsar a la pequeña empresa y por otro hay un recorte. “Yo creo que ya con esto, se quedó sin nada el programa de changarros”.

Denuncia un ajuste de 350 millones en los fondos que la Federación transfiere a las entidades, pero “es una decisión unilateral que no demuestra que haya cuando menos el respeto hacia los gobiernos locales. En mi caso, no hubo consulta, ni creo que lo haya hecho con otros gobiernos”.

Sostiene que en materia económica hay márgenes que no se están utilizando; no hay plan de austeridad, no se está renegociando la deuda del IPAB. No se plantea nada para eficientar la recaudación, está demostrado que la evasión del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) es del orden de cinco puntos del PIB”.

Es decir, de 300 mil millones de pesos, estima; y cuestiona por qué el secretario de Hacienda no hace su trabajo en esta materia, para que se recaude mejor y dar un paso definitivo en lo relacionado con la recaudación, a volver a que los estados cobren impuestos.

Puntualiza el gobernante que hay más eficiencia cuando la responsabilidad la tienen los gobiernos locales, pues todo mundo va a estar interesado en que se mejore la recaudación. “Es realmente ineficaz el sistema de recaudación federal y tendrían que plantear una reforma en ese sentido, pero no hacen nada”.

En la misma perspectiva recaudatoria, el alcalde se comunica por la vía epistolar con el presidente para proponerle que se condicione la venta de Banamex a Citicorp a una renegociación de la deuda del Fobapora, que calcula en 100 mil millones de dólares. Estima como “magnífica la oportunidad”.

Le comparte también que dispone de información sobre que los dueños de los dos gigantes bancarios preparan una maniobra al más alto nivel para que la operación entre Banamex y Citibank por 125 mil millones de pesos quede totalmente libre de impuestos.

Si a esa suma se aplica la tasa actual del ISR  —le explica el tabasqueño que gobierna el DF al distritofederalense que gobernó Guanajuato—, el pago de impuestos al erario sería de 30 mil millones de pesos, y “esa evasión de impuestos significaría una cuarta parte de los ingresos que usted piensa obtener con su reforma fiscal, y en particular por el cobro de IVA a alimentos y medicinas”.

Le advierte que de autorizarse la venta de Banamex a Citicorp, “esta institución recibiría del presupuesto público solamente por intereses 4 mil 900 millones de pesos cada año. En cambio, si el Citibank invirtiera la misma suma en bonos del Tesoro de Estados Unidos sólo obtendría 2 mil tres millones de pesos, es decir, menos de la mitad”.

Sobre advertencia no hay engaño. La venta se realiza vía Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y, por tanto, queda exenta del pago de cualquier impuesto. Roberto Hernández, amigo y donante de lujo de Amigos de Fox y su candidato presidencial, realiza el negocio de su vida.

Un distensionador

Al día siguiente de la boda civil con Marta Sahagún Jiménez y del festejo múltiple por su cumpleaños y el primer aniversario del histórico 2 de julio de 2000, Vicente Fox recibe por segunda ocasión en audiencia privada, en Los Pinos, a López Obrador para analizar el rescate del Centro Histórico, la economía y la seguridad pública capitalinas.

Acuerdan la instalación de un consejo consultivo amplio con presencia de los sectores más representativos de la sociedad: académico, cultural, religioso, empresarial, financiero, comercial y político. También formar un comité ejecutivo con cuatro representantes de la sociedad civil, tres de los gobiernos federal y tres del capitalino, para aplicar las acciones concretas.

La coordinación de ese órgano queda a cargo de Carlos Slim Helú; los otros tres representantes por la “sociedad civil” son el cardenal Norberto Rivera Carrera, Jacobo Zabludovsky y Guillermo Tovar y de Teresa.

Por el gobierno federal participan un representante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, otro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y uno más de la Secretaría de Turismo.

Por el GDF integran dicho grupo un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico, otro de la de Desarrollo Urbano, y uno más de la de Turismo.

Fox y López  coinciden que proteger y rescatar el Centro Histórico, “nuestro gran punto de referencia”, es reafirmar identidad y debe ser una responsabilidad compartida por ambos gobiernos. “Hay que hacerlo con un sentido contemporáneo, pero cuidando todos los valores que encierra”.

Estiman que detener y revertir el deterioro del Centro Histórico es una tarea de considerable dimensión que reclama un esfuerzo conjunto de los gobiernos y de la sociedad civil.

Una de las críticas y denuncias más recurrentes a este proyecto hecho realidad para bien de la metrópoli, su historia y sus habitantes, es sobre la alianza del alcalde con el magnate de las telecomunicaciones y los servicios. También sobre el apoderamiento de los mejores bienes y raíces del Centro Histórico por parte de Carlos Slim. Sin embargo, omiten que la integración del comité ejecutivo por “cuatro representantes de la sociedad civil”, es producto de un acuerdo presidencial. A esa altura de su gestión parece muy cuesta arriba imaginar al alcalde dando órdenes al presidente.

El rescate del Centro Histórico resulta un buen medio para bajarle tensión a las relaciones institucionales entre Fox Quesada y López Obrador.  Acaso sea el mejor momento en estos cuatro años saturados, sobre todo a partir de marzo de 2004,  de desencuentros, choques, complots y ahora el proyecto para desaforarlo para ser procesado judicialmente.

Ante el anuncio del alcalde, registra CNI en Línea, de que “si el ciudadano presidente pone mil millones de dólares para la reconstrucción del Centro Histórico, el gobierno capitalino pone otro tanto”, el destinatario del mensaje le responde, durante la firma  del convenio de coordinación para rescatar el Centro Histórico, efectuada en Palacio Nacional, el 14 de agosto: 

“Esperamos ni siquiera tener que poner peso por peso en la propuesta de Andrés Manuel; esperamos transferir directamente muchos, pero muchos más recursos a los estados, a los municipios y, por supuesto, a la ciudad de México”.

Es, como se confirma más tarde, una efímera luna de miel.

Omite Fox que dos meses antes, en el marco de la III Reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores, se denuncia que “en los últimos meses la Federación ha disminuido las partidas de todas las entidades, que para la ciudad de México significa una reducción de 800 millones de pesos. Los estados del país han dejado de recibir al menos 15 por ciento de las participaciones que el gobierno federal debe entregar para programas de desarrollo social”.

Volvamos a la retórica: “Contamos con buenas bases para trabajar unidos en lo esencial, son importantes nuestras coincidencias. Primordialmente compartimos la legítima y profunda preocupación por elevar las condiciones de vida de los sectores marginados de la sociedad”, le asegura Fox Quesada a López Obrador, e insiste: “Estamos empeñados en que esto se convierta en un compromiso ético con los que menos tienen, con los más desfavorecidos: queremos que la política se sustente en la honestidad y el trabajo”.

Después de tanto florilegio, viene el primer revire no del presidente de la República, sino de una de sus múltiples personalidades que encierra el personaje, una suerte de comerciante avaro:

“Me preocupa la inseguridad en el DF. La relación que tengo con Andrés Manuel López Obrador es fría, de opositores. A cambio de apoyar en el rescate del Centro Histórico, el perredista tendrá que poner en marcha un programa de seguridad”.

Y tras ello una andanada propagandística para presentar al Distrito Federal como la ciudad más insegura del país. Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana, Matamoros y Morelia, sedes de los aún poderosos –excepto para Rafael Marcial Macedo de la Concha— cárteles del narcotráfico, palidecen en la reiterada denuncia presidencial. Tanto es así que Washington recomienda a sus turistas que eviten visitar el DF.

Percepción ciudadana aparte, harto influida por la nota roja que privilegian los noticiarios de un duopolio televisivo que prácticamente tiene a su merced a la clase política, con sus muy dignas excepciones, los datos del alcalde son distintos:

“La capital mexicana ocupa el octavo lugar en las estadísticas de acuerdo a la población y aunque la inseguridad es alta, el DF no ocupa la primera posición en la delincuencia del país”, refuta López Obrador de acuerdo a la agencia EFE.

Aunque no todos los delitos se denuncian, reconoce, en el Distrito Federal se cometen dos homicidios diarios, cifra que lo sitúa en el sitio número 18 en el país, mientras que en el robo de vehículos se redujo de 120 unidades diarias a 105 este año.

El alegato presidencial deviene en convergencia y se produce en territorios ajenos, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que convierte a Vicente Fox en el primer titular del Ejecutivo que lo visita para acordar con su contraparte local. Allí se firma el convenio de colaboración en materia de seguridad pública que establece que la Policía Federal Preventiva (PFP), el Ejército vestido de gris, “sólo intervendrá en la capital cuando se haga a solicitud del GDF”, lo que significa que concluyen los patrullajes unilaterales por la ciudad.

Una elemental falta de oficio para distinguir la oportunidad política, conduce a los dirigentes capitalinos del partido del sol azteca a instruir a sus militantes a colocar mantas en vialidades primarias en las que se ridiculiza al presidente Fox.

Son retiradas con más pena que gloria, bajo el argumento de irrespeto a los reglamentos, mas no por su contenido, pues “tanto los perredistas como cualquier ciudadano pueden manifestarse con libertad”.

Rendición de cuentas

Con dos informes trimestrales previos, rendidos por su propia voluntad, López Obrador acude a su primera cita obligatoria, la que por ley le impone el Legislativo capitalino, para hacer su primera rendición de cuentas.

La gubernamental Notimex, ajena a toda sospecha de simpatía con el macuspense, describe el ambiente: “Airoso, victorioso, esbozando una sonrisa que a cada paso que daba hacía más profunda, abriéndose paso entre la multitud que lo aclamaba, el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, abandonó, en un Tsuru II, el recinto de la ALDF”.

Sobre las posturas de los grupos parlamentarios, desglosa: “María de los Angeles Moreno, coordinadora de la fracción del PRI, volvió a mostrarse prudente en sus señalamientos y a lo más que llegó fue a indicar que la ciudad de nuestro tiempo le exige a sus gobiernos una planeación estratégica, que ataque de raíz sus problemas estructurales”. También critica:   “Esta administración no ha logrado entender a la ciudad en su dinámica y en sus inercias. De ahí la ausencia de un proyecto claro sobre la senda que debe tomar su desarrollo”.

Para no variar, describe: “El más agresivo, pero que sin embargo no logró modificar el rostro sereno de López Obrador, fue el panista Federico Döring Casar, quien cuestionó la política de bandos y bandazos del Ejecutivo local y no desaprovechó la oportunidad para recordarle que la corrupción no sólo es un mal privativo de Tabasco sino en la ciudad hay ‘cochinitos’ —en alusión al caso Robles— que requieren de atención’”.

Dione Anguiano, quien olvida el texto escrito con el discurso,  le revira: “Cómo se puede tener autoridad moral, si en la más alta tribuna del Senado se tiene a una persona que defendió a narcotraficantes, como lo hizo Diego Fernández de Cevallos”.

Aunque en la ciudad de la esperanza “no todas las promesas de campaña se cumplen, en nueve meses de este gobierno se han observado avances importantes, sobre todo en materia de combate a la pobreza”, afirma el diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco, del Partido Convergencia por la Democracia (PCD).

Eugenia Flores, del Partido del Trabajo (PT), afirma que el GDF “ha tenido deficiencias en su política económica, social, de salud, de vivienda y de seguridad en sus primeros nueve meses”, pero hace un reconocimiento a la “política educativa de la administración capitalina, así como a la política de austeridad y combate a la corrupción que ha logrado ampliar la recaudación”.

Concluye el reporte periodístico que el ejecutivo local “tampoco enfrentó cuestionamientos severos, más bien preguntas suaves, recomendaciones, propuestas y hasta cátedras de lo que es la izquierda”.

A diferencia del primer informe presidencial, rendido 16 días antes y que López Obrador califica “con poca información y poca visión, flojo”, éste sí escucha a sus interlocutores legislativos, mientras que en San Lázaro se escenifican, como en los viejos tiempos del Revolucionario Institucional hecho gobierno, dos ceremonias en una sola sesión de Congreso y sin aparente relación entre sí.

Del informe destacan los siguientes juicios, hechos y datos:

El reconocimiento explícito de que la ciudad de México padece grandes y graves problemas y el principal de ellos aún es la inseguridad pública, de la que responsabiliza al actual modelo económico.

El compromiso de atender sus causas y efectos, “combatiendo no sólo el crimen sino el desempleo, la desintegración familiar, la pobreza, corrupción e impunidad”.

La  configuración de una sociedad con mejores oportunidades para todos.

Desde el 5 de diciembre de 2000 hasta las 0.4:00 horas del 17 de  septiembre de 2001 “se denunciaron 130 mil 370 presuntos delitos en agencias investigadoras del Ministerio Público, lo que significa una disminución de 12 mil 120 delitos, es decir, 8.5 por ciento menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el robo de vehículos “se logró una disminución importante, pues en el último año de la administración de Espinosa Villarreal había 160 robos diarios, al iniciarse el actual gobierno el promedio era de 119 y hoy la cifra es de 104”.

Sin embargo, López Obrador admite que “el índice delictivo continúa siendo alto, por lo que se trabaja todos los días con el propósito de bajarlos aún más”.

El principal objetivo es frenar el empobrecimiento del pueblo, “orientando el presupuesto a favor de los humildes, excluidos y olvidados, para lo cual se han iniciado diversos programas en beneficio de 204 mil adultos mayores, 36 mil personas con discapacidad, 16 mil 766 niñas y niños de madres solteras y 23 mil personas a quienes les entregaron microcréditos”.

Para reactivar la economía desde abajo y crear empleos, “se han otorgado 12 mil créditos para mejoramiento y ampliación de vivienda, se han terminado cuatro mil 449 nuevas viviendas y en diciembre se cumplirá la meta original de emprender 25 mil acciones en materia de vivienda”.

Están en marcha 16 preparatorias y la Universidad de la Ciudad de México, con la construcción de cinco planteles.

El modelo que encabeza se finca en dos pies, que es el de la justicia social y el del crecimiento económico, por lo que se impulsa el crecimiento a partir de aprovechar la vocación productiva y las ventajas comparativas de la ciudad.

La recaudación tributaria —predial, tenencia, dos por ciento sobre nómina y agua—, “creció en términos nominales hasta el 14 de septiembre, 17 por ciento  pues el año pasado se recaudaron 11 mil 600 millones de pesos y el actual 13 mil 552”.

Pero no sólo escucha los posicionamientos de los integrantes de un poder soberano sino que López Obrador responde a las preguntas que le formulan después de rendir el informe.

“La ley –replica—, se debe aplicar sin distinciones, para que las cárceles no estén llenas de pobres y los delincuentes de ‘cuello blanco’ gocen de impunidad”. Seguramente piensa en Angel Isidoro Rodríguez, Roberto Madrazo Pintado, Oscar Espinosa Villarreal, Carlos Cabal Peniche... De éste último, el alcalde rechaza más tarde, “la admiración” que le profesa públicamente “por cínica”, tanto que  Cabal atribuye las persistentes y documentadas críticas de López Obrador a que “no está correctamente informado sobre mi caso”. El macuspense le recuerda que los 25 millones de dólares empleados en las campañas presidenciales de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo Ponce de León, así como en la de Madrazo para gobernador de Tabasco, están en “la panza del Fobaproa”.

Es obligación del Estado garantizar una educación pública gratuita y de calidad, dice. Y denuncia que “en 20 años no ha crecido la matrícula en el nivel de educación superior pública, mientras que las universidades privadas han aumentado en cerca de 200 por ciento su plantilla estudiantil”.

Asegura el alcalde que “nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, por eso no vamos a permitir la corrupción ni arriba ni abajo, ni a los lados ni en ninguna parte”.

Establece que la regla de oro de la democracia es la transparencia y “por eso votó la gente el 2 de julio de 2000, porque no quiere que se oculten las cosas ni se hagan negocios jugosos al amparo del poder público”. La frase retumba en las cabañitas de Los Pinos.

Esos negocios que son el pan nuestro de cada día, con todo y 2 de julio de 2000, lo conducen a confrontarse una y otra vez con los personeros y los amos y señores de los poderes fácticos, poderes informales prefiere llamarlos, y sus vínculos orgánicos con las instituciones públicas.

Insiste López Obrador en las complicidades  entre Zedillo, Rodríguez, Espinosa, Madrazo y Cabal, exonerado éste de 12 de los 15 cargos que se le imputan. Lamenta que “no se vaya a castigar el quebranto del Banco Unión, cuya deuda pagarán los contribuyentes a través del Fobaproa.

Vaticina: Sólo se demostrará que en México predomina la impunidad.

Cabal Peniche, exitoso empresario tabasqueño y ejemplo preferido durante el salinato, asegura que “le dio dinero cuando López Obrador dirigió el PRI en Tabasco”. 

 “El león cree que todos son de su condición, cree el león que todos son peludos. No, no tengo absolutamente nada que ver con Carlos Cabal. No es cierto, es totalmente falso, yo no recibo dinero de empresarios, mucho menos de quienes han hecho la riqueza de manera dudosa”, le responde el también cofundador y expresidente del PRD.

Con igual beligerancia recibe diariamente los fallidos dardos de  José Luis Luege Tamargo, un pirruris dice el alcalde. Aquél tiene como mérito principal dirigir, durante la campaña presidencial de Vicente, los Amigos de Fox en el DF y, ahora, subestimar a su adversario en grado sumo: “Busca idiotizar y adormecer con mentiras a los capitalinos”. Esa ciudadanía le paga sus agravios y desvelos, al madrugar imitando burdamente al gobernante, con una estrepitosa caída de la votación panista en julio de 2003, y su jefe y amigo lo premia con la titularidad de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.  

Bajo la estatua de Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, Maquío,  reitera que “seguirán exigiendo respuestas al jefe de Gobierno capitalino sobre los actos de corrupción en la pasada administración. La Contraloría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa nos ha dado la razón sobre el excesivo gasto y contratos sin licitación en Comunicación Social en la administración de Rosario Robles. El panismo no está tranquilo con la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, apelaremos ante instancias federales, a fin de que haya una respuesta”.

La respuesta, parcial por cierto, tarda un par de meses. López Obrador asegura, de acuerdo con El Universal, que “no tuvo ninguna ingerencia en el fallo que emitiera la Contraloría General en el caso Publicorp en el que se exonera a Rosario Robles y se fincan responsabilidades administrativas al exoficial mayor Porfirio Barbosa, al exdirector de Comunicación Social, Agustín Granados, y al excoordinador administrativo de la misma dirección, Roberto Peniche. Meses antes se queja amargamente un promotor de publicidad de Forum:

—Agustín Granados exige a los publicistas un porcentaje de las comisiones. Si no comparten la mitad de la comisión con él, no da publicidad del gobierno de Rosario Robles. ¡No se vale! Está igual que algunos comunicadores priístas, pero ellos no presumen de honrados.

Una trilogía

La puja por obtener más recursos de la Federación, ensanchar los propios vía recaudación y con el acotamiento de la corrupción en su vertiente pública y privada, maridaje que resta dineros al erario capitalino, es la trilogía que ocupa y preocupa en el último tercio de su primer año de gobierno y en el arranque del segundo.

La agencia Apro reporta la puesta en marcha de un plan de austeridad en las finanzas capitalinas. “Los mecanismos para ahorrar recursos no sólo seguirán, sino que se ampliarán. El presidente quiso hacerse partícipe de la austeridad gubernamental anunciando la venta de artículos de lujo que posee la Presidencia —yates y algunas casas—, no obstante, López Obrador le reprochó el hecho de que, como parte del presupuesto de 2002, haya planteado la necesidad de aumentos salariales para él y sus colaboradores, en lugar de plantear reducciones”.

Le pone el ejemplo y anuncia que “todos los trabajadores de base de su administración recibirán antes de navidad su aguinaldo de 40 días y vales de despensa, en tanto que los funcionarios de alto nivel no tendrán ninguna compensación”.

Pero no deja de reconocer públicamente a Fox el apoyo al rescate del Centro Histórico que se traduce, ahora, en el anuncio de estímulos fiscales para los inversionistas: reducción inmediata y hasta de 100 por ciento en ISR. “Pensé que nos costaría más trabajo, no sé cómo convencieron al secretario de Hacienda”, confiesa el alcalde en medio del aplauso de los integrantes de los gabinetes federal y capitalino. Como primer e inmediato resultado, la empresa constructora Reichmann International anuncia “el inicio de la demolición de edificios de la zona donde se ubicará el proyecto Alameda, que representa la obra más importante de inversión conjunta entre el gobierno capitalino y una empresa privada, por un monto aproximado de 300 millones de dólares”.

Ello no obsta para que pida al Senado sus buenos oficios para que el gobierno de la República asuma la mitad de la deuda pública del DF que asciende a 14 mil millones de pesos. El argumento es muy claro: “La mayor parte del endeudamiento se contrajo cuando la capital era un regencia, lo que representa pagar actualmente 5 mil millones de pesos al año en servicio de la deuda”.

El reclamo tiene como la mejor vía de desenvolvimiento a la Anago, con el apoyo abierto del priísta sinaloense Juan S. Millán. Advierten ante las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, sobre “un posible estallido social si no se entregan más recursos a los estados para que atiendan las principales demandas de la población”.

Los perredistas Andrés Manuel López Obrador, del Distrito Federal; Alfonso Sánchez Anaya, de Tlaxcala; Leonel Cota, de Baja California Sur; Ricardo Monreal, de Zacatecas, y el recientemente gobernador electo, Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán,  presentan su propuesta alterna de Presupuesto de Egresos que contempla reasignaciones por 58 mil millones de pesos y “demandaron la restitución del Programa de Apoyos al Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF), que eliminó Vicente Fox en su proyecto; incremento al porcentaje correspondiente a los estados y municipios en la recaudación general participable, de 20 a 23 por ciento; fortalecimiento de los fondos destinados a educación, salud, seguridad pública y desastres naturales; desincorporación a entidades federativas de los programas Progresa, Procampo y Alianza para el Campo”. La única ausencia destacable de la reunión fue la del mandatario, aliancista, chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, cada vez más propenso a subrayar su alianza política foxista.

Con el antecedente de una primera cumbre de gobernadores de todo el país con el Presidente de la República —irreverentes como son, los jóvenes simplemente dicen El Fox—, el último día del año la Cámara de Diputados aprueba la Ley de Ingresos de la Federación para 2002 que “prevé una captación de recursos para el gobierno federal por un billón 459 mil 413.7 millones de pesos, una inflación no mayor al 4.5 por ciento y un endeudamiento neto por 110 mil millones de pesos. Restituye el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que en el proyecto del Ejecutivo federal había sido eliminado, y que será en 2002 por 14 mil millones de pesos. Respecto al techo de endeudamiento que había solicitado el jefe de Gobierno capitalino y que era de 5 mil 500 millones de pesos sólo se le disminuyeron 500 millones y quedó aprobado con 5 mil millones de pesos, pero con algunos ‘candados’ de control y transparencia para su aplicación”.

Candados y transparencia aparte, los recursos garantizados por el Congreso permiten al GDF iniciar el segundo año de la centuria con recursos suficientes, aparte los propios que son muy superiores y que oportunamente aprueba la Asamblea Legislativa, con un panorama más despejado.

Es la falta de recursos la que genera un mes ante el reclamo, con todo y concierto en la plancha del Zócalo, de los 100 integrantes de la Orquesta Filarmónica. Adscrita al entonces Instituto de Cultura de la Ciudad de México, “son ustedes la joya del instituto”, les dice Enrique Semo. “Si realmente somos la joya que pongan a la orquesta donde se merece, en la televisión, en el radio, en el Metro, en los espectaculares; que seamos abanderados del DF, la ciudad más grande del mundo (sic), que nos manden a diferentes países a dar conciertos, porque la orquesta tiene esa calidad; sin embargo no sentimos que el GDF esté realmente orgulloso de la filarmónica”. En agosto anterior, el escritor y periodista Federico Campbell denuncia que “aparentemente el GDF está desinteresado en la cultura” y reclama “junto a la reforma política una equivalente en el ámbito cultural”.

Reforma que el partido de la victoria cultural, impulsa por medio de su delegado en Benito Juárez, Juan Carlos Espina Roehrich, con la clausura en vísperas de navidad, de la nueva preparatoria ubicada en San Lorenzo 290, colonia Del Valle Sur.  “No es adecuado, no es correcto clausurar esa escuela; es un acto de mal gusto, además de acuerdo a lo que me informan todo está en regla, es simplemente un afán contrario a la educación pública gratuita de calidad; pero una cosa es que estemos a favor de la privatización o no de la educación pública y otra cerrar una escuela”, responde el gobernante del DF.

Por esas fechas una manta proclamaba en la calle de Gante, en pleno Centro Histórico: “Los comerciantes nos oponemos a la apertura de una preparatoria en este lugar”. Bertha Adriana, una mexicana avecindada en Brownsville, Texas, me dice asombrada:

—¡Qué bárbaros! Deberían oponerse a que se abran más cantinas. ¡No tienen abuela!

Los que muestran que sí tienen progenitora son los usuarios del principal medio de transporte público, el Metro, además del Tren Ligero y Ruta de Transportes de Pasajeros, al votar, previa consulta telefónica descalificada como todas las que realiza López Obrador, por un incremento del precio de 1.50 a 2.00 pesos. Tres meses antes el director de Transporte Eléctrico, Mario Zepeda Martínez presenta su renuncia, la primera del equipo de AMLO, a exigencia de la Asamblea Legislativa, después de darse tres accidentes en 120 días con pérdidas humanas.

“Es una farsa”, califica Jorge Schiaffino Isunza, dirigente priísta capitalino, por el dedo del Comité Ejecutivo Nacional. Me dice Manuel Aguilera Bravo, sustituto de Víctor Manuel Camacho Solís en la regencia salinista:

—Sólo ustedes, los periodistas, se toman en serio a Jorge.

De los 50 mil encuestados 58 por ciento se manifiestan a favor del aumento de 50 centavos. La última alza se produce en diciembre de 1997, cuando el precio del boleto del Metro pasa de 1.30 a 1.50.

Se precisa de una buena dosis de lodo en las venas para suponer que los trabajadores votan en contra de su bolsillo, castigados como están por el estancamiento económico del país, sólo porque su liderazgo institucional los hace partícipes de una farsa.

López Obrador lo explica en Apro: “Sostengo que si se le hubiese consultado a la gente en decisiones importantes, no estaríamos en la situación en que nos encontramos. Claro que yo puedo decidir, tengo la facultad para hacerlo y no me tiembla la mano. Sin embargo es mejor preguntar, es mejor mandar obedeciendo. Aun participando 50 mil personas, son más que el jefe de Gobierno y más que los diputados. Es un proceso, antes no se consultaba nada, ni siquiera el ciudadano podía elegir a su autoridad. Estamos dando los primeros pasos para consolidar la democracia y esto ayuda”.

Con esta lógica política, el alcalde inaugura el año con otra consulta, ahora sobre el segundo piso en Viaducto Miguel Alemán y Anillo Periférico. Participan 80 mil 970 ciudadanos y de ellos 72 por ciento se manifiestan a favor y 22 por ciento en contra. En términos de votos son 58 mil 577 favorables y 22 mil 393 negativos. El universo de ciudadanos con credencial de elector es de seis millones, como lo señalan con altos decibeles y abundantes cuartillas periodísticas los colegas que más destacan en la crítica al GDF

Simultáneamente comienzan los primeros movimientos en la administración capitalina con miras a las elecciones federales de julio de 2003. El primer ajuste se produce en la Subsecretaría de Seguridad Pública, a cargo de Ramón Sosamontes Herreramoro. Casualidad o no, júzguelo usted, ese mismo día el alcalde capitalino anuncia “una investigación a fondo de ciertas instancias de gobierno” y “una reforma estructural que deje clara la determinación de no permitir la corrupción”. 26 meses más tarde, Sosamontes aparece en múltiples fotografías con Rosario Robles y Carlos Agustín Ahumada, también conocido como El señor de la seducción. Los detractores de Ramón me aseguran:

—Siempre ha tenido la propensión a jugar el papel de celestina, tanto en los partidos Comunista Mexicano (PCM), Socialista Unificado de México (PSUM), Mexicano Socialista (PMS), como en el de la Revolución Democrática.

López Obrador aprovecha la ocasión para subrayar: “Los funcionarios que tengan interés de participar en la contienda del PRD están en su derecho y quien se vaya tiene que presentar su renuncia  porque no se puede confundir gobierno y partido, son cosas distintas”.

Le sigue la coordinadora de Comunicación Social, Ana Lilia Cepeda, pero ésta sólo cambia de rubro y se hace cargo de la Dirección del Fideicomiso para la Rehabilitación del Centro Histórico, uno de los proyectos más importantes para López Obrador.

Viejo lobo de mar

Acaso anticipándose, como viejo lobo de mar, al desencuentro más importante del año con Vicente Fox, el del nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública del DF, el alcalde designa, el día del amor y la amistad, a Marcelo Ebrard como subsecretario de Atención Ciudadana y Desarrollo Policial de la SSP. Y todavía aclara que lo hace de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 122 de la Constitución Política, y en tanto recibe respuesta del presidente de la República sobre su propuesta formulada la víspera para el nombramiento de Francisco Garduño como titular de la secretaría. Con el siempre polémico subsecretario de Gobierno se pretende sustituir a Leonel Godoy Rangel, quien renuncia a la titularidad para hacerse cargo de la Secretaría General de Gobierno de Michoacán. Un par de meses antes, Godoy asegura a José Carlos Robles, José Cabrera Parra y otros periodistas que desayunamos los viernes en el Lincoln de Revillagigedo:

—Bajo ninguna circunstancia me iré a Michoacán con Lázaro Cárdenas Batel. Mis tareas y compromisos están aquí, en el Distrito Federal.

Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación (Segob), responde el mismo día a nombre de Vicente Fox: “Es necesario que el gobierno de la ciudad, de manera planeada y coordinada con el Ejecutivo federal, presente un proyecto que sí funcione para combatir el delito y reducir la criminalidad”.

Pide el funcionario designado al frente del Palacio de Covián —tras la derrota que en las urnas le propina López Obrador con todo y efecto Fox—, “revisar o reestructurar el Programa de Seguridad Pública del Distrito Federal 2001-2006”, dado que “la información de la Procuraduría General de Justicia señala un incremento permanente del índice delictivo en la ciudad a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador”. Al parecer aún respira por la herida que causa la prueba de las urnas incluso a los “demócratas verdaderos”, como se autodenominan, en 2004, Fox, Sahagún y Creel.

Denuncia las malas formas institucionales y legales utilizadas en este delicado asunto por el alcalde, quien “asegura que solicitó vía telefónica al secretario particular del Presidente de la República, Alfonso Durazo, una audiencia con el titular del Ejecutivo federal, en la cual planeaba abordar el tema del relevo en la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Efectivamente lo hizo, sin embargo, ello ocurrió horas después de que (López Obrador) anunció dicho relevo en una rueda de prensa.

“Gobernación considera que fue al margen de lo que establecen la Constitución, el Estatuto de Gobierno y la Ley de Seguridad Pública local, como el titular del gobierno capitalino dio por renunciado, el pasado 11 de febrero, a Leonel Godoy y propuso, a través de la prensa, a Francisco Garduño, todo ello sin notificación formal al Ejecutivo federal”.

Pese a la sensible ruptura de la tregua –“guerra verbal desatada por López Obrador”, la llama Reuters— y el espaldarazo que brinda al comunicado de su responsable de la política interior, Fox cuida más las formas del debate y en una carta dirigida al jefe de Gobierno precisa las condiciones para superar el desencuentro institucional:

“La seguridad pública, tanto en el Distrito Federal como en todo el país, es la preocupación más sentida de los mexicanos y una tarea que requiere la colaboración, el esfuerzo y la solidaridad entre todos los niveles de autoridad y la comunidad, en los que debemos estar por encima de cualquier interés partidista o personal, razón por la cual ratifico lo expresado por la Secretaría de Gobernación en sus diversos comunicados al respecto.

“El gobierno de la República ha tratado de dar muestras de un espíritu permanente y sincero de esa colaboración y del respeto por dichas tareas, a través del nombramiento de un profesional apartidista, y de la cooperación permanente e incondicional de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la PFP con todos los gobiernos y comunidades del país. En el caso del Distrito Federal hemos realizado esfuerzos de participación policiaca, asignación extraordinaria de recursos y comunicación permanente con las autoridades locales para demostrar, con hechos, nuestros compromisos con la población en esta lucha, que es de todos.

“Por los motivos antes expuestos, no puedo aprobar su amable propuesta pero quiero reiterarle a usted mi firme propósito para continuar colaborando y apoyando, dentro de nuestra competencia, en las funciones de seguridad pública en esta capital; también le pido que unidos encontremos a la persona que pueda garantizarle a la población de esta entidad federativa el liderazgo y el perfil profesional necesarios en la función de seguridad pública, a través de una carrera profesional impecable en las tareas policiacas y de seguridad y un apartidismo incuestionable; también lo invito a que, en el marco constitucional, trabajemos juntos para que se establezca, de manera efectiva, la Comisión Metropolitana de Seguridad Pública, con la participación del estado de México y los municipios conurbados, Estas cuestiones, que son de vital interés para todos los que vivimos en la zona conurbada de la ciudad de México, y que pueden ser un ejemplo para todo el país, debemos resolverlas de inmediato, razón por la cual lo invito a la sede de este Ejecutivo federal para que discutamos los temas que le propongo y los que usted considere que sean útiles al respecto, para que en forma transparente y cordial le demos una respuesta satisfactoria a nuestros mandantes, a la brevedad posible”.

Enseguida de un encuentro a puerta cerrada en Los Pinos, Vicente Fox Quesada y Andrés Manuel López Obrador acuerdan designar, el 18 de febrero, a Marcelo Luis Ebrard Casaubon, secretario de Seguridad Pública del GDF.

Priísta de 1978 a 1995, director general de Gobierno y secretario general de Gobierno con Manuel Camacho Solís como regente capitalino, cofundador y secretario general del Partido del Centro Democrático (PCD), diputado federal independiente por el Partido Verde Ecologista de México durante 1997-2000, candidato a jefe de Gobierno por el PCD en 2000, son los datos clave que hacen del nuevo titular de la SSP un “profesional apartidista incuestionable”, que está “por encima del interés personal y de partido”, de acuerdo a la fraseología presidencial.

El estreno

Ebrard toma la estafeta lanzando un ultimátum a los amos y señores del país, los honorabilísimos banqueros “van a tener que cumplir con las normas internacionales de seguridad, quieran o no quieran, en toda la República. Cuando menos en el DF, así vamos a actuar nosotros”, dice, de acuerdo con el reporte de Formato 21.

Los dueños de buena parte del presupuesto público, vía intereses de los pagarés de Fobaproa –60 mil millones de pesos anuales— esgrimen como argumento el pago de impuestos —de los que por cierto existen en su poder miles de millones de pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los usuarios y que no son entregados oportunamente a la Secretaría de Hacienda, de acuerdo al columnista Carlos Fernández Vega, titular de México SA—, para que la SSP les brinde obligatoriamente seguridad gratuita en las mil 300 sucursales bancarias en la capital, con un costo aproximado de 150 millones de pesos al año.

La respuesta del jefe de Gobierno es categórica: “En tanto no exista un mandato judicial, continuarán los operativos de revisión de las medidas de seguridad. El argumento de los banqueros en el sentido de que pagan impuestos y que por ello el gobierno tiene la obligación de proporcionar seguridad en sus negocios es infantil, ya que todos pagamos impuestos y no por ello tenemos un policía en nuestra casa”.

Respecto a quién le corresponde garantizar la seguridad en las sucursales, si a los dueños o al gobierno, dice que “es algo que tendrá que decidir la Suprema Corte, no la Comisión Nacional Bancaria ni la Secretaría de Hacienda que encabeza Francisco Gil Díaz, quien por cierto trabajó en Banamex”.

Les recuerda que “están muy mal acostumbrados y una muestra de ello es que en la venta de Banamex se evadió el pago de 3 mil millones de dólares mediante la operación de meter a cotizar a la BMV a Citibank, institución que adquirió al mencionado banco mexicano”.

Puntualiza que la nueva Ley de Establecimientos Mercantiles aprobada por la Asamblea Legislativa obliga a los banqueros a pagar su seguridad, como sucede con todo tipo de establecimiento comercial”.

Más tarde, el 18 de junio, la siempre oportuna Procuraduría General de la República (PGR), presenta su primera demanda ante la SCJN contra Andrés Manuel López Obrador y la Asamblea Legislativa “por invasión de atribuciones”, al emprender clausuras de sucursales bancarias. Al frente de la PGR se encuentra un general habilitado que ostenta el doctorado en derecho, obtenido en la Universidad Militarizada Latinoamericana, propiedad entonces de su padre y actualmente de él mismo, comenta en Forum, en abril de 2001, Miguel Angel Ferrer. En trascendidos periodísticos se afirma, recientemente, que no tiene título de abogado cuando lo nombra Vicente Fox procurador general de la República, a marchas forzadas cubre el expediente encargando la hechura de la tesis de licenciatura. Mientras tanto, el general José Francisco Gallardo purga una larga condena de 28 años y seis meses de prisión, gracias a los buenos oficios de su implacable persecutor como juez y procurador general de Justicia Militar.

Las modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles son  aprobadas el 14 de mayo y permiten a las autoridades locales inspeccionar y exigir medidas de seguridad a los bancos, así como clausurarlos en caso de no cumplirlas. Las fracciones que se pretenden anular corresponden al artículo 9 y son las V, XIV, XV, XVI y XVII, que en lo general versan sobre las medidas que deben tomarse en todas las sucursales bancarias que existan en la capital.

La respuesta del alcalde surge enseguida: “Es vergonzoso que el gobierno federal pretenda desactivar una ley local que obliga a los bancos a contar con seguridad privada. Todavía no salgo del asombro, nunca me imaginé que la PGR, el abogado de la nación, se convirtiera en el abogado de los banqueros”. Menos de dos años después, con la solicitud de juicio de procedencia por “el incumplimiento del mandato de un juez en el caso del predio El Encino”, el eufemismo que encierra la arcaica expresión de “abogado de la nación” se desnuda a la luz del día.

Reuters registra los hechos: “Desde 2001 el gobierno capitalino retiró a parte de los dos mil policías del interior de las mil 300 sucursales bancarias para reforzar la vigilancia en la calles de la ciudad, que es una de las más peligrosas del mundo.

“Pero el Congreso local rechazó ese argumento, pues la ley no pretende regular las actividades financieras, sino sólo el funcionamiento de los bancos como comercios. ‘Es un mal síntoma el que en esta cuestión de la seguridad salga la Procuraduría a la defensa de los banqueros. ¿Qué cosa es lo que quiere la Procuraduría que no se aplique: que haya seguridad en los bancos, que haya medidas de protección civil?’, dijo López Obrador.

“El gobernante ha dicho que el autor intelectual de la supuesta defensa a los banqueros es el presidente conservador Vicente Fox. ‘Todos pagamos impuestos. ¿Qué nada más por eso vamos a tener policías en nuestras casas?’”.

Con este juego de medición de fuerzas entre uno de los poderes fácticos, extranjero en medida considerable, y uno de los poderes legalmente constituido, el GDF, se cierra el año con la multiplicación en seis veces del número de asaltos bancarios, al decir de  Milenio Diario, con un monto de 15 millones de pesos, es decir, morralla para ellos, que además cubren las aseguradoras.

Las tijeras de Gil Díaz

Mientras los insaciables banqueros piden y reciben todo, el presupuesto público no alcanza para las necesidades elementales de las mayorías y el estancamiento económico por segundo año consecutivo conlleva a un recorte presupuestal del que se ocupa epistolarmente el alcalde y el presidente, por medio de Francisco Gil Díaz.

López Obrador sólo pide: “Cuando se tiene que ajustar el gasto público lo mínimo que puede hacerse es consultar a las entidades federativas, sobre todo cuando está de por medio reducir el presupuesto a rubros como salud, educación y desarrollo social”.

No sólo la crítica más que comedida, también ofrece algunas soluciones al sugerir “a la SHCP que mejore sus sistemas de recaudación para evitar los recortes que afectan severamente a los estados por concepto de participaciones y transferencias. El actual sistema tributario es centralista, obsoleto e inoperante porque no estimula al contribuyente. La recaudación sería mejor si los estados cobraran los impuestos.

“En nuestro caso nos podemos defender, pues el 50 por ciento de nuestro presupuesto proviene de ingresos propios y en el primer trimestre si bien hay una disminución de 600 millones de pesos en relación a la recaudación estimada, esto se compensará en los próximos meses con ingresos por 4 mil millones de pesos de la policía auxiliar.

“Los estados quieren conocer cómo se hace la recaudación pues en el caso de la ciudad, la actividad económica pinta bien, por eso extraña que estén cayendo los ingresos federales, además de que el precio del petróleo está por encima de las estimaciones, aunque la recesión podría estar afectando los ingresos públicos de la Federación”.

Reconoce que los “banqueros están en su derecho de acudir a los tribunales para que se determine quién debe pagar la seguridad en sus sucursales”, pero les recuerda que “ya no hay privilegios, ya no es como en el pasado en donde a los de arriba no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa”.

Con todo, el tabasqueño se compromete a “no tocar los programas sociales para compensar la disminución que tendrán las partidas capitalinas, a raíz del recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal.

“El  recorte federal por 10 mil 100 millones de pesos propiciará una reducción de unos 200 millones de pesos en las partidas locales y ello afectaría más a las delegaciones que al gobierno central”.

En su opinión, en épocas de crisis o recesión, aumentar impuestos o recortar programas sociales pone en riesgo la estabilidad y paz social. “Estamos haciendo el análisis de la afectación que va a tener el recorte en los programas del gobierno de la ciudad, vamos a compensar disminuyendo el gasto corriente, pero no vamos a tocar programas sociales como el de atención a adultos mayores, vivienda y educación”.

Abunda que si bien se requieren medidas coercitivas, también se tienen que atender las causas que dan origen a la delincuencia como son el desempleo, la desintegración familiar y los efectos de la crisis de los últimos 20 años.

Previamente, por instrucciones del alcalde, el director general de Regulación al Transporte, Alejandro Ordorica Rodríguez, informa que se condona durante 2002 el 100 por ciento de la sanción económica por la falta del Seguro Unico para Vehículos Automotores.

La astringencia económica no lo hace variar su proyecto gubernamental y deja claro que “no tiene previsto ningún proyecto para privatizar los servicios públicos de la administración local, sobre todo, los relacionados con el agua y la basura:  “No se va a dejar la responsabilidad de prestar los servicios, sino por el contrario, se buscará mejorarlos”, enfatiza López Obrador aunque su correligionario potosino Salvador Nava Calvillo, tiempo después alerta:

—Son muy peligrosas, Eduardo, las medidas que está poniendo en marcha Andrés Manuel para privatizar la recolección de basura y el abastecimiento del agua.

Informa el gobernante que en el Distrito Federal “existen 90 mil desempleados, de los cuales siete mil 775 recibirán en este año las becas de mil 800 pesos mientras encuentran colocación”. Los exhorta, dice Unomásuno, a “levantar el rostro ante la adversidad”, en un acto en el Zócalo capitalino en el que entrega mil 500 apoyos.

La Crónica de Hoy registra: “De las mil 352 unidades territoriales en que se divide el Distrito Federal, 800 se encuentran en situación de alta y muy alta marginación; el problema afecta a cerca de 6 millones de habitantes de la ciudad, reconoció esta mañana el jefe del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

“Por lo anterior, aseguró que su gobierno canaliza 10 mil millones de pesos a programas sociales, la mayor parte de los cuales se destinan a las personas que habitan en esas unidades que se encuentran en situación de marginación, para atender sus necesidades básicas. Aseveró que para su gobierno es prioritario atender a los más pobres y si bien no se ha podido reducir el problema de la marginación éste no ha crecido en los últimos años”, concluye el matutino dirigido por Pablo Hiriart Le Bert, acaso el más obstinado crítico del macuspense.

López Obrador narra los motivos del origen de aquella actitud de Hiriart:

—En el mitin de Paraíso estuvo presente el señor Pablo Hiriart, recientemente había sido enviado por el periódico La Jornada para cubrir el proceso electoral de Tabasco. A diferencia de Audelino Macario, corresponsal de ese diario en Tabasco, Pablo Hiriart, desde su aparición en Tabasco, se vinculó estrechamente con los jerarcas del PRI. Vivía en el hotel Hyatt Villahermosa, tenía a su disposición vehículos del gobierno con chofer y sus notas y crónicas las hacía prácticamente en las oficinas del PRI.

“Para el señor Hiriart nuestro movimiento era incipiente y nosotros unos pequeños burgueses que buscábamos con pocas posibilidades disputarle el poder al PRI. En su crónica sobre el acto de Paraíso se ve claramente su vocación oficiosa...

“(Son) los argumentos centrales manejados por el PRI-gobierno, sólo que envueltos en el lenguaje de un profesional de la crónica mercenaria. Fueron de tanta utilidad para el PRI los servicios de Pablo Hiriart que sus crónicas eran reproducidas en las oficinas de prensa de ese partido para difundirlas masivamente. Al paso del tiempo el periodista recibió su premio: es ahora el columnista estrella del periódico El Nacional, órgano oficial del gobierno de la República...” (Tabasco, víctima del fraude electoral. Andrés Manuel López Obrador. Nuestro Tiempo. Primera edición,1990. Páginas 98-101).

Volvamos al tema de los dineros, pero públicos. Elia Baltazar y Ricardo Olayo Guadarrama consignan en La Jornada que AMLO puede recibir 3 mil millones de pesos por fuera del presupuesto capitalino e incluso federal.

Un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, favorable al GDF, pide al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que cubra sus adeudos pendientes sobre el impuesto del dos por ciento sobre nómina. Tras un par de años de litigio, el alcalde informa que, a reserva de la suerte que tenga la apelación del instituto, está dispuesto a aceptar “recursos en especie” como apoyos con servicios médicos a las personas de la tercera edad y gente humilde, aproximadamente 200 mil familias que no tienen seguro.

“López Obrador dijo que mantiene pláticas con el resto de las dependencias federales que tienen también problemas con el pago de impuestos al gobierno capitalino, y señaló que ha ayudado que la Suprema Corte de Justicia haya pagado en su oportunidad el impuesto del dos por ciento a la nómina, pues a partir de ahí, otras dependencias, que no informó cuáles, han hecho lo mismo.

“A la gente no le gusta el güiri, güiri, claro que hay un conductor (Andrés Bustamante) que sí le gusta, que tiene talento, ingenio e imaginación, pero ése es otro asunto; pero los dimes y diretes entre servidores públicos y entre políticos llegan a aburrir, lo que tenemos que hacer es cada quien dedicarse a trabajar y atender las demandas de la gente”.

Al principal recaudador y recortador de recursos públicos de la Federación, Francisco Gil Díaz y todos sus compañeros, les aplica el mote de “gabinete Montesori”, pero con todo respeto al método,  porque “cada quien hace lo que quiere y en vez de mejorar cada día empeora más”. Las palabras del mandatario local son en crítica a “las acusaciones mutuas” que protagonizan el primero y el secretario de la Contraloría Francisco Barrio Terrazas, sobre la reforma fiscal y la investigación del financiamiento de la campaña foxista.

“Antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado, cada quien tiene su estrategia, sus intereses, se espían unos a otros”, dice, e interroga sobre la verdadera función del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen).

Su primera referencia al Cisen, en las madrugadoras conferencias de prensa, la hace al descubrirse, el 24 de mayo, micrófonos en la oficina del secretario de Finanzas del DF, Carlos Urzúa Macías, antecesor del mundialmente famoso Gustavo Ponce Meléndez, El señor de Las Vegas. “¿Cuánto gastan y quiénes trabajan?”, exige que explique el gobierno federal, informa la agencia SUN.

¿Broche de oro?

Dos severos golpes legislativos recibe de manera sucesiva el alcalde. El 29 de abril  la mayoría de la ALDF adopta como punto de acuerdo “solicitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, suspenda el proyecto del segundo piso en Viaducto y Periférico”. La propuesta la formula Margarita González Gamio y recibe el rechazo de la bancada del PRD, pero las del PRI, PAN y PVEM (Partido Verde Ecologista de México) piden que “los recursos de esa obra se destinen a aumentar la red de transporte colectivo no contaminante, que tanto urge en la ciudad de México”. Seguramente ni lo usan ni lo conocen, pero aparentan pugnar por intereses populares, como si otras obras viales no incidieran en el conjunto de la transportación citadina.

Enseguida, el 2 de mayo, la ALDF declara “ilegales” todos los bandos emitidos por el gobernante. Registra Elba Mónica Bravo en La Crónica de Hoy:

“La Asamblea Legislativa cerró con broche de oro el periodo ordinario de sesiones, luego de que los diputados del PAN, PRI, Verde Ecologista, Democracia Social, Convergencia por la Democracia y Partido del Trabajo propinaron al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, un nuevo revés, al decretar, mediante un punto de acuerdo, que los bandos son ilegales. Esta semana no fue buena para el Ejecutivo local, porque apenas el lunes pasado la ALDF le solicitó a López Obrador suspender el proyecto de construcción de los segundos pisos en el Viaducto y en el Periférico y destinar esos recursos a incrementar la red de transporte, principalmente Metro, ‘que tanto urge a la ciudad’. Las discrepancias entre el Poder Legislativo y Ejecutivo local se evidenciaron cuando la ALDF aprobó, con el voto en contra del PRD, el punto de acuerdo propuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), iniciar el procedimiento de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por no aplicar el Seguro Unico de Vehículos Automotores, que debió entrar en vigor desde enero pasado”.

Como político que también sabe perder, “a la buena y a la mala” –tal y como recomienda Jorge Castañeda Gutman para eliminarlo de la sucesión presidencial de 2006—, López Obrador revira: “Mi gobierno no cederá al chantaje ni a las negociaciones oscuras para que se apoyen obras o proyectos prioritarios para la ciudad. No se aceptarán negocios al margen de la ley, ni se apoyarán gestiones que tengan como fin el beneficio personal. Federico Döring ha solicitado apoyo del GDF para agilizar un juicio de dos empresarios judíos, donde están de por medio cuatro millones de dólares, situación que, insisto, no vamos a aceptar”.

Agrega: “La diputada local del PRI, Margarita González Gamio, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Establecimiento de Reservas Territoriales de la ALDF se opone a autorizar el cambio de uso de suelo para una preparatoria en la delegación Magdalena Contreras, en tanto el gobierno no le autorice otros proyectos más para beneficio propio”.

Pese a los reveses, la popularidad del expresidente del PRD es vista en los siguientes términos por la encuestadora María de las Heras, en Milenio Diario:

“El pasado fin de semana se hizo el levantamiento de la encuesta en el DF correspondiente al Opinómetro de junio. Las fechas de trabajo están definidas desde principios del año y se respetan, sean cuales sean los acontecimientos que se estén dando en esos momentos.

“La semana pasada no fue precisamente muy fácil para el jefe de Gobierno capitalino: Se cancela su proyecto del segundo piso en el Viaducto y el Periférico, se da a conocer la encuesta sobre inseguridad en la que la capital ocupa los primeros lugares de delincuencia y, para rematar, se lleva a cabo el paro de los trabajadores al servicio del Gobierno del DF.

“Si comparamos los porcentajes que obtuvo en la encuesta nacional de mayo el presidente Fox, con los que obtiene López Obrador en la encuesta del DF el pasado fin de semana, la ventaja del segundo sobre el primero es clara en todas y cada una de ellas y, para rematar, a pregunta expresa, 47% de los entrevistados en la capital nos dijo que el jefe de Gobierno estaba gobernando mejor que el presidente, contra 20% que opinó lo contrario. Otra vez, las variaciones respecto a la encuesta de marzo son estadísticamente insignificantes.

“A pesar de que López Obrador insiste, de pensamiento, dicho, palabra, obra y omisión, en que primero son los pobres, aun así el 38% de los entrevistados de los niveles socioeconómicos superiores piensan que el tabasqueño está gobernando mejor que el presidente Fox, contra 28% que piensan lo contrario”.

Con tosquedad, The Washington Post simplifica: “En un país donde 54 de los 100 millones de habitantes son pobres, afectar a los ricos es una medida extremadamente popular. López Obrador, quien según los analistas políticos se está preparando para las elecciones presidenciales de 2006, se ha posicionado como el hombre del pueblo, una persona común que maneja un viejo Nissan. No obstante, algunos críticos opinan que esta figura podría incitar una guerra (sic) de clases con su constante plática de ricos y pobres. Los politólogos consideran que, en contraste, López Obrador no ha sido ni la mitad de agresivo cuando se ha tratado de perseguir a los miles de vendedores ambulantes que se encuentran en las calles del país”.

En cuanto a la encuesta sobre seguridad, referida por De las Heras, el jefe de Gobierno “exigió que se dé a conocer el nombre de la empresa que desarrolló la encuesta sobre los índices delictivos en el Distrito Federal difundida por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), luego que la empresa Mitofsky rechazó haberla levantado. Esta efervescencia en contra de mi administración tiene que ver con las elecciones de 2006, pero es mejor que nos den por muertos, que nos dejen trabajar, que nos dejen en paz, que no se preocupen por el 2006. Nosotros no estamos pensando en eso sino en cumplir con nuestra responsabilidad gobernando bien el Distrito Federal”, informa CNI en Línea.

Cuestiona que cómo “el ICESI puede decir que es independiente si recibe dinero del gobierno federal” y añade que estas encuestas “son de las que se hacen a la medida del cliente, ahí hay una persona, de una de las empresas que le trabaja a Los Pinos”. Luis de la Barreda, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), es quien da a conocer los resultados.

Otra encuesta, publicada por Reforma, favorece al alcalde y “enseguida  comenzaron los golpes de todo tipo, ataques muy armados. Quienes intentan desprestigiarme de parte del gobierno federal se ponen como locos cada vez que un sondeo es favorable al GDF.

“Es muy delicado en términos políticos, por eso lo están haciendo. El presidente va a ese terreno porque según sus cálculos entre más defienda yo este punto más me bajo en las encuestas, ése es su cálculo en su estrategia perversa”, comenta.

Deplora la actitud de José Luis Luege Tamargo, quien “en la época de Oscar Espinosa Villarreal era presidente de la Comisión de Transportes de la Asamblea Legislativa y se reunía constantemente con el entonces director del Metro Alfonso Caso, quien infló los precios de los carros que adquirió para el Sistema de Transporte Colectivo”.

Cuestiona al panista por “no haber mencionado absolutamente nada sobre esa irregularidad, lo que refleja que han de ser muy amigos y se llevan muy bien. El PAN se equivoca cuando dice que en la actual administración local es lo mismo, ahora las cosas han cambiado, ya no se realizan negocios al margen de la ley ni tampoco se privilegia a los amigos, todo se hace con total transparencia y apegado a derecho”.

“Soy mucha pieza”

En el ámbito laboral se produce un paro de 24 en lugar de 72 horas, del poderoso SUTGDF, encabezado por José Medel Ibarra –nada que ver con la popular figura boxística de principios de los 60 y menos aún con el autor de este libro.

El dirigente sindical explica su reculamiento: “Decidimos levantar esta mañana el paro de labores, ante el temor de las consecuencias que habría tenido por la molestia de la ciudadanía, llevarlo a cabo los tres días que estaba programado.

“Si nosotros hubiéramos dejado que este paro trascendiera los tres días, les aseguro que no lo iba a aguantar la ciudadanía y entonces eso nos iba a traer consecuencias, aquí la dirigencia la llevo yo y yo considero que es lo mejor que pudo haber sucedido”. Omite recordar la frase que le merece una rechifla de sus agremiados en pleno Zócalo: “Soy mucha pieza para ellos”. Para enseguida corregir: “Soy uno más entre ustedes”.

Estima que “fue un éxito porque participaron 90 mil de los 110 mil empleados de base, en demanda del pago de vales, ayuda para días festivos, entrega de uniformes y la reinstalación de 12 compañeros”. Ni los diarios capitalinos más críticos de López Obrador —destacadamente La Crónica de Hoy, El Universal Gráfico, bajo la conducción de Carlos Ramírez y la hechura a cargo de José Martínez,  y Reforma— confirman periodísticamente las optimistas cifras de Medel.

Su retadora actitud laboral no lo hace perder de vista la figura “asamblea informativa” como mecanismo jurídico para hacer valer sus reclamos de vales, festividades, uniformes y comisiones.

El alcalde refrenda la disposición de las autoridades locales a dialogar con los trabajadores sindicalizados de su administración pero sin “ningún tipo de chantaje”.

Para el funcionario, detrás de esta amenaza de paro hay intereses políticos que quieren generar problemas al GDF que “no es cómplice de corruptos. El tiempo de antes ya pasó, mi administración dejó atrás aquella época de los líderes charros, en la que éstos vivían en las Lomas y andaban en carros último modelo y el gobierno les tenía que conceder privilegios para mantener el control y la manipulación”.

Y denuncia: “Se acordó en su momento entregar vales para que cada trabajador adquiera su ropa y calzado porque se detectó que la misma no llegaba a su destinatario; mientras que en el caso de la reinstalación de los trabajadores se ha avanzado porque cuatro ya están laborando”.

Recuerda que el “GDF ha otorgado incrementos salariales del ocho por ciento y que por convicción no se violan las condiciones generales de trabajo”.

A renglón seguido la conflictividad hace ebullición en el tren subterráneo, con un fallido paro parcial de labores. A mediados de agosto el Sindicato Metropolitano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que encabeza Fernando Espino Arévalo, reitera que no descarta la realización de un “congreso general extraordinario” para determinar si desarrolla o no un paro.

En un desplegado, el secretario general rechaza “las amenazas e intimidaciones promovidas desde el GDF, pues no renunciaré al legítimo ejercicio de defender nuestros derechos e intereses”.

Agrega que las autoridades capitalinas “se han dado a la tarea de actuar malévolamente, desinformando a la opinión pública con volantes y pasquines e infiltrando (sic) una serie de diatribas en contra del secretario general, aunado a denuncias inventadas, amenazas de cárcel y todo tipo de represiones”.

El alcalde responde con el compromiso de ofrecer el servicio de transporte subterráneo con normalidad y lo cumple.

Exhibe a Espino, “quien al término del encuentro señaló que se había logrado un gran avance al resolverse 29 de 31 demandas, cuando esos asuntos ya estaban solucionados desde tiempo atrás”.

En su opinión, con esa actitud “sólo pretende engañar a los trabajadores con el fin de que lo respalden y seguir al frente del sindicato, en cuya dirigencia ha estado por 22 años. No queda duda que el movimiento de los trabajadores del Metro es una maniobra político-electoral para perjudicar a mi gobierno de cara a los comicios del próximo año.

De paso recomienda al presidente Vicente Fox no “ceder al chantaje de los líderes petroleros, quienes no buscan un aumento salarial sino que se retiren las demandas judiciales en su contra”.

Dice que su gobierno “no retirará las acusaciones contra Espino Arévalo, a quien se acusa de los delitos de colusión de servidores públicos y ataques a las vías generales de comunicación, asunto que investigará hasta sus últimas consecuencias la PGJDF”.

Dos meses más tarde, el también asambleísta acude a la Cámara de Diputados donde se le notifica sobre el proceso de desafuero que existe en su contra.

Se defiende ante los medios: “De ser el caso se trataría de un delito de orden federal, pues es una línea que da servicio a dos entidades de la República, por lo que si hubiera acto que perseguir correspondería a la PGR y no a la PGJDF investigar el hecho”. Aclara que por ahora no tiene programadas acciones ante la situación que enfrenta, pero “continuaré denunciando las malas condiciones del Metro sin importar el enojo del autoritario y antisindical jefe de Gobierno de la ciudad de México”.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados “determina procedente iniciar juicio de desafuero contra Fernando Espino Arévalo”. También se desechan tres solicitudes de juicio de procedencia contra ministros de la SCJN, magistrados de Tamaulipas y legisladores de Morelos al carecer de una denuncia penal. Bajo ese mismo criterio, más tarde, se declara que no procede la denuncia contra el jefe de Gobierno que  realiza la ciudadana Dora María Contreras Machado, quien lo acusa de “abuso de autoridad”, pero “carece de una denuncia ante el Ministerio Público por lo cual bajo criterios acordados es desechada por la Sección Instructora”. El pleno de la Cámara de Diputados lo desecha finalmente, a fines de año, “por ser notoriamente improcedente”.

Con tales antecedentes, López Obrador insiste en expresarle su apoyo a Vicente Fox respecto a la problemática en Petróleos Mexicanos (Pemex), y le dice que se tiene que aplicar todo el peso de la ley contra los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), responsables de desviar recursos de la paraestatal.

Le manifiesta que “los mexicanos no debemos permitir que se p