¿De qué seguridad estamos hablando?

Gerardo Unzueta
gerardounzueta@hotmail.com

A pocos ciudadanos quedarán dudas acerca de "la reconstrucción del Estado de derecho" que propone el gobierno de Felipe Calderón, después de presenciar los hechos de la gobernanza en las últimas semanas, para imponer, primero, el engendro dictatorial de policía con mando único, continuar con la agresión a los mineros de Cananea y de Pasta de Conchos bajo el mando único de Javier Lozano ("coopelas o cuello"), y el despojo de derechos políticos al candidato a gobernador del PRD en Quintana Roo. Sí, es sólo una probadita del futuro próximo que espera al país.
Mas, como probaron los abucheos a Fernando Gómez-Mont ha ganado en diferentes foros en que ha participado, y antes en el Congreso Agrario Permanente, aún en los organismos oficializados la base oprimida no acepta el régimen político que reprime y asesina, ofrece transformaciones y produce retrocesos, y que busca hacer ley de la eliminación de las garantías individuales y del orden constitucional.
En este clima político hay, sin embargo, otro elemento que hace indispensable la discusión del régimen en su conjunto. La cuestión está en que según Francisco Rojas (La Jornada, 26/05/10), coordinador de la bancada del PRI, la Junta de Coordinación Política de la Cámara considera que por los acuerdos logrados o el agotamiento de las discusiones de 17 temas prioritarios, éstos deben pasar a comisiones para ser dictaminados y acercar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso.
Por ahora, todo se mantiene en la generalidad planteada por Rojas. Mas esa generalidad es una trampa, pues oculta el principal objetivo de tal periodo: la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, instrumento legal en el que Felipe Calderón pone su esperanza de reconstruir el poder público sobre bases de autoritarismo y poderío policiaco. Incluso Felipe no se ha guardado de publicitar que ese es el fin de su iniciativa, pues la primera línea de su proyecto dice: "La consolidación definitiva de la democracia mexicana requiere de la reconstrucción profunda del estado de derecho".
Esa iniciativa fue enviada a la Cámara de Senadores el 23 de abril del año pasado; un año después los senadores la dictaminaron y aprobaron, en menos de una semana. El 28 de abril de 2010, en vísperas de la terminación del 2º periodo del primer año de la LXI Legislatura, los senadores llevaron a la Cámara de Diputados la minuta conteniendo su aprobación. Aunque el documento arribó a San Lázaro, sus habitantes no podían dar por cumplida la entrega, parte del proceso; éste comenzará el 1º de septiembre con la recepción de la minuta y los dictámenes senatoriales.
Una maniobra senatorial quedó en el aire, pues haber aprobado la ley en vísperas de la terminación del segundo periodo de sesiones de la LXI Legislatura, fue presión ilegítima para que la iniciativa felipina se aprobara en una sola sesión, sin debate. Los diputados rechazaron la maniobra y pospusieron el debate, pero adquirieron la responsabilidad de elaborar propuestas, abrir canales de discusión académicos y por los medios, poniendo en el primer plano el peligro que representa para el conjunto del orden constitucional una obsesión de Felipe, presente en toda la iniciativa: "disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente".
A riesgo de no abordar otros temas del proyecto calderónico, considero indispensable referirme a la adición a la ley de un título completo, el séptimo, denominado "Seguridad Interior" formado por dos nuevos capítulos y 10 nuevos artículos, que norman los supuestos, el procedimiento y las autoridades "que intervienen cuando se ataca la seguridad interior".
Es este título el que contiene el objetivo de Calderón (primera línea de la iniciativa), "la reconstrucción del Estado". Él establece el "procedimiento para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior", y con la emisión de una declaratoria -que viola el artículo 29 constitucional--, el titular del Poder Ejecutivo suspendería las garantías individuales sin control legislativo, pero sí bajo la vigilancia del siniestro secretario de gobernación, Fernando Gómez-Mont.
Para llegar a este resultado, Felipe ha debido hacer una mezcolanza (suena más propio en francés, "mélange") sin respeto por la lógica y el idioma, con las definiciones de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior, conceptos diferentes todos, que lo arrojan a la vulgarización de una declaratoria "que reconoce que afectan a la seguridad interior los actos o hechos que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad y la paz de una entidad federativa..."
Un debate serio, capaz de atraer la participación de las organizaciones de la sociedad civil junto al Congreso y a los defensores de la democracia, hacia el rechazo de la iniciativa, es también una defensa del idioma y de toda manifestación cultural
Y es nuestra propuesta: impulsar una acción pública que lleve en su centro el estudio, la comprensión del valor de las instituciones democráticas "a contra pelo" de los atracadores del desarrollo libertario del pueblo mexicano, para combatir ese esperpento, tan cercano al fascismo y tan alejado de la seguridad que anhela el pueblo.

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(Este artículo fue entregado a la sección de Opinión del diario El Universal el 3 de junio, para ser publicado el día 5, tal como había sido acordado con la dirección seccional Una semana tras otra se me ha ofrecido su publicación, cosa que no ocurrió ninguno de los sábados siguientes hasta el día 26. Ello ha ocurrido varias veces, mas ésta es la más flagrante. Notifiqué a la dirección de la sección que si en esa última fecha el artículo no aparecía en las páginas correspondientes, yo pediría a algún otro órgano de prensa dicha inserción en sus columnas).
He solicitado a mi amigo y colega de muchos años, Eduardo Ibarra, que aloje en , mi artículo "¿De qué seguridad estamos hablando?", pues no deseo que este texto quede entre las contribuciones desechables, a lo que ya estaría condenado con una posposición más. Agregaría que considero que es este un tratamiento inadecuado a un colaborador que puntualmente ha contribuido durante veinticinco años en El Universal.