|
¿De
qué seguridad estamos hablando?
Gerardo
Unzueta
gerardounzueta@hotmail.com
A
pocos ciudadanos quedarán dudas acerca de "la
reconstrucción del Estado de derecho" que propone
el gobierno de Felipe Calderón, después de presenciar
los hechos de la gobernanza en las últimas semanas,
para imponer, primero, el engendro dictatorial de policía
con mando único, continuar con la agresión a
los mineros de Cananea y de Pasta de Conchos bajo el mando
único de Javier Lozano ("coopelas o cuello"),
y el despojo de derechos políticos al candidato a gobernador
del PRD en Quintana Roo. Sí, es sólo una probadita
del futuro próximo que espera al país.
Mas, como probaron los abucheos a Fernando Gómez-Mont
ha ganado en diferentes foros en que ha participado, y antes
en el Congreso Agrario Permanente, aún en los organismos
oficializados la base oprimida no acepta el régimen
político que reprime y asesina, ofrece transformaciones
y produce retrocesos, y que busca hacer ley de la eliminación
de las garantías individuales y del orden constitucional.
En este clima político hay, sin embargo, otro elemento
que hace indispensable la discusión del régimen
en su conjunto. La cuestión está en que según
Francisco Rojas (La Jornada, 26/05/10), coordinador
de la bancada del PRI, la Junta de Coordinación Política
de la Cámara considera que por los acuerdos logrados
o el agotamiento de las discusiones de 17 temas prioritarios,
éstos deben pasar a comisiones para ser dictaminados
y acercar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones
del Congreso.
Por ahora, todo se mantiene en la generalidad planteada por
Rojas. Mas esa generalidad es una trampa, pues oculta el principal
objetivo de tal periodo: la aprobación de la Ley de
Seguridad Nacional, instrumento legal en el que Felipe Calderón
pone su esperanza de reconstruir el poder público sobre
bases de autoritarismo y poderío policiaco. Incluso
Felipe no se ha guardado de publicitar que ese es el fin de
su iniciativa, pues la primera línea de su proyecto
dice: "La consolidación definitiva de la democracia
mexicana requiere de la reconstrucción profunda del
estado de derecho".
Esa iniciativa fue enviada a la Cámara de Senadores
el 23 de abril del año pasado; un año después
los senadores la dictaminaron y aprobaron, en menos de una
semana. El 28 de abril de 2010, en vísperas de la terminación
del 2º periodo del primer año de la LXI Legislatura,
los senadores llevaron a la Cámara de Diputados la
minuta conteniendo su aprobación. Aunque el documento
arribó a San Lázaro, sus habitantes no podían
dar por cumplida la entrega, parte del proceso; éste
comenzará el 1º de septiembre con la recepción
de la minuta y los dictámenes senatoriales.
Una maniobra senatorial quedó en el aire, pues haber
aprobado la ley en vísperas de la terminación
del segundo periodo de sesiones de la LXI Legislatura, fue
presión ilegítima para que la iniciativa felipina
se aprobara en una sola sesión, sin debate. Los diputados
rechazaron la maniobra y pospusieron el debate, pero adquirieron
la responsabilidad de elaborar propuestas, abrir canales de
discusión académicos y por los medios, poniendo
en el primer plano el peligro que representa para el conjunto
del orden constitucional una obsesión de Felipe, presente
en toda la iniciativa: "disponer de la totalidad de la
Fuerza Armada Permanente".
A riesgo de no abordar otros temas del proyecto calderónico,
considero indispensable referirme a la adición a la
ley de un título completo, el séptimo, denominado
"Seguridad Interior" formado por dos nuevos capítulos
y 10 nuevos artículos, que norman los supuestos, el
procedimiento y las autoridades "que intervienen cuando
se ataca la seguridad interior".
Es este título el que contiene el objetivo de Calderón
(primera línea de la iniciativa), "la reconstrucción
del Estado". Él establece el "procedimiento
para declarar la existencia de una afectación a la
seguridad interior", y con la emisión de una declaratoria
-que viola el artículo 29 constitucional--, el titular
del Poder Ejecutivo suspendería las garantías
individuales sin control legislativo, pero sí bajo
la vigilancia del siniestro secretario de gobernación,
Fernando Gómez-Mont.
Para llegar a este resultado, Felipe ha debido hacer una mezcolanza
(suena más propio en francés, "mélange")
sin respeto por la lógica y el idioma, con las definiciones
de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad
interior, conceptos diferentes todos, que lo arrojan a la
vulgarización de una declaratoria "que reconoce
que afectan a la seguridad interior los actos o hechos que
pongan en peligro la estabilidad, la seguridad y la paz de
una entidad federativa..."
Un debate serio, capaz de atraer la participación de
las organizaciones de la sociedad civil junto al Congreso
y a los defensores de la democracia, hacia el rechazo de la
iniciativa, es también una defensa del idioma y de
toda manifestación cultural
Y es nuestra propuesta: impulsar una acción pública
que lleve en su centro el estudio, la comprensión del
valor de las instituciones democráticas "a contra
pelo" de los atracadores del desarrollo libertario del
pueblo mexicano, para combatir ese esperpento, tan cercano
al fascismo y tan alejado de la seguridad que anhela el pueblo.
***
(Este
artículo fue entregado a la sección de Opinión
del diario El Universal el 3 de junio, para ser publicado
el día 5, tal como había sido acordado con la
dirección seccional Una semana tras otra se me ha ofrecido
su publicación, cosa que no ocurrió ninguno
de los sábados siguientes hasta el día 26. Ello
ha ocurrido varias veces, mas ésta es la más
flagrante. Notifiqué a la dirección de la sección
que si en esa última fecha el artículo no aparecía
en las páginas correspondientes, yo pediría
a algún otro órgano de prensa dicha inserción
en sus columnas).
He solicitado a mi amigo y colega de muchos años, Eduardo
Ibarra, que aloje en ,
mi artículo "¿De qué seguridad estamos
hablando?", pues no deseo que este texto quede entre
las contribuciones desechables, a lo que ya estaría
condenado con una posposición más. Agregaría
que considero que es este un tratamiento inadecuado a un colaborador
que puntualmente ha contribuido durante veinticinco años
en El Universal.
|