Amenazada, la libertad de expresión

Nelly Olivos
nelly24olivos@yahoo.com.mx

* Negro resultó 2008 * Asesinatos y atentados a la orden del día * También agresiones físicas, exilio y amenazas * Juan de Dios Castro dictamina desde la PGR quien es informador * Advierte Gerardo Priego Tapia que antes de que termine el año van a "matar a cinco más" * Campaña Permanente por la Protección a Periodistas "Te hace daño no saber"

Aunque la libertad de expresión y el derecho a la información son elementos básicos en todo régimen que se diga democrático, el 2008 ha resultado un negro año para el periodismo mexicano. Los periodistas y medios de comunicación jugamos un papel primordial en la formación de la opinión pública. Sin embargo, a lo largo de este año los comunicadores enfrentaron un sinfín de limitantes que abarcan desde amenazas y agresiones físicas hasta la desaparición y exilio.
A principios de la administración foxista se registraron en mayor medida casos de demandas, amenazas de demandas y citas a comparecer para que los reporteros revelaran sus fuentes de información, estos hechos significan actos que pueden inhibir el ejercicio periodístico. Pero el Ministerio Público ha dejado de ser la principal "herramienta" para inhibir la labor periodística, de nueva cuenta los asesinatos y atentados contra comunicadores vuelven a estar a la orden del día generando un sentimiento de indefensión y temor, inclusive para denunciar los agravios.
En los primeros meses del próximo año las organizaciones encargadas de monitorear las agresiones a periodistas y medios de comunicación presentarán sus respectivos informes y, hasta el momento, el panorama no parece ser positivo. Las cifras, que manejen cada institución, serán variables de acuerdo a la metodología empleada por cada instancia. Pero en lo que coincidirán será en que muy pocos casos han sido esclarecidos, es decir, en el nivel de impunidad que caracteriza los crímenes cometidos contra periodistas y medios de comunicación.

Polémicos asesinatos

En abril fueron asesinadas Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio en Oaxaca. De inmediato las autoridades señalaron que ellas no eran periodistas, aunque la labor informativa que llevaban a cabo en su comunidad las respaldaba.
Durante la reunión que la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación sostuvo con Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), éste negó que las locutoras asesinadas fueran consideradas periodistas, pues no contaban con un contrato laboral que avalara su trabajo periodístico.
Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) -una de las 13 organizaciones que conformaron esta misión- le explicó al funcionario que no era necesario estar avalado por una credencial o un contrato laboral. (¿Cuántos periodistas trabajan en este país sólo con un acuerdo verbal sin tener acceso a los derechos laborales básicos?) La respuesta del funcionario fue contundente: "Usted es enemiga del Estado", sentenció Juan de Dios Castro.
La insistencia de Aleida Calleja para que la labor periodística de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez fuera reconocida por las autoridades tiene como trasfondo que las investigaciones del asesinato estuvieran a cargo de la PGR, específicamente por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
Para reafirmar la labor periodística de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo decidió otorgar a las comunicadoras el premio en la categoría de Orientación a la Sociedad a título póstumo.
Las autoridades se han concentrado en tratar de definir quién es periodista. Otra muestra de este asunto lo protagonizó de nueva cuenta el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro, cuando señaló que Brad Will, comunicador independiente asesinado en Oaxaca en 2006, no era periodista pues ingresó al país sin documentos migratorios que avalaran su labor profesional. Entró al país con una visa de turista, manifestó el funcionario.

Federalizar delitos

En septiembre la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados realizó el Foro de discusión sobre la federalización de delitos contra periodistas, que se centró en definir quiénes son o no periodistas.
En este contexto se llevo a cabo el Primer Encuentro por la Defensa de los Periodistas, convocado por Rogelio Hernández y José Reveles, periodistas de larga trayectoria. Las discusiones en dicho evento se concentraron en la federalización de los delitos cometidos contra periodistas y en definir quién es un periodista.
Los participantes se mostraron renuentes a reconocer la labor periodística de aquellos que sin tener estudios en la materia realizan actividades periodísticas como columnistas y articulistas, o en los casos de los llamados "reporteros ciudadanos" que gracias a los avances tecnológicos registran y transmiten acontecimientos noticiosos o denuncias y que tienen cabida en las páginas web de los medios de comunicación.
Son diversas las iniciativas que se han presentado para federalizar los delitos contra periodistas sin que hasta el momento se tenga claro cuando se podrá legislar en la materia.
En el tema de la legislación se han presentado otros proyectos como la iniciativa del senador perredista Carlos Sotelo García para crear la Comisión para la Libertad y Derechos de los Periodistas en el Senado de la República, cuyo objetivo no será dar seguimiento a las agresiones contra periodistas, sino "desarrollar y promover acciones legislativas que fortalezcan el marco constitucional y de la legislación secundaria, para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, asegurar y ampliar el uso de los medios de comunicación para fines sociales, culturales y públicos, así como mecanismos para hacer efectivas las condiciones salariales, de salud, de seguridad y de asociación para la defensa de los intereses de quienes trabajan en la comunicación."
¿Acaso el problema de la impunidad en los agravios contra periodistas se debe a falta de leyes? La iniciativa del senador Sotelo tiene un punto a su favor, el asunto de las condiciones laborales de los periodistas, pero ése es tema para otro reportaje.
Regresando al tema de la legislación, se presentó una propuesta para modificar el Código Penal de Coahuila para castigar hasta con 60 años de prisión y considerar delito grave, sin derecho a libertad bajo fianza, el homicidio contra periodistas cometido a consecuencia de su profesión.
Esta iniciativa mereció emitir un punto de acuerdo de los diputados coahuilenses para exhortar a las legislaturas de los estados a endurecer las penas para quienes asesinen a periodistas. Una acción bastante noble, pero que no servirá de nada si no se detienen a los responsables y el trabajo de las autoridades se centra en descalificar el trabajo periodístico de los afectados como en el caso de Jesús Lemus Barajas, director del diario El Tiempo, con sede en Michoacán.
Lemus Barajas fue detenido el 7 de mayo, cuando investigaba las rutas del narcotráfico en la entidad. De acuerdo a un comunicado de Reporteros Sin Fronteras (RSF) las acusaciones sobre delincuencia organizada que pesan sobre el comunicador son débiles debido a que no se han presentado pruebas materiales que demuestren la culpabilidad del periodista.
Otro caso lo constituye la detención del reportero Roberto Tepepexteco Hipólito, del periódico El Debate de los Calentanos que se edita en Guerrero, quien al cubrir un enfrentamiento armado entre narcotraficantes en Arcelia, Guerrero, fue secuestrado por delincuentes que intentaban huir. Luego de ser abandonado por los presuntos narcotraficantes, el reportero solicitó ayuda a un convoy militar y fue requerido como "testigo" por la PGR.
Un comunicado de la dependencia federal, con fecha del 9 de septiembre, da cuenta que Roberto Tepepexteco fue acusado de los delitos de delincuencia organizada, acopio de armas, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y posesión de cartuchos. Todo ello sin tomar en cuenta los 15 años de ejercicio periodístico de Roberto Tepepextco Hipólito en El Debate de los Calentanos.

Las acciones

El reciente homicidio del reportero Armando Rodríguez Carreón de El Diario, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, desencadenó una serie de amenazas contra comunicadores que desembocó en la solicitud de asilo político a Estados Unidos de varios comunicadores y al uso de chalecos antibalas por parte de reporteros de la entidad.
Con fecha del 20 de noviembre, un nuevo comunicado de RSF dio cuenta de los casos de solicitud de asilo por parte de periodistas, comenzando con Jorge Luis Aguirre, director del diario electrónico La Polaka, quien fue amenazado de muerte cuando se dirigía al funeral de Armando Rodríguez, por lo que decidió autoexiliarse en el vecino país del norte.
Anteriormente, Emilio Gutiérrez Soto, corresponsal del periódico El Diario del Noroeste con sede en Chihuahua, decidió solicitar asilo político luego de recibir amenazas de muerte. Aunque se mantiene en un centro de detención de Estados Unidos, pues intentó ingresar de manera ilegal a ese país y no será sino hasta marzo del próximo año cuando se lleve a cabo la audiencia donde exponga su solicitud de asilo.
Ante el contexto de violencia y presión en la que los comunicadores realizan su trabajo y ante las débiles acciones llevadas a cabo por las autoridades, las organizaciones defensoras y promotoras de la libertad de expresión planean concientizar a la población mediante la Campaña Permanente por la Protección a Periodistas "Te hace daño no saber", misma que comenzará formalmente a principios del próximo año, cuyo objetivo será "disminuir los riesgos y peligro de los periodistas".
Objetivo difícil de lograr ante el panorama oscuro que impera en nuestro país en materia de libertad de expresión, situación que parece empeorar aún más, luego de las declaraciones del presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, diputado Gerardo Priego Tapia, al sostener que antes de que termine el año van a "matar a cinco periodistas más", declaración temeraria, pero que está sostenida en las escalofriantes cifras de agravios contra comunicadores que se registran.
Parece ser que sólo queda preguntarnos ¿quiénes serán los siguientes?